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Rafael Lacava

María Gabriela Chávez se distancia de Lacava y Rafael Ramirez en un solo hilo
La hija de Chávez rechazó una animación en la que incluyeron a la figura de su padre como un «ángel» que jugaba con superhéroes 
Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y uno de los distanciados de Maduro, publicó un mensaje en apoyo a María Gabriela Chávez el cual tuvo una reacción negativa por parte de la hija de Hugo Chávez

 

María Gabriela Chávez,, hija del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, expresó este lunes, 28 de noviembre, su descontento hacia un corto animado de superhéroes que presentó Rafael Lacava, gobernador de Carabobo.

En el video que se viralizó en redes sociales, realizado a propósito del aniversario del Polideportivo Diego Armando Maradona, ubicado en Puerto Cabello, se muestra a Lacava como Batman, a Nicolás Maduro como un Avenger y ambos juegan fútbol.

Lo que molestó a María Gabriela fue la representación de su padre, el expresidente Hugo Chávez, a quien exhibieron como un ángel, al igual que al futbolista argentino. 

María Gabriela Chávez criticó el video en su cuenta de Twitter, en donde colgó un mensaje en el que que aseguró que la «mejor forma de honrar a Chávez» es «siguiendo su ejemplo de vida, de humildad y entrega».

Asimismo, agregó: «Nunca haciendo un grotesco video de unos tontos superhéroes. Es una falta de respeto a la memoria de mi padre«, sentenció.

Llama “delincuente” a Ramírez y rechaza su apoyo

Después de publicar el mensaje, Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y uno de los distanciados de Maduro, publicó un mensaje en apoyo a María Gabriela Chávez el cual tuvo una reacción negativa por parte de la hija del expresidente.

En su publicación, Ramírez expresó que María Gabriela cuenta con su apoyo «en la defensa de la memoria y obra del comandante Chávez».

«A nosotros nos han perseguido y exiliado por hacerlo, pero él vive en su ejemplo y obra revolucionaria siempre al lado del pueblo. No pueden convertir su imagen en una grotesca mercancía», agregó.

Sin embargo, la reacción de la hija de Chávez fue de rechazo en lugar de apoyo hacia las palabras de Ramírez:

«No quiero ni necesito el apoyo de un delincuente como usted. De mi opinión como hija no se guinde para sus proyectos personales. ¿Defender la memoria de Chávez, usted? Jajaja por favor», escribió María Gabriela Chávez al retuitear el mensaje de Ramírez.

El chavismo “originario” critica  que conviertan a Chávez en comiquita

María Gabriela Chávez no fue la única en criticar el video de Lacava, pues otros dirigentes que en su momento apoyaron a Hugo Chávez y que se deslindaron de Maduro, también expresaron su rechazo.

Uno de ellos fue Isaías Rodríguez, exfiscal general de Venezuela, quien publicó en Twitter que está de acuerdo con las palabras de María Gabriela sobre el video de Lacava.

« La cultura de los superhéroes es de una imbecilidad desatada donde el cómic pretende sustituir el intelecto, la opinión del pueblo y la conciencia del elector en una basura de murciélagos con bigotes», expresó Rodríguez.

Por su parte, Andrés Izarra, exministro de Turismo de Venezuela, aseguró que la queja de María Gabriela «no es por un muñequito» sino porque «el madurismo se ha cagado en Chávez».

También, Gabriela Ramírez, quien fue defensora del Pueblo, criticó que «han convertido a Chávez en una comiquita».

«Y así, caricaturizado, pueden destruir su mensaje sobre la soberanía y la autodeterminación del pueblo», añadió Ramírez en su cuenta de Twitter.

Finalmente, la periodista Mary Pili Hernández criticó «la inmensa cantidad de dinero que cuesta hacer una animación como esa».

«¿De verdad están tan desconectados de las inmensas necesidades que vive nuestro pueblo que no les da pudor fanfarronear este gasto de dinero en una banalidad?», sentenció.

Imputaron 4 delitos a detenidos por actos sexuales en Expo Valencia
El Ministerio Público (MP) imputó los delitos de ultraje al pudor público, apología al delito, difusión de material pornográfico y agavillamiento, «con la agravante del artículo 217 de la Lopnna»

 

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció el 17 de noviembre vía Twitter que el organismo que dirige imputó a las personas detenidas por cometer actos sexuales en la Expo Valencia 2022.

Saab detalló que fueron detenidos Kerlyn Parra, Joan Rojas y Alexander Ojeda, a quienes se refirió como «aberrados», «por protagonizar actos públicos de depravación sexual en la Expo Valencia».

El Ministerio Público (MP) imputó los delitos de ultraje al pudor público, apología al delito, difusión de material pornográfico y agavillamiento, «con la agravante del artículo 217 de la Lopnna».

El fiscal aseguró que el MP «sancionará con todo el peso de la ley a todo sujeto que atente contra la ética e integridad de nuestra niñez y la juventud venezolana».

Saab destacó que también fue imputado Andy Luis García, «quien junto con Parra (y los que grabaron y difundieron el video) protagonizaron actos de depravación sexual en plena vía pública durante la Expoferia Valencia 2022».

Lacava se desligó del escándalo y alcalde de Valencia guarda silencio

En las publicaciones que detallaban los preparativos de la polémica Expo Valencia 2022, el alcalde del municipio Valencia, Julio Fuenmayor, agradecía públicamente al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, por el trabajo en «conjunto» para la organización del evento.

Tras hacerse públicos los actos controversiales que se registraron, los dedos apuntaron al gobernador oficialista, a quien increpaban en redes sociales por las fallas de seguridad y organización que derivaron en estos sucesos. 

Pero Lacava emitió un comunicado para deslindarse de la organización de la Expo Valencia 2022. 

«Manifiesto públicamente mi indignación y rechazo a los lamentables y execrables acontecimientos, viralizados en las últimas horas por redes sociales. A propósito de actos sexuales en público, así como riñas presentadas en la Expo Valencia, evento organizado exclusivamente por la Alcaldía de Valencia», manifestó.

Señaló que estos hechos vulneran «la moral, buenas costumbres y valores que promovemos y defendemos».

De igual modo, dijo que, como gobernador de la entidad, está en contra de «cualquier actividad que pretenda lesionar el desarrollo sano de nuestro devenir colectivo, la educación, la convivencia familiar y la defensa del sano esparcimiento, como políticas públicas que promuevan el buen vivir» en Carabobo.

 

 
 
 
 
 
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Por su parte, Fuenmayor no ha fijado posición oficial sobre el escándalo y solo ha retuiteado mensajes que lo felicitan por «lo exitoso» del evento y la asistencia masiva. Uno de los comentarios retuiteados por el alcalde dice que «son más las cosas buenas para los valencianos que lo que [se] quiere mostrar».

Otro usuario de Twitter señala: «A pesar de las opiniones que buscan satanizar por hechos aislados, sabemos del gran esfuerzo por rescatar el Casco Histórico de la ciudad de Valencia desde la Alcaldía, la promoción de la cultura, el desarrollo económico y buscar prosperidad para nuestra ciudad». Su mensaje también fue compartido por Fuenmayor.

El escándalo que dejó la Expo Valencia 2022

El fin de semana del 11 al 13 de noviembre se celebró Expo Valencia 2022, una actividad organizada por la Alcaldía de Valencia y que se promocionó como «el evento comercial más importante del país».

El alcalde Fuenmayor anunció en rueda de prensa el 6 de noviembre que el evento que se celebraría en el centro histórico de la ciudad central tenía   como propósito «consolidar el acervo cultural, turístico e histórico de todos los valencianos». El sitio web oficial de la Expo Valencia 2022 informó que se exhibirían distintas marcas, empresas, productos y servicios.

También anticiparon que celebrarían ruedas de negocios «para impulsar el esfuerzo de emprendedores» y que habría actos culturales, deportivos y musicales «con la presentación de artistas y agrupaciones para el disfrute de todos los carabobeños»

La zona de conciertos vio pasar a artistas de la talla de Guaco, Oscar D’ León y al vallenatero colombiano Jorge Celedón, entre otros cantantes.

Pero la actividad se volvió tendencia en redes sociales, y no precisamente por  la oferta artística, comercial y cultural.  Videos de actos sexuales explícitos en público, riñas, personas saliendo casi a rastras por los efectos del alcohol y hasta un parto se sumaron a la lista de hechos inusuales que ocurrieron en la feria local y que se viralizaron.

“Mientras Maduro esté ahí, no optaré por una candidatura”: Lacava descarta lanzarse a presidenciales de 2024
Maduro aseguró que en el año 2025 habrá elecciones conjuntas: legislativas, regionales y municipales

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, descartó este lunes, 12 de septiembre, postularse como candidato para las elecciones presidenciales de 2024.

Así lo dijo durante una entrevista que ofreció a Unión Radio, donde Lacava aseguró que existe una narrativa sobre supuestos planes suyos de lanzarse como candidato.

Según Lacava, mientras Nicolás Maduro sea la primera opción de las presidenciales, él no optará por una candidatura.

«Quien conoce de mi relación con el presidente de la república, Nicolás Maduro, por el cual trabajo, sabe que mientras él esté ahí, es imposible que yo opte por una candidatura a las elecciones de 2024″, dijo.

Por otra parte, Lacava aseguró que al menos el 70% del presupuesto de la gobernación ha sido destinado para la atención sanitaria.

Maduro confirma presidenciales para 2024 y legislativas, regionales y municipales en 2025

Nicolás Maduro confirmó que las presidenciales serán en el 2024, por lo que instó a la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a prepararse.

También, aseguró que en el año 2025 habrá elecciones conjuntas: legislativas, regionales y municipales.

«Es muy importante prepararnos para dos años clave de la revolución en lo político: prepararnos para la gran victoria de las elecciones presidenciales del año 2024 y prepararnos porque en el año 2025 hay elecciones conjuntas de la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías conjuntas», dijo Maduro.

Maduro, desde la sala Ríos Reina del Teresa Carreño, destacó el trabajo de la juventud. «Ustedes tienen que estar en todas las jugadas, en todas las batallas».

Durante el acto, Maduro también juramentó varios jóvenes como jefes de Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), una de las estructuras de base del partido de Gobierno.

En referencia a lo que dijo Maduro sobre las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha emitido algún comunicado para confirmarlo o desmentirlo.

“No lo señalamos como responsable”: Provea y Centro Gumilla aclaran comentarios sobre Lacava
Los representantes de Provea y el Centro Gumilla señalaron que no fue su propósito señalar a Lacava de forma específica por ejecuciones extrajudiciales

La ONG Provea y el Centro Gumilla aclararon este jueves, 23 de junio, que no fue su «intención» señalar al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, como responsable de ejecuciones extrajudiciales en la entidad.

A través de un comunicado, la organizaciones señalaron que la solicitud que hicieron fue para investigar y establecer las responsabilidades.

«No pretendió, de nuestra parte, hacer un señalamiento acusatorio al gobernador, aunque así pueda haberse entendido», añadieron en el escrito.

Por el contrario, argumentaron, quisieron fue exigir que se investiguen las muertes violenta con rigor, para que familiares de las víctimas de funcionarios policiales «tengan acceso a la verdad, a la justicia y a la protección efectiva».

«Afirmamos que corresponde a las instituciones competentes investigar, dar a conocer la verdad de los hechos y establecer responsabilidades para que no haya impunidad».

 

En el caso de Lacava, señalaron que no poseen «indicios, elementos o fundamentos para vincular a su persona con presuntas ejecuciones extrajudiciales».

También, aclararon que si, con relación a presuntas ejecuciones extrajudiciales mencionaron a Lacava, no fue su propósito señalarlo de forma específica.

«Si por nuestros pronunciamientos pasados ha sido interpretado que pretendimos ponerle en tela de juicio, señalarle o sentenciarle, nos retractamos hoy de tales señalamientos», indicaron.

En el texto, saludaron que Lacava expresara, a través de sus representantes, la voluntad para hallar soluciones ante la controversia.

Por último, consideraron necesario que se adelanten en el país «procesos de revisión, fortalecimiento, investigación y reforma de los procedimientos, métodos y actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado».

Marino Alvarado, coordinador de Provea y Alfredo Infante, coordinador de DDHH del Centro Gumilla, recibieron una demanda interpuesta por Lacava al considerar que lo difamaron con su solicitud.

Espacio Público reportó 14 violaciones a la libertad de expresión durante mayo
Los hechos estuvieron relacionados con censura, hostigamiento judicial e intimidación

 

14 violaciones a la libertad de expresión y acoso a la información se produjeron en mayo, según registró la ONG Espacio Público.

13 hechos estuvieron relacionados con censura, hostigamiento judicial e intimidación y uno con restricción administrativa.

Siete de los casos de violación a la libertad de expresión fueron propiciados por las instituciones del Estado. La principal víctima fue la ciudadanía en general (7 casos), junto con medios de comunicación, ONG o miembros de las mismas; y periodistas o reporteros.

Mayo inició con un caso de agresión a la periodista Leonor Argüelles por parte del concejal oficialista, José Sierra. Esto ocurrió en medio de una sesión del concejo municipal de Maracaibo en la que se discutía sobre el premio municipal de periodismo.

El 18 de mayo, tres funcionarios de la Policía del estado Barinas (PoliBarinas) hostigaron a una delegación de la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) mientras hacían un conversatorio sobre DDHH y una jornada médica en la Casa Cultural del municipio Obispos.

Mientras que el 16 de mayo se hizo público el inicio de un proceso penal por parte del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava; en contra de los activistas de DDHH Marino Alvarado, de Provea; y Alfredo Infante, del Centro Gumilla; por la presunta comisión del “delito de difamación agravada continuada”.

Internet en el piso

El 1°de mayo, el Observatorio de Internet Ve Sin Filtro reportó que el tráfico desde la operadora privada NetUno cayó más de 42 % respecto a los valores de la misma hora, una semana atrás. Posiblemente la falla fue ocasionada por problemas técnicos de la operadora o de sus mayoristas.

El 7 de mayo, la empresa estatal Cantv informó que debido a supuestas incidencias técnicas en una de sus plataformas había dificultades para acceder a internet en el país. La falla persistió hasta el día siguiente en varias regiones.

Entretanto, el 10 de mayo Ve Sin Filtro reportó un apagón en Barinas que afectó la conectividad en esa región; así como también en parte del estado Trujillo. Una semana después hubo una caída crítica de conectividad del proveedor privado Inter durante alrededor de 50 minutos, de acuerdo con el Observatorio de Internet. La falla afectó, principalmente, a los estados Yaracuy, Lara, Anzoátegui y Aragua.

Amnistía Internacional advierte que defensores de DDHH en Venezuela enfrentan criminalización
Amnistía Internacional recordó que los defensores de DDHH deben ser protegidos, no agredidos

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, interpuso una demanda contra los defensores de DDHH venezolanos Marino Alvarado y Alfredo Infante por difamación.

La demanda surge tras un  informe publicado en marzo por las ONG a las que pertenecen Alvarado e Infante, Provea y Centro Gumilla respectivamente, que denuncia posibles ejecuciones extrajudiciales en Carabobo y la falta de rendición de cuentas de Lacava.

 Amnistía Internacional rechazó esta acción y consideró que  Lacava «debe cesar de inmediato este ataque contra Marino Alvarado y Alfredo Infante, retirando la demanda y garantizando un ambiente de trabajo seguro para las personas defensoras de derechos humanos».

En un comunicado, la ONG expresó: «Le escribo para alzar mi voz en apoyo a Marino Alvarado y Alfredo Infante, dos reconocidos defensores de los derechos humanos contra quienes ha presentado una demanda por exponer y condenar posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la policía de su estado y exigir la rendición de cuentas de la cadena de mando».

Asimismo, advirtieron que atacar a defensores de DDHH con acciones penales por ejercer su derecho a defender los derechos humanos «es contrario al derecho internacional de los derechos humanos, así como a las reiteradas recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y otros órganos de derechos humanos».

 

También, recordaron que los defensores de DDHH deben ser protegidos, no agredidos, «especialmente cuando enfrentan valientemente amenazas a su integridad, trabajo y vida por exponer graves violaciones de derechos humanos y exigir los más altos estándares de justicia para las víctimas».

«Le exhortamos a retirar la demanda contra Marino Alvarado y Alfredo Infante, abstenerse de bloquear los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas de la cadena de mando por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su estado y proteger a los defensores de los derechos humanos», añadió la ONG.

*También puede leer: Centro Gumilla y Provea: Pedir una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales no es delito

Centro Gumilla y Provea: Pedir una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales no es delito
Infante y Alvarado recibieron la notificación de la demanda el 16 de mayo, luego de que ambos solicitaran que se investigue la presunta responsabilidad de Lacava en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales

 

Este jueves, 19 de mayo, el coordinador de la ONG Provea, Marino Alvarado, y el director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, padre Alfredo Infante, se pronunciaron por la demanda de difamación que impuso en contra de ambos el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, tras la publicación de un informe en el que revelan ejecuciones extrajudiciales por parte del cuerpo policial de la entidad. 

En rueda de prensa, el director de Derechos Humanos del Centro Gumilla afirmó que no pretenden otra cosa que «defender el derecho a la vida y restablecer el Estado de Derecho en el país para que haya verdad, justicia y reparación”.

Infante y Alvarado recibieron la notificación de la demanda el 16 de mayo, luego de que ambos solicitaran que se investigue la presunta responsabilidad de Lacava en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

Sobre las acusaciones del gobernador por difamación, los activistas hicieron algunas precisiones y aclararon que no es ninguna campaña en contra del burgomaestre. 

Entre las frases más destacadas de la declaración de  Infante destacan las siguientes:

Es una campaña a favor de la vida, es nacional, no es regional. No está focalizado en el estado Carabobo. En la página de Lupa por la Vida hay una georeferenciación donde se evidencia que en el año 2021 hubo en el territorio nacional 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Insistimos en marzo, cuando presentamos el informe 2021, que había un descenso respecto a 2020”, dijeron.

“En este marco, se evidencia que entre las policías regionales, la de Carabobo fue la que ocupó el primer lugar con 221 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Por primera vez, se superaban los indicadores de Zulia, que tradicionalmente ocupaban el primer lugar. Ante los hechos, nuestra insistencia no fue solo la denuncia, el señalamiento, sino la propuesta de que se abran investigaciones institucionales para que se conozca la verdad y los familiares de las víctimas tengan acceso a la justicia”.

“Es muy importante que se investiguen las cadenas de mando, eso es lo que hemos sugerido. Los familiares de las víctimas tienen derecho a justicia, reparación, y los venezolanos todos tenemos derecho a la vida. Estamos convencidos de que pedir una investigación ante posibles ejecuciones extrajudiciales es un derecho amparado en la Constitución, no es un delito, somos inocentes, pero estamos ejerciendo un derecho constitucional al acompañar a las víctimas para que en nuestro país haya acceso a la justicia. Es necesario identificar si hubo o no ejecución si tal ejecución es un hecho aislado o parte de una política de Estado. Hay que hacer una reforma policial integral, que tome en cuenta la formación del policía y su calidad de vida”.

“No tenemos nada contra el gobernador Lacava, del estado Carabobo. Lo único que hemos hecho es pedir investigar (…) Le preciso que nuestro informe no es contra una persona, es a favor de la vida. Recomendamos que presione a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para que se investiguen las posibles ejecuciones extrajudiciales”. 

Por su parte, el abogado de ProveaJoel García, indicó que están conscientes de que sus representados no han cometido delito, pero que de igual manera van a comparecer ante los órganos constitucionales para resolver esta situación.

“¿Por qué un tribunal de Carabobo va a iniciar una investigación y admitir una acusación cuando presuntamente el delito de difamación se cometió en Caracas, es un tribunal de Caracas que debería estar asumiendo esta acusación?”, cuestionó el abogado.

Acceso a la Justicia: El chavismo vuelve a recurrir a la justicia penal para perseguir y silenciar a las voces disidentes
El gobernador Rafael Lacava arremete contra activistas de derechos humanos

En Venezuela el Poder Judicial, en particular el área penal, continúa sirviendo como instrumento para perseguir y silenciar a las voces disidentes en el país, asegura la ONG. Acceso a la Justicia, recordando que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela dijo; «El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al Gobierno».

Prueba de lo anterior es la demanda por «difamación agravada continuada» que el gobernador de Carabobo, el chavista Rafael Lacava, interpuso contra los activistas de derechos humanos, Marino Alvarado y Alfredo Infante, luego de que estos solicitaran al Ministerio Público (MP) que investigara al funcionario por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la entidad y que habrían sido cometidas por agentes de la policía estadal, la cual está bajo su mando.

«Lo que hemos hecho (…) es lo que nos corresponde: Hay unas graves violaciones a los derechos humanos y [hemos exigido] que se investigue a los autores materiales y a las cadenas de mando. Esta es la consecuencia [en alusión a la demanda] de ser exigentes en materia de Derechos Humanos, es el riego que corremos los defensores de derechos humanos por exigir que se investiguen las cadenas de mando».

Así se quejó Alvarado, quien es coordinador de Exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en un mensaje publicado a través de la cuenta de Twitter de la organización.

El pasado 14 de marzo, ambos activistas presentaron un informe, en el cual denunciaban que en 2021 se registraron en el país 1.414 ajusticiamientos, de los cuales 347 (25,54%) presuntamente habrían sido cometidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), mientras que 426 (30%) por policía estadales, siendo la de Carabobo la más señalada, con 132 casos. Ante estos datos los defensores instaron al MP y a la Defensoría del Pueblo a iniciar las respectivas averiguaciones y no limitarse solo a los autores materiales, sino investigar también incluir a sus superiores.

No es la primera vez

La acción de los defensores no quedó sin respuesta, sin embargo, no en la forma en la que seguramente estos esperaban: el gobernador Lacava, en lugar de iniciar una investigación administrativa motu proprio o incluso presentar elementos que prueben que no está relacionado con los abusos antes mencionados, acudió a los tribunales para presentar una querella contra los activistas por «exponerlo al desprecio o al odio público». El 16 de mayo los defensores recibieron una boleta del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Carabobo, fechada tres días antes, en la cual los insta a designar a sus abogados para enfrentar el respectivo proceso.

Esta no es la primera vez que Provea afronta un proceso judicial por ejercer su labor de defensa de las garantías fundamentales. En agosto de 2012 el MP denunció a esta organización y a la agrupación Sociedad Homo et Natura por apoyar y difundir información sobre una protesta que realizaron representantes de comunidades yukpa frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en julio de ese año. En este caso la Fiscalía acusó a las organizaciones de violar disposiciones de la Ley Orgánica de Niños y Adolescentes (Lopnna), pues en la manifestación participaron niños indígenas.

Así como en el caso anterior, en el presentado por el gobernador Lacava, no solo se vuelve a apuntar contra reconocidos miembros del movimiento de derechos humanos en Venezuela, sino que también se recurre a la justicia penal para criminalizarlos, esta vez mediante el empleo de la figura prevista en el artículo 442 del Código Penal, alegando que las denuncias formuladas contienen mensajes lesivos a su «honor o reputación».

Pero esto tampoco es nuevo. En las últimas dos décadas funcionarios de distinta jerarquía han iniciado decenas de juicios privados contra abogados, defensores, periodistas y políticos. Uno de los casos más antiguos, y posiblemente el que allanó el camino para esa estrategia, fue el que en 2003 inició el entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), el fallecido Willian Lara, contra el constitucionalista Tulio Álvarez.

El jurista, en un artículo publicado en el desaparecido diario Así es la Noticia, recordó un informe de la Superintendencia de Seguros que denunciaba irregularidades en la Caja de Ahorros del Parlamento, lo cual provocó la ira del legislador oficialista. En 2009 la justicia condenó a Álvarez, a quien, aunque no terminó tras las rejas, se le impuso prohibición de salida del país. En 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que esa decisión supuso una violación a la libertad de expresión del abogado.

Esto se lee al respecto en el fallo del tribunal continental:

«Si bien el señor Álvarez se manifestó de forma crítica, eso no implica que su discurso quede desprotegido bajo la óptica del derecho a la libertad de expresión. Esta clase de discurso también debe ser protegido pese a ser incómodo y emplear un lenguaje incisivo, máxime cuando en una sociedad democrática las críticas hacia los funcionarios públicos no son solamente válidas sino necesarias».

Además, la corte reiteró su criterio de que «sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad».

En 2004, el entonces ministro de Comunicación, Jesse Chacón, se querelló contra la periodista Alicia La Rota pues esta publicó una información en la que aseguraba que el funcionario compró un cuadro de Armando Reverón por más de 100.000 dólares. Pese a que la comunicadora rectificó, el funcionario no se dio por satisfecho y siguió con el juicio.
En 2016, el exministro de Agricultura, Carlos Osorio, presentó una demanda contra los entonces diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García, al señalarlo de estar incurso en hechos de corrupción. La jueza Tercera de Primera Instancia en lo Civil de Carabobo, Omaira Escalona, falló a favor del exfuncionario al prohibir a los diputados declarar, publicar y difundir información en los medios y redes sociales que «atenten contra el honor y reputación» de Osorio. Además, les ordenó indemnizarlo con 900 millones de bolívares.

Cabello, el gran demandante

Sin embargo, quien ha hecho de los juicios por difamación su arma predilecta para lidiar con sus oponentes ha sido el diputado Diosdado Cabello. En 2013, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) demandó al editor del diario Tal Cual, el fallecido Teodoro Petkoff, y a los demás miembros de la directiva del matutino, por un artículo de opinión escrito por el exministro de Ciencia, Carlos Genatios, en el que aseguraba –incorrectamente– que el oficialista había declarado que «si no les gusta la inseguridad, váyanse». Tras tres años de proceso, durante el cual se le obligó a Petkoff a presentarse periódicamente a los tribunales y se le impidió salir del país, la jueza declaró el sobreseimiento del mismo.

Dos años después, Cabello inició una batalla legal contra El Nacional. También lo hizo contra otros medios, lo que generó que sus directores huyeran del país para poder salvarse de la cárcel. ¿El delito? Replicar unas publicaciones de los diarios Miami Herald y ABC en las cuales se hacían señalamientos contra el legislador. En 2018 el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas declaró con lugar la demanda y le ordenó al diario pagarle a Cabello mil millones de bolívares (para ese entonces cerca de 12.700 dólares) como indemnización.

No obstante, en 2021 la Sala de Casación Civil del TSJ, atendiendo una petición de los abogados del diputado, revisó el monto de la sanción y la fijó en 237.000 petros (equivalentes a poco más de 13,25 millones de dólares), debido al «gravísimo» daño que sufrió el parlamentario en su honor. Ante el impago de la multa, la justicia le arrebató al matutino su sede y se la entregó al parlamentario demandante.