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Nueve razones por las que América Latina debe preocuparse por Haití

Cada día trae su tragedia. El dos de marzo de 2024, varias bandas delictivas asaltaron la Penitenciaría Nacional y la prisión de Croix de Bouquets, donde liberaron a los prisioneros. Luego, sitiaron el puerto de la capital Puerto Príncipe y rodearon el aeropuerto Toussaint Louverture. Desde esa semana, las cosas van de mal en peor, incluyendo el incendio y saqueo de la casa del jefe de la Policía Nacional. En medio de este caos, el primer ministro Ariel Henry se encuentra varado en Puerto Rico tras un viaje a Kenia en busca de acelerar el envío de una misión de seguridad.

Desde ese entonces, quien puede salir de la nación caribeña lo hace. Se fueron los diplomáticos de varias embajadas, los misioneros, los extranjeros que vivían ahí desde hacía algún tiempo. Solo quedan los más desafortunados y algunos miembros de la élite. Las escenas en las calles parecen sacadas de una pelìcula postapocalíptica, con cadáveres en las calles, vehículos destruidos, patrullas de milicianos armados, miles de niños en peligro y una ciudadanía que no se atreve a salir a comprar los suministros más elementales, si es que sabe dónde conseguirlos.

Representantes de alto nivel de Estados Unidos, Francia, Canadá, México y varias islas del Caribe —con la notable ausencia de República Dominicana— se reunieron en la Comunidad del Caribe (Caricom) y acordaron acompañar un proceso de transición hacia elecciones en Haití. Pero en el país no hay mucho consenso al respecto.

El grupo político Pitit Dessalines rechazó participar en el consejo de transición y busca instalar otro con la presencia del golpista Guy Phillipe, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero. Por otro lado, Jimmy “Barbecue” Chérizier, un expolicía convertido en pandillero asegura que la alianza de bandas de Viv Ansamn es la que colocará en el poder a un nuevo gobierno.

Además Henry, quién aceptó renunciar tras el encuentro de la Caricom, ahora retrocede y pone condiciones que amenazan aún más el éxito de las acciones en busca de la paz en esa nación del hemisferio occidental. Los siguientes son apenas unos ejemplos de las razones por las cuales el continente entero debe preocuparse por el descenso de ese país al abismo del caos.

Una miseria profunda

Dos terremotos de considerable magnitud, otros desastres naturales, la inestabilidad política, la exclusión social y la delincuencia hicieron de Haití el país más pobre de América. Según datos del Banco Mundial, más de 11 millones de habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza. Las Naciones Unidas refieren que 4,4 millones de haitianos sufrían inseguridad alimentaria antes del terremoto: no tienen acceso a los alimentos y nutrientes necesarios para una dieta saludable. Además, la mayoría de la población no tiene acceso a agua potable.

Instituciones como Unicef calculan que cerca de tres millones de niños y niñas necesitan ayuda humanitaria en Haití. Además, ocupa el puesto 163 de 191 en el Índice de Desarrollo Humano que elabora la ONU. Todas estas razones hicieron de Haití un país altamente dependiente de la ayuda internacional. Tan solo entre 2011 y 2021, recibió unos 13.000 millones de dólares.

Un grupo de niños se reúne en una empobrecida comunidad haitiana que hace frontera con la República Dominicana. Crédito: Benjamín Morales Meléndez (Diario Libre)

Vivir bajo fuego

Los ataques contra los dos mayores centros penitenciarios del país, la prisión civil de Puerto Príncipe (con más de 3.800 presos) y la de Croix des Bouquets (1.450 presos), sacaron a la calle a la mayoría de los detenidos, que presumiblemente se integraron de inmediato a la violencia. Desde el 29 de febrero, los ataques a comisarías e instituciones públicas y privadas no hacen más que aumentar.

Considerado uno de los países más inseguros del mundo, cerca de 200 pandillas controlan grandes zonas. Según el portal Insight Crime, dos grupos concentran la mayoría de bandas: G-9 y Familia, encabezado por «Barbecue» y la G-Pep, liderada por Gabriel Jean-Pierre.

La G-9 controla actividades económicas como el puerto de la capital, terminales petroleras y los puntos de entrada y salida de Puerto Príncipe. La G-Pep se concentra en Cité Soleil, el barrio más poblado y pobre de la capital. Según las más recientes cifras de la ONU, en 2023 las pandillas asesinaron unas 5000 personas, más del doble que el año anterior.

De acuerdo con Matthias Pierre, exministro de elecciones de Haití, “la policía es débil y más de 40 estaciones de policía están destruidas. El ejército está muy limitado y mal equipado; los miembros de las pandillas ocupan la mayoría del centro de Puerto Príncipe y algunas de las sedes gubernamentales. Muy pronto la gente se quedará sin comida, medicina y apoyo médico”.

 Violaciones como armas de guerra

En 2022, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití registró un promedio mensual de 98 víctimas de violencia sexual en las zonas de Puerto Príncipe controladas por las pandillas. Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU aseguró en un estudio que «en un contexto tan aterrador, parece que la violencia sistemática contra las mujeres y las niñas, incluida la sexual, se utiliza como instrumento de poder y como medio de ejercer el control territorial por parte de bandas rivales que asolan la capital desde hace más de un año».

Los grupos criminales usan sus cuerpos como botín de guerra. Al punto de que hay numerosas denuncias «de violaciones públicas en grupo delante de familiares y niños, sin el despliegue de recursos suficientes para detener dicha violencia, llevar a los responsables ante la justicia o proteger e indemnizar a las víctimas».

Un manifestante muestra una pancarta con 9 personas asesinadas en Haití durante los últimos tres años. Crédit: Jean-Marc Hervé Abélard / K2D.

Migrantes desesperados

El constante éxodo masivo en Haití impacta a casi todos los países del continente americano. Por ejemplo, ante la ola de violencia actual, salió en los medios que el gobierno del presidente Joe Biden evalúa la posibilidad de utilizar la Bahía de Guantánamo para procesar a los posibles migrantes haitianos que lleguen. Mientras tanto Ron DeSantis, gobernador de Florida, ordenó desplegar unos 250 efectivos de varias agencias de seguridad estatales.

“No podemos permitir que extranjeros ilegales vengan a Florida”, dijo DeSantis en un comunicado, en el que aclaraba que ese estado dedica “importantes recursos a combatir las embarcaciones ilegales” que llegan desde países como Haití.

En Panamá y Colombia, las autoridades ya detectaron un aumento del paso de migrantes haitianos por la selva del Darién. La frontera sur de México también es otro punto clave en el que la migración irregular desde Haití se multiplicó por diez en 2023 y se convirtió en el principal país de origen de las solicitudes de asilo. 

Otros gobiernos empiezan a cerrar fronteras. El de Bahamas, por ejemplo, implantó «medidas significativas» para protegerse ante la «gravísima» situación de Haití. Y el de Jamaica asegura que quiere evitar una avalancha de haitianos en su territorio y que solo tomará los casos de refugiados a los niños de un orfanato específico y al staff del World Bank.

Los haitianos tampoco son bienvenidos en su país vecino. Según las estadísticas de la Dirección General de Migración, un total de 497,692 inmigrantes haitianos tuvieron que regresar a su país en el 2023: 246,678 mediante el retorno voluntario y otros 251,011 reconducidos por las autoridades.

Todos los días, en el cruce fronterizo con República Dominicana, las autoridades de ésta devuelven a cientos de haitianos indocumentados, lo cual estimula indirectamente la existencia de una mafia de uniformados que se dedican al tráfico de personas.

Una mujer haitiana cruza el paso fronterizo Jimaní-Malpaso durante la pandemia de la covid-19. Crédito: Benjamín Morales Meléndez (Diario Libre)

Una violencia que se generaliza

 Como el desorden se concentra en Puerto Príncipe, miles de personas se desplazan internamente hacia otras ciudades. La Organización Internacional para las Migraciones informa sobre unos 15,000 desplazados en una sola semana después que arreciaron los ataques. Esta violencia también incide en las zonas rurales y constituye  «un motivo más de grave alarma», según el secretario general de la ONU, António Guterres.

El país francófono se divide en los departamentos Noroeste, Norte, Noreste, Artibonite, Central, Oeste, Grand’Anse, Nippes, Sur y Sudeste. Según reporta el medio Le Nouvelliste, las consecuencias del caos en Puerto Príncipe hacen que ya los productos escaseen también en las ciudades de provincia.

“A diferencia de Puerto Príncipe, en el resto del país funcionan escuelas y universidades. No se puede decir lo mismo de otros sectores de actividad. En Hinche escasean ciertos productos como leche y artículos de tocador. En los mercados públicos también observamos un aumento en los costos de los productos básicos. En Port-de-Paix, las actividades siguen su curso normal, pero la situación de malestar generalizado en Port-au-Prince está empezando a tener más impacto en los sectores de la salud y el comercio”, refiere el diario.

Dos niñas haitianas caminan por la Carretera Internacional que funciona como frontera natural entre la República Dominicana y Haití. Crédito: Benjamín Morales Meléndez (Diario Libre)

La comunidad internacional: ¿más de lo mismo?

 Si de palabras delicadas se trata, “misión” es una de las peores en el país caribeño. Desde 1993, cuando llegó la Misión Civil Internacional en Haití (UNIMH), el país ha sido  intervenido en más de diez ocasiones. La última, denominada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) fue establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2004 con más de 11.000 agentes. Aunque con vigencia inicial de seis meses, la prorrogaron sucesivamente hasta octubre de 2017. En 2010, efectivos de este grupo contaminaron un río y con ello entró el cólera a un país hasta entonces libre de esa enfermedad. Se calcula que más de 9.000 contagiados murieron. Como si eso fuera poco, múltiples reportes señalan también casos de abuso sexual.

En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad dio el visto bueno a una nueva fuerza armada multinacional para reforzar la seguridad local en medio de la creciente crisis de violencia generalizada. Según ese plan, Kenia encabezaría el esfuerzo con 1.000 agentes policiales, junto a elementos de Antigua y Barbuda, las Bahamas y Jamaica.  Pero el gobierno de Nairobi suspendió los planes hasta que se haya posesionado un nuevo gobierno.

En todo caso, muchos en Haití rechazan esa fórmula, ante los reiterados desastres dejados por las misiones anteriores. 

 

Contrabando de armas y drogas

 Para 2022, agencias internacionales informaban que en Haití circulan más de 600.000  armas de fuego —la mayoría de ellas de posesión ilegal—, frente a 291.000 en 2018. En 2023, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advertía que la mayor parte de las armas de fuego y municiones en Haití proviene de Estados Unidos, y en particular de Florida.

Y lo que es peor, se trata de armas cada vez más sofisticadas y de gran calibre que llegan  «escondidas en productos de consumo, equipos electrónicos, forros de ropa, comida congelada o incluso en los cascos de los cargueros». La entidad también establecía que «otro medio por el cual se envían armas de fuego y municiones a Haití es a través de la República Dominicana y, en menor medida Jamaica«.

Las armas llegan a manos de las pandillas. Ametralladoras AK47, AR15, rifles Galil, e incluso drones como los que se usaron en el asalto a las prisiones de Puerto Príncipe.

El documento también detalla que Haití es un país de tránsito de drogas, en especial cocaína y cannabis, que entran por barco o avión en puertos públicos, privados e informales, así como en rutas clandestinas.

Una frontera letal

 Más que kilómetros de montañas y ríos, la frontera entre Haití y República Dominicana representa la distancia entre dos naciones que, aunque comparten una misma isla, parecen estar muy lejos entre sí. Con la crisis haitiana, las tensiones aumentan, ya sea por el movimiento constante de migrantes irregulares o por el temor de que el país más débil afecte al otro.

Luego de la fuga masiva de presos, el gobierno de República Dominicana extremó las medidas de seguridad en esa zona en la que el presidente Luis Abinader construye desde que asumió el poder un “muro inteligente” de casi 400 kilómetros. Además declaró recientemente persona non grata a Henry, quien por eso a su regreso de Kenya no pudo aterrizar en la RD y tuvo que hacerlo en Puerto Rico.

En el lado dominicano aumentan la discriminación y la exclusión de haitianos o de dominicanos de origen haitiano, en medio de agresiones de las autoridades o de dominicanos de a pie. Además, grupos “nacionalistas” se dedican a inducir a la población al odio y agresiones físicas mediante las redes sociales.

RD cierra constantemente la frontera. En una de los hechos más significativos, en noviembre de 2023 el gobierno cerró toda forma de comercio con el país vecino debido a la construcción de un canal en el Río Masacre.

Un presidente asesinado

 El asesinato a tiros de Jovenel Moïse dentro de su casa en la noche del siete de julio del 2022 representa un caso complejo en medio de un país donde el poder judicial también funciona de forma precaria.

Funeral del presidente Jovenel Moïse asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada. Crédit: Jean-Marc Hervé Abélard / K2D.

Luego de dos años y medio de investigaciones el juez de instrucción Walther Wesser Voltaire imputó formalmente a Martine Moïse, su viuda; al ex primer ministro Claude Joseph y al exdirector de la policía, Léon Charles, en un informe de 122 páginas.  Además de estos tres, hay otros 50 imputados. Voltaire es el quinto juez en asumir el caso Moïse. Quienes le precedieron se retiraron, algunos alegando que sus vidas corrían peligro.

Aunque se acusa a Christian Emmanuel Sanon de ser el autor intelectual del complot, el ex ministro Joseph alega que el interino, Ariel Henry, utiliza el sistema judicial para perseguir a oponentes políticos.

La investigación también sigue en Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de ese país, unas diez personas más enfrentan cargos federales en el sur de la Florida por presuntamente participar en el asesinato de Moïse. Varios de los acusados llegaron a acuerdos con la Justicia.

Mientras tanto, la muerte del presidente permanece en el limbo. Al igual que su país.

Indhira Suero, miembro de #CONNECTASHub

Asdrúbal Aguiar Dic 26, 2023 | Actualizado hace 2 meses
San Vicente hace milagros
En la Declaración entre Venezuela y Guyana consta que cualquier controversia se resolverá de conformidad con el derecho internacional

 

Mientras avanza en La Haya la causa sobre la cuestión esequiba – el gobierno de Nicolás Maduro debe presentar su contra memoria tras la demanda de Guyana en abril de 2024, a riesgo de dejar desprotegida a su nación, verdadera titular del territorio bajo reclamación – a contrapelo de las páginas de nuestra historia y la política exterior de la república civil democrática hasta 1999, la estrategia de este plantea una grave aporía. ¿Busca sobreponer las razones geopolíticas propias del siglo XXI – como la de la normalización de la ilegalidad – al decurso del diferendo y su estatuto marco de 1966, el célebre Acuerdo de Ginebra desvirtuándolo?

Ocurre el desconocimiento verbal y filatero por el mismo Maduro de la competencia de la CIJ – en un ir y venir táctico, como la revelan sus presencias en la misma Corte – ¿para abandonar la vía judicial y favorecer la aspiración cubana de que Venezuela tácitamente retire su reclamación? La respuesta como la pregunta pueden ser especulativas. Lo constatable y documentado, sí, es lo que declarara el presidente venezolano Hugo Chávez Frías en La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana, en noviembre de 2004:

ATRAER A GUYANA HACIA EL SURreza el elocuente subtítulo. E inicia su texto así: “Ahí está también Guyana. Por razones geopolíticas y del reclamo territorial, nosotros hemos estado siempre lejos de ese país, pero Guyana es un pueblo hermano, es un pueblo subdesarrollado, y hay un gobierno allí que pudiera ser un gran aliado. Nosotros no vamos a desistir de nuestra reclamación, pero no podemos esperar a que se solucione esa reclamación, no hay nada en el horizonte que indique que se va a solucionar en el corto plazo o en el mediano plazo; está a nivel de Naciones Unidas, pero nosotros no vamos a ir la guerra con Guyana. ¡Nooo!”. Y ajusta Chávez de seguidas: “Gobiernos de extrema derecha, subordinados a Washington nos quisieron empujar a una guerra con Guyana, cuando en Guyana mandaba Forbes Burnham, para tratar de quebrar el movimiento socialista guyanés. Quien gobierna Guyana hoy es un hombre joven, el presidente Bharrat Jagdeo, que viene de esas filas, aun cuando es de línea moderada, no es un neoliberal. Tenemos que atraer a Guyana hacia la integración de Suramérica”, finaliza.

¿Habrá de entenderse, dentro este último contexto, la dinámica más reciente, sea la de la consulta popular implementada para desconocer a la Corte que se ha declarado competente a fin de juzgar sobre la nulidad o no del Laudo Arbitral de 1899? ¿También sus virtuales amenazas o simulaciones de guerra, impulsando a renglón seguido el encuentro organizado por el primer ministro de San Vicente, Ralph Gonsalves, o la misma la Declaración Conjunta adoptada por él y el presidente guyanés, Irfaan Ali en tal oportunidad?

En la Declaración consta que Maduro y su colega de Guyana «acordaron» que “cualquier controversia [¿la del laudo, la territorial, la relativa a la cooperación, según lo indicaba la agenda previa a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966?] se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966” (Numeral 2 y negritas nuestras)

Lo anterior, al constatarse que (a) los debates para dicha declaración fueron facilitados por la CELAC y el CARICOM, los primeros ministros del Caribe angloparlante, Colombia y Honduras, y la propia Secretaría General de la ONU y que (b) “los incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones” entre Guyana y Venezuela serán arbitrados por el presidente de Brasil, la CELAC y el CARICOM (Numeral 6), predica, con lógica irrefutable, que se multilateraliza la cuestión esequiba. Y se sugiere, dada la redacción textual y su contexto, dejar en un plano de subsidio al Acuerdo ginebrino, que es bilateral y el fundamento de la competencia de la Corte. Lo que a la par sería incongruente, en el caso de la Venezuela presidida por Maduro, con las mismas resultas de su consulta, una de cuyas arbitrarias preguntas reza así: ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? 

Téngase presente, como paradoja, lo que denunciara en 1981 ante la ONU el canciller de entonces, José Alberto Zambrano Velasco, cuando Guayana era la empeñada en multilateralizar la controversia a fin de escaparse de los efectos del Acuerdo de Ginebra: “Denuncio claramente las acciones y declaraciones del gobierno de Guyana, como dirigidas a buscar apoyos internacionales, o a publicitar supuestos e inexistentes respaldos, o a conseguir una animadversión contra Venezuela. Denuncio tales actividades como arbitrios destinados a que Venezuela caiga en la trampa de una reacción explosiva de nuestra parte”, esgrime Zambrano. ¿Ahora se invierten los roles, tras la conjura de San Vicente?

Lo que es más extraño, nombran los mandatarios “una comisión conjunta de los ministros de relaciones exteriores y técnicos de los dos Estados para tratar los asuntos mutuamente acordados (Numeral 7). ¿Trátase de una vuelta atrás de las páginas recorridas hasta el 16 de noviembre de 1962, cuando Venezuela y Gran Bretaña acuerdan en la ONU reunirse para examinar sus respectivos documentos, tras la reclamación presentada por la primera?

En fin, por añadidura, ¿fue desliz deliberado el del numeral 9 siguiente?, disponiendo una reunión próxima en Brasil “para considerar cualquier asunto con implicaciones para el territorio en disputa”, incluido el de la “mencionada actualización de la comisión mixta (SIC y negritas nuestras)”. ¿Es un retorno al instante de la aprobación del Acuerdo de Ginebra y a los efectos de su artículo I, que demanda en 1996, como paso previo antes de llegarse a la Corte agotar la gestión de una comisión así titulada, comisión mixta?

Lo que cabe confirmar es que USA le hizo entrega a Maduro de su joya predilecta – el “comerciante” Alex Saab – en el mismo territorio del encuentro por el Esequibo. ¿Una casualidad?

 

LEA  Saab y supuestas sinrazones políticas, por Eddie A. Ramírez S.

 

Expertos de la ONU: condena a sindicalistas venezolanos es un abuso de leyes antiterroristas
Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión
También alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo»
Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela

El 11 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que los expertos Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, advirtieron que condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales por cargos de terrorismo es un «abuso crónico» de las leyes antiterroristas de Venezuela. 

El 1 de agosto de 2023, seis sindicalistas, detenidos entre el 4 y el 7 de julio 2022, fueron condenados a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir. 

«Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir», anunció la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter. 

La organización insistió en que estos seis sindicalistas son «luchadores sociales, y que esta condena representa «el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela».

«En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron los relatores especiales.

Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión. También, alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo».

El comunicado resaltó varias irregularidades que se presentan en este caso de los detenidos. A continuación algunas de ellas: 

En una comunicación anterior al Gobierno de Venezuela, los expertos destacaron la falta de protección del debido proceso, la falta de acceso a la defensa legal para los activistas y lideres sindicales, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los órganos de derechos humanos han sostenido sistemáticamente que la legislación y la práctica antiterroristas deben implementarse de manera respetuosa de los derechos humanos.

«Denunciamos el uso indebido de las leyes antiterroristas contra quienes han abogado por la protección de los derechos sociales y económicos y la libertad de asociación. Este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada», reiteró el comunicado.

Los expertos se mostraron profundamente preocupados por el hecho de que todos los sindicalistas fueron condenados a penas de prisión excepcionalmente largas.

Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela.

«La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno», señalaron los expertos.

Los expertos reiteraron en el comunicado que las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos.

«El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», afirmaron los expertos.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU.

Los trabajadores de este órgano, aclaran en el texto,  trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

La convocatoria incluye a quienes hayan presentado comunicaciones o recurrido a los procedimientos establecidos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El plazo para enviar información vence el 15 de abril

 

El Mecanismo de intimidaciones y represalias de la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) exhorta a personas o grupos a enviar información sobre casos de intimidación y represalias por cooperar o haber colaborado con la ONU y sus mecanismos de derechos humanos. Así lo dio a conocer Provea a través de su sitio web.

La convocatoria, cuyo plazo para enviar información vence el 15 de abril, incluye a quienes hayan presentado comunicaciones o recurrido a los procedimientos establecidos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a quienes hayan prestado asistencia jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

De acuerdo con la ONU, sus principales cooperantes, entre los que están activistas, trabajadores comunitarios, abogados, periodistas, entre otros, son potenciales objetivos de intimidación y represalias. También lo es cualquier persona relacionada con ellos.

En 2021 se alertó de un patrón de intimidación y represalias en Venezuela contra las organizaciones y personas que cooperaban con la ONU y sus mecanismos.

El Mecanismo sobre intimidaciones y represalias a cargo del Secretario General de la ONU invita a enviar informaciones sobre casos de intimidaciones y represalias en contra de personas o grupos de personas que:

Traten de cooperar o hayan cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o hayan prestado testimonio ante ellos o les hayan proporcionado información;

Recurran o hayan recurrido a los procedimientos establecidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y todos los que les hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a tal fin;

Presenten o hayan presentado comunicaciones con arreglo a los procedimientos establecidos en los instrumentos de derechos humanos, y todos los que les hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a tal fin;

Sean familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a las víctimas.

Lee también: DDHH olvidados | Asesinato de Jhonny González cumple una década de impunidad

Los actos de intimidaciones y represalias pueden ser acciones como, por ejemplo:

  1. Promulgación de leyes restrictivas
  2. Campañas de desprestigio
  3. Sometimiento a vigilancia
  4. Prohibiciones de viajar
  5. Amenazas y acoso, incluso por representantes de la autoridad
  6. Agresiones físicas
  7. Detenciones y privaciones de libertad arbitrarias
  8. Torturas y malos tratos, incluidas agresiones sexuales o denegación de acceso a atención médica
  9. Asesinatos
  10. El informe del Secretario General será presentado en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y luego en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La información necesaria está disponible en este vínculo.

Información publicada en Provea

Consejo de DDHH de la ONU analizará situación de Venezuela el 21 y 22 de marzo
El 22 de marzo Misión de la ONU sobre Venezuela presentará un informe verbal actualizado sobre graves violaciones a DDHH

Este lunes, 27 de febrero, inició el período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU en Ginebra, en donde se analizará la situación en Venezuela los próximos 21 y 22 de marzo.

De acuerdo con un hilo publicado en Twitter por la ONG Provea, el gobierno de Nicolás Maduro solo podrá intervenir como “Estado concernido” en estas sesiones.

Y es que el gobierno no podrá intervenir como miembro del Consejo de DDHH  luego de perder su curul para votar el pasado octubre del 2022 en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Para el día 21 de marzo, se presentará un informe verbal del Alto Comisionado para los DDHH, Volker Türk, sobre la situación en Venezuela y la cooperación técnica de la OACNUDH al Estado venezolano.

La intervención del alto comisionado Volker Türk estará seguida de un diálogo interactivo de los miembros del Consejo.

Asimismo, el día 22 de marzo, la Misión de la ONU sobre Venezuela presentará un informe verbal actualizado sobre graves violaciones a DDHH como detenciones, torturas y ejecuciones. Participarán las ONG y voceros de la sociedad civil.

Dicha actualización oral de la Misión cumple con la Resolución 51/29 aprobada por voto mayoritario en el Consejo DDHH-ONU, la cual prorrogó hasta septiembre de 2024 el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.

Cabe acotar que se seguirán debatiendo los informes de la Misión de la ONU sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en los tres períodos anuales de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU.

Lo que se ha dicho y lo que no está claro del fondo de $3,000 millones acordado en el diálogo que manejará la ONU
Ni Nicolás Maduro pudo mencionar un solo país del cual procederán los recursos que esperan canalizar a través del fondo fiduciario

La Organización de Naciones Unidas (ONU) será la encargada de manejar el fondo de casi 3,000 millones dólares que se acordó en el primer encuentro entre las delegaciones del chavismo y la oposición en el diálogo.

Estos fondos, que actualmente están bloqueados en el extranjero, servirían para para ayudar al país a aliviar la crisis humanitaria, después de que designaran a la ONU para gestionar los fondos.

A finales de noviembre, el chavismo y la oposición acordaron crear un fondo para canalizar recursos bloqueados en varios países el cual será diseñado y ejecutado por Naciones Unidas.

Tras conocerse esto, surgieron interrogantes sobre el mecanismo que. Mientras tanto, la ONU guarda silencio, no ha recibido ni un centavo y el funcionamiento del fondo no ha sido acordado.

Lo que se ha dicho

Las delegaciones que participan en el diálogo han dicho, con algunas inconsistencias numéricas, que el dinero será usado en reparar 2.300 escuelas y 14 hospitales.

Además, se sabe que los fondos servirían para habilitar 11 bancos de sangre, aumentar la generación eléctrica, mejorar el plan de inmunización, asegurar los tratamientos a 60.000 personas con cáncer y otras miles con VIH/Sida, entre otros objetivos.

Sin embargo, las partes aseguran que el plan es insuficiente para atender todas esas necesidades que padece la población venezolana.

Por otra parte, señalaron que la aplicación de los proyectos a través de agencias de Naciones Unidas se hará «bajo las leyes venezolanas» o «apegado a los estándares de la ONU».

Lo que la ONU calla

La Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Venezuela no respondió a EFE sobre el proceso de creación del fondo.

Por ahora, el organismo solo ha hablado a través del portavoz del secretario general, António Guterres, para decir que «toma nota» de la solicitud planteada por las partes.

No obstante, fuentes ligadas al trabajo humanitario que la ONU lleva a cabo explicaron a la agencia que, la institución ha empezado a diseñar el mecanismo, un proceso que llevará meses antes de empezar a atender necesidades urgentes.

Según las fuentes, la diplomacia silenciosa de la ONU se mantendrá mientras transcurre esta fase de definición que, auguran, no será sencilla.

Mientras tanto, organizaciones humanitarias están preocupadas por el efecto que tendrá en los donantes internacionales la idea de que el país tiene recursos, sin saber para cuándo estarán disponibles.

Lo que no está claro

Ni Nicolás Maduro pudo mencionar un solo país del cual procederán los recursos que esperan canalizar a través del fondo fiduciario.

En días parados, Maduro dijo que solo de Citgo, la filial en EEUU de Pdvsa, podrían recibir unos 4,000 millones de dólares, sin aclarar cómo esperan recuperar ese dinero.

Se trata de ir «país por país» buscando esos recursos, un planteamiento similar al hecho por el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, que subrayó la necesidad de hacer «todo un trabajo de implementación técnico para poder ir creando y alimentando» el fondo.

Mientras la oposición calcula en 15,000 millones de dólares el capital de Venezuela bloqueado en el exterior, el chavismo asegura que el país cuenta con casi el doble de esa cantidad.

Finalmente, ninguna de las partes ha explicado cómo serán las contrataciones para llevar a cabo estos programas, algunos de los cuales requieren de infraestructura, ni cuánto podrán influir dentro de la asignación de las partidas.

*Con información de EFE

Medidas de rendición de cuentas en diálogo de México propone Transparencia Venezuela
La organización emitió un comunicado en el que propone incluir un mecanismo que garantice la participación de la sociedad civil

 

Con motivo del reinicio de las conversaciones de negociaciones entre representantes de la administración de Nicolás Maduro y de la Plataforma Unitaria en México, la organización Transparencia Venezuela emitió este sábado un comunicado en el que resalta una serie de medidas que tienen como propósito fortalecer la propuesta contra los posibles riesgos de abuso, conflictos de interés, corrupción e ineficiencias, a fin de obtener los mejores resultados objetivos (reales y verificables); que generen la confianza de los venezolanos en el liderazgo de las organizaciones internacionales que están sirviendo de facilitadores y de posibles gestores de recursos públicos.

El documento resalta que “todo proceso de negociación debe incluir un mecanismo que garantice la participación de la sociedad civil, con la posibilidad de formular propuestas y realizar contraloría social una vez aprobado el fondo”.

Entre las medidas destacan la transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas del Fondo de Protección Social, la necesidad de priorizar el destino de los recursos del fondo. “Sería eficiente dirigirlos a paliar necesidades vitales, como salud, alimentación, y electricidad, que por su nivel de deficiencia en Venezuela impacta en el resto de los sectores prioritarios para el bienestar social y el desarrollo económico”.

Asimismo destaca la necesidad de priorizar el destino de los recursos del fondo y propone un acuerdo de gobernanza que incluya políticas y prácticas de transparencia en la gestión del convenio suscrito y del Fondo de Protección Social, basado en las convenciones internacionales contra la corrupción de Naciones Unidas, la Convención Interamericana y las buenas prácticas internacionales señalan la obligación de publicar información y datos completos de manera oportuna y veraz de cada paso, en cada fase, a fin de como factor reducir posibles puntos de riesgos, lagunas en procedimientos, privilegios indebidos, entre otros.
Federación Médica denunciará crisis hospitalaria de Venezuela ante la ONU
La organización instó a la administración de Maduro a declarar la emergencia en salud y a dotar los centros sanitarios

La Federación Médica Venezolana (FMV) informó este sábado, 15 de octubre, que denunciará ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) la crisis hospitalaria que padece el país.

De acuerdo con el presidente de la FMV, Douglas León Natera la crisis no ha sido atendida mediante la implementación de un plan de salud.

En declaraciones a la prensa, Natera aseguró que «el gremio médico llevará ante las instancias de Naciones Unidas la crisis hospitalaria en Venezuela que configura un holocausto a la salud y un crimen de lesa humanidad».

Además, recordó que se trata de una situación que se ha denunciado en varias oportunidades ante distintas instancias del Ejecutivo venezolano, sin que se haya ofrecido una respuesta hasta el momento.

No obstante, la FMV reiteró su posición, hecha en junio, de concretar un encuentro entre Nicolás Maduro y el gremio médico para discutir el estado de los centros sanitarios.

 

En este sentido, instó a la administración de Maduro a declarar la emergencia en salud y a dotar los centros sanitarios.

«El 98 % de los hospitales carece de medicamentos, presenta fallas en laboratorios, de reactivos, pabellones inoperativos, sin plantas eléctricas ni agua y a los médicos se les persigue y (los) ponen presos por denunciar la situación», reiteró Natera.

Por otra parte, apuntó que más de 7.000 ambulatorios «desaparecieron», cifra que, de acuerdo con los datos de la federación, incluye espacios asistenciales creados dentro de programas de salud del gobierno.

Maduro declaró una lucha contra lo que él llama «mafias hospitalarias» y, como primera medida, ordenó en mayo la incorporación de inspectores secretos en los centros de salud para cazar a los trabajadores que sustraen el material de los centros.

*Con información de EFE