Inmensas fueron las esperanzas que se forjaron en diciembre 1998, al apoyar la candidatura del militar indultado de la causa político-militar que, en febrero 1992, afectó la legitimidad institucional establecida en Venezuela. Para entonces, se jugaron distintas razones que, en el curso del correspondiente proceso electoral, dio como triunfador al militar golpista, desatinadamente sobreseído. Fueron los hechos que determinaron el sorpresivo rumbo que trazó el trágico destino nacional, en toda su amplitud.
Los tiempos que a continuación siguieron, se vieron marcados por el crudo conflicto entre las fuerzas políticas que, históricamente, habían antagonizado por la detentación del poder. Sin embargo, el clima de expectativas que había ponderado el cambio de naturaleza política que asumió el gobierno nacional a partir de enero 1999, no se mantuvo como era esperado.
Así vio venirse la resurrección de la violencia que si bien fue primeramente algo circunspecta en su forma, posteriormente adquirió la ferocidad de tiempos superados. A pesar de que el discurso político se revestía de llamados de paz, tolerancia y avenencia. Pero entre la arenga y las realidades, se implantó una brecha que con dificultad podía salvarse. Y cuando lograba evitarse o franquearse, surgían nuevos problemas o se exasperaban aquellos que para entonces se habían acumulado.
Reaparecieron eventos asaltados por la irracionalidad del terrorismo. Aunque peor aún, fue el terrorismo de Estado lo que matizó buena parte de los actos de violencia que comenzaron a ocupar las calles del país. Y aunque el alto gobierno lo negaba, siempre algo revelaba su encubierta presencia. Era la Venezuela de finales de la primera década del siglo XXI e inicios de los años siguientes.
De hecho, fue razón para diseñar, formular y sancionar una normativa cuyo absurdo motivó su aplicación. Es la paradójica normativa que aterrizó con la denominada “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, aprobada por la espuria Asamblea Nacional Constituyente y publicada en Gaceta Oficial el 8 Noviembre de 2017. Diseñada para penalizar la disidencia política, dicha ley establece sanciones penales enormes que buscan constreñir las libertades. Ello, con la ridícula excusa de “promover y garantizar (…) la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco (…) erradicar la violencia política, odios e intolerancia a los fines de asegurar la vigencia de los derechos humanos (…) el desarrollo humano (…) la paz y la tranquilidad pública (…)” (Del artículo 1ᵒ)
Parecía haber sucedido que del civilismo que, supuestamente, buscaba exhortarse por cuanto medio era posible, el país cayó en un ámbito de vandalismo donde la muerte colmó de sangre de sus calles. No sólo por acontecimientos amparados por la grosera impunidad protagonizada por colectivos parapoliciales y paramilitares financiados por el régimen. Igualmente, inducidos por el hambre, la inseguridad en todas sus expresiones y la violación de derechos fundamentales y preceptos constitucionales.
La violencia acuciada por la revolución “terrorista” y el régimen “usurpador”, tiene un propósito particular y profundamente político. Aunque nada que ver con la violencia que la historia muestra entre Estados o entre facciones de importante tamaño y gruesos intereses. Esta violencia tiene nombre y apellido pues en sus fauces radica el odio. De ahí que el odio, es acusado como ejercicio de la política. Pero de la política sombría, desesperada y contrariada.
El socialismo del siglo XXI, trajo en sus alforjas -revestidas de democracia y todo cuanto hipócritamente exalta libertades y derechos- el odio. Vino camuflado. Aunque su práctica es histórica, la revolución que ha querido implantarse lo tiene entre sus recursos de urgente y prioritaria aplicación. Sobre todo, si llegó asociado a lo que mal se denomina “revolución socialista”. O peor aún, “revolución bolivariana” o “revolución bonita”. Esta, ofertada como “pacífica, pero armada”.
Esta violencia requiere de la creación de “víctimas inocentes” pues al matar gente honrada o confesos opositores, encauza el odio como razón que justifica cualquier argucia predeterminada o desgracia inducida. Siempre, por fines políticos. Por eso, se hace acompañar de mecanismos de complementación que encubren la crueldad bajo la cual se organiza todo. Entonces puede decirse que la violencia ha fungido como la amenaza gradual sobre cualquiera persona que disienta de las ejecutorias del régimen.
La motivación que está detrás de cada acto de horrorosa condición, evidencia lo torcido de pensamiento y sentimiento que caracteriza a personajes de marras enfundados en el poder por el poder. Todo da cuenta de la irracionalidad que acompaña cada idea puesta al descubierto y emprendida, pese a las consecuencias que incite cada decisión (de rojo color).
Pero lo más grave de todo esto, es el odio que premedita tales decisiones al predecirlas y presidirlas en todo su curso de acción. El odio es enardecidamente el instrumento sobre el cual se moviliza la política mal concebida y peor profesada. Y bajo el “socialismo revolucionario” del que se aferra cualquier ideario tumultuario, como el vigente en Venezuela, considera el odio como ejercicio político (socialista).
@ajmonagas
