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El fiscal insistió en que el proceder del MP ha estado «dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales»

Cuatro familiares de la activista Rocío San Miguel fueron liberados con medidas cautelares  consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa, informó este martes, 13 de febrero el Fiscal designado por la Constituyente cubana, Tarek William Saab. 

A través de un comunicado, Saab no indicó los nombres de las cuatro personas, pero se presume que son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.

Sobre Rocío San Miguel, Saab ratificó que la activista fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y que el MP solicitó para ella una medida «preventiva de libertad» por la «presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación».

COMUNICADO

En horas de la noche del día lunes 12 de febrero, dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales, se realizó en el Tribunal 2do Contra Terrorismo la audiencia de presentación de seis… pic.twitter.com/v88BzpOh6K

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 13, 2024

Remarcó también que se solicitó la privación de libertad «preventiva» para Alejandro José González Canales, expareja de la activista, por la «presunta» comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

El fiscal insistió en que el proceder del MP ha estado «dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales».

Preocupación por San Miguel

La defensa de la activista denunció su «desaparición forzada» desde el viernes, cuando fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, un estatus que, asegura, se mantiene, pues no han podido comunicarse con ella o conocer su sitio de reclusión hasta el momento.

En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y han solicitado al Estado venezolano el respeto a sus derechos.

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*Con información de Efe cuatro familiares

El MP solicitará «medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros»

La activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida el pasado viernes, fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal segundo contra Terrorismo, junto a varios de sus familiares.

En un mensaje en su cuenta de X, el fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, informó que se encuentra en desarrollo la audiencia de presentación de San Miguel, de Alejandro José González Canales, expareja de la activista, y otras cuatro personas cuyos nombres no mencionó, pero son, presumiblemente, los familiares que más temprano la defensa de la activista reportó como «desaparecidos».

Las cuatro personas señaladas por uno de los abogados de la defensora de derechos humanos son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.

Terrorismo, conspiración y traición a la patria 

Saab aseveró que el Ministerio Público (MP) solicitará «medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros».

Además, indicó que pedirá también la privación de libertad «preventiva» para González Canales por la «presunta» comisión de los delitos (de) revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

El fiscal aseguró que los seis detenidos aparecen «presuntamente involucrados» en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era «atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios», y con la cual ya había vinculado a San Miguel cuando confirmó su detención este domingo.

Remarcó que las actuaciones están «dentro de los lapsos legales» y «en estricto apego al respeto de los derechos humanos», pese a que la defensa de la activista denunció la «desaparición forzada» de San Miguel, que estuvo en paradero desconocido desde el viernes, cuando fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, hasta el domingo.

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*Con información de Efe

La dirigente dio a conocer las amenazas que le llegaron a través de Facebook y que incluyen frases como «las fuerzas colectivas del ELN van a asesinarte»

La Fiscalía General anunció el 13 de agosto que investigará las amenazas de muerte contra la precandidata presidencial Delsa Solórzano, las cuales involucran a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según las denuncias que la exdiputada opositora publicó en las redes sociales.

«Ante las amenazas de muerte que denuncia -a través de sus redes sociales- la ciudadana Delsa Solorzano, hemos designado al fiscal 94 nacional en materia de derechos humanos para investigar dicho suceso», indicó en Twitter el fiscal general, Tarek William Saab, sin ofrecer detalles.

Ante las #amenazas de muerte que denuncia a través de sus redes sociales: la ciudadana Delsa Solorzano, hemos #designado al Fiscal 94 nacional en materia de Derechos Humanos para #investigar dicho suceso.

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 14, 2023

La exdiputada dio a conocer el 12 de agosto las amenazas que le llegaron a través de Facebook y que incluyen frases como «las fuerzas colectivas del ELN van a asesinarte».

Asimismo, le aseguran que como «ya cayó» el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado después de un mitin en Quito, «ahora es el turno» de ella.

#IMPORTANTE Pocas veces denuncio el acoso o la persecución de la que soy víctima, sin embargo, en virtud de los graves hechos ocurridos recientemente en el Ecuador, y visto que esta amenaza que acabo de recibir tiene claras motivaciones políticas, denuncio ante el país que desde… pic.twitter.com/JzahUrcE18

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) August 12, 2023

Por ello, Solórzano, que asegura ser «víctima» de constante «acoso y persecución», ha optado por denunciar este hecho -explicó- «en virtud de los graves hechos ocurridos recientemente en Ecuador, y visto que esta amenaza tiene claras motivaciones políticas».

«Vista la ausencia de estado de derecho en Venezuela, realizaré denuncia formal ante organismos internacionales. Asimismo, en cuanto a mi campaña presidencial, seguiré recorriendo el país y llevando el mensaje de cambio y esperanza que tanto anhela Venezuela», agregó.

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Con información de EFE

El fiscal Saab explicó que la mayoría de estos hechos se produjeron en Caracas, así como en los estados Carabobo y Miranda y en Zulia 

El fiscal general designado por la constituyente oficialista, Tarek William Saab, informó el 25 de julio que el Ministerio Público (MP) contabilizó 2076 casos de abuso sexual contra niños y adolescentes en el primer semestre de 2023. Esto se traduce en 11,4 casos por día. 

Durante un seminario, el funcionario explicó que la mayoría de estos hechos se produjeron en Caracas, así como en los estados Carabobo y Miranda y en Zulia.

Saab no ofreció más detalles sobre la prevalencia de las edades de las víctimas o la relación de los victimarios con los menores.

Indicó que el año pasado la Fiscalía acusó a 2164 personas por estos delitos, mientras que en la primera mitad de 2023 la cifra llegó a 931, aunque no dio información sobre el número de condenados en ninguno de los dos períodos.

Prevención

Sobre las labores preventivas, recordó que en agosto pasado la institución lanzó la campaña «Pedofilia es crimen», con la que han realizado 1.100 actividades «formativas y de sensibilización en los diferentes estados de Venezuela», en las que han participado 43.207 personas, dice una nota de prensa oficial.

«Con el fin de establecer líneas de acción» y ante «el incremento de casos que han atentado contra la indemnidad sexual» de los menores, se creó una fiscalía nacional especializada en delitos que atenten contra la integridad sexual de niños y adolescentes, prosigue el escrito.

Además, el fiscal subrayó que han completado 1324 actividades contra el acoso escolar en los últimos 10 meses en todo el país, en medio de otra campaña que ha alcanzado a 46.000 estudiantes, docentes, padres, madres y representantes.

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ONG piden fortalecer prevención en casos de abuso sexual contra menores

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) exhortaron en junio al Estado a fortalecer la prevención para evitar casos de abuso sexual contra menores, tras la presentación de un libro sobre la violencia contra la juventud difundida este 8 de junio.

«El Estado debe enfocarse en la prevención, porque nuestro trabajo como sociedad, como Estado, nuestro trabajo de corresponsabilidad con los niños, niñas y adolescentes debe ser prevenir (…) evitar que sucedan porque daña profundamente sus vidas», indicó Angeyeimar Gil, investigadora de Redhnna, en la presentación del libro «Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela».

Gil sostuvo que la crisis y la «desestructuración en las familias» provocan que haya más casos de abuso sexual, por lo que cree que se debe impulsar la acción del Estado.

«La educación es una base para nosotros, para poder reconstruir cómo entendemos a la sociedad y cómo nos relacionamos en la sociedad los niños, niñas y adolescentes con los adultos. La educación para una sexualidad integral es un pilar obligatorio», apuntó.

Asimismo, dijo que para prevenir la violencia sexual y basada en género se debe fortalecer el sistema de protección, contar con recursos humanos y económicos, con programas y formación constante.

La investigadora señaló que actualmente el sistema de justicia está en «muy malas condiciones» para poder enfrentar todos los casos de violencia, por lo que llamó a los organismos públicos a trabajar de manera colaborativa para evitar la revictimización.

Con información de EFE

El PSUV se puso a la orden para «contribuir con las instituciones democráticas de la patria venezolana en el combate a esa criminal conducta», reza un comunicado firmado por el dirigente

A través de su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, el PSUV expresó su «total apoyo» a la lucha contra la corrupción en Venezuela, dos días después de que autoridades policiales solicitaron a la Fiscalía procesar judicialmente a varios exfuncionarios que «podrían estar incursos» en este tipo de prácticas y en «graves hechos» de «malversación de fondos».

«Expresamos nuestro firme respaldo y absoluto total apoyo a las acciones que viene desarrollando el Estado venezolano para fortalecer la lucha contra la corrupción como flagelo que pretende corroer la moral, principios y valores de la República», dijo el partido en un comunicado, firmado por Cabello.

Asimismo, el partido se puso a la orden para «contribuir con las instituciones democráticas de la patria venezolana en el combate a esa criminal conducta».

«Nuestra lucha contra la corrupción tiene que ser un sello inalterable de la conducta política que debe regir la acción cotidiana de los hombres y mujeres de la revolución bolivariana», agregó el PSUV.

El juez acusado de corrupción que perseguía a opositores

José Mascimino Márquez García, juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, es bien conocido en el sistema de justicia, no por sus méritos ni trayectoria, sino por su implacable accionar en los procesos judiciales en contra de dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. 

Márquez García llega al poder a los 46 años. Antes de su vertiginoso ascenso en el sistema de justicia en el año 2019, se desempeñaba como camarero principal de una reconocida arepera en Caracas, según reseña el portal web Infobae. 

Entre los casos de persecución política, vejaciones e irregularidades en los procesos judiciales, destaca la detención y privativa de libertad en contra del diputado y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, el pasado 12 de julio de 2021. 

En su corta carrera como juez, Márquez García ordenó en julio de 2021, la detención y privativa de libertad en contra del periodista Ronald Carreño, admitiendo la acusación del Ministerio Público y desestimando los argumentos de la defensa. 

El juez con competencia en terrorismo también ordenó allanar la vivienda de de la jueza María Lourdes Afiuni en búsqueda de «supuestas evidencias de interés criminalístico como artefactos explosivos y armas de fuego».

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Con información de EFE

Nepomuceno Hernández, de la parroquia Ermita, San Cristóbal, «invitó a comer a la adolescente de 13 años (…) para luego agredirla sexualmente»

El fiscal general, Tarek William Saab, informó este 15 de agosto que un sacerdote del Táchira fue imputado por el delito de abuso sexual contra una adolescente de 13 años de edad.

#imputado por el @MinpublicoVEN el sacerdote de la parroquia Ermita San Cristóbal NEPOMUCENO HERNÁNDEZ por el delito de abuso sexual a menor: dicho sujeto bajo los efectos del alcohol invitó a dar de comer a la adolescente de 13 años C.Y.J.V para luego agredirla sexualmente pic.twitter.com/POo1EK6Etl

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 15, 2022

Detalló que el sacerdote, bajo los efectos del alcohol, «invitó a dar de comer a la adolescente de 13 años (…) para luego agredirla sexualmente».

Campaña contra la pedofilia

En días pasados, el fiscal anunció que el MP promueve la campaña «Pedofilia es crimen», con la que busca combatir este delito y «proteger (a los) niños, niñas y adolescentes de los llamados depredadores sexuales, que pueden poner en riesgo su integridad y su seguridad».

A principios de julio, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) dijo que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia católica han cometido abusos sexuales contra menores de edad y «personas vulnerables», cuyo número de casos decidió mantener «en confidencialidad».

El primer vicepresidente de la institución, monseñor Mario Moronta, quien expresó que la CEV «ha pedido perdón y ha acompañado» a las víctimas, criticó en ese momento que no se investiguen a otros entes «no solamente religiosos sino también profesionales, donde el número de abusos sexuales es mayor».

Respuesta de la Diócesis de San Cristóbal

A través de un comunicado, la Diócesis de San Cristóbal calificó el hecho como algo «lamentable que no tiene justificación alguna». Asimismo, asegura que el obispo de esa sede «ha garantizado (…) que ni se opondrá ni interferirá en las investigaciones y actuaciones que por este hecho se tienen que realizar».

De igual modo, la sede señala que «se abrirá el proceso según las leyes y normativas de la Iglesia. En virtud de ello, el obispo diocesano ha suspendido del ejercicio del ministerio al padre Nepomuceno Hernández y le ha destituido de los cargos pastorales que ejercía. A la vez, inicia el proceso canónico correspondiente,
según los protocolos y normativas en los casos de abuso sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables».

Sacerdotes condenados vuelven a las iglesias

Un trabajo de investigación de la periodista Ana Vanessa Herrero del Washington Post reveló que en Venezuela varios sacerdotes condenados por abuso sexual infantil volvieron a sus ministerios.

El medio examinó 10 casos de denuncias de abuso sexual infantil cometidos por miembros de la Iglesia entre 2001 a 2022.

El elemento común de estos casos, según aseguran, es que los niños que fueron víctimas «procedían de entornos pobres y vulnerables».

En la mitad de los casos, aseguran, los sacerdotes con condenas por cargos de abuso fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron ningún tiempo en prisión,

Entretanto, en al menos tres casos, a los religiosos se les permitió regresar al ministerio.

Para el desarrollo del trabajo, entrevistaron a  líderes católicos, policías, funcionarios judiciales y víctimas. De igual forma, revisaron exhaustivamente documentos policiales y judiciales.

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Con información de EFE

Siete de las víctimas de los casos registrados son menores de edad, mientras que otra mujer de 21 años, también víctima de abuso, presenta discapacidad mental 

Un reporte de casos del Ministerio Público (MP) reveló que, en los 12 primeros días de agosto, ocho hombres han recibido condena por abuso sexual.

El caso más reciente es el de un hombre de 38 años de edad condenado a 17 años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de su vecina, de 12 años, en Los Teques, estado Miranda.

Al agresor, apresado el 18 de febrero de 2021, tras la denuncia de la madre de la víctima, lo acusaron por el delito de «abuso sexual a niña con penetración genital». 

Siete de las víctimas de los casos registrados son menores de edad mientras que otra mujer de 21 años, también víctima de abuso, presenta discapacidad mental.

Entre los agresores destaca un hombre que fue condenado a 29 años y tres meses de prisión por abusar de sus tres hijas, con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años de edad, en el municipio Caroní del estado Bolívar.

Sobre este último, el MP relató que la madre de las niñas «denunció ante funcionarios de la policía regional que el hombre la golpeaba a ella y a sus tres hijas. Una de las menores reveló que intentó suicidarse debido a que su padre abusaba sexualmente de ella y sus hermanas».

Al victimario lo acusaron de trato cruel, abuso sexual sin penetración y actos lascivos agravados, «todos en acción continuada, así como amenaza y abuso sexual con penetración oral».

Otros detenidos

El MP informó el 11 de agosto que cuatro mujeres y una adolescente que habían sido llevadas bajo engaño a Trinidad y Tobago, víctimas de trata de personas, ingresaron a Venezuela y denunciaron lo vivido. Tras la denuncia, las autoridades detuvieron a cuatro personas (dos hombres y dos mujeres). 

En una nota de prensa, el MP detalló que el pasado 4 de agosto llegó una embarcación con 56 venezolanos al Puerto de Güiria, en el estado Sucre.

Luego de la llegada, fiscales del MP recibieron a las cinco víctimas. Los funcionarios abrieron una investigación que determinó que los detenidos habían captado a las mujeres y la adolescente por las redes sociales. A través de estas plataformas les presentaban ofertas de empleo en el país insular.

A las víctimas las obligaban «al trabajo sexual y el pago de dinero en moneda local a cambio de su libertad, que equivalía a 4.000 dólares americanos».

Por estos hechos, el MP imputó a los cuatro sujetos por los delitos de trata de personas y asociación para delinquir.

El Tribunal 1° de Control de Carúpano dictó la citada medida privativa de libertad contra Jhender Eduardo Carrero Peruda (27), Alexandra Del Valle Marcano Jiménez (20), Leoximar Lucía Bacaz Jiménez (21) y Luiving Adelfo Mora (19).

La Fiscalía 79 Nacional está a cargo de las investigaciones de los casos de estupro e instó a las víctimas a acudir a la sede del Ministerio Público para presentar denuncias formales

La tarde de este lunes, el Ministerio Público informó que dictó orden de detención en contra Tony Maestracci, baterista de la banda «Tomates fritos», y Alejandro Sojo, vocalista de «Los Colores», ambos denunciados de abusar sexualmente de varias adolescentes.

A través de la red social Twitter, Saab publicó la sentencia, en la cual se ordena la captura de estos dos venezolanos. Maestracci y Sojo han sido requeridos por la comisión del delito de abuso sexual contra adolescentes del MP, previsto en el artículo 260 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), con la agravante del artículo 217, del mismo instrumento jurídico. 

La Fiscalía 79 Nacional está a cargo de las investigaciones de los casos de estupro e instó a las víctimas a acudir a la sede del Ministerio Público para presentar denuncias formales, de manera presencial, por vía telefónica o por correo electrónico.

En el mismo comunicado Alejandro Sojo calificó su comportamiento como el de un “muchacho ignorante e imprudente”, algo que muchas personas criticaron pues fueron varios casos y con el mismo patrón.

Actualmente, Alejandro Sojo vive en Argentina.

Tras las acusaciones contra Tony Maestracci, baterista de la banda «Tomates fritos», de haber abusado de una joven en el año 2009, este renunció a la banda «Tomates Fritos».

2) Los presuntos #violadores TONY MAESTRACCI y ALEJANDRO SOJO CHACÓN: han sido requeridos por el Ministerio Público por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTES, previsto en el artículo 260 de la LOPNNA, con la agravante del artículo 217, de la misma Ley. pic.twitter.com/UHnBM7L4f5

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 25, 2021

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