Este martes 15 de febrero fue cancelada la personalidad jurídica de otras seis organizaciones no gubernamentales por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua
El Parlamento, de mayoría sandinista, aprobó la cancelación de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Andph); la Asociación de Mujeres Trabajadoras y desempleadas María Elena Cuadra; la asociación de escritores Pen Internacional/Nicaragua; la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (Fundemuni); el Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia, y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).
El argumento usado por el Legislativo en Nicaragua fue el mismo que se ha usado en otras ocasiones: incumplimiento de sus obligaciones como personas jurídicas sin fines de lucro establecidas por la ley, así como además habrían recibido dinero del extranjero.
93 ONG han sido canceladas desde las masivas manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 en Nicaragua.
Fundaredes exigió al Estado venezolano la liberación inmediata del activista, la principal voz de denuncia en el conflicto desatado en marzo del año pasado entre las Fuerzas Armadas y un grupo disidente de las FARC
El pasado 20 de diciembre, AI había emitido una «acción urgente» con respecto al caso en la que catalogó al activista como «preso de conciencia»: «Su situación de salud es grave y su detención arbitraria y motivada por su defensa de derechos humanos», señalaron
Tarazona padece «hiperinsulinismo, problemas de frecuencia cardíaca elevada, arritmia cardíaca elevada e insuficiencia venosa grado II», entre otras patologías. Su familia teme que sufra una muerte súbita
La ONG venezolana Fundaredes recordó este martes que su director, el activista Javier Tarazona, cumple 200 días de una «injusta detención» que comenzó en julio de 2021 y exigió su liberación.
«Hoy, 18 de enero, nuestro director general, Javier Tarazona, cumple 200 días de injusta detención. Javier tiene (lleva) más de 20 años promoviendo y defendiendo derechos humanos en Venezuela. Le exigimos al Estado venezolano, su liberación inmediata», sentenció la ONG en su cuenta en Twitter.
#18Ene nuestro director Javier Tarzona (@javiertarazona) cumple 200 días de injusta detención
Javier, tiene más de 20 años promoviendo y defendiendo ddhh en #Venezuela 🇻🇪
La libertad de Tarazona, considerado como la principal voz de denuncia en el conflicto desatado en marzo del año pasado entre las Fuerzas Armadas y un grupo disidente de las FARC, ha sido solicitada por diversas organizaciones de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), quien el pasado 14 de enero reiteró la solicitud y alertó sobre el deterioro de su salud.
«El preso de conciencia y defensor de derechos humanos Javier Tarazona debe ser liberado inmediata e incondicionalmente. Su situación de salud es grave y su detención (es) arbitraria (y) motivada por su defensa de derechos humanos», dijo AI en su cuenta en Twitter.
El pasado 20 de diciembre, AI había emitido una «acción urgente» con respecto al caso en la que catalogó al activista como «preso de conciencia» al «haber sido detenido arbitrariamente por su labor de defensa de los derechos humanos».
Los familiares de Tarazona también han asegurado que el activista, detenido en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), «corre peligro de muerte» debido a su estado de salud y que su condición ha sido evaluada por los médicos del cuerpo de seguridad que lo mantiene detenido.
El pasado viernes, la esposa del activista, Kenny Molina, dijo que Tarazona padece «hiperinsulinismo, problemas de frecuencia cardíaca elevada, arritmia cardíaca elevada e insuficiencia venosa grado II», entre otras patologías, y que su familia teme que, por estos problemas de salud, pueda «sufrir una muerte súbita».
Otras ONG se sumaron este 18 de enero al clamor por la liberación de Tarazona. Recuerdan que la salud del activista está en situación bastante comprometida.
«Hoy #18Ene el defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, cumple 198 días preso, víctima de arbitraria detención y juicio injusto. Requiere atención médica adecuada y urgente. Exigimos su libertad Defender derechos NO es delito», escribió Provea desde su cuenta en Twitter.
Su salud se deteriora: Hoy #18Ene el defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, cumple 198 días preso, víctima de arbitraria detención y juicio injusto.
Requiere atención médica adecuada y urgente. Exigimos su libertad
Justicia, Encuentro y Perdón también hizo la misma demanda e insistieron en que la vida de Tarazona corre peligro por la falta de atención médica adecuada.
Javier Tarazona (@javiertarazona) es víctima de una detención arbitraria desde el 2 de julio de 2021. Su estado de salud es precario, debido a la falta de atención médica y a condiciones previas. Su vida está en riesgo. ¡Liberen a Javier Tarazona!#200DíasJavierTarazonapic.twitter.com/DWq20HidFR
La Redhnna señaló que la hiperinflación y la dolarización «marcan el deterioro de la calidad de vida en Venezuela»
Un grupo de ONG se unieron para promover una campaña para recordar que Venezuela sigue en una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC).
La campaña lleva por nombre «Un año más de emergencia» y recuerda las dificultades que atraviesa el país, que ha ocasionado la migración masiva, entre otras muchas dificultades para los venezolanos que siguen en Venezuela.
HumVenezuela, plataforma de información de la sociedad civil venezolana, recordó que Venezuela entró en la categoría de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en el año 2016.
«En 2017, pasó al radar de crisis humanitarias en el mundo por el flujo de migrantes y refugiados que ahora llega a más de seis millones de personas», señala HumVenezuela.
Venezuela entró en categoría de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) al menos desde 2016.
Otras ONG como Amigos Trasplantados, Civilis DDHH, la Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes (Redhnna), la Red Nacional de Activistas Ciudadanos (Redac), entre otras, se hicieron eco de la campaña.
«En 2017, Venezuela recibió 21 recomendaciones de la CIDH y ONU para hacer uso de todos los recursos disponibles para reducir la pobreza y garantizar el disfrute de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)», señaló Civilis DDHH.
Venezuela entró en categoría de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) al menos desde 2016.
En 2017 pasó al radar de crisis humanitarias en el mundo por el flujo de migrantes y refugiados que ahora llega a más de 6 millones de personas #UnAñoMásDeEmergenciapic.twitter.com/lO55NQUsDY
En 2017, Venezuela recibió 21 recomendaciones de la @CIDH y @ONU_derechos para hacer uso de todos los recursos disponibles para reducir la pobreza y garantizar el disfrute de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). #UnAñoMásDeEmergenciapic.twitter.com/02IN139glj
Por su parte, la Redhnna señaló que la hiperinflación y la dolarización «marcan el deterioro de la calidad de vida en Venezuela».
«Se deben ejecutar políticas de empleo, control de la hiperinflación y recuperación del salario para que cada hogar pueda satisfacer sus necesidades de forma plena», agregó la Redhnna.
La hiperinflación y dolarización marcan el deterioro de la calidad de vida en Venezuela.
Se deben ejecutar políticas de empleo, control de la hiperinflación y recuperación del salario para que cada hogar pueda satisfacer sus necesidades de forma plena #UnAñoMásDeEmergencia
Venezuela entró en categoría de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) al menos desde 2016. En 2017 pasó al radar de crisis humanitarias en el mundo por el flujo de migrantes y refugiados que ahora llega a más de 6 millones de personas #UnAñoMásDeEmergenciapic.twitter.com/Ajv2zMA0JH
Niñas, adolescentes y mujeres en zonas empobrecidas, mujeres con cáncer, mujeres lesbianas,bisexuales y trans se encuentran expuestas a extrema vulnerabilidad Urge respuesta adecuada a las necesidades humanitarias con enfoque de género #UnAñoMásDeEmergencia#EPUVenezuelaDDHHpic.twitter.com/J1Mo2ssVJt
2. Venezuela no cumplió con las recomendaciones del 2do ciclo de #EPU dirigidas a la reducción de pobreza. Para 2021, el 97,4% de la población venezolana se encontraba en pobreza y el 76,6% en pobreza extrema. Son más de 27 millones de personas #UnAñoMásDeEmergenciapic.twitter.com/io6PoxkTne
Según las ONG, el Estado lleva a cabo una «campaña de descrédito busca atemorizar a las víctimas para inhibirlas que continúen suministrando sus testimonios»
Más de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que se está gestando una «campaña de criminalización» contra quienes han cooperado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
De acuerdo con una documento publicada en Provea, 111 ONG recordaron que el Estado venezolano es «signatario del Estatuto de Roma, que en 1998 crea la Corte Penal Internacional».
«Esto obliga a las autoridades de los países que reconocieron dicho estatuto a colaborar con su funcionamiento. A raíz de las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el territorio, en febrero de 2018 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció el inicio de un examen preliminar para investigar los posibles crímenes cometidos en Venezuela desde abril de 2017″, añaden.
Además, recordaron que en febrero de 2020, Nicolás Maduro solicitó la apertura de un examen preliminar adicional, para investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad como resultado de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales promovidas desde el año 2014.
«A partir del inicio del Examen Preliminar, diferentes personalidades políticas y sociales han suministrado información a la Fiscalía de la CPI para que cuente con los insumos necesarios para decidir o no el inicio de una investigación formal sobre crímenes contra la humanidad ocurridos en Venezuela», señala parte del texto de las ONG.
Según las organizaciones, el Estado lleva a cabo una «campaña de descrédito busca atemorizar a las víctimas para inhibirlas que continúen suministrando sus testimonios».
En tal sentido, advierten lo siguiente:
«Responsabilizamos a las autoridades nacionales de cualquier acción contra la vida, libertad e integridad de quienes están siendo criminalizados por suministrar información a los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos, en especial a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».
«Instamos al equipo de trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que haga un seguimiento de las amenazas y retaliaciones contra quienes han colaborado con su labor, lo que refleja el incumplimiento de las obligaciones emanadas del Estatuto de Roma».
«Invitamos a la comunidad internacional a continuar observando detenidamente la situación de derechos humanos en Venezuela, reforzando los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos activados sobre nuestro país, principal contención contra el abuso de poder».
De acuerdo con Provea, solo en el año 2020 se contabilizaron más de 3000 víctimas de ejecuciones en el país
Organizaciones no gubernamentales (ONG) se refirieron este lunes, 1 de noviembre, a la visita que realiza al país Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
A través de la red social Twitter, las ONG posicionaron la etiqueta #VenezuelaExigeJusticia, mencionando algunos hechos de la vulneración de los derechos humanos en el país.
Una de las críticas la hizo Provea, en referencia a que en Venezuela «no se investigan las cadenas de mando ni a los altos cargos en los ministerios de Defensa y de Interior y Justicia».
«Sr. @KarimKhanQC la impunidad estructural ha vuelto intocables a algunos presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad. #VenezuelaExigeJusticia», señala la ONG.
En Venezuela NO se investigan las cadenas de mando ni a los altos cargos en los Ministerios de Defensa y de Interior y Justicia.
De acuerdo con Provea, solo en el año 2020 se contabilizaron más de 3000 víctimas de ejecuciones en el país.
La organización asegura que entre las principales víctimas de la represión figuran sindicalistas, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, líderes políticos de la oposición y militares críticos.
Entre las principales víctimas de la represión en Venezuela figuran: sindicalistas, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, líderes políticos de la oposición y militares críticos. @KarimKhanQC#venezuelaexigejusticiapic.twitter.com/joQsHq8jez
A su vez, la ONG Cepaz señaló que los testimonios de tortura documentados indican que «tanto el Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo han sido cómplices y favorecido incremento del número de víctimas».
El Caleidoscopio Humano aseguró que las informaciones que reciba Karim Khan de parte del gobierno, «no implican reconocimiento a la gestión de Maduro», además que deben ampliarse «escuchando a víctimas y organizaciones de derechos humanos».
Informaciones que obtenga el Fiscal de la CPI @KarimKhanQC con autoridades no implica reconocimiento a gestión de Maduro y debe ampliarse escuchando a víctimas y organizaciones de derechos humanos. Crímenes de lesa humanidad continúan. #VenezuelaExigeJusticia
Cepaz señaló: «Las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurren actualmente en Venezuela».
#1Nov#VenezuelaExigeJusticia@_CEPAZ: Las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurren actualmente en Venezuela
A su vez, el Centro para la Paz y los DDHH de la UCV, indicó que en Venezuela no hay justicia.
«Existe una impunidad estructural que favorece la perpetración de crímenes como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias», agregan.
La crisis venezolana, agravada por la pandemia del COVID-19, ha puesto en jaque los derechos humanos de las mujeres en Venezuela
La violencia contra las mujeres se acentúa más especialmente en aquellas que viven en los sectores más vulnerables
La mañana de este jueves, por primera vez, diversas organizaciones de la sociedad civil sostuvieron una audiencia pública virtual con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer el retroceso y las fallas del Estado venezolano en la garantía de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
Las organizaciones feministas Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Caleidoscopio Humano, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), 100% Estrógeno, Uquira, Fundamujer, Fundación Vida Jurídica, y la organización internacional Women’s Link Worldwide explicaron los temas que resumen el contexto actual de los derechos de las mujeres en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, la COVID-19, la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos y la crisis institucional en cuanto al acceso a la justicia.
Venus Fadul, directora de la ONG 100% Estrógeno, afirmó que en Venezuela las víctimas de la violencia de género rápidamente transforman en victimarias. «No hay garantías para ls mujeres que sufren de violencia».
La coordinadora de género de Cepaz, Carolina Godoy, indicó que la falta de datos oficiales en torno a los femicidios ocurridos del país y la eventual impunidad de este delito constituyen un grave fallo en materia de derechos humanos, pues desde el año 2016, el Estado venezolano no presenta datos oficiales de este delito.
«Desde el 1 enero hasta el 30 de septiembre en Venezuela han ocurrido 207 femicidios consumados y 41 en grado de frustración, lo que explica que ocurre una acción femicida cada 27 horas», dijo Godoy.
La presidenta de la Fundación Vida Jurídica, Diyuly Chourio, afirmó que las mujeres venezolanas se enfrentan a una grave desprotección e invisivilización al momento de solicitar medidas cautelares hacia las víctimas de violencia.
«La revictimización que sufren las mujeres es un desaliento para solicitar justicia. 7 de cada 10 mujeres no se atreven a denunciar por la no credibilidad de la justicia en Venezuela. Las más afectadas son aquellas que se encuentran en pobreza extrema», aseveró Courio.
Por su parte, Melanie Agrinsones, activista de Uquira, denunció que en Venezuela no hay ley para garantizar los derechos de las personas transgénero y que el Estado niega de manera sistemática los derechos de la población LGBTI+.
La activista indicó que el derecho a la identidad de las personas trans no existe, tampoco una legislación que proteja a las trabajadoras sexuales.
«El estado al no reconocer la diversidad y al no legislar políticas direccionadas a la comunidad trans, es responsable de la marginalización, discriminación, transfeminicidios y vulneración de los derechos», señaló.
Por otra parte, la directora de Avesa, Magdymar León, resaltó el tema de las muertes maternas en Venezuela. «Hay un problema muy grave de transparencia de datos en ese ámbito, hay datos dudosos y contrarios a los evidenciados por las organizaciones de la sociedad civil», dijo.
La Cidh se pronuncia
Flavia Piovesan, relatora para los Derechos Humanos de las personas LGBTI de la CIDH, manifestó su preocupación por la situación de las personas trans en Venezuela. «Me preocupa el tema del poder judicial y la perspectiva de género, y la composición del poder judicial y de su independencia de los demás poderes», aseguró.
Mientras que esmeralda Arosemena, relatora para los Derechos de la Niñez y para Venezuela, se mostró solidaria ante la angustia que tienen las mujeres al no conseguir respuestas del Estado por la crisis extrema que enfrenta el país.
Sobre la situación de los niños del Hospital J.M de Los Ríos, Arosemena indicó que espera respuestas por parte del Estado por la muerte de los adolescentes que estaban a la espera de trasplantes. «Tengo una gran preocupación de cómo la comunidad internacional puede levantar esta bandera y exigir respuestas» expresó.
La audiencia finalizó con una serie de peticiones orientadas al urgente fortalecimiento de todos los mecanismos internacionales para instar al Estado venezolano a garantizar el derecho de todas las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela a vivir una vida libre de violencia y discriminación.
MSF informó que la decisión obedece a que luego de realizar una evaluación de sus actividades observaron que la meta de la disminución de los casos de malaria fue cumplida en un 80 %
Luego de trabajar durante más de dos años en el estado Sucre, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció que transfirió sus actividades médicas a otro organismo, el cual será informado en los próximos días.
A través de un comunicado, MSF informó que la decisión obedece a que, luego de realizar una evaluación de sus actividades, observaron que las metas fueron cumplidas, como es el caso de la disminución de contagios por malaria, por lo que la organización intenta disponer sus recursos en lugares donde hay muchas necesidades y pocos actores que puedan brindar soporte y atención.
“Supimos del interés de otras instituciones de amplia trayectoria por trabajar en el estado y apoyar a las personas en condiciones de vulnerabilidad, y lo vimos como una buena oportunidad no solo para dar continuidad al trabajo que MSF ha venido realizando en la zona, sino también para enfocar nuestros esfuerzos en otras poblaciones del país que se encuentran desasistidas y que requieren de asistencia médica”, explicó Diana Sánchez, Coordinadora de MSF en el Proyecto Sucre.
MSF aseguró que el traspaso de actividades se realizará de manera gradual, cuando la otra organización humanitaria esté definitivamente a cargo de las actividades de salud primaria y secundaria, control de malaria y saneamiento del agua del estado.
Médicos Sin Fronteras ha estado trabajando desde el año 2019 de modo continuo y en conjunto con las autoridades de salud del estado, en los ambulatorios de Guaca, San Vicente, Caño de Ajíes, Putucual, Agua Clarita y Coicual, en el Hospital de Yaguaraparo y en la Maternidad Candelaria García de Carúpano.
«La organización mantiene su compromiso de garantizar que poblaciones vulnerables de otras zonas de Venezuela tengan acceso a servicios sanitarios gratuitos y de calidad», señaló el comunicado.
El Foro Cívico de Venezuela señaló que para el 2015, antes de las sanciones, ya se registraba un «alto nivel de migración a causa de no poder cubrirse las necesidades básicas».
Organizaciones no gubernamentales (ONG) iniciaron una campaña en redes sociales este miércoles, 15 de septiembre, para desmontar el discurso oficial sobre las sanciones.
Con la etiqueta #LaCrisisfuePrimero, diferentes organizaciones y sus representantes rechazaron que el gobierno culpe a las sanciones por la crisis humanitaria que atraviesa el país.
«Ellos mienten. Dicen que la culpa es de las sanciones, pero la crisis fue primero», señala un video publicado por la ONG Provea en Twitter.
Indolencia, despilfarro y corrupción. Dicen que la culpa es de las sanciones, pero la crisis fue primero.
La ONG Caleidoscopio Humano señaló que las principales causas de la ausencia de garantías y respeto por los derechos humanos son la corrupción y la falta de independencia de poderes.
«Desde el 2014 la industria farmacéutica, anunciaba la escasez de anticonceptivos, en todas sus presentaciones, actualmente pueden adquirirse a costos muy elevados, imposibles de pagar para la mayoría de las mujeres», señala la ONG.
Asimismo, recuerdan que ese mismo año el Programa de Alimentación Escolar ya tenía importantes fallas.
«La proteína animal, rara vez, formaba parte del menú, perjudicando –aún más- la alimentación de niños, niñas y adolescentes provenientes de familias de escasos recursos», agregan.
Desde el 2014 la industria farmacéutica, anunciaba la escasez de anticonceptivos, en todas sus presentaciones, actualmente pueden adquirirse a costos muy elevados, imposibles de pagar para la mayoría de las mujeres #LaCrisisFuePrimero@ONU_es
En el 2014 el Programa de Alimentación Escolar ya tenía importantes fallas, la proteína animal, rara vez, formaba parte del menú, perjudicando –aún más- la alimentación de niños, niñas y adolescentes provenientes de familias de escasos recursos #LaCrisisFuePrimero@ONU_espic.twitter.com/25aqNHdKB3
Por su parte, Zair Mundaray, abogado penalista venezolano, recordó que el informe que presentó en 2019 Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los DDHH, «señaló que la gran corrupción y la desinversión eran las causas de la crisis económica que afectaba derechos a los venezolanos».
«En 2021 ya no los menciona, exculpa al régimen y responsabiliza a las sanciones», sumó.
El informe presentado por @mbachelet en 2019, señaló que la gran corrupción y la desinversión eran las causas de la crisis económica que afectaba derechos a los venezolanos. En 2021 ya no los menciona, exculpa al régimen y responsabiliza a las sanciones. #lacrisisfueprimeropic.twitter.com/H4mxRO7VXW
La organización Resonalia señaló que el pueblo venezolano padece la emergencia humanitaria «desde mucho antes de que se impusieran las sanciones en Venezuela».
«La crisis ha detonado protestas que son reprendidas con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles», señala la organización.
Asimismo, añaden que antes de las sanciones, la Organización de Naciones Unidas (ONU) había concretado más de 20 acciones sobre la crisis en Venezuela.
«El decreto de EEUU sobre bloqueos y sanciones fue promulgado apenas en 2019. La crisis viene desde mucho antes«, insistieron.
El pueblo venezolano padece de la emergencia humanitaria desde mucho antes que se impusieran sanciones en Venzuela.
La Red Nacional de Activistas Ciudadanos por los DDHH (Redac) recordó que, desde febrero del 2019, la Cancillería ha recibido 17 comunicaciones de cooperación, pero solo respondió a dos de ellas.
«No se explica que habiendo entrado a Venezuela 1.004.399 millones de dólares por exportaciones entre 1999 y 2015, la crisis se haya agudizado desde 2014″, añade Redac.
El Foro Cívico de Venezuela señaló que para el 2015, antes de las sanciones, ya se registraba un «alto nivel de migración a causa de no poder cubrirse las necesidades básicas».
