SEGÚN EL ARTÍCULO 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”.
Así lo recordó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien denunció que al menos 45 presos políticos sucumben ante la precariedad del sistema penitenciario en Venezuela; en tanto, aunque el Estado es responsable de la atención médica en los sitios de reclusión, las medidas que asumen son nulas y la situación resulta desesperanzadora tras el fallecimiento del concejal apureño Carlos Andrés García.
En ese sentido, refirió que 39 presos políticos requieren de medidas humanitarias por el deterioro de su estado de salud. Tal es el caso de Carlos Graffe, quien padece de cálculos renales; y el profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, quienes permanecen detenidos en la entidad carabobeña y han solicitado medidas humanitarias.
“El Estado venezolano debe ofrecer respuestas inmediatas sobre el derecho a la vida de todos los presos, y como evidentemente no lo ha hecho, entonces está incurriendo en la omisión de no garantizar el derecho a la salud de estas personas”, sentenció Prado, quien hizo énfasis en el fallecimiento del concejal apureño.
Como se recordará, García Pérez falleció la noche del pasado domingo 17 de septiembre, luego de permanecer durante al menos un mes en grave estado de salud como consecuencia de un Accidente Cardiovascular. Los familiares del edil denunciaron que sufrió el ACV cuando se encontraba en los calabozos del Sebin-Guasdualito, donde sufrió de hacinamiento e insalubridad desde diciembre de 2016, y por más de 15 días estuvo sin recibir atención especializada, hasta cuando lo trasladaron al Hospital Central de San Cristóbal.
Otros casos que preocupan de sobremanera al OVP es el del diputado y militante de Voluntad Popular, Gilber Caro, quien está en la cárcel de Tocuyito, presuntamente en aislamiento severo, y que estuvo varios días en huelga de hambre. En delicado estado de salud también se encuentra el alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien padece una fuerte crisis hipertensiva.
Mientras que de los 22 estudiantes llevados a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, cuatro adquirieron paludismo y por ese motivo fueron trasladados a la cárcel de Tocuyito. En su calidad de defensor de los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela, Prado hizo un llamado de emergencia a los organismos internacionales para que se pronuncien sobre esta situación que pone en peligro al resto de la población penitenciaria, que en su conjunto están expuestos a enfermedades como tuberculosis, escabiosis, infecciones de transmisión sexual, entre otras.
Aunado a esto, Prado también exigió la liberación inmediata de 18 privados de libertad que recibieron su boleta de excarcelación, pero que sin motivo alguno permanecen tras las rejas. En el grupo destacan los dirigentes Yon Goicoechea y José Vicente García, quienes según sus familiares están en celdas sin ventanas ni ventilación, y además les dan agua contaminada.
“Los privados de libertad que tengan problemas de salud deben recibir una medida cautelar de inmediato para que puedan recibir la atención médica adecuada y que puedan trasladarse rápidamente hasta un centro de salud en caso de una emergencia. El Gobierno venezolano se jacta del respeto a los derechos humanos, pero es evidente que atenta contra los más vulnerables, que son precisamente los que no tienen acceso a la libertad. Es bien sabido que el grado de civilidad de un Estado se mide en el modo como trata a sus presos.”, enfatizó Prado.
Casos para recordar
Son muchos los casos de privados de libertad que han muerto por la ineficacia del Estado en cuanto al sistema penitenciario; no obstante, existen casos emblemáticos de presos políticos fallecidos, tales como el de Rodolfo Pedro González Martínez, de 64 años y conocido como «el Aviador», quien fue hallado muerto el 13 de marzo de 2015 en su celda dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
«Vimos varios tuits que decían que Rodolfo González había sufrido un accidente y lo trasladaron en ambulancia», destacó su hija Ivette González en ese entonces. Además, aseguró que acudió a la sede del Sebin para solicitar información, pero le negaron el acceso; media hora después la llamaron desde el Ministerio Público para informarle que su padre se había quitado la vida.
González fue capturado tras un allanamiento a su vivienda, luego de que un «patriota cooperante» lo denunciara en por ser presuntamente líder de las manifestaciones. «Mi papá estaba desesperado, era muy fuerte el acoso psicológico que recibía. Varias veces intentó quitarse la vida y lo frenamos», destacó la hija.
Cifras escalofriantes
En Venezuela se registran un total de 504 presos políticos, que han sido acusados de terrorismo, asociación para delinquir, entre otros delitos, 99 de ellos han recibido el beneficio de arresto domiciliario; mientras que el resto sobrevive a condiciones infrahumanas en los calabozos del Sebin, comandos GNB, Cicpc, comandos PNB y centros de reclusión preventiva.
Los estados con mayor cantidad de detenidos son Zulia con 111, Miranda con 74 y Aragua con 73. En Carabobo aún hay 38 personas detenidas, 32 en Mérida, 28 en Bolívar y 27 en Táchira.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
