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Policía del estado Bolívar

Delincuencia asedia principal ruta comercial al sur del estado Bolívar
Delincuentes ponen piezas de metal en la carretera para obligar a los vehículos a detenerse

 

Delincuentes asaltan a mano armada vehículos que transitan por la Troncal 10 con cada vez más frecuencia, toda vez que los delitos quedan impunes. En distintos tramos de esta carretera, que conecta a todo el estado Bolívar, han ocurrido, de acuerdo a los datos levantados por el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar), más de 10 asaltos, entre los meses de abril y mayo.

La Troncal 10 es una vía clave para el estado, pues no solo conecta Brasil con el centro oriente de Venezuela, sino que es la principal ruta comercial en la que se traslada material aurífero, productos alimenticios y demás mercancía desde y hacia el sur de Bolívar.

Los afectados han denunciado a la prensa que, especialmente después de las seis de la tarde, lo antisociales ponen piezas de metal con púas en la carretera para obligar a los vehículos a detenerse, y luego, proceder a robarlos. Identifican el tramo Upata-Guasipati como uno de los más peligrosos, y donde, irónicamente, están la mayoría (9) de las alcabalas custodiadas por la Policía del Estado Bolívar (PEB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB). Esos mismos usuarios de la carretera han exigido al Gobierno Nacional la instalación de un patrullaje continuo en las más de 10 alcabalas apostadas.

El 22 de mayo, -según reportaron testigos a la prensa local- un grupo de al menos 20 encapuchados atracaron un camión cargado de arena aurífera perteneciente a una alianza minera de la Corporación Venezolana de Minería (CVM). El asalto ocurrió en el tramo entre El Callao y Tumeremo, y dejó como saldo a un militar muerto, y otro herido.

Cuatro días después, funcionarios de la GNB ejecutaron extrajudicialmente a un hombre apodado «el Electrodo», tras sostener con él un presunto enfrentamiento armado. De acuerdo con el parte oficial, el hombre se dedicaba al robo en el tramo «Villa Lola» de la Troncal 10, en el municipio Padre Pedro Chien. A la delincuencia se le suma el mal estado de las vías que han sido causa de numerosos accidentes, algunos con víctimas fatales.

Para el OVV Bolívar, la situación se ha denunciado constantemente la omisión en la tutela y garantía de los derechos de los habitantes del estado, así como la preocupación por la afectación colateral que la negligencia de los organismos gubernamentales significa para las víctimas directas e indirectas.

«La situación de violencia en Bolívar, así como la imperante necesidad de adopción de medidas mitigatorias, es innegable. En ese sentido, nuevamente exhortamos al Estado para que impulse acciones de cese, control y restitución de la legalidad y justa convivencia social», señaló finalmente el equipo.

OVV Bolívar contabiliza al menos 12 víctimas de violencia física y sexual durante marzo
Estos casos se suman al total de 40 víctimas de violencia de género contabilizadas por la organización en seis municipios de Bolívar durante el primer trimestre del año

Durante marzo, mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) contabilizó al menos 12 casos de violencia física y sexual contra mujeres, niñas y adolescentes en el estado. Tres de las víctimas son menores de edad.

Cinco de los casos documentados son por violencia sexual, acoso y actos lascivos. Resalta el caso ocurrido a mitad de mes, cuando dos hombres entraron a la vivienda de un hombre para matarlo por negarse a pagar una deuda con oro. Durante el asalto, violaron a su pareja, una joven de 17 años. El hecho ocurrió en el sector Ignacio del Cocuy, en Ciudad Bolívar.

La mayoría de las detenciones, por estos delitos, fueron ejecutadas por funcionarios de la Policía del Estado Bolívar (PEB), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Aunque en la mayoría de los partes oficiales los cuerpos de seguridad reportan que los expedientes fueron remitidos al Ministerio Público, en algunos casos las víctimas denuncian retardo procesal.

“Si no se toman los correctivos, temo por mi vida. Por este motivo es que las cifras de femicidios aumentan en la región, por culpa de personas que se niegan a aplicar la ley”, declaró una sobreviviente de violencia física al diario Nueva Prensa.

La mujer reportó que su esposo la golpeó y causó lesiones en cara y cuello cuando ella intentó impedir que el hombre sacara de la casa a su hijo de dos años a media noche. Su hija de 16 años se metió en la discusión para evitar que golpearan a su madre, pero también salió herida.

La víctima hizo la denuncia en Patrulleros del Caroní, en Ciudad Guayana, y aunque fue atendida, pasaron 13 días después de lo ocurrido y la funcionaria que recibió el caso no ha remitido el expediente al Ministerio Público.

Estos casos se suman al total de 40 víctimas de violencia de género contabilizadas por la organización en seis municipios de Bolívar durante el primer trimestre del año. Dos de estos casos constituyen femicidio.

El municipio Caroní fue la entidad donde se reportó mayor cantidad de casos de violencia contra la mujer (19), seguido por Angostura del Orinoco (9), Sifontes (7), El Callao (3) y Gran Sabana (1) y Piar (1).

A finales de febrero, trascendieron dos denuncias que conmocionaron a la opinión pública de Ciudad Guayana, Caroní: Un instructor de ciclismo de la escuela de ciclismo MTB Kids fue acusado de perpetrar actos lascivos contra dos adolescentes de 14 años. De acuerdo con lo denunciado por familiares, les enviaba mensajes con insinuaciones sexuales vía WhatsApp.

Los padres de las jóvenes denunciaron los hechos, y toda la comunidad de ciclistas de la ciudad salió a protestar para exigir justicia, pues, aunque el agresor fue detenido, fue liberado a los pocos días con régimen de presentación cada 30 días.

 Las denuncias constantes, giran en torno a la ausencia de mecanismos confiables para obtener justicia. Es por eso que víctimas y sobrevivientes terminan acudiendo a medios de comunicación y redes sociales para labrar, por cuenta propia, su camino a la justicia que, en ocasiones, no culminan con el encarcelamiento de los agresores.

El OVV Bolívar, insta una vez más al Estado venezolano a implementar políticas públicas orientadas a prevenir la violencia basada en género, así como brindar asistencia, acompañamiento y protección oportuna a víctimas y sobrevivientes de violencia.

La sed de venganza de un policía de Bolívar  acaba con la vida de un joven inocente

Llamarse Pedro y ser primo de Alberto, uno de los involucrados en el rapto y asesinato del taxista Julio González, fueron motivos para que el policía lo ejecutara con dos balazos; sin siquiera darle oportunidad de explicar que no era al que buscaba, sino a su primo… también llamado Pedro.

Para el funcionario -perteneciente a las filas de la Policía del estado Bolívar (PEB)-, la orden de allanamiento a la casa de la familia Coral Lizardi estaba autorizada por la delación de uno de los implicados en el crimen contra sus compinches, firmada por su uniforme y sellada por el parentesco que tenía con el conductor ultimado.

“Estaba acostado y me abrieron la puerta de golpe. Era un policía, pero no me dijo nada y siguió al otro cuarto, donde Pedro escuchaba música. Ahí empezaron los gritos. Mi sobrino rogaba que no le hiciera nada, que no era a él a quien buscaban”, relata Mario Coral sobre lo ocurrido la noche del 10 de marzo.

Pese a las súplicas de Pedro Luis Coral Lizardi, de apenas 20 años, su tío oyó cuando el estadal lo golpeaba. Intentó salir a auxiliarlo pero otros dos policías, que habían tomado posiciones “estratégicas” dentro de la casa, se lo impidieron. “Váyase a dormir viejito. Tranquilo que no va a pasar nada”, le repetían.

Familiares y vecinos de la víctima señalan que la Policía del estado Bolívar simuló un hecho punible y alteraron el sitio del suceso

Sonaron tres detonaciones e inmediatamente el primer policía llegó al cuarto de Mario para preguntarle si escuchó los tiros. Le explica que el muchacho le disparó en dos oportunidades y que él debió repeler el ataque, matándolo en el acto. Posteriormente el PEB hizo una pregunta algo inusual y estúpida, pero reveladora al mismo tiempo:

– Por cierto viejito, ¿no sabes dónde está la pistola del muchacho?

A lo que el sexagenario respondió:

– Si te disparó como dices, ¿entonces con qué pistola lo hizo?

Al notar el error que supuso hacer esa pregunta, el uniformado se dio media vuelta y ordenó a sus compañeros pedir refuerzos y cerrar la casa desde su interior. Así lo hicieron.

Una serie de eventos desafortunados causaron la muerte de Pedro Luis: El primero fue la desaparición y posterior asesinato del taxista Julio González, quien prestaba servicios para la línea Orionca en la Terminal de Pasajeros Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz, y de donde salió la noche del jueves 8 de marzo con tres pasajeros.

Las investigaciones por el homicidio de un taxista tuvieron un desenlace completamente equivocado y fuera de ley

Su vehículo -un Honda Civic azul, placas MBI-61G- amaneció desvalijado y quemado la madrugada del viernes en las adyacencias de la Unidad Educativa Nacional (UEN) Nuevo Mundo, en el sector de San Félix, a dos cuadras de la vivienda de los Coral Lizardi. En ese mismo sector vivían los responsables del hecho:

– Alí José Fuentes, de 20 años.

– Alberto Silva Coral, de 21 años y apodado Beto.

– Pedro García Romero, de 20 años.

“La policía detuvo a Alí el sábado en la mañana y él contó lo que hicieron con el taxista y reveló que Beto y su primo Pedro (García) fueron sus cómplices en el crimen. Entonces le pidieron que los llevaran a donde Beto y él accedió”, contó Jenny Blanco, vecina de la familia Coral Lizardi, sobre el segundo desacierto de los uniformados para el trágico final de Pedro Luis.

Alí guió a los estadales adscritos al Centro de Coordinación Policial (CCP) La Victoria hasta la casa de Alberto Silva Coral, ubicada en la calle Ponce de León del sector Nuevo Mundo, en San Félix. Lo que el joven no sabía era que hacía meses su familia lo había corrido por su mal comportamiento y ahora vivía en otro barrio.

“Él no mintió. Dijo que Beto era primo de Pedro (García), pero no le dijo a los policías que en la casa había otro Pedro (Coral) también primo de Beto y que era un muchacho sano. Entonces esas bestias llegaron buscando a Beto, se encontraron con el Pedro equivocado y lo mataron sin dejar explicar la confusión”, explicó la vecina del muchacho.

Agregó que los policías actuaron fuera de su jurisdicción –y además, fuera de la ley- ya que al CCP La Victoria le corresponde patrullar parte de la parroquia Vista al Sol y la parroquia Yocoima, mientras que el sector Nuevo Mundo, ubicado en la parroquia Dalla Costa, es competencia del CCP Guaiparo. 

Un policía con sed de venganza e información incompleta infringió cuanta ley existe en materia penal y ejecutó a mansalva al Pedro incorrecto.

Amantina Jiménez, abogada y vecina de la familia Coral Lizardi, fue otra de las tantas personas que abogó por la inocencia de Pedro Luis y denunció las irregularidades que cometieron los uniformados de la PEB en el procedimiento con el que intentaron vengar a la familia del taxista asesinado.

Pedrito era un muchacho sano. Tenía 20 años, pero era tenía un niño en su interior. Se la pasaba jugando pelotica e’ goma con los niños del barrio, volaba papagayos, era bien mandado y trabajador. Llegó hasta sexto grado y de ahí se puso a trabajar embolsando en la panadería La Revancha y en los (supermercados) chinos… se la pasaba trabajando, jugando y oyendo música”, enfatizó su vecina.

Agregó que en reiteradas ocasiones el muchacho manifestó su temor a que le pasara algo por las andanzas de su primo Beto y por eso evitaba juntarse con él. Por esa razón su papá, Elido Marcelino Coral, habló con el resto de la familia para que Alberto abandonara la casa y así poder darle tranquilidad al menor de sus dos hijos.

Pese a los esfuerzos de la familia de mantener alejados el mundo criminal en el que se desenvolvía Beto y el del inocente Pedrito, a las 7:00 de la noche del 10 de marzo todo se vino a pique. Un policía con sed de venganza e información incompleta infringió cuanta ley existe en materia penal y ejecutó a mansalva al Pedro incorrecto.

En el Certificado de Defunción de Pedro Luis Coral Lizardi señalan que presenta un solo disparo

“Le sembraron un revólver Smith & Wesson calibre 22 y hasta cambiaron las sábanas de la cama. Nosotros pensábamos que Pedrito estaba vivo y queríamos entrar a la casa, pero la cantidad de policías que llegaron como refuerzos lo impidieron. Nos golpearon, nos amedrentaron y no nos dejaban pasar. Sólo abrieron cuando llegó el Cicpc”, denunció Amantina.

Una vez se retiraron los policías del sector, la abogada se juntó con los vecinos e hicieron una lista de las patrullas y funcionarios que pudieron identificar para entregarla a la Fiscalía de Derechos Fundamentales. Hoy en día sólo están detenidos Alí, Beto y Pedro García por el caso del taxista; pero por la ejecución de Pedro Luis no hay ni un funcionario tras las rejas.

El proyecto #MonitordeVíctimas incorporó a partir del 1 de marzo el estado Bolívar para hacer seguimiento al tema de la violencia con el objetivo sistematizar la información sobre los homicidios perpetrados en la entidad y proponer soluciones al tema.

El estado Bolívar fue seleccionado para sumarse a la experiencia del #MonitordeVíctimas debido a las características de la violencia que afecta a esa entidad. Uno de sus principales núcleos urbanos, Ciudad Guayana, es considerada la novena ciudad más violenta del mundo por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (Ccspjp).

@gedv86 

 

VIDEO Los 15 minutos de horror que vivió la UDO por ataque de PoliBolívar
IMÁGENES FUERTES. Runrun.es decidió publicar el siguiente video cumpliendo con su responsabilidad de informar y por considerar que su contenido es de interés público. Las imágenes fueron tomadas el miércoles 24 de mayo, cuando funcionarios de la Policía del estado Bolívar dispararon con armas de fuego contra estudiantes que participaban en una manifestación en la UDO. Esta acción es un delito de lesa humanidad, viola los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de DD HH, el artículo 68 de la Constitución y la Ley de Policía Nacional. Además muestra una conducta inhumana por parte de los policías, que impidieron que se brindara atención médica adecuada a los heridos

 

 

EN EL VIDEO SE ESCUCHA la voz de un hombre joven que narra los hechos, personas gritando, heridos en el piso y víctimas ensangrentadas. Así transcurren los 15 minutos de la grabación realizada por un testigo y publicada en Youtube. Muestra lo ocurrido en el decanato de la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Ciudad Bolívar, durante la protesta estudiantil del miércoles 24 de mayo. Funcionarios de PoliBolívar dispararon con armas de fuego contra los manifestantes y ocasionaron heridas graves a varios estudiantes.

En las imágenes se observa el espacio del decanato que fue utilizado para recibir a las víctimas. En ese breve lapso, los paramédicos y estudiantes de medicina atendieron a varios heridos de bala, entre ellos a Augusto Puga, estudiante de Enfermería de 22 años, que ingresó con una herida de bala en la cabeza.

Después de unos 40 minutos, y tras una tregua para poder desalojar la universidad sin ser reprimidos, Puga pudo ser trasladado al Hospital Ruiz y Páez, donde falleció pasadas las 7:00 pm en el quirófano, tras una intervención que duró más de una hora. Fuentes médicas informaron que había sufrido un paro cardíaco.

Al momento,el jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi) del estado Bolívar aseguró que Puga había muerto por un golpe que recibió al caerse de una platabanda en la UDO. Sin embargo, tres días después, el sábado 27 de mayo, el Ministerio Público informó que imputaría a tres funcionarios de la Policía de Bolívar por su presunta vinculación con la muerte del estudiante.

Con su actuación los funcionarios policiales violaron los artículos 3 y 5 de la declaración de DD HH, referidos al derecho a la vida y al derecho a la integridad física; el artículo 68 de la Constitución, que garantiza el derecho a manifestar pacíficamente y prohíbe el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones; y el artículo 70 de la Ley de Policía Nacional, sobre uso proporcionado de la fuerza. Por está razón, Runrun.es decidió publicar el video que muestra explícitamente imágenes de este hecho de represión violenta.

 

Intervienen policía estadal tras saqueos en Ciudad Bolívar

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El jueves 22 de diciembre se inició la intervención del Cuerpo de la Policía del estado Bolívar, en vista de que sus funcionarios están presuntamente implicados en los hechos irregulares que se generaron el 17 de diciembre en esa entidad, según  la Gaceta Oficial número 41.055 que fue emitida el 19 de diciembre de 2016.

La intervención, firmada  por el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp) a cargo de Néstor Reverol, se decidió a raíz de la detención de dos funcionarios de esa institución por estar involucrados en los saqueos en Ciudad Bolívar.

Ante esto, se auditará a todo el personal adscrito a ese cuerpo de seguridad, para ello fueron designadas seis personas pertenecientes a la Junta de Intervención de ese organismo. El proceso durará 90 días y de haber prórroga, sería por el mismo lapso de tiempo.

Manuel Antonio Sánchez Sosa fue encargado como director general  del Cuerpo Policía del estado Bolívar mientras dure el proceso de intervención