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Ciadi conmina a Venezuela a pagar $27 millones a Tidewater por expropiación

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Foto: Panorama

El tribunal arbitral del Banco Mundial desestimó esta semana una solicitud de Venezuela de suspender la ejecución del laudo que la obliga a compensar a la empresa de servicios petroleros Tidewater por la expropiación de sus activos, y ordenó un pago parcial de 27,4 millones de dólares más intereses.

En el 2009, el gobierno del fallecido Hugo Chávez expropió 11 navíos de Tidewater, por lo que la firma estadounidense llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

En marzo del año pasado el Ciadi determinó que la nacionalización de los activos de Tidewater en Venezuela fue legal, aunque el monto de la compensación incluye unos 46,4 millones de dólares en concepto de cuentas por cobrar por servicios prestados a filiales de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

A partir de allí, Venezuela interpuso varias solicitudes de revisión del laudo y dilación del pago.

A mediados del año pasado, el país petrolero solicitó la suspensión de la ejecución del laudo, pero en un documento fechado el lunes el Ciadi desestimó parcialmente su pedido.

«Se levanta la suspensión de la ejecución con respecto a la suma no controvertida de 27,4 millones de dólares más intereses», dijo el Ciadi en un fallo hecho público el martes.

Sin embargo, el tribunal arbitral dijo que aún se mantiene la suspensión del pago de 18,9 millones de dólares por concepto de compensación a Tidewater y 2,5 millones de dólares por reembolso parcial de los costos.

A pesar de haberse retirado del CIADI en 2012, Venezuela aún enfrenta una veintena de millonarios arbitrajes internacionales en esa corte luego de una agresiva política de nacionalizaciones llevada a cabo por Chávez durante sus años en el poder.

En medio de un fuerte retroceso del grueso de sus ingresos tras la caída de las cotizaciones del crudo, Venezuela está a la espera de que el CIADI decida sobre una apelación que busca anular la sentencia que la obliga a pagar 1.600 millones de dólares en compensación a la petrolera Exxon Mobil por activos expropiados en 2007.

$ 2,12 millardos debe pagar Venezuela por últimos fallos del Ciadi

ConocoPhillips

 

En lo últimos seis meses el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, ha fallado en contra de Venezuela en cinco casos por arbitraje que introdujeron empresas extranjeras cuyos activos en el país fueron expropiados por decisión del gobierno del presidente Hugo Chávez.

En total por los 5 casos el país debe 2,12 millardos de dólares, más de la mitad de las reservas líquidas del Banco Central de Venezuela, que según el balance de la entidad a noviembre del año pasado (la data más actualizada) son 4 millardos. Economistas advierten, sin embargo, que ese monto puede haber bajado.

El país debe cancelarle a la minera canadiense Gold Reserve 740,3 millones de dólares; a la petrolera estadounidense Exxon Mobil, 853 millones (si se descuenta un pago previo que el país hizo por 747 millones). Al operador aeroportuario chileno IDC y a su socio suizo Flughafen Zürich se le deben pagar 33 millones; a la embotelladora norteamericana Owens Illinois, 455 millones, y a la empresa de servicios petroleros Tidewater, 46,4 millones.

Los pagos presionan aún más las finanzas del país que se han visto afectadas por la caída en el precio del petróleo, que aporta 96% de los ingresos en divisas y cuya cotización no ha mejorado en lo que va de año. Aunque el crudo volvió a alcanzar el tope de 50 dólares por barril a comienzos de este mes, volvió a bajar y el viernes pasado cerró en 46,19 dólares el barril.

Se espera que este año la deuda aumente aun más por la decisión sobre el caso de la petrolera Conoco Phillips que introdujo una demanda por 31 millardos de dólares por la expropiación en 2007 de su participación en los proyectos de crudo pesado Petrozuata y Hamaca en la faja petrolífera del Orinoco. El monto es el más alto al que se enfrenta Venezuela en las 25 demandas que tiene en el tribunal.

Analistas coinciden en que es principalmente por la situación financiera en la que se encuentra el país por lo que el gobierno ha solicitado la revisión de los fallos. El ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, se refirió la semana pasada al caso de Tidewater, y dijo que la república honraría la deuda, pero que se solicitaría una revisión del monto.

“En vista de que en los últimos casos el Ciadi ha fallado a favor del demandante, es probable que Venezuela pierda el caso ante Conoco Phillips, pero también ha pasado en los fallos que la sentencia no se da por el monto de la demanda original. Lo que está intentando el gobierno es postergar los plazos. Intenta que la medida demore en ser tomada y que se recorte el monto que se debe pagar”, afirmó la economista Anabella Abadi, de ODH Grupo Consultor.

Calcula que la sentencia sería por un pago muy por debajo de lo que pide la petrolera, pero reitera que cualquier monto comprometerá aun más al país. “En el caso de Exxon Mobil se logró bajar. Pero con Conoco, así se reduzca en 50%, se estaría hablando de 15 millardos, que sigue siendo mucho dinero”, dijo.

La semana pasada el gobierno informó que presentó ante el Ciadi una solicitud de recusación en contra del juez Kenneth Keith, presidente del tribunal arbitral en el caso de Conoco, y amplió una solicitud de recusación previa contra el árbitro Yves Fortier. La medida se tomó “debido a la marcada actitud en contra de la República de los árbitros en cuestión, con posterioridad a la emisión de la opinión disidente del tercer árbitro, el eminente jurista internacional profesor Georges Abi-Saab”, dijo el Ministerio de Petróleo y Minería en una nota de prensa.

El economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, coincide en que la solicitud de recusación tiene como propósito hacer que el Ejecutivo gane tiempo. “El gobierno tiene un déficit de caja que no puede afrontar. El monto que hace falta para cubrir las necesidades en divisas es de 25,7 millardos de dólares, eso sin sumar la deuda que se tiene con los proveedores internacionales, ni el pago de los juicios por expropiaciones. Lo que necesitan es tiempo, y medidas como la recusación lo que buscan es eso”, dijo.

Pero no es la primera vez que Venezuela hace esa solicitud. En mayo del año pasado el Ciadi rechazó la petición de Petróleos de Venezuela de remover a Keith y Fortier por el mismo caso.

Para evitar embargos

Ya distintas calificadoras de riesgo han advertido sobre el déficit de caja de Venezuela, que podría comprometer el pago del servicio de deuda externa, con lo que el país caería en default. El gobierno, sin embargo, ha afirmado que honrará los compromisos así como el pago que resulta de los casos de arbitraje.

“El Ciadi tiene una serie de reglamentos para que se cumplan las sentencias que emiten. En caso de que un país no pague se puede llegar incluso al embargo petrolero”, explicó Abadí. La economista agregó, no obstante, que el gobierno continuará con varias estrategias para extender los pagos, pero no cree que se incumpla la cancelación de la deuda.

Los más altos

*El monto más alto a pagar por las demandas es el del caso de Exxon Mobil. La decisión del Ciadi es de 1,6 millardos, pero puede que se pague menos de 1 millardo. La demanda fue por la política de renacionalización del sector petrolero que ejecutó el presidente Hugo Chávez.

*El segundo monto más alto que debe pagar el país a una empresa internacional es el del caso de la minera canadiense Gold Reserve por la expropiación de dos proyectos auríferos en el estado Bolívar.

*El fallo a favor de Owens Illinois, que salió el 12 de este mes, es el tercer monto más alto que debe pagar Venezuela. La empresa había demandado por la expropiación de dos plantas en el país. Chávez lo ordenó porque presuntamente la firma explotaba a sus trabajadores y dañaba el ambiente.

Venezuela solicita al CIADI revisión de fallo en caso Tidewater

conteo

 

El Gobierno de Venezuela solicitó la revisión de un fallo emitido por el tribunal arbitral del Banco Mundial que le ordena pagar a Tidewater 46 millones de dólares por la expropiación de sus activos en el país sudamericano, dijo el ministerio de Petróleo y Minería.

En 2009, el gobierno del fallecido Hugo Chávez expropió 11 navíos de Tidewater, por lo que la firma estadounidense de servicios petroleros llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

«La República Bolivariana de Venezuela ejerció su derecho a solicitar la revisión del laudo arbitral emitido por el CIADI con respecto a la demanda introducida por la empresa Tidewater», dijo el Ministerio en una nota difundida el fin de semana.

El CIADI determinó, a principios de marzo, que la nacionalización de los activos de Tidewater en Venezuela fue legal, aunque el monto incluye 44 millones de dólares en concepto de cuentas por cobrar por servicios prestados a filiales de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

A pesar de haberse retirado del CIADI en 2012, Venezuela enfrenta una veintena de millonarios arbitrajes internacionales en esa corte luego de una agresiva política de nacionalizaciones llevada a cabo por Chávez durante sus 14 años en el poder.

La semana pasada, el ministro de Petróleo, Asdrúbal Chávez, dijo que su país pagaría la indemnización, pero esperaba una rebaja del monto.

En medio de un fuerte retroceso del grueso de sus ingresos tras la caída de las cotizaciones del crudo, Venezuela está a la espera de que el CIADI decida sobre una apelación que busca anular la sentencia que la obliga a pagar 1.600 millones de dólares en compensación a la petrolera Exxon Mobil por activos expropiados en 2007. (Reporte de Diego Oré, editado por Gabriela Donoso)

A Venezuela le toca pagar 3 mil millones de dólares por las expropiaciones

dolares

“¡Exprópiese, exprópiese!”. Esa fue una de las órdenes que más repitió Hugo Chávez a partir de 2007. Lo que comenzó como un proceso de “nacionalización” de empresas consideradas “estratégicas” o de “interés nacional”, derivó en una ola de estatizaciones y ocupaciones.

La Electricidad de Caracas, la Cantv y petroleras con presencia en la faja del Orinoco, como Exxon Mobil y ConocoPhillips, fueron las primeras víctimas. Luego la medida se extendió a casi todas las actividades económicas y se convirtió en una bandera de la “revolución bolivariana”.

En algunos casos el Gobierno indemnizó a los afectados, pero en otros la expropiación originó litigios y controversias legales que se han prolongado durante varios años en el Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial.

Recientemente han salido del Ciadi cinco laudos que en conjunto imponen a la República la obligación de cancelar casi 3 mil millones de dólares. La factura llega en un momento en que las reservas líquidas del país están en niveles mínimos, los compromisos por deuda externa son altos y los ingresos se han caído a la mitad por el derrumbe en los precios del petróleo ocurrido en los últimos meses.

Ese monto puede aumentar en las próximas semanas, ya que aún hay 24 casos pendientes. En varios de ellos el proceso legal terminó y sólo falta la publicación de las decisiones por el tribunal arbitral.

La factura al detalle

Exxon Mobil: 1.600 millones de dólares.

La disputa entre Venezuela y Exxon Mobil ha sido una de las más sonadas. Comenzó en 2007 y fue en octubre de 2014 cuando el Ciadi emitió un laudo en el que resolvía que Venezuela debía pagar a la petrolera estadounidense 1.600 millones de dólares. «Estamos listos, nos estamos comunicando con Exxon Mobil y no vamos a tener inconvenientes en finiquitar este laudo y cerrar este capítulo que constituyó una amenaza contra la nación y su desarrollo petrolero», afirmó el entonces Canciller, Rafael Ramírez. El laudo permitía deducir los 907 millones de dólares que Pdvsa pagó a Exxon Mobil por el arbitraje realizado en la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Pese a lo dicho por Ramírez, en octubre Venezuela solicitó la revisión de la sentencia y en febrero de este año su nulidad, estrategia que para algunos abogados es una táctica dilatoria para aplazar lo más posible el pago.

Gold Reserve: 746 millones de dólares.

El tribunal arbitral divulgó en septiembre de 2014 el laudo de una disputa legal que se inició en 2009. Según el documento, Venezuela debe indemnizar a la minera canadiense con 746 millones de dólares por la extinción de la concesión de los proyectos mineros Brisas y Chocó 5. El Gobierno introdujo en noviembre del año pasado una solicitud de nulidad y aún se espera por la decisión. Doug Belanger, presidente de Gold Reserve, declaró en febrero de este año que “hasta que llegue el momento de un acuerdo y el pago sea hecho, Gold Reserve continuará buscando cumplimiento de sus derechos en cualquier jurisdicción en la que cree que puede embargar bienes, en ejecución de la sentencia”.

Flughafen Zürich AG / Ingeniería IDC S.A: 36 millones de dólares.

En noviembre de 2014 el tribunal arbitral resolvió que Venezuela debía indemnizar al consorcio suizo chileno Flughafen Zurich AG / Ingeniería IDC con 36 millones de dólares por el finiquito de la concesión para operar el puerto internacional de Margarita. Venezuela solicitó este mes la nulidad del laudo y alarga un litigio que se inició en agosto de 2010.

Owens Illinois: 455 millones de dólares.

El proceso ante el Ciadi comenzó en 2011 y este mes se conoció que el tribunal arbitral impone a Venezuela pagar una compensación de 455 millones de dólares por la expropiación que ordenó Chávez en 2010 de la fábrica de envases de vidrio que la compañía estadounidense tenía en el país. La Procuraduría General de la República manifestó en un comunicado que el laudo es «impugnable» y que iban a solicitar su «nulidad ante el mismo Ciadi».

TideWater: 46 millones de dólares.

El 13 de marzo de este año el tribunal arbitral indicó que Venezuela debe cancelar 46 millones de dólares. El ministerio de Petróleo y Minería celebró que luego de más de cuatro años de disputa, “el tribunal rechazó la compensación exorbitante demandada por Tidewater y determinó que la compensación justa por los activos nacionalizados es de 46 millones de dólares”. Sin embargo, precisó que “ahora la República procederá a estudiar el laudo para verificar los cálculos del tribunal”. Tidewater poseía activos en el Lago de Maracaibo asociados a la actividad petrolera.

Las cinco noticias más importantes a esta hora

CartaObama

 

Maduro Pide que al menos 10 millones de venezolanos firmen una carta que enviará a Obama

“Tomemos la carta que voy a dirigir al pueblo de los Estados Unidos y en todas las plazas públicas del país, en visitas casa por casa, hagamos que la firmen no menos de 10 millones de venezolanos para mandar la carta en movilización por la Casa Blanca”, dijo Maduro

El presidente Nicolás Maduro reiteró el pedido a su homólogo estadounidense, Barack Obama, para que derogue la orden ejecutiva que establece a Venezuela como una “amenaza”, y explicó que enviará una carta abierta al pueblo de EE UU para denunciar la “agresión imperial”.

En un discurso ante miles de manifestantes congregados ante el palacio presidencial con la convicción de que el decreto de Obama anticipa una agresión militar, Maduro dijo que la carta complementa iniciativas nacionales adoptadas luego de que ese decreto estadounidense entró en vigor hace seis días.

 

Entre otras iniciativas nacionales destacó el masivo ejercicio militar de soldados y civiles que cumplen este mes en toda Venezuela en previsión de un ataque, ante el cual “el imperialismo recibirá”, remarcó en su discurso, “la lección más grande que se haya visto”.(Noticias 24)

 

Cuba y EEUU reanudan negociaciones para restablecer relaciones

La directora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, y la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, encabezan los equipos negociadores

Cuba y Estados Unidos se vuelven a reunir este lunes en La Habana para reanudar sus negociaciones sobre el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, anunciado en diciembre pasado, con los esfuerzos centrados en acordar la apertura de embajadas lo antes posible.

 

La directora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, y la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, quien llegó ayer domingo a la isla, encabezan los equipos negociadores, en los que participan menos funcionarios que en las rondas de diálogo anteriores. (Últimas Noticias)

 

Uruguay da por superado «incidente» diplomático con Venezuela

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa lo planteó así en una reunión del Consejo de Ministros, según explicó en una conferencia de prensa el subsecretario de Turismo y ministro interino del ramo, Benjamín Liberoff, quien actuó hoy como portavoz del Gobierno

El gobierno de Uruguay anunció hoy que dio por «superado» el «incidente» diplomático con Venezuela a raíz de unas «inamistosas» declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre el vicepresidente uruguayo, Raúl Sendic.

 

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa lo planteó así en una reunión del Consejo de Ministros, según explicó en una conferencia de prensa el subsecretario de Turismo y ministro interino del ramo, Benjamín Liberoff, quien actuó hoy como portavoz del gobierno.(El Nacional)

 

Venezuela debe indemnizar a Tidewater con $46,4 millones por expropiación

El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), acordó que el gobierno venezolano deberá pagar esa cantidad por el modo en que realizó la nacionalización de bienes de Tidewater, así como los intereses y los costos del proceso de arbitraje.

El tribunal de disputas de Banco Mundial ordenó a Venezuela indemnizar con 46,4 millones de dólares a la compañía de explotación petrolífera estadounidense Tidewater por la expropiación de sus activos en 2009, en el segundo fallo que esa entidad emite contra el país en una semana.

 

El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), acordó que el gobierno venezolano deberá pagar esa cantidad por el modo en que realizó la nacionalización de bienes de Tidewater, así como los intereses y los costos del proceso de arbitraje, reseña Efe.(El Universal)

 

El Mundo: Jerarcas del chavismo investigados por lavado en el Banco Madrid

Mientras el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez proclamaba que “el capitalismo decapita la Historia” o que “hay que construir una nueva patria socialista”, al menos media docena de sus altos cargos y empresarios afines realizaban operaciones con indicios del peor capitalismo en el Banco Madrid, según el informe elaborado por la unidad española antiblanqueo, el Sepblac.

 

Fuentes policiales aseguran a EL MUNDO que en el informe en poder de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales figuran al menos tres ex viceministros venezolanos, el ex jefe de Inteligencia, un ex ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA y un empresario considerado próximo a Chávez, que han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano.(La Patilla)

Las 10 noticias económicas más importantes de hoy #16M

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A un mes del Simadi sigue sin mejorar la política cambiaria

El Sistema Marginal de Divisas cumplió un mes y para algunos analistas y gremios empresariales aún persisten los problemas cambiarios. Otros confían en que superará los obstáculos iniciales. La poca oferta de divisas a tasa oficial y el retraso en el reinicio de las subastas del Sicad han complicado el panorama.

 

El Gobierno puso en marcha el pasado 12 de febrero la reformulación del sistema cambiario vigente en Venezuela desde 2003, con la reorganización de tres tasas para atender las distintas necesidades de la economía del país.

 

Autoridades monetarias y financieras insisten en que la puesta en marcha de un mercado de libre oferta de divisas hará bajar el precio del dólar no oficial. Sin embargo, la lentitud durante el primer mes de arranque del sistema, además de otros factores, ha impulsado el llamado dólar negro que llegó a traspasar la barrera de los 200 bolívares.

 

La cotización del tipo de cambio en el Simadi también ha registrado un incremento desde su implementación. El pasado viernes cerró en 187,78 bolívares por dólar, lo que significa un alza de Bs./$ 17,74 desde su inicio.

 

Hasta ahora en el Simadi se ha transado desde el 0,65% hasta el 1,79% del total de las divisas que se han manejado en los diferentes esquemas. El presidente Nicolás Maduro indicó recientemente que este mecanismo podría llegar a atender el 5% del mercado.

 

El banco de inversión Barclays Capital indicó en un reporte a clientes que a un mes de su aplicación, el nuevo sistema ha “exacerbado el desequilibrio en la economía, en lugar de reducirla. Las autoridades han legalizado esencialmente una tasa más débil, pero casi no se han ofertado dólares en el nuevo esquema”.

 

Destaca que es prioritario que nuevamente se ejecuten cambios en la política cambiaria, en la cual exista realmente un mecanismo flexible en la compra y venta de divisas. Igualmente plantea que persisten las distorsiones, al tenerse un diferencial de más de 40 veces, entre el dólar Cencoex y el precio Simadi, lo que -a su juicio- destruye el sistema de precios relativos y crea incentivos para el arbitraje, eliminando cualquier incentivo para producir.

 

“El actual control de cambio parece mucho peor que el sistema que tenía  Venezuela en 2003-2010”, señaló Barclays.

 

A juicio del presidente de la Asociación Venezolana de Casas de Cambio, César Atencio, mientras exista un arbitraje cambiario con la presencia del dólar negro, será muy cuesta arriba estabilizar el sistema. Indicó que luego de un crecimiento de 20% interdiario desde que comenzó el Simadi e incluso de autoabastecerse de dólares, se registró una baja en las transacciones en las casas de cambio cuando se disparó el precio en el paralelo hace dos semanas.

 

El presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Valores, Ricardo Montilla, ha sido optimista con la puesta en marcha del Simadi. A su juicio, con este mercado “no hay razones” para que exista el mercado paralelo.

 

El sector empresarial sostiene que aún no cuentan con un sistema confiable, transparente y fluido para la adquisición de las divisas que se requieren para la programación de las compras de bienes intermedios y materia prima de la producción de Venezuela, según indicó el primer vicepresidente de Fedecámaras, Francisco Martínez.

 

Para el presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad, los problemas del Simadi obedecen a que aún se encuentra “todavía en fase de ajustes. Es un sistema nuevo, hay que vencer los mecanismos de información, el desconocimiento de los usuarios”, dijo.

 

Considera que en un mediano plazo el problema del mercado paralelo “va a tender a corregirse”. (El Mundo)

 

Tasa Simadi se elevó 17,75 bolívares en un mes

El Sistema Marginal de Divisas (Simadi), ha escalado 17,75 bolívares por dólar en un mes de operaciones en el mercado cambiario libre y supervisado por el Banco Central de Venezuela.

 

Tras la publicación del Convenio Cambiario N° 33, el 12 de febrero se dio inicio a este sistema de cambio, en entidades financieras, casas de cambio y bolsa de valores, a una tasa de 170,03 bolívares por dólar. Y en la jornada de este viernes 13, ese indicador se ubicó en 187,78 bolívares, es decir, se cotizó 10,43% más de su valor inicial.

 

La tendencia de ese dólar marginal ha sido alcista desde el comienzo de sus transacciones, dirigidas fundamentalmente a los sectores que no son atendidos por lo otros dos esquemas cambiarios, administrados a las tasas de 6,30 bolívares por dólar y a 12 Bs/$.

 

Según los reportes del instituto emisor, las liquidaciones bajo ese mecanismo, han fluctuado entre 0,65% y 1,79% de los requerimientos. Las autoridades cambiarias han manifestado que la meta es elevar la entrega de divisas hasta el 5%.

 

Hasta la fecha, oferentes y operadores de ese mercado libre, han manifestado trabas y lentitud en las operaciones. Observan también poca inyección de divisas que cubran la demanda e impriman agilidad a esta nueva figura cambiaria.

 

Se conoció que grupos económicos sugieren implementar un sistema de transferencias. (El Universal)

 

Nuevo sistema de subastas no termina de despegar

Han pasado 34 días desde que el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, y el presidente del Banco Central del Venezuela, Nelson Merentes, ofrecieron detalles del nuevo sistema cambiario que regiría en el país. Sin embargo, aún no está operativo completamente. El Sistema Complementario de Divisas,  es decir, el esquema de subasta, no ha entrado en funcionamiento.

 

Aunque los empresarios en reiteradas oportunidades han dicho que las subastas no son efectivas para la industria manufacturera porque no permite planificar, esperan que se reanuden cuanto antes. Desde octubre de 2014 el Centro Nacional de Comercio Exterior no convoca a una.

 

La escasez de divisas tiene a la industria manufacturera sin inventarios, con la incertidumbre de no saber cómo reponerlos y con el riesgo de paralizar operaciones por falta de materiales.

 

Lo único que comenzó a operar del nuevo mercado, el 18 de febrero, fue el Sistema Marginal de Divisas, uno de los tres mecanismos de obtención de dólares que anunció el presidente Nicolás Maduro el 21 de enero, en la presentación de su Memoria y Cuenta a la Asamblea Nacional. Comenzó con una tasa de 170 bolívares por dólar. Casi un mes después, el cambio es superior a 180 bolívares.

 

Por lo elevado de la tasa, representantes gremiales han insistido en que no es una alternativa conveniente para el sector productivo debido a que elevaría significativamente las estructuras de costos. Las empresas que han acudido al Simadi y han logrado obtener dólares lo han hecho para importaciones puntuales de piezas o repuestos de maquinarias, no para adquirir materias primas.

 

Consumiendo los inventarios. Desde octubre del año pasado las compañías del sector gráfico no reciben divisas. Participaron en la última subasta del Sicad y les adjudicaron 10 millones de dólares, pero aún no se los han liquidado.

 

En lo que se refiere a las asignaciones a través del Cencoex, el director ejecutivo de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas, Edgar Fiol, afirmó que se paralizaron también en octubre, luego de que fluyeron bien hasta mediados de 2014.

 

“A comienzos del año pasado la deuda del gobierno con el sector era de 214 millones de dólares, pero comenzó a hacer liquidaciones a tiempo y se logró bajar el compromiso. Actualmente es de 42 millones de dólares y desde hace más de 4 meses no nos otorgan divisas. No tenemos para comprar nada. Nos estamos consumiendo los inventarios”, indicó.

 

La falta de materia prima tiene a las empresas del sector trabajando a menos de 30% de su capacidad instalada, lo que ocasionó que la producción del sector cayera 72%. Fiol dijo que, para estirar los inventarios, las compañías no garantizan a los clientes la entrega completa de los pedidos que recibe.

 

Señaló que eliminaron turnos de trabajo por la falta de insumos. “El sector tiene alrededor de 17.000 empleados. Aún no hemos hecho recortes de personal, esperamos no tener que hacerlo. Es inminente que el gobierno aclare las reglas del juego y se reactive la producción”.

 

Sobre el Simadi advirtió que no es la opción para mantener las operaciones del gremio. Recordó que los dos grandes clientes de la industria son los sectores de alimentos y de medicinas, que poseen una gran cantidad de productos regulados. “Para mantenernos con Simadi tendríamos que crear un mecanismo que nos permita trasladar el incremento en los costos al precio final”.

 

En riesgo de paralizarse. “El sector químico comenzó 2015 con un poquito de materia prima, pero ya comienza a agotarse”, manifestó el presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, Juan Pablo Olalquiaga.

 

El grueso de estos insumos el sector los adquirió con las adjudicaciones de la subasta 24 del Sicad, que se realizó a finales de septiembre. A diferencia de las empresas gráficas, las 10 compañías químicas que resultaron beneficiadas en la última puja convocada comenzaron a recibir los recursos.

 

Olalquiaga dijo que en las últimas dos semanas los proveedores internacionales comenzaron a recibir las transferencias de pago. “Eso es un pequeño respiro que el gobierno les dio a esas empresas, pero no sirve para reactivar la industria que está integrada por aproximadamente 300 compañías”. La deuda con el sector es de 350 millones de dólares, de los cuales 250 millones corresponden a solicitudes de 2013 o antes y el resto de 2014.

 

Las 215 firmas afiliadas a Asoquim no reciben liquidaciones del Cencoex desde noviembre del año pasado. En lo que va de 2015 son pocas las empresas, aseguró Olalquiaga, a las que les han aprobado AAD (Autorización de Adquisición de Divisas); sin embargo, no las están recibiendo. “No quieren tomar estas AAD y hacer pedidos por temor a perder los pocos créditos que algunos proveedores extranjeros dan al sector”.

 

Ante la imposibilidad de adquirir más materias primas e insumos por la paralización de las subastas y liquidaciones del Cencoex, Olalquiaga no descarta que en poco tiempo la industria se vea obligada a detener líneas de producción. Actualmente opera en aproximadamente 40% de su capacidad instalada. Además, una vez que se reactive alguno de los dos mecanismos, el proceso de importación e ingreso al país de la mercancía toma entre 90 y 120 días. “Estamos en riesgo de paralizarnos”, advirtió.

 

Olalquiaga dijo que han solicitado audiencias para plantear el problema de la adquisición de divisas a Marco Torres; al ministro de Industrias, José David Cabello; y al presidente de Cencoex, Rocco Albisinni. Pero no han recibido respuesta de ninguno.

 

“Es importante que las liquidaciones del Cencoex sean oportunas, que definan cómo funcionará el Sicad y comience a operar lo antes posible. Existe mucha preocupación e incertidumbre entre los empresarios”, puntualizó.

 

Asignaciones regulares. La deuda del gobierno con la Cámara Venezolana de Envases que reportó el sector a comienzos de 2014 era de más de 200 millones de dólares. El año pasado, afirmó su presidente, José Manuel González, se canceló “casi en su totalidad”. Sin embargo, la interrupción de aprobaciones de adquisición de divisas desde octubre pasado ha hecho que vuelva a acumularse y ha impedido que se realicen nuevas importaciones de materias primas.

 

En lo que se refiere a Sicad, la mayoría de las empresas adjudicadas en la última subasta aún esperan las liquidaciones. En cuanto al Simadi, González indicó que algunas compañías han resultado beneficiadas, pero advirtió que estos recursos son para adquirir piezas de maquinarias, no para insumos debido a que eso tendría un impacto muy fuerte en los costos.

 

Agregó que las empresas del sector están operando en 70% de su capacidad instalada y cuentan con inventarios hasta junio de 2015. Insistió en que es necesario que la asignación de divisas se haga con regularidad y que los tres mecanismos de obtención anunciados a comienzos de año operen eficientemente.

 

Los prioritarios

Desde que el presidente Nicolás Maduro anunció que el sistema cambiario estaría integrado por tres mecanismos, reiteró que la tasa de 6,3 bolívares por dólar se mantendría para los sectores «prioritarios”, alimentos y medicinas. Sin embargo, cuando está por terminar el primer trimestre de 2015, ninguno de los dos ha escapado de la sequía de divisas.

 

Hace una semana el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Pablo Baraybar, informó que tienen problemas para operar porque “ninguna empresa de alimentos ha recibido dólares en lo que va de año”.

 

En cuanto a las medicinas, en las últimas dos semanas algunas empresas afiliadas a la Cámara de la Industria Farmacéutica recibieron liquidaciones por 20 millones de dólares. Fuentes del sector afirmaron que ese monto es insuficiente porque el compromiso con el gremio es de 446 millones de dólares. “Las compañías no podrán hacer mucho con eso. A una de ellas le deben 100 millones de dólares y solo le entregaron 5,6 millones”, expresó. (El Nacional)

 

Subsidio a la carne por 120 días evitará ajuste de precio

La decisión que tomará el Gobierno en torno al precio de la carne, pasa por el establecimiento de un subsidio temporal de unos 120 días que estaría al rededor del 30 ó 40 % aplicado al oficial de 65 bs/kg para el ganado en pie a puerta de corral, con lo cual el consumidor tendría un techo de 220 bolívares para la adquisición del producto de primera. Basta saber qué opinan los «carniceros» y centros de beneficio.

 

La solucion no luce fácil y tendrá que ir primero a la revisión exhautiva de los costos de producción, impactados como están por los precios de insumos diversos, repuestos, materiales y maquinarias en general, además de un suministro irregular y espasmódico. A ello se une una gran especulación y anarquía, observó el presidente de Confagan, José Agustín Campos.

 

El listado que contiene todo el conjunto de agroquímicos, medicina veterinaria, tratamiento de hemoparasitos, digestivos, productos de alimentación, sub-productos, repuestos de transporte, maquinarias, materiales para la infraestructura y equipos ya reposa en poder del vicepresidente de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Carlos Osorio, quien además tiene los informes de las reuniones dirigidas por el titular del MAT y de la Sundee.

 

Según otros voceros del sector ganadero, Fegaven, Convecar, Fedenaga y Asocebú ,que han estado presentes en las reuniones con el MAT y La Sundee y sus equipos técnicos, el subsidio es complejo de aplicar y se presta a muchas maniobras, mientras observan que hay una realidad en el agro que debe atenderse. Asimismo, desde el punto de vista de los recursos, aun no se tiene un monto definitivo para su aplicación.

 

Campos deslizó que si se toma la decisión de controlar los insumos, la especulación y usura que está presente, ese precio de 65 bs/kg sería «un buen precio y permitiría buena rentabilidad al productor para sacar su negocio adelante». Otros que se sientan en la mesa con él sobre este tema no piensan igual y agregan que se ha venido estabilizando el precio entre 90 y 95 bs/kg a puerta de corral, actuando como marcador Santa Barbara de Barinas y otras zonas fronterizas.

 

Todo parece indicar que la revisión de los costos de todos los insumos, y el acercamiento a los productores través de Agropatria, usando para ello las plantas receptoras de leche y otros espacios, pudieran abaratar los costos y evitar así que se impacte al consumidor.

 

El presidente de Confagan dijo que este sábado en Matuirin arrancó un Plan Piloto y se beneficiaron unos 500 productores que adquirieron insumos con descuentos de hasta el 75 %, como alambre de púas, agroquímicos, insecticidas, repuestos, medicina veterianaria y equipo para granjas de pollos. (El Universal)

 

Desde hoy Conviasa cobrará tasas en divisas

Los línea aérea del Estado Conviasa informó que a partir de este lunes la tasa aeroportuaria se pagará en el país destino y en la moneda local.

 

La información la ofreció a través de la cuenta en twitter de la aerolínea @LAConviasa el pasado 8 de marzo.

 

«Los usuarios cuya tasa haya sido incluida en la compra del boleto deberán cancelar el impuesto en el país destino, en este caso la aerolínea le entregará una nota de crédito (como reembolso)», señaló la compañía en la red social. (El Mundo)

 

Industria de alimentos demanda plan de inversión agrícola

La industria de alimentos agrupada en Cavidea, dice estar dispuesta a firmar acuerdos para el desarrollo de la producción agrícola, a través de un Plan de Inversión pública y privada, cuyos cálculos se ubican en 3.311 millones de dólares a lo largo de una década, lo que llevaría a un crecimiento de 47 % del área sembrada y de un 53 % del rendimiento en el campo.

 

En este sentido, el sector industrial podrá innovar en sus formulaciones para incrementar así el uso de materias primas nacionales, al tiempo que se estarían comprometiendo los empresarios a presentar un plan de requerimientos mensuales por tipo de material, para alcanzar la producción nacional de los empaques y envases que requiere el sector de alimentos, tal como lo expuso recientemente el presidente de Cavidea, Pablo Baraybar.

 

En la Alianza para incrementar la Producción Nacional de Alimentos, consideran que pudiera aumentar en un 22 por ciento de alimentos «hechos en Venezuela» a vuelta de 10 a 12 meses, además de inversiones para elevar la capacidad de producción nacional en la agroindustria y por supuesto la generación de nuevos puestos de trabajo. Dice la industria de alimentos en su estudio que están preparados para asistir a cualquier convocatoria del Gobierno que preside Nicolás Maduro, para darle formas concretas a la Alianza, precisando la constitución de mesas de trabajo para abordar estos temas que lucen demorados a la fecha.

 

Pese al optimismo mostrado recientemente por Pablo Baraybar, no es menos cierto que el aparato productivo nacional continúa dando muestras fehacientes de «parecerse a un cuero seco, que cuando lo pisan por un lado se levanta por el otro». Diálogo claro, transparente y resultados concretos con un seguimiento permanente, pareciera ser la clave para que repunte este importante sector, que reclama del Estado más atención en la deuda que mantienen con sus proveedores externos, por 805 millones de dólares, dentro del conjunto de problemas que arrastran, algunos de los cuales son comunes en otros sectores de la economía.

 

Este documento señala que en los últimos 10 años Cavidea ha realizado propuestas dirigidas a incrementar la producción y obtener la seguridad alimentaria para los venezolanos, cuya aspiración final sería alcanzar la soberanía agroalimentaria. Hace un año en la Conferencia de Paz convocadas por el Gobierno Económico, presentaron sus planteamientos. Desde el sector se asegura que han hecho todos los esfuerzos para mantener la producción de alimentos, pese a las limitaciones de materias primas y de los componentes importados.

 

Ese desabastecimiento de materias primas e insumos y del producto alimenticio terminado, unido a los niveles de inflación que tenemos, requieren de una solución conjunta y de gran alcance entre el Gobierno y el sector privado. De allí la Alianza propuesta.

 

El tema de divisas

 

En relación al pasado año, la industria de alimentos recibió de Cadivi-Cencoex, sólo el 77 % de sus necesidades, mientras que en lo que va del 20145 a algunas empresas no se les ha liquidado divisas y a otras se les ha liquidado cantidades por debajo de lo requerido. El promedio de la Autorización de Liquidación de Divisas suele durar unos 195 días.

 

Cavidea sostiene en su documento que hasta ahora el Estado tiene por liquidar una deuda de 805 millones 794 mil dólares por importación del conglomerado industrial de alimentos de materias primas, insumos, repuestos, maquinaria y material de envases y empaques. Allí está latente el valor del dólar que aplicará a cada una de las importaciones, por cuanto no han sido publicadas las listas.

 

Pablo Baraybar dijo recientemente que las empresas no reciben ni un solo dólar, es el Estado quien se encarga de realizarle los pagos a proveedores, previas las revisiones del caso. Por lo pronto, las importaciones de alimentos terminados se incrementaron en un 39 % en el primer semestre 2014 versus 2011, según el INE, lo que afectó la disponibilidad de divisas de la industria para atender sus requerimientos.

 

Desliza Cavidea en su informe que con un millón de dólares la industria nacional produce 5 veces más de lo se obtendría por las importaciones del Estado. Es decir, 3.360.000 kilos versus 672.000 kilos, respectivamente. Ello se traduce en más empleo, pago de impuestos e incremento de la producción.

 

Cabe reiterar que entre sus propuestas contenidas en esa Alianza para incrementar la producción nacional de alimentos, requieren que en los próximos 30 días se concrete la liquidación de los 805 millones 794 mil dólares a fin de cumplir los compromisos con proveedores y poder solicitar la materia prima e insumos para mantener sus niveles de producción. Además piden la extensión de la prórroga de la vigencia de Certificado de No Producción Nacional, CNP, por 6 meses más a partir de este mes de marzo. Y en suma, la asignación del 60 % de las divisas que hoy se usan para la importación de producto terminado, destinadas para importar materias primas e insumos para la producción nacional.

 

Incremento de Costos

 

Refiere la industria que en último año se han incrementado los costos de manera apreciable. En ese orden de ideas, el ajuste de las tasas de cambio pudiera impactar las materias primas e insumos importados de algunos rubros alimenticios. Caso de materia prima nacional la variación es del 170 % , para el maíz de 218 % y el arroz paddy de 244 %. Igual, los insumos nacionales en 49 %, empaque en 82 % y transporte 85 %.

 

Citan también que hay productos regulados que tienen hasta 48 meses sin revisión de precios, tal es el caso del pan de trigo salado(48), queso blanco duro (22) y pastas alimenticias (18), el queso blanco pasteurizado con el 800 % de rezago y los precios de los regulados tienen precios por debajo del costo de producción.

 

En virtud de los anterior hablan de que se desarrolle un Sistema Administrado de Precios, que reconozca oportunamente los incrementos de costos de la industria de alimentos, y entre tanto, de adoptarse, que se cubra el rezago en los precios de los alimentos que estén en las listas, que se revisen otros precios y que se incluya las 19 categorías originalmente reguladas por Sundecop y pasen al anunciado Sistema Armonizado de Productos Regulados.

 

Cavidea sostiene que la situación de acceso a divisas ha impedido que los proveedores nacionales inviertan en nueva tecnología o en ampliación de su capacidad instalada y ello afecta los niveles de producción. Añaden que el 40 % de las materias primas e insumos se encuentra en situación de alerta en cuanto a abastecimiento, con niveles críticos de inventario, al igual que los insumos para la elaboración de material de empaques plásticos es crítica. Citan que la producción de polipropileno u poliestireno por parte del Estado se redujo respecto al 2013 y la oferta de empaques y envases resulta insuficiente para atender el mercado.

 

-¿Qué hacer?. En este documento se pide la flexibilización de trámites para la importación de materias primas, insumos, maquinarias y repuestos.Asimismo, el incremento de la producción de resinas por parte de las empresas del Estado e incremento de la importaciópn de aquellas que no se producen nacionalmente. Unido ello a la priorización de su distribución hacia los proveedores de la industria de alimentos.

 

Situación laboral

 

Cavidea en su diagnóstico señala que el 57 de las empresas del sector de alimentos reportan un ausentismo de 10 por ciento con la consecuente pérdida de producción.

 

En más del 80 por ciento de las calificaciones de despido que introducen las empresasd ante el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, la autoridad no procede a la apertura del procedimiento. Se exige que no se admitan paralizaciones ilegales como operación morrocoy o aquellas no autorizadas por ese Ministerio. También que éste organismo proceda a la citación de los trabajadores en las solicitudes de calificación de despido y se siga el procedimiento respectivo. Piden respuesta en 30 días.

 

Producción agrícola

 

En los últimos años la producción agrícola ha pasado de la autosuficiencia a la importación de más de 40 % en algunos rubros, mientras que los insumos para esa producción, como pesticidas y fertilizantes, presentan incrementos de costos y fallas de abastecimiento y de calidad de los mismos.

 

En este sentido piden la revisión urgente de las políticas de incentivos al sector para priorizar las materias primas agrícolas claves. Mejorar el flujo de divisas hacia el sector agrícola, en especial para maquinarias, mejorar el abastecimiento de agroquímicos distribuidos por el Estado y harantizar la calidad de fertilizantes y pesticidas importados.

 

La industria de alimentos agrupada en Cavidea dice estar comprometida con la seguridad alimentaria de los venezolanos.

 

Sostiene que de concretarse todas las medidas anteriores, este sector estaría en capacidad de incrementar la producción de alimentos masivamente, como una forma para combatir el desabastecimiento que se observa y la inflación que los está perjudicando en ese accionar productivo.

 

En suma, reiteran que si se cumplen las condiciones solicitadas al Estado en sus distintas instituciones que intervienen en el proceso de producción de alimentos, la industria incrementará en 22 por ciento la producción de alimentos terminados hechos en Venezuela entre los próximos 10 a 12 meses. Asimismo, invertirá para incrementar su capacidad de producción en algunos rubros básicos en aproximadamente un 9 por ciento en los próximos 18 meses.

 

Se anuncia desde este sector que estarán en capacidad de ampliar su plantilla pata atender esta capacidad incremental que se les presentaría, al tiempo que reactivará la producción de bienes en todas las presentaciones y variedades que el consumidor venezolano está acostumbrado.

 

Se insisten en que podrán aumentar considerablemente el incremento en la producción de alimentos, y también sus inversiones para elevar la capacidad de producción y de generar nuevos puestos de trabajo.

 

Aseguran en la industria de alimentos que siguen estando preparados para asistir a cualquier convocatoria del Gobierno Nacional que dirige Nicolás Maduro, para concretar y llevar a feliz ejecución esta Alianza. Para ello están dispuestos a conformar un conjunto de mesas técnicas y de trabajo para comenzar a analizar todos los aspectos propuestos. (El Universal)

 

Nueva instancia sustituirá al Consejo Superior del Trabajo

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional y miembro consultivo de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst), Oswaldo Vera, reiteró a El Mundo Economía y Negocios que la insistencia es para que los patronos públicos y privados culminen con el proceso de regulación de los trabajadores que se encuentren en situación de tercerización.

 

Vera recalcó que “antes del 1° de Mayo de este año,  no debe quedar en empresas públicas y privadas ningún trabajador tercerizado,  ya que a  los empleadores se les dio suficiente tiempo, se les dio tres años para que eliminaran la practica de la tercerización porque esto es un fraude a la Ley Orgánica del Trabajo Trabajadoras y Trabajadores (Lottt), pues contratan personal, que aunque tienen vinculación directa con las actividades medulares de la empresa, lo tienen como un personal ajeno a la empresa matriz para evadir los beneficios como pago de utilidades, vacaciones y otras bonificaciones”, sentenció el diputado.

 

¿El Consejo Superior del Trabajo, del cual usted forma parte, se ha encargado de hacer seguimiento a este tema de la tercerización?

 

Sí, lo ha venido haciendo y por ello, estamos insistiendo ahora con mayor fuerza, pues quedan un poco menos de dos meses para se cumpla  el plazo de eliminar la tercerización.

 

El Consejo Superior del Trabajo, órgano que se creó para hacerle seguimiento al cumplimiento de la Ley del Trabajo,  cesaría en sus funciones,según lo prevé la Lottt, también a los tres años de aprobado la ley,  ¿qué va a pasar con las funciones de esta instancia?

 

Sí, este órgano que depende de la Presidencia de la República, tendrá que desaparecer  porque así lo dispone la Ley del Trabajo, una vez cumplida su vigencia, pero para ello se creará una nueva figura. Esta nueva instancia será anunciada por el presidente de la República Nicolás Maduro, en su momento.

 

El Consejo Superior del Trabajo es instancia que se creó tras la aprobación de la Ley Orgánica  del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, y que según una disposición transitoria del texto laboral, cesaría en sus funciones a los tres años de aprobado el texto.

 

Esta instancia está integrada por diversos representantes de entes públicos. Lo coordina el ministro del Proceso Social del Trabajo, Jesús Martínez y lo integra por lo trabajadores, el presidente de la Cbst Wills Rangel, por la Asamblea Nacional el diputado Oswaldo Vera; representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y abogados laboralistas como Carlos Sainz Muñoz.

 

El Consejo Superior del Trabajo, es una figura descrita en las disposiciones transitorias de la Lottt, como un órgano que se encarga de velar por el cumplimiento de todas las normativas de la Lottt, que fue sancionada por el fallecido presidente Hugo Chávez, el 1° de Mayo de 2012.

 

Precisamente el presidente Chávez, fue quien designó a los miembros que integra el Consejo Superior del Trabajo, que cesará sus funciones el próximo 7 de mayo /fecha en la fue publicada la Lottt en Gaceta Oficial).

 

Tercerización sin prórroga

 

Para el presidente de la Comisión de Desarrollo Social y miembro del Consejo Superior del Trabajo, un nuevo plazo para  terminar de afinar la regularización de trabajadores tercerizados y pasarlos a nómina de personal fijo de las empresas, está descartado.

 

“No hay posibilidad de prórroga  porque  a los patronos se les dio suficiente tiempo. Lo que deben hacer es acelerar la formalización de los trabajadores que aún están tercerizados;  y que se pongan al día con la Ley del Trabajo, porque hay que recalcar que la tercerización es un fraude a la ley, una evasión de beneficios  formales que debe tener todo trabajador”.

 

Sin embargo, hay dos maneras de que se puede extender una prórroga. O bien que la Asamblea Nacional produzca una reforma de la norma o que el presidente a través de poderes habilitantes dicte una prórroga. El parlamento aprobó ayer  una nueva Ley Habilitante solicitada por el presidente Maduro; ¿se abre la posibilidad de decretar  por esta ley una prórroga para eliminar  la tercerización?

 

No. No en este caso, pues la  Ley Habilitante que se autorizó ayer al presidente Maduro, no es para temas laborales. Esa vía está descartada.

 

Casos y rezago

 

Fuentes  vinculadas al sector oficial indican que aún son muchos los casos de personal tercerizado en entes públicos, gobernaciones y ministerios, como el Ministerio de Educación,  donde se estima que quedan unos 30 mil trabajadores  tercerizados. Y que en diversos organismo todavía “hay rezago”, con la eliminación de la tercerización, como es el caso de la reciente fusión de los ministerios de Vivienda y el de Ambiente. “Allí estamos confrontados algunos problemas”, puntualizó Franklin Rondón, presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep).

 

Voceros de otros sectores, señalan que en el sector privado “ ha venido eliminando la tercerización”, apunta Froilán Barrios, del Movimiento Laborista.

 

Barrios asegura que “el Estado es el primer tercerizador, y que  debe ponerse al día, pues el sector privado se ha venido terminando con el trabajo tercerizado, pues este tipo de  trabajo supone un fraude porque pone en desventaja a un grupo de  trabajadores al no reconocerle la totalidad de los beneficios laborales”.

 

El representante del Movimiento Laborista asegura que según datos de las organizaciones sindicales existen todavía entre 10 mil 15 mil trabajadores en el sector petrolero.

 

Froilán Barrios, asevera que  una cantidad no cuantificable de  tercerizados se encuentran en las cooperativa que se crearon en los últimos años. Indica que en las cooperativas hay “muchas distorsiones, porque muchas que se crearon son fantasmas, y las que quedan son empresas muy pobres muy decadentes, que prestan servicios a empresas del Estado, y que en realidad  son formas de tercerización”.

 

Denuncia que en 2007, existían apenas 800 cooperativas y el año pasado estaban registradas unas 320 mil cooperativas. “Muchas cooperativas se registraron para que les dieran un crédito, se gastaron la plata y ya; y las que quedan son de trabajo simulado, es decir tercerizados”. (El Mundo)

 

Ordenan a Venezuela indemnizar a Tidewater por expropiación

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de la empresa de servicios petroleros Tidewater, por la expropiación de la que fue objeto en 2009, pero por una cifra menor a lo solicitado por la compañía estadounidense.

 

«El Tribunal determina que el monto en concepto de capital de la indemnización que ha de abonarse asciende a $46,4 millones», señaló el Ciadi en su decisión.

 

A esta suma debe sumársele, según el laudo, interses desde el 08 de mayo de 2009, día después de la expropición, hasta la fecha del 13 de marzo, a un tasa anual de 4,5% capitalizados trimestralmente.

 

Tidewater esperaba recibir $434 millones en la demanda que presentaron el 16 de febrero de 2010.

 

La empresa operaba en Venezuela desde 1958 bajo el nombre Semarca y tenía sede en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia.

 

Hasta 1990 Semarca prestaba servicios en el Lago de Maracaibo, a partir de esa fecha extendió sus labores costa afuera en el Golfo de Paria, estado Sucre.

 

En 2009 cuando fueron expropiados sus activos estaban compuestos por 15 buques y oficinas administrativas. (El Mundo)

Ciadi: Venezuela debe pagar $46 millones a Tidewater

CIADI

 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de la empresa de servicios petroleros Tidewater, por la expropiación de la que fue objeto en 2009, pero por una cifra menor a lo solicitado por la compañía estadounidense.

«El Tribunal determina que el monto en concepto de capital de la indemnización que ha de abonarse asciende a $46,4 millones«, señaló el Ciadi en su decisión.
A esta suma debe sumársele, según el laudo, interses desde el 08 de mayo de 2009, día después de la expropición, hasta la fecha del 13 de marzo, a un tasa anual de 4,5% capitalizados trimestralmente.
Tidewater esperaba recibir $434 millones en la demanda que presentaron el 16 de febrero de 2010.
La empresa operaba en Venezuela desde 1958 bajo el nombre Semarca y tenía sede en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia.
Hasta 1990 Semarca prestaba servicios en el Lago de Maracaibo, a partir de esa fecha extendió sus labores costa afuera en el Golfo de Paria, estado Sucre.
En 2009 cuando fueron expropiados sus activos estaban compuestos por 15 buques y oficinas administrativas.