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Sociedad Interamericana de Prensa

En Venezuela se mantiene constante régimen que propicia la autocensura
El documento recoge algunas violaciones a la libertad de prensa que en lo que va de 2023

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela se mantiene el «constante y sistemático régimen de censura» que «genera autocensura entre los medios» independientes.

De acuerdo con el informe preliminar de la SIP, que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en Asamblea General, en Venezuela «al menos dos emisoras salen del aire cada mes» por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo «criterio discrecional» están sujetos medios televisivos y radiales.

 

Además, señala que «Conatel también siguió censurando y cerrando espacios de los medios impresos independientes que se vieron obligados a migrar a plataformas web».

«Los periodistas se ven asediados por el régimen, son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncian irregularidades y corrupción», aseveró la SIP.

El documento recoge algunas violaciones a la libertad de prensa en lo que va de 2023. Además, citó un informe del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), en el que se reveló que entre mayo y agosto de este año se registraron 117 violaciones a la libertad de expresión que afectaron a 68 trabajadores de la prensa.

Como aspecto positivo, la SIP destacó la liberación del periodista Roland Carreño el pasado 18 de octubre.

No obstante, recordó que el periodista «fue víctima de desaparición forzada y en seis ocasiones fueron solicitadas medidas humanitarias por problemas de salud».

 

El informe expone, al menos, 22 casos concretos que dan cuenta de la persecución a la prensa.

Para muestra un botón: la primaria autocensurada

La Consultora Sala 58 monitoreó la cobertura noticiosa de los principales medios de comunicación televisivos antes y durante de la primaria opositora y concluyó que la censura reinó en los noticieros de Venevisión, Televen y Globovisión.

De acuerdo con reportes diarios desde enero hasta septiembre de 2023, el monitoreo de Sala 58 evidenció el desbalance que predominó en la cobertura noticiosa de los principales canales de televisión privada.

El canal Globovisión no transmitió ninguna información de la primaria, salvo la declaración del candidato por Acción Democrática, Carlos Prosperi, donde informó que desconocería los resultados del proceso electoral.

*Con información de EFE

SIP condenó nueva represalia contra diario El Nacional
Ambos directivos de la SIP aludieron a los más de 300 medios cerrados en la última década por parte del Gobierno venezolano

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes, 27 de enero, la persecución contra el jefe de redacción del diario El Nacional, José Gregorio Meza, y de otros comunicadores de este medio.

Según la SIP, esto ocurre «en aparente represalia por reportajes publicados que incomodan al régimen», según dijo en un comunicado.

El pasado miércoles, Meza fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y un fiscal del Ministerio Público (MP).

La razón de su detención fue para que declarase «sobre unos trabajos que se publicaron en El Nacional», como señaló el propio editor en su cuenta de Twitter.

Al día siguiente, funcionarios de la Fiscalía le devolvieron su teléfono celular, de acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Ante esto, el presidente de la SIP, Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esta institución, Carlos Jornet, condenaron de forma conjunta «las recientes acciones de acoso contra los periodistas y editores del diario».

«No hay duda de que el régimen político busca acallar cualquier expresión que resulte contraria a sus intereses o los cuestione», afirmaron Greenspon y Jornet.

Ambos directivos de la SIP aludieron a los más de 300 medios cerrados en la última década por parte del Gobierno venezolano, así como a la confiscación de las instalaciones de El Nacional en abril de 2022.

El más reciente Índice Chapultepec de la SIP muestra a Venezuela en el penúltimo lugar de 22 Estados en materia de libertad de prensa.

El Índice Chapultepec es un barómetro anual que mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas.

La SIP, con sede en Miami (Florida), es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas.

*Con información de EFE

Se trata de un trabajo de investigación que expone las amenazas recibidas por las mujeres indígenas y defensoras ambientales de Latinoamérica que se dedican a proteger sus comunidades

 

Defensoras Indígenas Amenazadas, un trabajo especial de investigación que se demuestra el por qué ser mujer, defensora ambiental e indígena es un triple riesgo en America Latina, fue seleccionado como finalista del Concurso de Excelencia Periodística 2022 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En esta investigación, que cuenta con la participación y el apoyo de los portales Mongabay Latam, La Barra Espaciadora, Rutas del Conflicto y Runrunes,  se revelan los niveles de violencia a los cuales son sometidas estas lideresas indígenas que luchan para proteger sus tierras y comunidades.

Desde Venezuela se expone la historia de Ana María Fernández, quien se ha enfrentado al Estado venezolano, hacendados y ganaderas en la Sierra De Perijá, en el estado Zulia, porque estos insisten en negarle la demarcación de sus tierras.

En Mongabay Latam, medio de comunicación que cubre las historias ambientales más importantes de Latinoamérica, puede leerse el trabajo titulado Triple riesgo: ser mujer, indígena y defensora ambiental en América Latina, en el que se cuenta que 15 defensoras latinoamericanas de ambiente y territorio fueron asesinadas en el año 2020; de este grupo de mujeres, 7 eran indígenas, de acuerdo con el informe anual de Global Witness.

Según este especial de investigación, «detrás de esos asesinatos hay una escalada de violencia física, psicológica y sexual que viven las lideresas indígenas, quienes son estigmatizadas, criminalizadas y acosadas por su labor en la defensa de ríos, el territorio y la vida misma».

Las periodistas que trabajaron en este especial son Lisseth Boon, Vanessa Romo, Gloria Alvitres, Thelma Gómez Durán, Carol Sánchez, AnaCristina Alvarado y Cristina Fernández Aguilar.

SIP advierte que amenazas contra periodistas en Venezuela son constantes
La SIP apostilló que la acción del Ejército que tomó con «armas largas las instalaciones y desalojaba a todos los trabajadores se hizo sin ningún procedimiento legal o lícito»

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó este martes que, en los últimos seis meses en Venezuela, fueron constantes los allanamientos, amenazas y la persecución a periodistas que investigan casos de corrupción por parte de altos funcionarios del Gobierno.

La SIP indicó, en su informe provisional, que debe ser aprobado en la reunión de medio año que empezó hoy, que se sumaron también casos de violencia física, amenazas y ataques contra periodistas que cubrían las elecciones regionales y locales de noviembre pasado, por parte de autoridades policiales y militares, «grupos paramilitares armados y organizados por el Gobierno».

«La confiscación de las instalaciones de El Nacional ocurrió con el descaro de un sistema judicial que no tiene autonomía del Poder Ejecutivo. Los jueces siguen instrucciones directas de Diosdado Cabello, pasando por encima de cualquier procedimiento legal», afirmó la organización.

Asimismo, señaló que la demanda penal en contra del medio venezolano nunca llegó a sentencia y se detuvo en la audiencia de conciliación, pero «las medidas cautelares se mantienen después de cinco años».

«El juicio civil que llevó a una sentencia de pago por indemnización de 13 millones de dólares se realizó sin sentencia penal ni justificación del increíble monto final», añadió.

La SIP apostilló que la acción del Ejército que tomó con «armas largas las instalaciones y desalojaba a todos los trabajadores se hizo sin ningún procedimiento legal o lícito».

«Fue irregular la valuación (tasación) de esas instalaciones en 10 millones de dólares para entregarle el edificio a Cabello como propiedad privada», subrayó.

Recordó que el pasado 7 de febrero se concretó la adjudicación de la sede de El Nacional a Cabello, lo que fue calificado por el periódico como un «irregular y clandestino remate judicial», al no haberse publicado «los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, la hora y el monto mínimo para que los interesados hagan su oferta» y sin la presencia de testigos.

 

Otra agresión registrada por la SIP fue el bloqueo «sin respaldo judicial, de manera discrecional y absolutamente arbitraria» de portales de medios como El Nacional, La Patilla y Efecto Cocuyo.

Esto ocurre, prosiguió, dándole instrucciones a las compañías telefónicas para que hagan el bloqueo, en el que se incluyen empresas trasnacionales como Telefónica, «que pasan por encima de sus propios principios de no violación de los derechos humanos».

EFE

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Trabajo de investigación ChavismoInc gana el Premio SIP a la Excelencia Periodística 2021 en la categoría Periodismo en Profundidad
La Sociedad Interamericana de Prensa informó que próximamente anunciarán el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa

 

Este martes, 2 de agosto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio a conocer los ganadores de los premios a la Excelencia Periodística 2021. ChavismoInc, una investigación realizada con la colaboración de Connectas, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Transparencia Venezuela, se alzó con el premio en la categoría de Periodismo en Profundidad.

«Por describir, mediante una excelente narrativa periodística y sobre la base de una impresionante base de datos, la trama de corrupción y enriquecimiento ilícito durante más de 20 años de gobierno chavista en Venezuela, sus rutas a través de países de América Latina y España; un ejemplo de trabajo colaborativo meticuloso y profundo entre periodistas de más de 10 países para rastrear el lavado de 30 mil millones de dólares», se lee en el texto publicado por la SIP en el que describen los méritos de la investigación para alzarse con el premio.

La presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, Leonor Mulero, resaltó la calidad y relevancia de los trabajos concursantes. «Una vez más se demuestra el papel fundamental de la prensa en la cobertura de los temas clave de nuestras sociedades, uno de cuyos ejemplos es la cantidad de postulaciones dedicada a la pandemia de covid-19», expresó.

La SIP informó que los premios se entregarán en una ceremonia especial durante la 77ª Asamblea General de la SIP que se celebrará en Madrid, España del 28 al 31 de octubre, además, que próximamente anunciarán el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa.

Pude leer el trabajo de investigación ChavismoInc AQUÍ 

SIP inauguró reunión semestral con panel dedicado a la situación de la prensa venezolana
En la reunión se trató el caso del diario El Nacional, condenado a pagar más de 13 millones de dólares al diputado Diosado Cabello

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró este 20 de abril su reunión semestral con discursos que destacaron el «adverso contexto» que rodea a la prensa en el continente un año después del inicio de la pandemia, en cuanto a la libertad de prensa y la sustentabilidad de los medios.

La reunión fue inaugurada por Roberto Rock, vicepresidente segundo de la SIP, quien leyó un mensaje del presidente, Jorge Canahuati, tras lo cual siguió un panel dedicado al caso del diario El Nacional de Venezuela, condenado a pagar más de 13 millones de dólares al «número dos» del chavismo, Diosado Cabello.

La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en un caso de difamación contra el diario caraqueño se convirtió en un ejemplo para denunciar en esta reunión de directivos de medios los atropellos a la libertad de prensa vividos en la región, de los que el más grave de todos es el asesinato de periodistas.

Los participantes en esta asamblea, que se celebra de manera virtual, dedicaron un «minuto de reflexión» por los ocho comunicadores asesinados desde octubre de 2020 hasta la fecha y por los más de 500 trabajadores de medios del continente fallecidos a causa de la covid-19.

8 asesinatos de periodistas en 6 meses 

México con cuatro asesinatos y la desaparición de un periodista siguió siendo el país más peligroso para el ejercicio del periodismo. Le siguen Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, con un caso de asesinato cada uno.

Carlos Jornet, presidente del Comité de Libertad de Expresión e Información de la SIP, dijo que si se toman en cuenta los últimos 12 meses la cifra de asesinados asciende a 22.

Además de correr el riesgo de morir por ejercer su profesión, muchos periodistas y medios sufrieron medidas de distinto grado destinadas a impedir que puedan trabajar en libertad e independencia y ejercer su misión informativa y fiscalizadora, y el público vio entorpecido su derecho a estar informado, señaló Canahuati durante la apertura.

Las acciones represivas de las fuerzas de seguridad y de grupos paramilitares, el uso de los medios públicos para difundir propaganda y desinformar, las agresiones y amenazas a los periodistas y la estigmatización de los medios por el poder político, las leyes que entorpecen la labor de la prensa y la judicialización del periodismo tuvieron cabida en el mensaje.

En algunos países son «moneda corriente», de acuerdo con Canahuati y con los borradores de los informes sobre el estado de la libertad de prensa en 25 países americanos que serán debatidos en esta reunión de cuatro días, que de no ser por la pandemia de covid-19 se hubiera celebrado en la ciudad de Saltillo (México).

Los casos más graves son los de Venezuela, Cuba, Nicaragua y El Salvador, según dijo a Efe Jornet.

El primer panel, dediccado a Venezuela

El editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, intervino en un panel sobre «la falta de independencia judicial» en América al hablar del caso de ese diario, acompañado de Carlos Pérez-Barriga, de El Universo de Guayaquil (Ecuador), que en su día fue condenado a pagar 40 millones de dólares al entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

Otero anunció que van a luchar contra la sentencia en Venezuela y en el plano internacional para revertirla o al menos para que tenga «un coste político para el régimen» venezolano.

La SIP ha calificado de «expolio» la condena al diario fundado en Caracas hace 78 años y se ha solidarizado con sus dueños y periodistas.

El relator especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, dijo que ya están estudiando los mecanismos de protección para este caso.

Durante esta primera jornada se hizo entrega del Gran Premio Chapultepec 2021 al editor estadounidense Martin Baron, ex director ejecutivo de The Washington Post, considerado uno de los periodistas más prominentes de su generación.

«Ustedes que ejercen el periodismo en Latinoamérica han tenido un trabajo más arduo que el mío, han enfrentado mayores obstáculos, han encarado muchas amenazas peores», dijo el premiado.

Trumo y la libertad de prensa

«Marty» Baron se refirió al Gobierno de Donald Trump (2017-2021) para señalar que durante los últimos cuatro a cinco años en EE.UU. se empezó a tener una idea de la situación que viven los periodistas latinoamericanos.

«Ahora sabemos que en EE.UU. nuestra democracia es más frágil de lo que nos imaginábamos, también que nuestras instituciones tampoco son tan fuertes como creíamos, hemos llegado a reconocer qué tan vulnerable es la prensa independiente cuando se ve sometida a agresiones despiadadas y a gran escala», aseveró.

Baron recordó que Trump en sus primeros días dijo que estaba de «guerra con la prensa» y que durante su mandato «socavó la idea de la realidad objetiva».

Aunque dijo que el actual presidente, Joe Biden, hace «una gran diferencia», señaló que el deber de la prensa no cambia de un Gobierno a otro y que debe continuar su meta de la búsqueda de la verdad.

La prensa, en la encrucijada de la COVID

La relación de los Gobiernos con la prensa, la de los medios con las grandes plataformas que distribuyen sus contenidos y la necesidad de que los poderes ejecutivos ayuden a la sustentabilidad de la prensa fueron otros de los temas abordados.

Canahuati lamentó que el Gobierno colombiano de Iván Duque incumplió asignar recursos para la transformación digital de los medios, pero destacó una iniciativa en ese sentido presentada por el partido Cambio Radical en el Congreso como un aspecto positivo en un panorama sombrío.

Según dijo, la pandemia ha hecho que cobre más importancia el papel de la prensa como generador de información confiable en medio de la desinformación, pero también ha acentuado la crisis de los medios y evidenciado sus «flaquezas económicas».

Muchos medios tan solo «sobreviven» y otros muchos, especialmente los locales, han desaparecido, lo que significa que comunidades enteras se han quedado sin voz y sin información fidedigna, especificó Jornet.

SIP condena allanamiento de Venepress y lo califica de persecución e intimidación
Jorge Canahuati, presidente del organismo, considera que «esta nueva acción tiene el claro objetivo de generar miedo y zozobra en los medios y periodistas independientes» 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de «persecución e intimidación» el allanamiento de la sede del portal de noticias Venepress y la confiscación de los equipos de trabajo por parte de agentes del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

«Esta nueva acción tiene el claro objetivo de generar miedo y zozobra en los medios y periodistas independientes», señaló Jorge Canahuati, presidente de la SIP, con sede en Miami.

La organización indicó que los abogados de Venepress denunciaron «el robo» ocurrido ayer miércoles en la sede de Caracas por parte de oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que se llevaron todos lo equipos de la sala de redacción.

Canahuati condenó el «abuso sistemático del régimen que criminaliza la actividad periodística, acciones que siguen destruyendo la escasa democracia existente».

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, lamentó las presiones a periodistas y medios de comunicación adversos por parte del régimen venezolano.

«Venimos observando con gran preocupación que se profundiza la persecución como herramienta de amedrentamiento y censura en el país», dijo.

Subrayó que esta apreciación coincide con el resultado del estudio del Índice de Chapultepec que calificó a Venezuela como el peor país de la región para el ejercicio de las libertades de prensa y expresión.

La clausura de Venepress en 2019 estuvo motivada por el presunto delito de «legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir», acusación que, según el medio, pretende vincularlos con Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela.

En octubre pasado, funcionarios del Sebin allanaron en dos ocasiones la sede del diario Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

También intervinieron y confiscaron equipo en las oficinas del portal 15minutos.com, propiedad de David José Natera Biliangieri, recordó la SIP.

Ordenan detención de 6 funcionarios de las FAES por asesinato de 2 periodistas
El ministro Néstor Reverol indicó que «estos oficiales serán procesados por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de armas, simulación de hecho punible, abuso de autoridad y violación de domicilio»

La Justicia venezolana ordenó la detención de seis policías venezolanos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) -cuya disolución ha pedido la ONU- acusados del asesinato de dos periodistas, informaron este lunes fuentes oficiales.

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«Respaldamos la medida de orden de aprehensión emitida (…) contra los funcionarios José Salas, Néstor Olano, Nerio Álvarez, Andrés Díaz, José Moreno y José Contreras», detalló en un comunicado el ministro del Interior, Nestor Reverol.

«Estos oficiales serán procesados por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de armas, simulación de hecho punible, abuso de autoridad y violación de domicilio», añadió el ministro.

La orden fue emitida por el Tribunal Penal en Primera Instancia Estadal y Municipal del noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia), donde fueron asesinados los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV.

Según aseguró Reverol, se ha designado la conformación de un equipo multidisciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) «para que realicen una investigación a fondo de los hechos y los funcionarios actuantes a fin de lograr el esclarecimiento de este suceso».

Los dos periodistas fueron asesinados durante un operativo de las FAES, un cuerpo cuya disolución ha pedido la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, puesto que están acusados de haber cometido miles de ejecuciones extrajudiciales.

El crimen fue denunciado este domingo por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que aseguró que «ocurrió durante un operativo de las FAES».

El director del canal, Franklin Torres, padre de uno de los asesinados, denunció que los agentes de la FAES irrumpieron en la estación de televisión donde se encontraban los dos periodistas.

Torres aseveró que fue manipulada la escena del crimen colocando armas sobre los cadáveres y fue decomisado todo el equipo del canal.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este mismo lunes el asesinato de los periodistas y urgió al Gobierno de Nicolás Maduro a esclarecer de manera urgente el incidente.