Una selección de películas sobre historias relacionadas con los cambios de un régimen político a otro en diferentes países, serán proyectadas en el ciclo de cine titulado “Contra la dictadura. El tránsito hacia la democracia”, que presentará Cultura Chacao desde este sábado 5 al 13 de noviembre en la Sala Cabrujas de Los Palos Grandes, con funciones gratuitas sábados y domingos, a las 5 p.m.
El ciclo se iniciará el sábado 5 de noviembre con el documental “Tiempos de dictadura. Tiempos de Marcos Pérez Jiménez”. Esta cinta, escrita y dirigida por el cineasta venezolano Carlos Oteyza, retrata los sucesos que vivió Venezuela durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, en la década de los 50, a través de innovadoras animaciones, conmovedores testimonios e impactantes imágenes, con la participación de importantes figuras del acontecer político, social y cultural del país.
El domingo 6 de noviembre se proyectará “No”, película chilena dirigida por Pablo Larraín, sobre la campaña del No en el plebiscito que en 1988 terminó con la dictadura de Augusto Pinochet. Esta cinta fue nominada en 2013 al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.
El viernes 11 de noviembre podrá verse la comedia dramática “Adiós Lenin” del director Wolfgang Becker, donde se cuenta la historia de un hijo que intenta ocultar a su madre comunista, que el Muro de Berlín ha caído mientras ella se encontraba en coma.
El sábado 12 de noviembre se exhibirá el filme “La calle Bornholmer”, de Christian Schwochow, en el que se ofrece una mirada cómica de la caída del muro de Berlín, contada desde el punto de vista de los guardias fronterizos alemanes en el puesto de control donde todo comenzó.
El domingo 13 de noviembre culmina el ciclo con Persépolis, una película francesa de animación dirigida por Vincent Paronnaud, que narra la historia autobiográfica de la iraní Marjane Satrapi, quien vivió durante su niñez el cambio social y político que dio paso en Irán al régimen fundamentalista islámico.
El público podrá asistir a este ciclo de cine que se estará presentando del 5 al 13 de noviembre los días viernes a las 6 p.m., sábados y domingos a las 5 p.m., en la Sala Cabrujas de Cultura Chacao, ubicada en la 3º avenida de los Palos Grandes, CC. El Parque, Nivel C-1. La entrada es gratis.
Bajo el lema “Aquí no se rinde nadie”, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a una marcha para el 6 de marzo de 2016, en conmemoración de los 3 años de la muerte de Hugo Chávez.
En la rueda de prensa que ofreció el lunes 29 de febrero, el diputado y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se dejó ver en la pared de fondo un logo con la frase: “Aquí no se rinde nadie”.
En el logo se destaca considerablemente el “NO”, por lo que muchos usuarios de la red social Twitter interpretaron que la frase marcaba el inicio de la campaña oficialista frente a la eventual solicitud, por parte de la oposición, de un referendo revocatorio en contra de Maduro.
Se espera que el jueves 3 de marzo, la MUD defina cuál será el mecanismo constitucional que propondrá al país para procurar el cambio del Gobierno.
Resalta que la frase en cuestión sea una reliquia de la revolución cubana atribuida a Juan Almeida Bosque, considerado como la figura más relevante del poder cubano después de los Castro.
Cabello, sentado junto a Jorge Rodríguez, miembro de la directiva del partido, informó que la jornada de actividades comenzará con una marcha motorizada que partirá del Hospital Militar y llegará a la Academia Militar. Afirmó además que “la gran jornada en memoria de Chávez” contará con la asistencia de mandatarios y ex presidentes de varios países.
“ESTO NOS TOCÓ, NOS TOCÓ por pensar distinto a ellos, a los que están gobernando”, dice convencida y rota de dolor Alicia Vargas, de 73 años, y madre de Jimmy Torres Vargas, quien desde hace 17 meses está preso en la cárcel de Ramo Verde.
El 10 de junio de 2014 Jimmy salió temprano a hacer diligencias, y luego se reunió con un dirigente de Funpaz, una organización de Derechos Humanos con la que solía colaborar. Fue al centro comercial Ipsfa en la Avenida Venezuela de Barquisimeto (estado Lara). Cuando se estacionó, vio una manifestación de estudiantes, y quiso acercarse a tomar fotografías. Sacó la cámara, que había sido el regalo de su familia en la última navidad. Un joven vestido de civil trató de quitársela y pero Jimmy se resistió. Otras personas se abalanzaron sobre él, lo tiraron sobre un carro, y se lo llevaron a la brigada. Entonces se dio cuenta que lo estaban arrestando.
Ese día empezó la tragedia de la familia de Jimmy Torres, quien fue condenado a más de 5 años de cárcel, por el tribunal militar segundo de ejecución, luego de un juicio sin pruebas en su contra.
Jimmy Torres tiene 53 años, es militar retirado desde el año 98. Fue maestro técnico de tercera en las FAN, donde pasó 20 años de su vida. Tiene una deficiencia motriz por un accidente que tuvo hace algunos años, lo que no le permite caminar bien. Su familia cuenta que está deprimido, que se ha sentido enfermo y tiene dolores en las piernas. “Le molesta la rodilla, tiene unos ligamentos rotos, y son muchos pisos para subir y bajar a su celda”, explica Linda de Torres, esposa de Jimmy. Comparte cuarto con uno de los Policías Metropolitanos condenados por el caso del 11 de abril de 2002, Luis Molina Cerrada.
Celeridad Procesal
El juicio de Torres lo llevó un tribunal militar, aunque él llevaba retirado más de 15 años. Su defensa alegó que debería ser tratado como un civil pero no fue posible.
En este caso no hubo retardo procesal como en la mayoría de los juicios de detenidos tras las protestas de 2014. Su juicio avanzó rápidamente, y el tribunal militar no tardó en sentenciarlo por los delitos de: violación de zona de seguridad (por tener una cámara cerca de la brigada, ultraje al centinela (por presuntamente haber golpeado a unos jóvenes en la protesta), injuria, ofensa y menosprecio a las Fuerza Armada (por unos volantes con panfletos insultantes a las FANB, que supuestamente encontraron en su carro, pero que su familia dice le sembraron). Le asignaron como sitio de reclusión, la cárcel de Ramo Verde en Los Teques (estado Miranda).
Linda de Torres, esposa del acusado, cuenta que cuando lo detuvieron y le encontraron en la cartera el carnet de militar retirado, empezaron a maltratarlo e insultarlo. “Le decían viejo, traidor, que para quién tomaba fotos, que para quién trabajaba. Estaba junto a otros dos muchachos a quienes golpearon”.
Lo esposaron y lo dejaron detenido. También se llevaron su carro, lo registraron sin presencia de fiscal, ni de abogados. Ahí le robaron todo lo que llevaba en el vehículo: un gato, herramientas de trabajo, el celular.
Su familia no sabía nada de él desde las 3:00 de la tarde. Pasaban las horas y comenzaron a preocuparse. “Yo le escribí un mensaje: No me importa dónde estás ni qué estás haciendo, pero por favor dime que estás bien”, recuerda su esposa. Poco después de las 12:00 de la noche, recibió una llamada de Jimmy. “Me dijo: Linda, estoy detenido, por favor llama al abogado de Funpaz”.
El abogado Manuel Virguez se fue esa noche a la brigada donde estaba detenido Torres pero no le permitieron verlo ni hablar con él. Al día siguiente (11/06/14) a las 5:30 de la mañana su familia fue al sitio pero tampoco les permitieron verlo. Ese día fue trasladado a la fiscalía militar en la Base Aérea de Barquisimeto.
El 12 de junio de 2014, se realizó la audiencia de presentación en el Tribunal Séptimo de Control Militar del estado Lara.
Torres pasó dos días sin tener contacto con familiares ni abogados. Pudieron verlo después de la audiencia de presentación, gracias a que los militares que lo estaban trasladando “pararon la camioneta debajo de una matica para poder verlo cinco minutos”, según relata la familia.
Torres está en el mismo lugar de reclusión del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, a quien solía ver en la misa de los domingos de Ramo Verde, pero ahora no tiene contacto con él. La familia de Jimmy dice que López está completamente aislado.
“Mi suegra hace unos días lo vio, lo saludó con la mano, y le llamaron la atención. La regañaron, le preguntaron que por qué había hecho eso, que eso estaba prohibido. O sea, a Leopoldo no se puede ni saludarlo”, contó la esposa de Torres.
Amenazas en el tribunal
En la última audiencia de Torres, el 17 de septiembre de 2014, el mismo juez, Mayor José Coromoto Barreto, le dijo entre pasillos a los abogados que él no tenía posibilidades de “eliminar ningún cargo, dijeran lo que dijeran, que él lo iba a sentenciar”.
También le informaron que si iba a juicio, le iban a tocar de 11 a 18 años de prisión, sin derecho a medidas. Pero si se declaraba culpable, iban a darle 5 años, y que en un año podían otorgarle alguna medida cautelar. “Le dijeron que si reconocía los hechos, aceleraban el juicio y la pena sería menor. De lo contrario, le aseguraron que sólo el juicio, tardaría 3 años. Se lo dijo así abiertamente”, explica Marcos Torres, hijo mayor de Jimmy.
Jimmy decidió reconocer los delitos. “Aunque todavía me cuesta aceptar que lo hizo, lo entiendo. Mi papá aceptó unos hechos que no cometió por miedo a que le pasara algo a su familia.Lo hizo por nosotros”.
Dinámica familiar con papá preso
“La vida nos ha cambiado mucho. Él era el que mantenía a la familia, aunque yo soy ingeniero, pero ahora no ejerzo”, cuenta la esposa.
Linda de Torres trabajaba para el Estado hasta que fue despedida por no apoyar al partido del chavismo. Llegó a ser jefa de una división en Conatel pero la despidieron en una supuesta reestructuración en el año 2000. Posteriormente, trabajó dando clases durante siete años en la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa), “hasta que hicieron una limpieza de los profesores que no eran adeptos al proceso”.
Las visitas a Jimmy en Ramo Verde se hacen cuesta arriba para su familia, y no son tan seguidas como ellos quisieran. Deben trasladarse desde Barquisimeto hasta Caracas y no pueden hacerlo todas las semanas. Viajan dos veces al mes y tratan de turnarse entre su esposa, la madre y los dos hijos de Torres.
Además, el nuevo régimen de visitas dificulta que el detenido reciba tantas como quisiera. En mayo de 2015, redujeron las visitas de 4 a 3 por semana. Antes podían visitarlo amigos, primos, sobrinos o gente que estuviera en Caracas. Ahora sólo permiten familiares directos, o sea que si los Torres no viajan hasta Caracas, nadie puede visitarlo. “Es muy difícil para la familia y para él, porque los únicos que tenemos derecho a visitarlo, vivimos en Barquisimeto”.
La madre de Jimmy ha estado enferma, tiene 73 años pero trata de visitar a su hijo todas las veces que su condición física se lo permite. “Le llevo lo que puedo, las cositas que a él le gustan, lo que consigo, porque hoy no se consigue nada”, expresa Alicia de Torres.
Otro juicio sin pruebas
Lo acusaron por tomar unas fotos que nunca llegó a tomar. En el juicio, nadie presentó la supuesta foto que él había tomado. “No hubo pruebas ni testigos, no había fotos. Los que dijeron lo que él supuestamente hizo, fueron los mismos que lo detuvieron, no hubo más nadie”, revela su esposa.
Una de las pruebas que consignaron en el juicio, fue la transcripción de unas conversaciones del celular de Torres sobre la organización de unas actividades cívicas. “Él organizó una actividad donde cada quien llevaba una pelota gigante. Cada pelota tenía distintas palabras como: democracia, libertad, seguridad. La actividad consistía en que todos lanzaran las pelotas a la calle y el mensaje se hiciera masivo”, explicó Marcos Torres, hijo de Jimmy.
Dice que los acusadores utilizaron esos mensajes de forma incoherente porque la organización de esa actividad de paz, no tenía nada que ver con que lo detuvieran tomando una foto.
La familia de Jimmy Torres coincide en que el juicio ha sido injusto.
“No hay palabras para justificar este hecho, es algo sin motivos, sin razón de ser, y uno no tiene a donde acudir, porque aquí no hay derechos humanos”, dice la madre de Torres.
“A veces me pongo a pensar, y ¿quién me iba a decir a mi que Jimmy iba a estar preso? Un hombre que yo en 30 años ni siquiera lo he visto darle un golpe a alguien. La única vez en mi vida que supe que él golpeó a alguien fue cuando un malandro con un cuchillo lo asaltó, y ni siquiera lo vi. Jamás pelea con nadie, él no pelea, no le gusta”.
Al preguntarse por qué le sucedió esto a Jimmy, Linda sólo puede pensar en una cosa: “Yo creo que a él lo tomaron como un escarmiento para los militares retirados. Como diciendo, así tú hayas sido militar, también te puede pasar si no estás de acuerdo con nosotros”.
Según la sentencia, Torres podía pedir una medida sustitutiva de libertad al año de su reclusión, sin embargo lleva 17 meses preso, y no le conceden ese beneficio. El abogado ha introducido dos veces la solicitud de una medida sustitutiva de libertad, pero se la han negado. La condena es de cinco años, tres meses y diez días.
Un grupo de venezolanos que compraron boletos en Copa Airlines para viajar en los próximos meses han denunciado a través de las redes sociales que no pueden completar el trámite para solicitar divisas de viajero, porque la aerolínea no contesta el teléfono para que los bancos confirmen la emisión del boleto.
«Los bancos públicos tienen una lista de los números telefónicos a donde se debe llamar, en algunos casos las aerolíneas disponen de un e-mail para esta verificación, sin embargo, Copa Airlines dispone únicamente del 0800-8267200 según aparece en la página web, pero el teléfono no cae, está ocupado o no atienden», declaró José Luzón, cliente de Copa.
Según reportaron otros usuarios, desde hace una semana comenzaron los problemas para comunicarse con el teléfono de contacto de Copa Airlines, y esta semana ha sido imposible.
«Llegamos al banco con las carpetas y nos devuelven sin poder consignar solicitudes, nos dicen que si el boleto es de Copa no están aceptando solicitudes», indicó Luzón.
Además, Luzón dijo que ha escrito directamente a los altos ejecutivos de la aerolínea solicitando ayuda, así como a las cuentas oficiales de Copa, pero no ha recibido respuesta.
@CopaAirlines por favor necesitamos atiendan el 0800 en Venezuela pasajeros sin divisas si la banca no puede confirmar el boleto x telefono
Doris de Coello, madre de Marco Coello, joven imputado junto a Leopoldo López por los hechos ocurridos el 12F, quien no se presentó este viernes en la audiencia de juicio definitoria, indicó: “Intuyo como madre que tomó esa decisión a raíz de la audiencia del miércoles 26 de agosto cuando pruebas documentales que prueban su inocencia y la de los otros imputados de manera sorpresiva la juez prescindió de ellas”.
La madre de Coello aseguró que su hijo planea solicitar asilo político en EE UU, luego de haber salido del país con destino a Miami.
Además expresó que el joven “acudía a sus audiencias a la hora, con buena disposición, con buen comportamiento, cumplió con su medida cautelar, hizo su régimen de presentación”.
La madre aseguró que Coello “salió pidiendo protección, mi hijo no salió huyendo. Salió pidiendo protección porque no la consiguió del Estado venezolano”.
Por último dijo que “este proceso penal que se les ha seguido a él y a los otros imputados está plagado de una gran cantidad de vicios”.
Michel Forst, el relator especial para defensores de la ONU, que está en Caracas en una visita académica organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, declaró que en Venezuela y otras partes del mundo es peligroso ser defensor de DDHH. Explicó que los defensores son víctimas de campañas de estigmatización, de descrédito, y que también son criminalizados y amenazados.
Forst, quien también es el defensor del pueblo en Francia, se mostró preocupado por el aumento —en Venezuela— de los actos de represalias contra defensores por su colaboración con organizaciones internacionales. “El Estado es responsable de proteger a los defensores, y garantizarles que puedan trabajar”. Asimismo, indicó que él está comprometido con crear redes de defensores en todo el mundo. “Quiero darle más voz y visibilidad al trabajo que hacen los defensores en Venezuela.
Declaró que le gustaría hablar todos estos temas con el defensor del pueblo venezolano, Tarek William Saab, sin embargo no ha recibido la confirmación para reunirse. “Aparentemente él no quiere recibirme”, dijo, aunque recordó que su visita era de carácter académico y no oficial.
Se supo de forma extraoficial que la Cancillería contactó al relator para concretar una reunión que fue cambiada de fecha dos veces, y posteriormente cancelada sin explicación.
De forma general, el relator dijo que los países que no permiten las visitas oficiales de los representantes de organismos internacionales, revelan una falta de cooperación con los acuerdos y tratados internacionales y un incumplimiento en los compromisos que ha firmado respecto a DDHH.
Recordó que la declaración de DDHH de 1998 fue aceptada por todos los estados, así como la del años 2000, en la que todos los Estados firmaron el mandato para la relatoría de los defensores. “Ese acuerdo debería suponer que todos esos Estados deben aceptar visitas oficiales”, indicó Forst.
La labor de los defensores
Forst resaltó la necesidad de luchar contra la impunidad en Venezuela, con el fin de que los defensores de DDHH tengan mejor garantizado su trabajo.
Entre las recomendaciones para fortalecer el trabajo de los defensores, el relator dijo que es importante que cubran todos los frentes, y que no dejen por fuera ningún grupo o minoría.
Indicó que es vital acortar la brecha entre los estándares y su implementación, y la importancia de tomar acciones.
Forst convocó a los defensores a llamar por su nombre y públicamente a todo perpetrador. Desde el Estado, en caso de que lo sea, hasta padres o personas desconocidas. “Si la justicia no puede conseguirse en casa, hay que buscarla internacionalmente”. Recordó que los perpetradores también merecen un juicio justo y los defensores deben velar por ello.
El activista de DDHH y fundador de la primera Defensoría del Pueblo en Venezuela, Juan Navarrete, fue cuestionado sobre la actuación del defensor Tarek William Saab, y aunque dijo que no le correspondía a él medir su gestión, indicó que en la ONU no ha sido bien calificado. “Existe un subcomité de acreditaciones que evalúa cada cuatro años la conducta de las defensorías del pueblo de cada país, y ahorita la defensoría del pueblo está en categoría B, y eso no es bueno, y dice mucho”, expresó.
El Gobierno español manifestó su deseo de mantener, desde el respeto mutuo, unas relaciones “constructivas” con Venezuela, aunque advirtió de que la defensa que hace de los derechos humanos es una cuestión de principios “que no depende de amenazas ni coacciones”.
En una respuesta parlamentaria por escrito a la líder del partido centrista Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, el Gobierno reconoció su preocupación por la situación de Venezuela y expresó su deseo de apoyar cualquier iniciativa que permita una “reducción de la tensión” en el país y un diálogo entre venezolanos.
“La política exterior de derechos humanos del Gobierno es una cuestión de principios y prioridades, que no depende de amenazas ni coacciones”, afirmó el Ejecutivo español.
En su escrito, el Gobierno español manifestó que “España desea tener, desde el respeto mutuo, unas relaciones constructivas con Venezuela, por encima de las diferencias que pudiera haber y existe disposición a dialogar con su Gobierno sobre cualquier ámbito de la relación bilateral”.
El Ejecutivo español recordó que las relaciones entre España y Venezuela se sustentan en “estrechos vínculos” históricos y culturales, que más de 200.000 españoles residen en el país latinoamericano y que son numerosas las empresas españolas establecidas allí, contribuyendo al progreso económico venezolano.
Por ello, reiteró su “firme compromiso” con la defensa de los intereses de España, de los españoles y de sus empresas, “así como con el carácter irrenunciable de las libertades de expresión y opinión en nuestro país”.
Destacó el “enorme valor” de la resolución aprobada el pasado 14 de abril por el Congreso de los Diputados de España en favor de la libertad de los opositores encarcelados en Venezuela.
El Gobierno español también hizo suya la declaración de la UE en la que se expresa la alarma por la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y se pide una investigación rápida e imparcial con pleno respeto al principio de inocencia y las garantías procesales.
En su pregunta al Gobierno, Rosa Díez expresó su preocupación por la detención de Ledezma y pedía al Gobierno que liderara iniciativas diplomáticas y en el seno de la UE para exigir explicaciones al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por en rumbo que está tomando el país.
CARACAS SE PARALIZÓ EL DÍA que un grupo de presos tomó como rehén a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en la sede de la comandancia en Catia, el 27 de abril de 2015. Las imágenes de los reclusos con los rostros cubiertos, mientras exhibían a su víctima atemorizada en la azotea de la sede policial, se viralizaron en las redes sociales y fueron difundidas por agencias de noticias, cadenas internacionales y medios digitales. Pero no fueron publicadas en las portadas de dos importantes medios impresos de circulación nacional, reconocidos por su interés en la difusión de las informaciones de sucesos, como Últimas Noticias y El Universal. Estos, en cambio, ilustraron sus primeras páginas con fotografías de un evento ocurrido en Baltimore.
La censura en los medios tradicionales venezolanos está afectando la capacidad de los ciudadanos para informarse. Provoca aislamiento y dibuja una realidad que no existe. Lo que sucede en la calle no se refleja en las primeras páginas de la mayoría de los diarios. Las colas, la escasez, la corrupción, el brote de enfermedades, la inseguridad y, entre otras cosas, las protestas, no están en la prensa venezolana, no existe en el papel de los diarios ni en los reportajes de televisión.
La periodista Patricia Marcano, quien trabajó hasta diciembre de 2014 en Últimas Noticias, reconoció que la nueva forma de hacer periodismo en el ahora Grupo Últimas Noticias no le permite a la gente enterarse de los problemas reales. “Aunque los vivan día a día en la calle, desconocen las explicaciones, las magnitudes de los problemas sociales, no saben si se van a resolver, si hubo corrupción en el manejo de los casos. En estos medios, los ciudadanos solo se enteran de lo positivo que hace el Gobierno”, declaró.
Mandamientos de la Censura: No publicarás
1. No usarás el nombre de Dios-dado en vano. Dios-dado es intocable.
2. Actividades sociales de alcaldías o gobernaciones de oposición.
3. Grandes notas sobre sucesos y no podrán tener cabida en las primeras páginas.
4. Temas sensibles entre la población: Deterioro de la economía (inflación, escasez, colas, caída en reservas, precio del petróleo, cotización del dólar en mercado negro)
5. En materia de salud, es mejor no hablar de brote de enfermedades, cierre de servicios médicos en hospitales, mal estado de infraestructura, escasez de medicamentos, equipos e insumos.
6. Corrupción: No debe salir nada que involucre a funcionarios del Gobierno, aunque esto tenga que ver con el desfalco de la nación.
7. Evitarás nombrar a los líderes de oposición. Entre esos que no deben ser mencionados: Henrique Capriles Radonski, Antonio Ledezma.
8. Tampoco publicarás críticas y declaraciones de disidentes del PSUV.[/iconbox]
La hegemonía comunicacional es parte del Plan de la Patria diseñado por Hugo Chávez. El cierre de RCTV en 2007 fue el primer ingrediente de este cóctel de censura. Le siguieron la suspensión de concesiones radioeléctricas a algunas emisoras, la persecución a periodistas, las millonarias multas que ahogaron a medios de comunicación, y la venta de periódicos y canales de televisión a grupos cercanos al Gobierno.
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) publicó en marzo de 2015 los resultados de un estudio sobre el opaco cambio de dueños de los medios que titularon “Propietarios de la censura en Venezuela”. El informe revela que más de 25 medios del país han cambiado de manos en los últimos cinco años.
Los casos más relevantes, por su escala nacional, fueron las ventas de la televisora Globovisión, la Cadena Capriles —ahora Grupo Últimas Noticias— y el diario El Universal.
Globovisión fue vendido a los dueños de Seguros La Vitalicia: Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero. La nueva gerencia prometió que no habría cambios en la línea editorial. Pero poco a poco, comenzó a prohibir a los periodistas hacer reportajes de investigación, con la excusa de que querían “noticias planas”.
Según el informe de Ipys, se les dijo a los periodistas que no debían hablar de desabastecimiento, colas, o “guarimbas”. Los reportajes sobre las protestas contra en Gobierno durante el primer semestre de 2014 se redujeron al mínimo y los transmitían al final del noticiero, sin las imágenes más elocuentes.
El evidente cambio de línea editorial provocó una estampida entre los anclas y reporteros más conocidos de la planta televisiva que durante 15 años fue un canal crítico con el gobierno de Hugo Chávez.
También en 2013 se concretó la venta de la Cadena Capriles, uno de los conglomerados más grandes, que edita tres diarios; entre ellos Últimas Noticias, el de mayor tiraje en el país.
“Las ventas fueron antecedidas por una serie de presiones con el inicio de procesos judiciales, que cayeron tras el cambio de dueños y de línea editorial”, explicó Marianela Balbi, directora de Ipys Venezuela.
A continuación, algunas de las noticias que usted nunca conoció por la censura.
Campaña electoral por Internet
Cuando Carlos Zuloaga pactó la venta de Globovisión puso una condición a sus compradores: entregar el canal después de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Esto, con el fin de que la oposición pudiera tener una ventana donde mostrar los actos de campaña de Henrique Capriles Radonski, quien competía contra Nicolás Maduro.
Los métodos para coberturas, las decisiones editoriales e incluso el contenido informativo producido por el canal cambiaron con su nueva línea editorial tras la llegada de los nuevos propietarios. Las informaciones y actividades de las organizaciones políticas que militan en la oposición dejaron de tener un espacio en la programación del canal.
El comando de campaña de Capriles estrenó entonces un canal en Internet denominado Capriles.tv, que transmite las alocuciones y ruedas de prensa del gobernador de Miranda. Para las elecciones de alcaldes en diciembre de 2013, la campaña de la oposición se vio reducida a las transmisiones de sus ruedas de prensa por canales en internet.
“Sucesos en vivo, llaman a la zozobra…”
Para los venezolanos se acabaron los días en que podían ver en sus televisores en directo, mediante la transmisión por microondas. Un caso emblemático ocurrió el 12 de febrero de 2014, cuando tras la marcha del Día de la Juventud que pretendía llegar hasta la sede del Ministerio Público se desencadenaron hechos de violencia en el centro de Caracas que causaron la muerte de Bassil Dacosta, Juancho Montoya y Roberto Redman en Chacao.
Ese día, la única televisora que transmitió lo que sucedía en la esquina de Monroy y Tracabordo —en el centro de Caracas— fue el canal internacional de noticias NTN24.
Mientras la cadena con sede en Colombia difundía imágenes de lo que pasaba, la periodista Idania Chirinos desde el estudio en Bogotá, alertó a los televidentes de que la señal había sido suspendida en toda Venezuela por órdenes del Estado.
Al aire, Chirinos recordó el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007. “Fue un momento doloroso ver perder una señal de 50 años. Así vimos cómo comenzaban a apagarse las ventanas para que los venezolanos estuvieran informados. Nunca pensé que años después, trabajando fuera de mi país, también me tocaría narrar el momento en que tumban una señal de TV”.
El asesinato del joven Bassil Dacosta por disparos de agentes del Sebin fue cubierto en el lugar por el reportero gráfico de El Nacional, Alejandro Hernández, quien logró las únicas imágenes del hecho para un medio de comunicación local. Sin embargo, el material gráfico recolectado en un video no fue publicado por El Nacional. La gerencia editorial del medio prohibió publicar el video desde la cuenta del diario en Youtube por temor a una advertencia hecha en un comunicado de Conatel publicado el 11 de febrero, un día antes de la manifestación.
Conatel alertó que la cobertura informativa de “los lamentables hechos de violencia” en Venezuela puede ser considerada “violatoria a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, lo que además acarreaba responsabilidades penales.
Prohibido publicar sobre…
Una práctica común luego de la venta de los medios ha sido la de prohibir a los reporteros informar sobre ciertos temas, utilizar declaraciones de determinadas personas o incluso cubrir eventos o pautas sobre la gestión de algunos funcionarios de oposición.
Patricia Marcano, periodista que trabajó en Últimas Noticias, relató que en noviembre de 2014, durante una guardia de fin de semana, los jefes decidieron remover dos notas pequeñas de la edición impresa: “Una tenía que ver con ayudas entregadas por la Alcaldía de Sucre y otra era de la Alcaldía Metropolitana, también de ayudas sociales. No hubo explicaciones. En esos espacios colocaron notas de prensa de ministerios”.
Marcano, entonces reportera para la sección de “Información General”, afirmó que con frecuencia recibían reclamos, por parte de los nuevos jefes, sobre publicación de declaraciones del alcalde metropolitano Antonio Ledezma. “Todas las notas sobre eventos, trabajos y arreglos hechos por esta alcaldía, y donde saliera declarando Ledezma eran criticadas, mandadas a reducir de tamaño o incluso tumbadas, siempre por el director Eleazar Díaz Rangel”, indicó.
La periodista agregó que tras la publicación de una entrevista a Ledezma sobre las actividades por celebración del aniversario de Caracas en 2013, Díaz Rangel “intervino la sección y desde ese momento revisaba meticulosamente todas las páginas de la sección antes de cerrarlas y enviarlas a impresión”.
Según Marcano, una de las nuevas reglas era censurar la publicación de cualquier información sobre los dirigentes o voces disidentes dentro del chavismo. “Recuerdo instrucciones de no publicar nada sobre Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro y ningún disidente del Psuv. Ni en papel ni en la web”.
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, también está “vetado” en ese diario. Para Últimas Noticias —explicó la reportera— no existe la escasez, o al menos, no debe ser reseñada.
Con el último cambio de coordinador de la sección de ciudad se omiten deliberadamente todas las informaciones provenientes de las alcaldías metropolitana, Sucre, Baruta y El Hatillo. Quedan reducidos a breves.
La periodista Patricia Marcano dijo que en Últimas Noticias se redujo el espacio de sucesos. “Dejaron de salir como noticia abridora en la última página, se les da menos espacio en las páginas internas y por ende sólo queda la reseña de los sucesos sin opción a seguimientos y a informaciones adicionales que los reporteros obtengan de sus fuentes”.
“Ese periodismo no es servicio público”
La reportera de Últimas Noticias confesó que en el periódico se intervienen las notas “para borrar párrafos que alerten sobre una calle peligrosa por falta de alumbrado o patrullaje, o para eliminar el testimonio de una persona que pide se mejore algún servicio”.
Dijo que pareciera que los nuevos directores tienen miedo a la autocrítica, que nada puede ser cuestionado. “La posibilidad de influir en un funcionario responsable de la carencia de un producto o las deficiencias en la prestación de un servicio, para obligarlo a responder sobre estas falla y comprometerlo en su solución queda anulada al no publicar las denuncias”, indicó.
Marcano, quien renunció al diario tras el cambio de propietarios y línea editorial, considera que queda también anulada la función social del periodismo y prevalece la promoción de las instituciones oficiales. “La gente ya no se ve reflejada en esas páginas. Incluso varias fuentes de comunidades y gremios dejaron de llamar para hacer denuncias con la esperanza de que al publicarlas, solucionaran el problema, porque dan por hecho que no se publica esa información”, lamentó.
¿Crisis económica? ¿Qué es eso?
Roberto Deniz, quien trabajó en la fuente económica de El Universal durante 7 años (hasta el 11 de noviembre de 2014), reveló que ese diario ha silenciado por completo los temas de crisis económica. “Durante meses ni siquiera decían que el petróleo bajaba, sino ‘se ubicó’. No se habla del tema de la escasez y el desabastecimiento”.
Recuerda que el nuevo director presionó mucho a la sección de economía. “Nos pedía un ‘periodismo plano’, que no se compararan datos, que no se contextualizara, sino que sólo reseñáramos la información oficial y ya”.
Deniz cuenta que una vez la directiva mandó a decirles que no les gustaba que se citara a Ecoanalítica “porque ellos eran de oposición».
En general, las instrucciones de Jesús Abreu Anselmi, director de El Universal, eran las de reducir contenidos realmente noticiosos por otras cosas «didácticas» o alentadoras como la «historia de vida» que publica todo los días en primer plana, según cuenta el reportero.
De Andorra, ni la sombra
Una investigación elaborada por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI), publicada el 16 de abril de 2015, reveló que dos venezolanos recibieron en 2004 pasaportes diplomáticos como “asesores” de Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, y utilizaron los documentos para lavar más de un millón de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA) presuntamente provenientes del tráfico internacional de drogas.
El reportaje ocupó primeros lugares en las páginas de inicio de alrededor de una decena de portales nacionales y diez internacionales de la talla de El Mundo de España, El Tiempo y El Espectador de Colombia y La Tercera de Chile. Además, circuló en las versiones impresas de los diarios regionales La Verdad, El Impulso, Correo del Caroní.
Sin embargo, para los diarios venezolanos de circulación nacional más importantes la noticia de la vinculación de funcionarios en una investigación judicial por lavado en Andorra pasó “por debajo de la mesa”. Pese a que el CIPI consignó numerosas pruebas para sustentar su trabajo, El Nacional dedicó solo un video que fue tomado de Ver TV Noticias, para tratar de explicar a sus lectores el caso. El Universal hizo un silencio absoluto.
Últimas Noticias resumió el extenso informe a una nota de seis párrafos de dos líneas en el que se omiten los nombres de los principales implicados: Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez. Este diario sí publicó de manera íntegra dos notas oficiales que negaban la entrega de pasaportes diplomáticos a los funcionarios.
El portal del canal Globovisión se limitó a tomar el análisis hecho por la agencia AFP, sin fotografías de las evidencias. En VTV tampoco se publicó la nota original, pero sí la réplica. Para la Radio Nacional de Venezuela la noticia no existió.
¡Aquí no sale Capriles!
La periodista Beatriz Adrián relató varios episodios en los que trataron de censurar su trabajo en Globovisión. Asegura que la primera vez que se topó con esta práctica fue cuando preparó una nota sobre una declaración del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski.
“La coordinadora de información me dijo que la nota no saldría. Cuando pregunté la razón me dijeron que le preguntara a Mayela León, directora de Globovisión. Le escribí por Whatsapp”.
(Chat entre Beatriz Adrián y Mayela León):
—¿Por qué censuras a Capriles?
—Eso no es censura.
—¿Qué es entonces?
—Decisión de la directiva.
La gota que derramó el vaso, y que finalmente fue el motivo de su renuncia llegó el 12 de febrero de 2014. La periodista observó que había una gran marcha de estudiantes que iría desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio Público, pero no estaba siendo transmitida por su canal.
Beatriz Adrián, renunció al día siguiente junto con otros periodistas, entre los que estaban Jessica Morales, Elizabeth Gaona, Cecilia Colmenares y Marianna Gómez.
El «coco» de las demandas
Reproducir una información divulgada por el diario ABC de España sobre la presunta vinculación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con las actividades del Cartel de los Soles le valió a los dueños y directivos de los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla una demanda millonaria, interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de abril de 2015.
En caso de que el procedimiento judicial resulte favorable para Cabello, 22 personas deberán pagarle un monto de 300 mil bolívares. Los abogados defensores de Cabello solicitan al juez que emita medidas cautelares de presentación periódica ante un tribunal cada ocho días y prohibición de salida del país contra Alberto Federico Ravell, dos trabajadores de La Patilla; Miguel Henrique Otero y catorce personas pertenecientes a la junta directiva del diario El Nacional; Teodoro Petkoff y tres miembros más de diario Tal Cual.
Cabello ya había introducido, en enero de 2014, una querella contra Tal Cual. El motivo fue la atribución al funcionario de una frase que nunca había dicho. El medio aceptó su error, pero esgrimió que la cita incorrecta representaba solo 2% del texto. Adicionalmente, los involucrados reclaman que el presidente del Parlamento se haya saltado el derecho a réplica, proceso previo a la demanda.
Otras seis demandas, para un total de ocho, ha acumulado el periódico dirigido por Teodoro Petkoff en los 15 años de chavismo. Antes de cambiar su línea editorial el canal Globovisión tenía en su haber 11 procedimientos administrativos.
Organizaciones alertan sobre cerco informativo
Al menos ocho organizaciones nacionales e internacionales expresan preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), Espacio Público, Freedom House, IFEX, el Centro para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), el Centro Knight para el Periodismo en Las Américas, documentan las denuncias y ataques contra medios y trabajadores de la prensa en Venezuela. La mayor parte de las órdenes directas de censura son emitidas por instituciones del Estado, según el Estudio de Censura y Autocensura en Medios en Venezuela (2014) de Ipys Venezuela. Además, Venezuela obtuvo la peor calificación de prensa libre en los últimos diez años, de acuerdo al informe de Freedom House publicado el 29 de abril de 2015 y que lo sitúa entre los países con la caída más fuerte en la medición de libertad de expresión, junto con Turquía, Serbia, Perú, Irak, Camboya, Myanmar, Botswana y Azerbaiyán. El informe apunta a la situación venezolana donde “los periodistas se convirtieron en blanco durante las protestas del primer semestre del año”. Freedom House alerta que en Venezuela “el sector de los medios pertenecen, cada vez más al Estado, a amigos cercanos de altos dirigentes del oficialismo o grupos económicos relacionados con el Estado, los cuales despolitizan las noticias, suprimiendo la información que es crítica con el Gobierno”.
