MIlitares

Ingresaron la mañana de este viernes 20 de noviembre a la emergencia del hospital de El Tigre

A la emergencia del hospital de El Tigre ingresaron la mañana de este viernes 20 de noviembre, tres oficiales del Ejército que sufrieron intoxicación por yuca amarga. Un cuarto militar afectado murió en el hospital de Pdvsa San Tomé.

Los funcionarios que permanecen bajo observación médica a la espera de una favorable evolución, fueron identificados como Edgar Alexander Barreto Torres (18), Jesús Alejandro Fernández Hernández (20) y José Miguel Hernández Solano (18). Ellos pertenecen al Batallón Juan Ignacio Rondón Blanco 332 Brigada Caribe, de Oritupano, municipio Freites, según las anotaciones de la Brigada Hospitalaria de Polianzoátegui.

El Vistazo confirmó la identidad del militar fallecido en San Tomé: Orlando Alexander Hernández Hernández de 18 años de edad. Su cuerpo ingresó a la morgue de El Tigre antes del mediodía.

Los militares extrajeron el tubérculo de una parcela cercana al destacamento; posteriormente lo asaron y consumieron.

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El diputado Arnoldo Benítez pidió a la AN asumir el compromiso de cancelar las deudas existentes con los jubilados y pensionados que viven en el país y en el exterior

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron un Proyecto de Acuerdo en rechazo a las acciones de la administración de Nicolás Maduro en contra de los jubilados  y pensionados venezolano y consignarán un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para dar cuenta de la situación tanto en el país como de los que viven en el exterior.

En sesión virtual, los parlamentarios también aprobaron hacer una investigación, luego de la salida de Nicolás Maduro del poder, «los hechos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en contra de los jubilados y pensionados para así determinar las indemnizaciones correspondientes».

Igualmente acordaron establecer el compromiso de la AN para reformar la legislación pertinente que «conduzca a otorgar el 100% del último salario a jubilados de la administración pública, una vez cumplidos los requisitos de antigüedad y lo establecido en su sector laboral».

Sobre este punto, el diputado Arnoldo Benítez (Causa R-Aragua) aseguró que los jubilados en Venezuela pierden los beneficios que obtuvieron cuando eran trabajadores activos y sus ingresos disminuyen.

También recordó que en 2016, los diputados aprobaron la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados, que también contó con el apoyo del chavismo, pero hasta la fecha no se ha pagado ningún bono. Además señaló que en diciembre de 2018 se sancionó la Ley Especial del Régimen de Asignaciones Económicas por Vejez no Contributivo, con el objetivo de garantizar a los pensionados y jubilados mejorar su calidad de vida.

El diputado pidió a la AN asumir el compromiso de garantizarle a estas personas que viven en Venezuela y en el exterior, la cancelación de las deudas existentes, así como una mejora sustancial de los montos de las pensiones que puedan satisfacer las necesidades mínimas necesarias.

 El parlamentario Héctor Vargas (UNT-Zulia) enfatizó en esta idea y señaló que el Parlamento debe asumir el compromiso de procurar los recursos para garantizar la sostenibilidad del Fondo de Pensiones del sector público. 

Vargas mencionó la necesidad de una asistencia técnica por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en conjunto con actores sociales, en base a una dirección tripartita de la seguridad social. 

Gobernaciones destruidas

En la sesión de la AN, los diputados también debatieron sobre la situación actual de las gobernaciones del país. El parlamentario Julio Ygarza (UNT-Amazonas) denunció que todas las instituciones y organismos del estado Amazonas se encuentran en abandono. 

«En el estado Amazonas, por ejemplo, si revisamos el polideportivo emblemáticos de esta región, el José Antonio Páez, está totalmente destruido.  El hospital José Gregorio Hernández, no tiene medicinas, esta sin personal médico, ni enfermeras, sin mantenimiento. Su infraestructura está en total deterioro”.

Ygarza aseveró que las gobernaciones son vitales para que los estados funcionen y se desarrollen, pero que ahora están en manos de gobernadores que representan el fracaso, la usurpación, el abandono y la desidia.

Igualmente el diputado Rachid Yasbek (PJ-Bolívar) explicó que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro rompieron con el esquema de descentralización de las regiones. Además con el nombramiento de «protectores» en los estados donde el chavismo no controla la gobernación, ha provocado según el parlamentario, que se desvíen recursos y que no existen fondos de inversión.

“Hoy vemos que todo este aparataje que se montó llevó a las gobernaciones a convertirse en pagaderos de nóminas, con sueldos míseros, que no son responsabilidad de quienes dirigen las regiones. Las políticas hambreadoras del régimen, de despilfarro, centralizadas, generaron el clientelismo y la corrupción cada día más galopante. Desparecieron más de 350 mil millones de dólares del presupuesto nacional que debieron haber invertido en las regiones y la gente”, expresó.

“Hoy vemos que todo este aparataje que se montó llevó a las gobernaciones a convertirse en pagaderos de nóminas, con sueldos míseros, que no son responsabilidad de quienes dirigen las regiones».

AN exige menos armas

Los legisladores también debatieron sobre la crisis universitaria y criticaron a la administración de Maduro por destinar más recursos a la compra de armas y aumentos de salarios a los militares y no a la educación.

El diputado Lawrence Castro (VP-Mérida) denunció que el gobierno de Maduro sigue «malgastando el dinero de la nación, robando y le siguen dando prioridad al gasto de armas, en detrimento de la educación, la salud y la alimentación».

En ese mismo punto el diputado Oneiber Peraza (Independiente-Lara) señaló que desde 2007 el gobierno ha ido recortando los presupuestos universitarios. 

“La política de estado que se ha generado en contra de las universidades, son producto de que las universidades venezolanas, han alzado la voz contra del autoritarismo, y en defensa del estado de derecho y la dignidad humana de cada uno de los venezolanos”, añadió.

Por eso para el diputado Luis Barragán (Vente-Aragua) es necesario «internacionalizar» la crisis universitaria, porque «solos no podemos». Como ha hecho en otras intervenciones, el diputado invocó el artículo 187 numeral 11 de la Constitución y pidió a la plenaria suscribir un llamado a la Unesco para una intervención humanitaria en materia educativa.

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Fragmento de la serie Los culpables (El militar), 1965. Obra de Oswaldo Guayasamín.

Leer los casos de torturas a civiles y militares en las 443 páginas del Informe de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de septiembre de este año produce náusea, indignación, ira e incluso desconcierto.

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¿Cómo es posible que seres, supuestamente humanos, se degraden a torturar a personas por el placer de hacer sufrir y para castigar a quienes piensan diferente? Estos victimarios, hombres y mujeres,  graduados en la Academia Militar, devinieron en degenerados. Algunos torturan directamente, otros presencian,  autorizan o se hacen de la vista gorda, contando con el visto bueno de jueces, fiscales y hasta de médicos que ocultan los efectos de las torturas.

Aquí solo nos referiremos al caso de los militares víctimas de sus propios compañeros de armas. Cabe recordar que durante la dictadura de Pérez Jiménez, los militares no participaron en asesinatos, ni torturas a sus compañeros, lo cual corría a cargo de la Seguridad Nacional.

Cuando Rómulo Betancourt, los responsables de insurrecciones fueron juzgados y algunos sentenciados. Este presidente otorgó sobreseimiento a un grupo de civiles, pero a ningún militar. Raúl Leoni indultó o sobreseyó a todos los oficiales presos por alzamientos. Ningún militar fue torturado durante los gobiernos de Betancourt y de Leoni. No podemos omitir que sí hubo asesinatos y también torturas a algunos civiles integrantes de la guerrilla castrocomunista.

Los alzados en 1992, entre ellos Hugo Chávez y Arias Cárdenas, disfrutaron en la cárcel de mejores condiciones que los casos citados en cuanto a llamadas telefónicas, mayor número de visitas y entrevistas con los medios de comunicación. Fueron sobreseídos por el presidente Caldera e incluso Arias y otros tres tenientes coroneles fueron funcionarios de ese gobierno.

Cientos de oficiales pidieron la baja o fueron pasados a retiro ilegalmente. La corrupción alcanzó niveles nunca vistos. Y, lo más grave, es que por primera vez militares están torturando a compañeros de armas. En las ergástulas están 153 militares: un general en jefe, un mayor general, 3 generales de división, 3 generales de brigada, 14 coroneles, 13 tenientes coroneles, 9 mayores, 18 capitanes, 36 tenientes, 54 sargentos y un cabo. Se hizo la equivalencia con los grados de la marina. Las cifras no incluyen a quienes tienen detención domiciliaria o régimen de presentación.

Muchos llevan años presos sin ninguna acusación. Otros están imputados por supuesta traición a la patria, instigación a la rebelión y faltas al decoro militar. Las pruebas brillan por su ausencia y otras veces son declaraciones de informantes anónimos. Solo hubo un caso de insurrección militar en el Fuerte Paramacay. Los sargentos en Cotiza se levantaron en protesta por las malas condiciones socioeconómicas: mientras que la incursión por la costa fue una candidez. A veces solo murmuraciones o simplemente ser identificados como no afectos al régimen son razones para asesinar, encarcelar y torturar.

Las torturas ocurren en la Dirección de Contrainteligencia de la Fuerza Armada, en Fuerte Tiuna y en el Sebin. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue torturado hasta causarle la muerte. En Macuto masacraron al capitán Robert Colina y a otros ocho compañeros.

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Entre los muchos torturados están la capitana y odontóloga Layded Salazar, el capitán de navío Humberto de la Sotta; coroneles Rafael Mejías Laya y Oswaldo García Palomo; los tenientes coroneles Igbert Marín Chaparro, Henry Medina Gutiérrez, Ruperto Molina Ramírez; mayores Abraham Suárez, Leonardo De Gouveia; capitán de corbeta Carlos Macsotay Rauseo, capitán Juan Cagauripano y teniente Richard Alemán Castellanos. También el sargento Luis Bandres y sus 23 compañeros de Cotiza. Familiares y amigos de los presos también han sufrido torturas, como en el caso de García Palomo.

El informe mencionado cita nombres de torturadores, tales como los coroneles Franco Quintero, Hannover Guerrero, Terán Hurtado y la capitana Keyler Chacón, así como la responsabilidad de los generales Hernández Dala y Gustavo González López.

Textualmente afirma: La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe. Además, el Informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, señora Bachelet y los del Foro Penal Venezolano, Human Right Watch e Instituto Casla, entre otros, confirman las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.. Recientemente el régimen mejoró las condiciones en las cárceles gracias a los informes citados. Los victimarios tendrán que ser enjuiciados y las víctimas resarcidas.

Como (había) en botica

√ Quienes no apoyen la Consulta popular favorecen al régimen.

√ Nos alegramos por el Premio Federico García Lorca otorgado a la distinguida escritora Yolanda Pantín.

√ ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Los militares, algunos de ellos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, buscan ahora hacerse como diputados dentro de la Asamblea Nacional

@Saracosco

Los militares son las caras principales en muchos de los sectores del país y la Asamblea Nacional no podía ser una excepción. Con las elecciones legislativas en cuenta regresiva se sabe que el chavismo también postuló como candidatos a, al menos, 15 militares.

Según un reportaje de TalCual, los grados de los candidatos que vienen de la Fuerza Armada Nacional (FAN) van desde capitán hasta el rango máximo de general en jefe.

Uno de estos candidatos es el mayor general Antonio Benavides Torres, quien fue comandante de la Guardia Nacional (GN) en 2016 y fue señalado por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas como parte de la cadena de mando implicada en delitos de lesa humanidad. Su aspiración es ganar la curul del Circuito 4 de Distrito Capital.

Es la primera vez que Benavides se lanza como candidato a un cargo de elección popular. Previamente fue jefe del gobierno del Distrito Capital, un cargo inventado por Hugo Chávez en 2009, luego de que la oposición ganara la Alcaldía Metropolitana. Además, fue jefe de la Región Estratégica para la Defensa Integral (Redi) Central, jefe de Comando Regional N°5 de la GN y jefe del Estado Mayor del Core 5.

Fue uno de los defensores de la actuación militar contra las protestas opositoras de 2014, considerada como excesiva y desproporcionada por organizaciones no gubernamentales. En 2010, Provea y la Red por la Justicia y la Paz exigieron su destitución como jefe del Core 5 por su abordaje sobre la delincuencia en el país y por su declaración: “Su destino es la cárcel o bajo tierra”. 

En 2015, Antonio Benavides fue sancionado por Estados Unidos por violación de Derechos Humanos, se le congelaron los bienes y se le prohibió la entrada a ese país. 

Compañeros de sanciones

Otro colega militar candidato, que también fue sancionado por Estados Unidos, pero en 2017, es el general en jefe Jesús Suárez Chourio, quien encabeza la lista regional de la tolda roja en el estado Apure. Hasta hace unas semanas estuvo al frente del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe y, además, es el militar de más alto rango postulado para las elecciones. 

Suárez Chourio fue uno de los hombres de mayor confianza de Hugo Chávez, que participó en el intento de golpe de 1992. En mayo de 2017, cuando se desempeñaba como jefe de la Redi de la zona central, informó que detuvieron a 780 personas durante las protestas opositoras. De este grupo, 251 personas fueron puestas a la orden de los tribunales militares por los delitos de “ataque al centinela y asociación para la rebelión”. 

El militar también fue sancionado por Panamá, en 2018, por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Unión Europea y Suiza decidieron, igualmente, sancionarlo. 

Un club de fans

En la lista regional del estado Portuguesa hay otro candidato militar, y además cantante, con un club de fans. Juan Francisco Escalona es un capitán de la Fuerza Armada, exmiembro de Casa Militar cuando Hugo Chávez era presidente. En 2017 fue designado presidente de la Fundación Propatria 2000.

Escalona también es productor y cantante del programa que transmite Tves, Corazón Llanero. El  de 5 julio de 2016 fue ascendido a capitán y, según una nota de Konzapata.com, fue el más aplaudido cuando cantó loas al comandante para luego ponerse su uniforme de combate y se metió dentro de un tanque militar para desfilar en Los Próceres. 

Escalona tiene seguidores en Twitter, tanto así que hay una cuenta llamada Club de Fans Juan Escalona, que se dedicó hasta 2013 -fecha de su último tuit- a publicar mensajes, acompañados de fotos del ahora candidato elogiando su belleza. Actualmente, el militar se desempeña como constituyente.

Por el estado Bolívar, el chavismo postuló como candidato en la lista regional al antiguo comandante general del Ejército Alexis Rodríguez Cabello, quien además de ser primo de Diosdado Cabello -candidato por la lista nacional-, dirigió la Academia Militar y la Redi Capital.

En 2013, luego de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro nombró a Rodríguez Cabello como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial, con lo cual pasó a ser el responsable de la seguridad de Maduro y su familia. 

Cuando el intento de alzamiento militar, el 30 de abril de 2019, el militar, que en ese momento se desempeñaba como comandante de la Redi Capital, publicó un mensaje dejando claro que mantenía su lealtad hacia Maduro. 

«La Redi Capital sigue leal a la Constitución y a nuestro Presidente Constitucional de la República y Comandante en Jefe. Siempre triunfará la paz», publicó en la cuenta de Twitter de la Redi.  

Cuidando su pesca

Por el estado Sucre repetirá como candidato el comandante general de la Armada, Gilberto Pinto, que fue electo como diputado en 2015, aunque luego dejó su curul para ocupar el cargo de ministro de Pesca y Acuicultura y después el Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico. 

En abril de este año, la Asamblea Nacional aprobó iniciar una investigación en contra de Pinto por la resolución 0010, que autoriza la minería en seis ríos vitales para la cuenca de la Amazonía. 

Para el voto lista de Trujillo, el chavismo también postuló a otro militar, Gerardo Alfredo Márquez, quien participó en el intento de golpe de Estado de febrero de 1992. Ahora se dedica más a los negocios, ya que, según Poderopedia, Márquez aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como presidente, con el 75 % de las acciones, de La Verna Gourmet, empresa que prestó servicios a la Alcaldía de Valera.

También es vicepresidente y tiene el 50 % de las acciones de Inversora Márquez y Pérez, compañía que prestó servicios a Cantv y Movilnet. Igualmente es director y posee el 20 % de las acciones de Glovial, contratista de obras civiles y de arquitectura. 

A esta breve lista se suman los eternos diputados, que en el pasado también estuvieron en las filas militares, como por ejemplo: Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Francisco Ameliach.

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La ONG Justicia Venezolana dijo que 260 miembros del cuerpo castrenses se encuentran detenidos actualmente

La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana informó que 35 militares presos políticos presentan serias complicaciones de salud

Según precisó Neida Pérez Morillo, abogada y directora de esta organización, de los 260 miembros del cuerpo castrenses detenidos actualmente, al menos 35 de estos presentan diversas patologías crónicas que ponen en grave riesgo sus vidas. Entre estas destacó oficiales con hipertensión, diabetes e incluso cáncer; quienes no son atendidos por los organismos competentes. 

En este sentido, la profesional del derecho alertó sobre las violaciones a las garantías de los derechos humanos recurrentes en cuanto al debido proceso y el derecho a la salud, específicamente sobre las demoras judiciales injustificadas. «Hablar de un proceso penal es ilusorio, porque no hay absolutamente ninguna garantía legal”, resaltó la jurista.

«En algunos casos se han empezado a celebrar juicios y audiencias preliminares, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, pero incumpliendo por otro lado con las garantías propias de todo proceso penal como por ejemplo la imposibilidad de promover pruebas a favor, interponer escritos o diligencias, práctica de exámenes o atención médica y solicitar revisiones de medidas a los privados de libertad especialmente por razones de salud», agregó Pérez Morillo. 

Por su parte, Lilia Camejo, directora ejecutiva de la ONG garante de la justicia penal militar, destacó la importancia de que los profesionales de la prensa adquieran conocimientos en esta materia, al tiempo que agradeció el apoyo permanente  de los medios con denuncias vinculadas a los presos políticos, militares y civiles, que permanecen detenidos en el país.

Con información de Justicia Venezolana

La mayoría son de la Guardia Nacional y el Ejército

La presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, diputada Adriana Pichardo, presentó el informe sobre los presos políticos militares en Venezuela.

El observatorio contabiliza a la fecha 162 presos políticos militares, de los cuales 67 son de la Guardia Nacional (41,36%), 66 del Ejército (40.74%), 18 de la Aviación Militar (11.11%), 7 de la Armada (4.32%) y otros 4 (2.47%) sin identificar.

Solo en 2019 se registraron 65 detenciones arbitrarias de militares. “Por rango militar de los hoy secuestrados políticos militares el 40,74% representa a sargentos, el 27,78% a tenientes, 9,6% a coroneles, el 8,64% a capitanes, 6,79% generales, el 4,94% son mayores, 1,23% tenientes coroneles y un soldado que representa el 0,62%”, especificó Pichardo.

Distrito Capital, Monagas y Aragua ocupan los primeros tres lugares de estados donde se registraron el mayor número de aprehensiones, con 91, 17 y 15 casos, respectivamente. En Bolívar contabilizan cinco arrestos a militares por razones políticas que equivalen a 3,09% del total.

“Estas no solo son cifras, son las familias, son víctimas con derechos humanos. Detrás de estas 162 personas hay torturas, hay violación al debido proceso. Nosotros vamos a continuar elevando la voz y denunciando estos hechos”, manifestó la legisladora.

En cuanto a los sitios de reclusión, el 51.85% se encuentran en la cárcel de Ramo Verde, 25.31% en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta-Caracas, y 9.88% en La Pica. El resto se ubica en Fuerte Tiuna, Helicoide, hospital militar, cárcel 26 de Julio, cárcel de Santa Ana, Dgcim Táchira, arresto domiciliario, y tres casos sin especificar.

Pichardo destacó que el Observatorio de DD HH de la AN fue creado el 17 de julio 2020 con el fin de “documentar y visibilizar las violaciones de los DD HH a los que ha sido sometidos la población venezolana y crear una memoria histórica sobre estos hechos que puedan servir de insumo a las instancias nacionales e internacionales”.

Acotó que para la próxima semana prevén presentar un informe sobre los encarcelamientos por razones políticas a civiles.

El informe de la misión

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano se refirió al informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, y destacó que a diferencia del documento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet -que se limita a la descripción de los hechos sin determinar responsables-, este especifica la responsabilidad de las violaciones de DD HH y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Se refiere en primer término a lo que tiene que ver con la persecución y violación de DD HH de los parlamentarios y sus familiares. Son más de 100 los diputados perseguidos o sometidos a acoso. El informe establece desde sus primeras páginas un nexo entre corrupción y violación de DD HH, destacando que los principales motivos para llevar a cabo los crímenes son para recibir beneficios económicos, es decir, corrupción”, destacó.

Recordó que en el informe expresa el ilegal allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados a través del Tribunal Supremo de Justicia, y no de la Asamblea Nacional como constitucionalmente corresponde.

Se refirió también a los señalamientos en contra del Sebin y Dgcim, como dos de los órganos principales de represión en el país. Señaló el caso de Roberto Marrero como un ejemplo de fabricación de pruebas en contra de un ciudadano. “El exdirector del Sebin dijo que había recibió órdenes directas de Nicolás Maduro para sembrar armas en su casa, al mismo tiempo que declaró que era Maduro quien decidía quién era detenido, liberado y torturado”, indicó Solórzano.

“Además la comisión tiene el caso de una joven que ya no se encuentra en el país y que fue obligada a ingerir más de 10 litros de cloro. Ella es familiar de un preso político y casi la matan”, agregó.

El informe de la misión contienen más de 400 páginas con las que sustenta los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y sus responsables, e insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a actuar oportunamente para hacer justicia a las víctimas.

El diplomático estadounidense dijo que el 60% del Alto Mando militar tiene familiares viviendo en España

El encargado de Negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story exhortó a que se investigue el origen de los fondos con los que miembros del Alto Mando Militar de Venezuela financian la manutención de sus familiares en Europa.

Story explicó que según información que manejan, el 60% del Alto Mando militar tiene familiares viviendo en España. El funcionario consideró que España, así como otros países deben prestar atención a la proveniencia de esos fondos. «Si eres coronel y ganas de 15 a 20 dólares estadounidenses al mes, ¿cómo puedes permitirte mantener a tu familia en un apartamento en Barcelona o tener una casa o comprar un negocio en Madrid? Es imposible», dijo en una entrevista para el diario ABC.es.

“Creo que España, y ciertamente países de Latinoamérica,  Estados Unidos, tienen la responsabilidad de ver de dónde viene este dinero y no permitir el robo de recursos de Venezuela. Todos tenemos que usar las herramientas y procedimientos a nuestra disposición para hacer esas investigaciones y reconozco que no todas serán iguales, pero aún tenemos la responsabilidad de investigar esas riquezas de origen desconocido”, agregó.

Elecciones parlamentarias

El encargado de Negocios reiteró la posición de Estados Unidos de exigir elecciones libres y transparentes para Venezuela.

“El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de elegir a sus propios líderes y no a través de elecciones ficticias como la del próximo 6 de diciembre, sino con elecciones reales y transparentes. Venezuela no ha tenido esa oportunidad”, indicó.

Sobre el llamado a participar en las elecciones que hizo el el exgobernador del estado Miranda, el diplomático indicó que Henrique Capriles, decidió luchar por condiciones mínimas para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, sin embargo, ninguna de ellas se ha cumplido.

“El señor Josep Borrell intentó llegar a un acuerdo con el régimen para conseguir condiciones mínimas y fracasó”, añadió.

“No he visto nada que indique que esa dictadura esté dispuesta a tener elecciones libres. No puede haber elecciones libres si el Tribunal Supremo elige al Consejo Nacional Electoral y además añade 110 escaños a la Asamblea Nacional de 167 a 277. Eso se añade a la censura, la represión, el acoso a partidos políticos de la oposición y de la propia izquierda”, dijo.

James Story resaltó una vez más que todas las opciones están sobre la mesa cuando se trata del caso de Venezuela. Sin embargo, aclaró que que esto no quiere decir que la comunidad internacional resolverá los problemas de Venezuela sin que exista una organización interna.

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*Con información de ABC.es y DLA

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en un trabajo conjunto con el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas (Centro Gumilla), publicó un un informe en el que alerta que durante los primeros seis meses de 2020 los cuerpos de seguridad del Estado asesinaron a 1.611 personas, con un promedio de 9 muertes diarias.

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A continuación, presentamos 20 claves sobre el informe de Provea:

Las miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado, que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia.

Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.

Cuando las víctimas no tienen “padrino político”, se asume como cierta la versión policial de que se produjo un enfrentamiento y, en consecuencia, el Ministerio Público no actúa. Son miles las familias que desean contar con el derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales. 

En la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública se presume la realización de ejecuciones extrajudiciales. (Por ejecución se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima).

Falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares. En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es el cuerpo policial más letal.

En los primeros seis meses del año, la PNB fue responsable de 417 asesinatos, lo cual representa el 25,8% del total.

Muy de cerca el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 400 casos, lo que equivale al 24,83% del total.

En los dos últimos años en el debate público se ha opacado la responsabilidad del Cicpc en las cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el país. El señalamiento se ha centrado en el FAES puesto que actuando en menos estados del país es el cuerpo de seguridad que más atenta contra el derecho a la vida.

Las policías estadales fueron responsables de 399 presuntas ejecuciones, equivalente a 24,77%. Llama la atención la letalidad de la policía del estado Zulia responsable de 122 asesinatos, Aragua 65 y la del estado Carabobo con 54.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 222 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Al primer semestre de 2020 el número se elevó en 403%. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana.

Las policías municipales fueron responsables de 57 presuntas ejecuciones. Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.

Los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda.

Mayo fue el mes en que policías y militares actuaron con mayor letalidad: 379 personas fueron asesinadas en un contexto de cuarentena por coronavirus, en el que la circulación de personas en la vía pública ha sido mucho menor, pero los operativos violentos contra la población no se han detenido. Solo entre los meses de marzo a junio, en plena cuarentena, los policías y militares asesinaron a 1.091 personas.

En un estudio elaborado en el año 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, se señaló que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales-militares y de civiles. Es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no se reporten muertes en las filas de los órganos de la fuerza pública durante los llamados “enfrentamientos”.

Fortalecer la visión militarista y las prácticas de “mano dura” debilitan el concepto de seguridad ciudadana y obstruyen los necesarios consensos democráticos para avanzar en la adopción de políticas públicas, que ayuden a superar los altos índices de violencia y criminalidad en el país. 

Según ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia”. 

Urge detener la masacre por goteo que se realiza a diario en Venezuela, e investigar y sancionar a todos los responsables meteriales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales y/o militares

Al conformarse en el país una estructura institucional favorable a la impunidad, adquiere cada vez mayor importancia la activación de mecanismos de investigación independientes que contribuyan a que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. 

Para leer el informe de Provea haz clic aquí