La Coalición Nacional de ONG de Derechos Humanos en Venezuela, el Foro por la Vida, conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (UNIMET) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron este viernes 18 de mayo medidas cautelares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de los jóvenes defensores de Derechos Humanos Gregory Miguel Hinds Rodríguez y Geraldine Patricia Chacón Villarroel, quienes se encuentran, arbitrariamente, detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicada en El Helicoide, en la ciudad de Caracas, Municipio Libertador, quienes a pesar de haber recibido ambos una boleta de excarcelación, emitida por el Tribunal Trigésimo Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 2 de abril de 2018, permanecen detenidos en dicha instalación. Los jóvenes enfrentan un riesgo inminente para sus vidas e integridad personal, luego de los graves sucesos que se han presentado desde el 16 de mayo de 2018 en el mencionado sitio de reclusión.
En Venezuela, y en los últimos años, la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos ha tenido que enfrentar distintos obstáculos, varios de los cuales configuran violaciones de sus derechos humanos. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la CIDH han hecho referencia a los actos de hostigamiento, amenazas y ataques contra la integridad personal y contra la vida de los defensores y defensoras en el país, así como a la impunidad en que permanecen estos hechos y han insistido en que el Estado venezolano debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los defensores y defensoras de Derechos Humanos y cesar todo tipo de declaración descalificatoria en su contra por parte de agentes estatales.
Tanto Gregory Hinds como Geraldine Chacón, ambos de profesión abogados, formaban parte de la Fundación Embajadores Comunitarios, donde desarrollaban programas educativos basados en la promoción de los instrumentos de protección de derechos humanos y modelos de las Naciones Unidas entre jóvenes pertenecientes a comunidades populares del Área Metropolitana de Caracas, entre otras actividades de educación y empoderamiento social.
El pasado mes de abril de 2018, tanto Gregory Hinds como Geraldine Chacón, fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional.
Antecedentes del caso:
El miércoles 31 de enero de 2018, presuntos funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), se presentaron en la sede de la Fundación Embajadores Comunitarios (FEC), sin orden judicial de allanamiento, ni orden judicial de detención emitida por ningún Tribunal de la República e ingresaron a la sede en búsqueda de los directivos encargados de la fundación.
Horas más tarde, Gregory Hinds, Director General de la Fundación, se dirigió voluntariamente hasta la sede de la organización para preguntar sobre los motivos de la visita del mencionado cuerpo policial a sus instalaciones. A las 5:00 pm le solicitaron que los acompañara hasta la sede del SEBIN, ubicada en El Helicoide, en Caracas, a los fines de rendir una entrevista para que la misma “fuera grabada”.
Gregory Hinds les acompañó, sin que en ese momento se le indicara que estaba siendo detenido, ni los motivos de su aprehensión. Desde entonces, el joven Gregory Hinds no volvió a salir del Helicoide, donde fue recluido en una celda con espacio muy reducido, aislado, sin ventilación, ni luz solar y sin acceso a agua potable, según la versión que el mismo Gregory dio a sus abogados minutos antes de entrar a la audiencia de presentación.
Además, en el momento de la audiencia de presentación ante el Tribunal 31 de Control, Gregory Hinds mencionó que fue sometido a un “proceso de entrevista de cinco horas”, sin oportunidad de contar con un abogado, ni Fiscal del Ministerio Público que garantizara el respeto del debido proceso y, en especial, el derecho a su defensa.
Posteriormente, en la madrugada del jueves 01 de febrero de 2018, fue detenida arbitrariamente la joven Geraldine Chacón, por un grupo de más de 10 presuntos funcionarios del SEBIN fuertemente armados, mientras se encontraba en su residencia. Los presuntos funcionarios del SEBIN no llevaban orden de aprehensión, ni de allanamiento. Ingresaron a su residencia, tomaron varias fotografías al lugar, y luego de unos minutos le pidieron a Geraldine Chacón que los acompañara a la sede del Helicoide, para realizarle una entrevista, en su condición de Directora de Programas de la Fundación Embajadores Comunitarios, le indicaron que sería breve y que podría retornar a su residencia. Geraldine Chacón accedió sin oponer resistencia. Lamentablemente, desde la fecha no ha regresado a su casa y permanece injustamente detenida.
Tanto Geraldine Chacón, como Gregory Hinds fueron interrogados sin tener asistencia jurídica, violando su derecho a la defensa, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ninguno ha podido recibir visitas por parte de sus familiares o abogados durante más de 104 días de detención. Asimismo, sus familiares han manifestado temer por la integridad de ambos, puesto que no han podido constatar sus condiciones actuales de salud.
La audiencia de presentación se llevó a cabo el 5 de febrero ante el Tribunal 31º de Control, cuyo juez no se encontraba en el despacho, por lo que se encargó de la celebración de la audiencia la juez del Tribunal 30º en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial. En dicho acto la Representación Fiscal no imputó hechos y/o conductas concretas atribuibles a Geraldine Chacón y a Gregory Hinds.
Solicitud de medidas cautelares:
Desde el día 16 de mayo de 2018, las amenazas a su integridad personal y a su derecho a la vida han venido escalando en su gravedad, específicamente por los recientes hechos ocurridos en la sede del SEBIN, ubicada en el Helicoide, donde un grupo de detenidos han denunciado públicamente, así como sus familiares, graves violaciones a sus derechos, incluyendo casos de presuntas torturas, privación de alimentación, falta de atención médica, no acceso a agua potable, así como el no cumplimiento de varias boletas de excarcelación ordenadas por los Tribunales de la República, entre otros.
No hay conocimiento por parte de sus familiares de si Gregory Hinds está recibiendo la medicación que requiere diariamente para atender su hipertensión. Ni que Geraldine Chacón ha recibido atención médica oportuna frente a problemas respiratorios y estomacales experimentados durante el periodo en el que ha permanecido detenida.
Asimismo, desde el pasado miércoles 16 de mayo, no ha habido constancia del estado físico y psicológico de estos jóvenes, a pesar de las múltiples solicitudes, de sus familiares y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de la Conferencia Episcopal de Venezuela, a las autoridades venezolanas para que se aboquen al caso. Si se materializa un asalto de las fuerzas de seguridad al sitio donde los jóvenes se encuentran detenidos, sus vidas e integridad personal estarán seriamente amenazadas y corriendo un riesgo inminente.
La irreparabilidad del daño que puede ser causado a las víctimas en este caso es evidente. De comprobarse esta situación, estaríamos ante graves violaciones al derecho a la integridad personal, libertad personal, libertad de asociación, protección a defensores a los derechos humanos y sus garantías procesales.
En el escrito de solicitud las organizaciones firmantes, el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Espacio Público, Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI), Acción Solidaria, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, Comisión Justicia y Paz Los Teques/Cáritas Los Teques, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), integrantes de la Coalición Nacional de ONG de Derechos Humanos en Venezuela Foro por la Vida; conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (UNIMET) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), piden:
i. Se cumpla con las órdenes de excarcelación dictadas por el Tribunal Trigésimo Primero (31) en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas de fecha 2 de abril de 2018, ratificadas en fechas 06, 09, 10 y 11 de abril de 2018 a favor de los abogados y defensores de derechos humanos Geraldine Chacón y Gregory Hinds, tal como establece el artículo 44 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
ii. Se garanticen los derechos de los defensores de derechos humanos Geraldine Chacón y Gregory Hinds, al debido proceso, el derecho a la defensa y a la comunicación con sus abogados y familiares, todos estos establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
iii. Se adopten las medidas de protección, previa consulta con los beneficiarios, necesarias para prevenir la violación de los derechos a la vida, libertad e integridad personal de los beneficiarios;
iv. Inicie una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en contra de las presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridas por los abogados y defensores de derechos humanos Geraldine Chacón y Gregory Hinds, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley.
