Resolución

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó hoy una resolución que emplaza a Caracas a cancelar las elecciones presidenciales del 22 de abril y propone otros comicios “justos, libres y con observación internacional”.

El texto salió adelante, pese al rotundo rechazo de Venezuela y Bolivia a que se celebrara la reunión, por 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y dos ausencias.

En la resolución aprobada, los países “consideran” que la convocatoria de comicios presidenciales para el 22 de abril “imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales”.

Resuelven, así, “exhortar al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria prematura de elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble”.

Además, piden que las elecciones “incluyan la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase”, “observadores internacionales” y “un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía”.

Para su aprobación, la resolución necesitaba el apoyo de al menos 18 países de la OEA, la mayoría simple de los 35 Estados miembros.

Esta es la primera sesión en la OEA sobre Venezuela desde la asamblea que el organismo celebró en Cancún (México) en junio del año pasado, donde el bloque caribeño salvó a Caracas de una resolución de condena regional.

En esta ocasión votaron a favor: Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay y Perú.

En contra se pronunciaron Venezuela, Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente y las Granadinas.

Se abstuvieron Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Haití, República Dominicana, Belice, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.

El viceministro de Venezuela para América del Norte y representante en la ONU, Samuel Moncada, acudió a la OEA para protestar por esta sesión al considerar que tiene como “único propósito linchar a Venezuela”.

“Es un intento de encender la violencia en nuestro país”, afirmó, para subrayar que la votación de hoy hace que Venezuela corrobore su decisión de salir del organismo, algo que será efectivo el 28 de abril de 2019.

Para Moncada, la resolución aprobada es “una agresión de un grupo de Estados que pretenden tutelar a Venezuela” bajo la “orden” dada, a su juicio, por el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, en su gira latinoamericana de principios de mes.

El Consejo Permanente comenzó a las 10.20 hora local (15.20 GMT) en la sede de la OEA en Washington a solicitud de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Panamá y Santa Lucía.

Chile, que tiene la presidencia de turno, se sumó después a la iniciativa.

Una resolución sobre la crisis política en Venezuela quedó fuera este miércoles de la 47ª Asamblea General de la OEA al no conseguirse incluir la creación de un «grupo de contacto» en la resolución sobre derechos humanos, informó la delegación mexicana.

«Ya se cerró la resolución de derechos humanos y no está incluido el grupo de contacto» que acompañaría un diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela, dijo a la prensa Luis Alfonso de Alba, representante ante la OEA de México, uno de los principales impulsores de esta propuesta.

El diplomático explicó que por cuestiones de «procedimiento», la última opción para emitir una declaración sobre Venezuela, que ha dominado la reunión en el balneario mexicano caribeño de Cancún, era retomarla en el ámbito de derechos humanos, pero no fue posible.

El «grupo de contacto» que promovía México junto con otras delegaciones como la de Estados Unidos estaba destinado a mediar una negociación entre el gobierno y la oposición en Venezuela, en momentos en que la crisis en el país sudamericano se recrudece tras 82 días de protestas diarias y 74 muertos.

De Alba dijo que el caso de Venezuela ahora sólo puede ser retomado en la denominada sesión de consulta de cancilleres que se mantiene abierta luego de celebrarse un encuentro el lunes, aunque no hay fecha para una nueva reunión. Veinte países respaldaron el lunes 19 de junio una resolución que contemplaba este «grupo de contacto», pero en las sesiones de consulta se requieren 23 de 34 votos y no fue posible aprobarla.

De haberse planteado en la Asamblea General, hubieran bastado 18 votos pues las decisiones se toman por mayoría simple. De Alba resaltó sin embargo las «expresiones mayoritarias de preocupación por la situación» en Venezuela, donde ahora la oposición llama a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia autorizó enjuiciar a la fiscal general Luisa Ortega, una chavista que sorpresivamente se ha confrontado con el gobierno y el poder judicial al calor de la violencia desatada en las calles.

Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de Unidad Democrática, informó este sábado que el Parlasur aprobó una resolución para lograr la ayuda de medicinas para Venezuela.

Detalló que la aprobación fue hecha por la mayoría del Parlamento del Mercosur. Los diputados del chavismo se opusieron a este proyecto.

«Es el colmo que le hayan dado la espalda a los enfermos, al pueblo. Claro, ellos van en aviones del Estado y le dan viáticos en dólares como ir; es decir, no les importa las necesidades del país», detalló Dávila.

El parlamentario aprovechó para denunciar que el gobierno aprobará el Presupuesto del 2017 sin el consentimiento del Poder Legislativo.

«¿En que nación que integran el Mercado Común del Sur, su Ejecutivo se aprueba su presupuesto sin que pase por la evaluación de su Poder Legislativo, Congreso o Asamblea Nacional?», se preguntó.

«Maduro quiere destruir el Mercosur y se los digo aquí en Uruguay, desde la sede del Parlasur, porque si él quisiera ahondar en las bondades del Mercado Común del Sur, hubiese mandado aprobar en la Asamblea Nacional pasada, gobernada por el oficialismo, los protocolos de adecuación con este organismo regional, o en su defecto, los hubiese mandando a la nueva AN para que lo aprobáramos, pero no lo hace porque el representa el mal para el Mercosur», prosiguió.

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús «Chúo» Torrealba, consideró que la resolución 9855 —que ordena a las empresas facilitar empleados que se requieran para trabajar en el sector agroalimentario— es una agresión a la libertad de trabajo.

«Un ‘gobiernito’ que se decía obrerista ahora emite una resolución para obligar a los obreros a cambiar su línea de trabajo», opinó.

A su juicio, el gobierno quiere convertir a los venezolanos en rehenes socioeconómicos del Estado: «Además de que hay hambre ahora quieren que haya también esclavitud»

«Destruyeron a Venezuela y pretenden reconstruirla obligando a la gente a trabajar en lo que no quiere», añadió.

Sobre la manifestación para exigir la próxima fase del revocatorio, aseguró que ayer vio un gobierno erizado por una población que demanda un cambio.

Varios movimientos sindicales se hicieron presentes en la sede del Tribunal Supremo de Justicia para presentar un recurso de amparo con medida cautelar que detenga los efectos de la resolución que obligaría a los trabajadores y obreros que ganan salario mínimo a pagar el Impuesto sobre la Renta (ISLR) en base al salario integral.

Evencio Chacón, representante de la Federación Nacional de Trabajadores Telefónicos (Fetratel) señaló que «la modificación del artículo 31 del Impuesto sobre la Renta le ha traído a los trabajadores un gran perjuicio porque el gobierno obrerista pretende que los trabajadores declaren el impuesto en base al salario integral, cuando la norma de los trabajadores que es el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo establece  con claridad que los tributos e impuestos que los trabajadores deben declarar se pagan con salario normal (básico).

Indicó que este es el motivo por que el que acuden ante el Tribunal Supremo de Justicia, al sentir que se le están violentando derechos constitucionales, teniendo en cuenta que el artículo 89 de la Constitución Nacional establece que los derechos y beneficios de los trabajadores no pueden ser alterados o modificados por otras leyes.

«En consecuencia el gobierno pretende llenar sus alcancías con el bolsillo de los trabajadores y eso bajo ninguna circunstancia la clase trabajadora la va a permitir», sentenció Evencio Chacón.

El dirigente sindical explicó que introdujeron un recurso de amparo con medida cautelar para que el TSJ «se pronuncie mucho antes del 31 de marzo, en el entendido que hasta el 31 de marzo es la fecha límite para declarar el impuesto sobre la Renta, por eso estamos viniendo a tiempo para que el gobierno que se dice llamar obrerista reflexione y entiende que con el bolsillo de los trabajadores no se pueden llenar las alcancías del Seniat».

Por su parte, el abogado Idelgar Arispe puntualizó que esperan una decisión rápida del Tribunal Supremo de Justicia, entendiendo que ya existe jurisprudencia al respecto.

Arispe detalló que «la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia 301 de fecha 27 de febrero de 2007 del magistrado Francisco Carrasquero, en la que se estableció que las utilidades y prestaciones sociales no forman parte del salario normal de los trabajadores. En este sentido y teniendo en cuenta que estamos ante la misma Constitución y las mismas leyes, no puede una resolución cambiar lo establecido en la Constitución».

Reiteró que espera que como el tema ya ha sido conocido por la Sala esta pueda presentar una sentencia y una medida cautelar que impida el cobro del Impuesto sobre la Renta a todos los venezolanos utilizando como base imponible el salario integral.

En la movilización que realizaron los trabajadores a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia estuvieron presentes los representes de Federación Nacional de Trabajadores Telefónicos (Fetratel), Sindicato de Obreros de la Alcaldía Metropolitana, Federación de los Trabajadores de la Harina (Fetraharina), Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, Sindicato de Transporte de Valores, Sindicato de la Cantv (Caracas) y el Sindicato de Empleados Públicos del Ministerio de Salud (Sunep-Sas).

El presidente de Copei, Roberto Enríquez, consideró que la resolución 075 del ministerio de educación, que elimina la obligación de utilizar el uniforme escolar, es un error ante el índice de delincuencia que existe en el país y pone en peligro la seguridad del estudiante, por tal motivo pide que se derogue.

Asimismo, el presidente de la tolda verde dijo que es un tema que no debería pasar por debajo de la mesa, pues aun cuando hoy en día el uniforme escolar “castiga” el presupuesto familiar, no es menos cierto que el amparo que deben tener los estudiantes venezolanos debe continuar y “el uniforme es una forma de proteger a los estudiantes”, agregó también que esta  indumentaria no es ninguna “banalidad”.

Para finalizar, señaló que realizarán formalmente la solicitud de la derogación de tal resolución ante el Ministerio de Educación.

Como una medida para intentar ocultar la alta inflación y la caída del poder adquisitivo de los venezolanos, catalogó el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, la Resolución 075 del Ministerio de Educación, publicada en la Gaceta Oficial 40.739, la cual deroga la obligación de los estudiantes de vestir el uniforme escolar para asistir a clases.

“Es una gran mentira del gobierno decir que dicha resolución es para garantizar la igualdad de condiciones, la inclusión y la libertad. Es una señal clara de querer ocultar la crisis, porque la inflación está disparada. Para nadie es un secreto que los precios de los uniformes, zapatos, útiles escolares y alimentación se fueron para el cielo. La canasta alimentaria está por el orden de los 50 mil bolívares”.

Dijo que la situación que se vive en el país es consecuencia de un modelo que no funciona y un gobierno que fracasó. “Los venezolanos estamos enfrentando la peor crisis de nuestra historia y el gobierno sigue buscando a quién echarle la culpa. Nuestra Venezuela tiene todos los recursos para ser productiva, lo que tenemos que cambiar es de modelo. Venezuela era el segundo productor más importante de café, ahora todo el café que se consume es importado”.

Capriles, quien sostuvo una asamblea con vecinos de la comunidad de Miami de la parroquia Marizapa, en el municipio Acevedo, manifestó que el país reclama un gobierno comprometido con el pueblo, que quiera superar la pobreza y que invierta los recursos en los asuntos que son prioritarios.

“Este gobierno se gasta millones de dólares para apoyar a un corredor de Fórmula 1, cuando hay tantos deportistas que apoyar en las comunidades. Hay que invertir recursos para recuperar los espacios deportivos, es allí donde deben invertirse esos dólares. Un gobierno que dice atender la pobreza, ¿cómo va a invertir tantos recursos en Fórmula 1? No hay nada más oligarca que eso. La prioridad debería ser invertir en alimentos, en medicinas, en repuestos para el transporte. Hay que invertir en las industrias, para reactivar la producción nacional y generar empleo. Ese es el cambio que invitamos a sembrar todos los días en nuestras comunidades de Miranda y de Venezuela”.

Insistió que el cambio en el país pasa por tener una Asamblea Nacional con diputados que defiendan los intereses del pueblo y no los de un partido político. “Los candidatos a diputados del Psuv son los candidatos de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. ¡Que nadie se deje manipular! Quieren seguir en la asamblea para defenderse ellos mismos, no para defender al pueblo”.

Capriles también rechazó el discurso que ofreció la delegación del gobierno en la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, y llamó a los venezolanos a derrotar la mentira con la verdad. “Esa delegación que fue a la ONU no representa a los venezolanos. Allá fueron a decir mentira. Hablaron de una Venezuela que no es la que estamos viviendo. Hoy nuestro país es el más violento del planeta, con los índices de  escasez y de inflación más altos del mundo. Un país en el que ha aumentado la pobreza. Ellos tratan de esconder la realidad. En los medios que están bajo su control la gente no tiene la oportunidad de expresarse, ahí no hablan de ningún problema. En esos medios solo dicen puras mentiras”.

El mandatario regional además alertó que el gobierno nacional y el Psuv tienen un plan para generar conflicto en el estado Miranda. “Este gobierno utilizará a funcionarios de la gobernación, a funcionarios de seguridad, a docentes, para generar un clima de conflicto, para echarle la culpa a otros de la crisis que han causado. Van a querer generar un estado de zozobra en nuestro estado. Ante esto alertamos a nuestro pueblo de Miranda. Nuestro camino es de progreso. No pisemos ningún peine. Sigamos caminando junto hacia el progreso”.

Capriles también criticó que el gobierno nacional gaste millones de dólares en apoyar sólo al corredor de Fórmula 1, Pastor Maldonado y no financie la carrera deportiva de los jóvenes pertenecientes a distintas comunidades del país.

“Se gastan millones de dólares en apoyar un corredor de F1 con tantos deportistas que apoyar en las comunidades», citó la cuenta oficial del Gobierno de Miranda, haciendo referencia al discurso de Capriles durante un acto realizado en la comunidad de Miami, ubicada en el sector Marizapa de Barlovento.

El Foro Penal Venezolano aseguró este miércoles en Praga que las decisiones de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela son más significativas que las sanciones impuestas a siete funcionarios venezolanos por EEUU.

El director ejecutivo de ese foro aseguró haber quedado sorprendido porque el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, parece más alarmado por las restricciones de Estados Unidos que por las resoluciones de Naciones Unidas.

«No estoy tan de acuerdo, honestamente, con que los países de alguna manera influyan sobre la situación venezolana», declaró a Efe en Praga Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal.

«Por las reacciones (del Ejecutivo de Maduro), me sorprendió que pareciera que le afectara más esta ley de sanciones de EEUU que unas resoluciones del alto comisionado de derechos humanos del comité contra tortura (de la ONU), que para mí son más importantes», añadió.

«Nosotros no tenemos nada que ver con reacciones de gobiernos específicos, sino que acudimos a instancias como la ONU. Lo que haga el Gobierno de EEUU es una cuestión nacional», afirmó el abogado caraqueño.

Maduro pidió el martes a la Asamblea Nacional venezolana poderes «suficientes» para hacer frente a «las amenazas» de EEUU en «los complejos escenarios que se han abierto para Venezuela», tras las sanciones que impuso el Gobierno de EEUU a funcionarios venezolanos.

Washington los acusa de haber violado los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que se vivieron en el país en 2014 y la decisión del presidente estadounidense, Barack Obama, ha representado para Maduro el paso «más agresivo» de la historia de la casa Blanca contra Venezuela.

El relator de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, presentó hoy al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra un informe del que concluye que el país caribeño ha violado el derecho internacional «al no tomar medidas para prevenir actos de malos tratos» de manifestantes y detenidos.

Alfredo Romero acudió a la capital checa como miembro del jurado en el festival de cine documental sobre derechos humanos «Un Mundo».

El Foro Penal agrupa a 2.000 activistas y 200 abogados, y ha intervenido hasta la fecha en más de 2.500 casos de detenciones.

Según Romero, su objetivo no es un cambio de Gobierno en Venezuela, sino un «cambio de pensamiento» y que «el propio Gobierno entienda que el diálogo, que la aceptación de la disidencia es elemental».

El activista denunció además una campaña de «persecución y acoso» que sufren él y otros miembros de la ONG.