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Las escalas del bombardeo contra la elección primaria

 

La Comisión Electoral de la Primaria ha decidido no probar el caramelo de Elvis Amoroso, y, asumiendo los riesgos, continuará organizando la consulta por cuenta propia. El Consejo Nacional Electoral ha manifestado tener “la competencia exclusiva” en la organización de elecciones. El fuego cruzado continúa

Por: amoleiro

En la Plataforma Unitaria y la Comisión Electoral de Primarias todo el mundo parece tener claro que la tardía respuesta del Consejo Nacional Electoral a la solicitud de asistencia técnica para organizar la consulta de la oposición, y la propuesta para posponerla para este 19 de noviembre, no han sido nada inocentes, y que con alta probabilidad iban a traer consigo fundamentadas tentativas de escamoteo en su desenlace.

El acuerdo con el CNE, deseable hace tres o cuatro meses, arriba de forma premeditadamente inoportuna. El primer anzuelo lanzado ha sido la propuesta de aplazar por un mes la consulta, con el objeto de poder brindarle a la Comisión el auxilio técnico y logístico que necesita –porque lo necesita- para organizar la elección.

Las cosas, como reza el comunicado público de la Comisión de Primaria, “han cambiado mucho” desde el pasado 5 de junio hasta la fecha. Son cuatro largos meses que hacen imposible un nuevo comienzo. El Consejo Nacional Electoral, entretanto, acusó recibo de la negativa, manifestando en un parco comunicado posterior tener “la competencia exclusiva de organizar elecciones”.

La Comisión Electoral de Primarias le había colocado a esta nueva directiva del CNE tres condiciones para acordar algún tipo de asistencia: que se respete la fecha de la consulta, el 22 de octubre, los candidatos y sus ofertas; el derecho al voto de la diáspora, y la autonomía funcional y política de la Comisión. Esgrimiendo razones logísticas, Amoroso ha podido comprometerse con todas, menos con la primera.

Los políticos de la oposición (no todos, pero sí muchos) temen que un compromiso institucional tardío con el Consejo Nacional Electoral le abra las compuertas a decisiones con enorme costo, que agraven las ya existentes diferencias de intereses y criterio entre sus actores.

Con la negativa expresada, ha privado el criterio de defender lo labrado y no desandar lo andado. Aceptar la propuesta de Amoroso, aseguran fuentes que han pedido el anonimato, habría implicado entregarse a la muy posible gestación de una nueva celda institucional de imposible resolución.

El catálogo de riesgos

Pero las posibles maniobras para impedir las primarias, lesionar la participación política de la población e impedir la consulta, lo saben los políticos opositores, sobrepasan con mucho la propia existencia del CNE.

Cualquier personaje de la política actual –pongamos por caso, un Luis Alejandro Ratti- podría interponer un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia impugnando la participación de candidatos inhabilitados. O podría el Supremo autorizar con una sentencia la participación de algunos candidatos inhabilitados en detrimento de otros, sobre todo aquellos que son más populares. O algunos políticos del alacranato impugnar los comicios y exigir que se les permita también a ellos participar, solicitando, en perfecta concordancia con los intereses del chavismo, que estos sean pospuestos.

No aceptar una sentencia del TSJ colocaría a la Comisión de Primaras frente a la figura del desacato, y ese escenario está descartado entre los organizadores de la consulta.

En un contexto donde María Corina Machado encabeza todos los sondeos de opinión, algunos partidos de la Unidad, como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Fuerza Vecinal, parecían interesados en las ventajas técnicas que ofrece un acuerdo de asistencia con el Consejo Nacional Electoral.

Un primer round de cordialidad

La primera aproximación que tuvo el director del CNE, Elvis Amoroso (excontralor general de la República y autor personal de las inhabilitaciones a los candidatos opositores), con los miembros de la Comisión de Primarias, ha transcurrido en buenos términos. José María Casal, presidente de la Comisión, le hizo saber a Amoroso que el proceso había ya avanzado con mucha claridad a partir de aquella primera solicitud.

Casal le manifestó a Amoroso que la Comisión estaba abierta a recibir ayuda del Poder Electoral, siempre que CNE respete las condiciones, la fecha programada y el estatus actual del proceso. También, aquellas áreas de la ejecución que demandarían respaldo estatal: apoyo en la apertura de centros de votación adicionales y necesarios; seguridad; protocolos de traslado y resguardo de material electoral; una solicitud al Minci para acreditar a los periodistas, y otro a la Cancillería para certificar expertos electorales que quieran verificar el proceso.

Pidió, por último, la protección política, el respeto y compromiso, basado en los principios constitucionales, en torno al derecho ciudadano a organizar este mecanismo consultivo.

Amoroso respondió a Casal que el Poder Electoral no presta centros sin máquinas de votación; y le propuso mover un mes la Primaria para poder cumplir con el despliegue técnico y logístico, que incluye ofrecer cuatro mil centros adicionales. El funcionario le aseguró a Casal que, con mucha probabilidad, luego de determinadas consultas y negociaciones, siendo básicamente “un problema político”, las inhabilitaciones podían ser suprimidas y los candidatos afectados también podrían participar.

Las fuentes indican que Elvis Amoroso se ha mostrado flexible, abierto, cordial, e interesado en acordar. El paquete incluiría todos los aditamentos del voto electrónico (sólo María Corina Machado tiene reparos con este tema).

Las celadas

La organización de la Elección Primaria avanza de acuerdo a lo previsto, y en la Comisión Electoral hay certezas sobre la ejecución de los comicios, incluso si son organizados por cuenta propia.

Nadie desconoce, sin embargo, las tareas por concluir, los problemas por resolver y los votantes por motivar. Persisten los cuellos de botella, La insuficiencia de centros de votación, los problemas potenciales con la seguridad, los riesgos logísticos a partir de contingencias sobrevenidas el propio día de la elección, que en ocasiones se concretan en tiempo real.

El ofrecimiento de Amoroso le proponía a la oposición la solución de varios de estos problemas: venía con suficientes centros electorales; presencia del Plan República, para ofrecer seguridad; la participación efectiva de todos los candidatos, incluso los inhabilitados, siempre y cuando se aceptara la posposición de los comicios para mediados de noviembre

Todo el mundo sabe que el gobierno hará lo necesario para impedir una consulta popular que abra las compuertas a un liderazgo nacional con vocación de cambio político. Todos, comenzando por el comando de quién encabeza las encuestas, María Corina Machado.

Y aunque poco se ha discutido sobre medidas subsecuentes a partir de nuevos vetos, los caminos conducirían a la concreción de un tipo de acuerdo que tome en cuenta el momento político actual y que interprete con honestidad las encuestas y el clima de opinión del país. En el terreno de los acuerdos, si se atiende lo que expresan las encuestas, también puede favorecer a Machado.

Muchísimas personas opinarán lo contrario, pero algunos dirigentes de la oposición están conscientes de que difícilmente se pueda concretar una unidad de propósitos que tenga contenido y anclaje popular en 2024 prescindiendo de María Corina Machado. Su capital político, el momento que cursa su liderazgo, el enorme valor simbólico que tendría su dedo índice, es juzgado como fundamental para cualquier iniciativa de masas que se aproxime en los próximos meses.

ELN negó autoría en amenazas contra María Corina Machado en Táchira
En un comunicado, la guerrilla sostiene que las amenazas contra la dirigente «tienen la intención de ubicar al ELN como una organización binacional, que opera más allá de las fronteras colombianas»

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó en un comunicado ser el autor de las pintadas con sus siglas y amenazas de muerte que aparecieron en la sede de Vente Venezuela (VV), de la dirigente María Corina Machado, en el municipio García de Hevia, fronterizo con Colombia.

«Desmentimos la autoría y condenamos este tipo de acciones que no deben ser parte del ejercicio de la política y sana competencia electoral del Pueblo venezolano», aseguró en un comunicado el Frente de Guerra Urbano del ELN, en el que aseveran que no interferirán en «asuntos electorales en Colombia y mucho menos en países vecinos».

El partido VV denunció el pasado 22 de julio que su sede, que se inauguró el lunes, apareció vandalizada y en imágenes se podía observar los grafitis, los cuales dicen, entre otras cosas, «muerte María Corina» y «primarias sin María Corina», junto al acrónimo del grupo guerrillero que, según varias ONG, opera en varios municipios fronterizos de Venezuela.

El ELN, que está en conversaciones de paz con el gobierno colombiano en las que Venezuela es país garante, también añadió que las pintadas «tienen la intención de ubicar al ELN como una organización binacional, que opera más allá de las fronteras colombianas».

Fiscalía indiferente ante ataque a comando de Machado en Táchira

El pasado 22  de julio, el comando del partido Vente Venezuela en la localidad de La Fría, en el municipio García de Hevia del estado Táchira, amaneció pintado con amenazas de muerte contra Machado

En medio de los mensajes estaban las siglas del ELN, grupo irregular que opera en los municipios fronterizos del estado.

Ante estas amenazas, la Fiscalía General liderada por el funcionario impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, no se ha pronunciado.

“Esta es la fachada de la casa de la libertad que se va a inaugurar este próximo lunes en el municipio García de Hevia en el Táchira, esto se traduce simplemente en miedo y hagan lo que hagan, no nos detendrán, vamos por la Libertad, vamos hasta el final con María Corina”, escribió en su cuenta de Twitter, la secretaria política de Vente Venezuela en Táchira, Mercedes Ramírez.

El pasado mes de mayo, la candidata Machado realizó una gira por Táchira y funcionarios Guardia Nacional Bolivariana intentaron impedir el tránsito por la zona sur del estado, sin embargo Machado pudo realizarlas cruzando alcabalas a pie.

Es la segunda vez en la semana que una sede de Vente Venezuela ha sido vandalizada, luego de que el pasado miércoles 19 aparecieran mensajes en el comando de partido en Zaraza, estado Guárico.

Voceros de Vente Táchira aseguraron que pese a los ataques la sede será inaugurada este lunes 24 de julio.

Con información de EFE

Copei respalda acuerdo para la transición de Ledezma, López y Machado

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El partido socialcristiano  Copei anunció hoy su respaldo al llamado «acuerdo para la transición» impulsado por los dirigentes Leopoldo López, María Corina Machado y el alcalde Antonio Ledezma, un documento que ha sido señalado por el Gobierno como prueba de una conspiración.

«Como rebeldía cívica todo Copei suscribe el acuerdo para la transición nacional», dijo en rueda de prensa el presidente del partido, Roberto Enríquez, al señalar que este documento sería una de las causas de la detención del alcalde metropolitano de Caracas.

Con este acto de apoyo al documento, los «copeyanos» anunciaron su respaldo a Ledezma, que fue detenido el pasado jueves por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en la sede del partido del que es fundador, Alianza Bravo Pueblo (ABP), en Caracas.

«La satrapía que se está cometiendo con nuestro compañero de lucha Antonio Ledezma no es un incidente aislado, sino una bribonada más de una rosca pendenciera embriagada en el poder, estamos en presencia de un despropósito inconstitucional e ilegal, ilegitimo e inmoral», agregó Enríquez.

Los militantes de Copei se suman así a otros opositores que este fin de semana dieron el paso de suscribir este acuerdo como Luis Miquilena, Enrique Tejera París, Pompeyo Márquez y Enrique Aristeguieta.

El vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, se pronunció sobre este nuevo apoyo en su cuenta de Twitter con el mensaje: «Anuncian que más opositores se sumarán al comunicado golpista neoliberal. Al fin se sinceran y confiesan sus verdaderos planes e intenciones».

En el llamado «Acuerdo nacional para la transición», difundido el pasado 11 de febrero y firmado por Machado, López y Ledezma, se pide la renuncia del presidente Nicolás Maduro para dar paso «a la reconstrucción» del país.

Maduro aseguró el 12 de febrero que su Gobierno había desmantelado un plan de golpe de Estado «trazado» desde Estados Unidos y en el que estaba involucrado un grupo de militares de la aviación venezolana, así como dirigentes opositores.

Según el presidente, la publicación del acuerdo para la transición, era la señal que los militares golpistas estarían esperando para iniciar un ataque aéreo contra objetivos oficiales, incluyendo el sitio donde él se encontrara.

El Ministerio Público de Venezuela imputó el pasado viernes a Ledezma, que ya se encuentra preso en la cárcel de Ramo Verde, donde también permanece recluido Leopoldo López, de presuntamente incurrir en los delitos de «conspiración y asociación» por su supuesta vinculación en «planes conspirativos».

Acuerdo Nacional para la Transición: Este es el comunicado por el que el SEBIN se llevó a Ledezma

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LLAMADO A LOS VENEZOLANOS A UN ACUERDO NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN

 

El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de su historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos dieciséis años aplicó un modelo fracasado y ha ejercido de manera impune la antidemocracia; un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos, con los cuales se hubiese podido impulsar el bienestar y el progreso de todos, en lugar de generar la ruina que hoy sufrimos. En fin, el desastre que vivimos responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, que se ha apoyado en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para controlar a la sociedad a través de la represión, que degradó las instituciones y que violentó todo ámbito de la sociedad hasta devastar la economía y dañar gravemente las bases de la paz. La precariedad y las tensiones que resultan de esta crisis y la insistencia del régimen en “profundizar” el modelo que la genera, pueden llevarnos en muy corto plazo a una emergencia humanitaria y han deslegitimado en extremo al gobierno. Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal.

 

Nuestro llamado: construir un acuerdo para conducir la transición en paz

 

Es la obligación de todo demócrata ayudar a resolver la actual crisis, defender la libertad, evitar que el ya ineludible derrumbe del régimen desborde los cauces de la paz y la constitucionalidad y hacer que la transición, es decir, el paso del sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza, se produzca de la mano de la mayoría de los venezolanos y nos lleve sin retrocesos a recuperar el espíritu y el orden democrático. Asumiendo ese compromiso hacemos un llamado, sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales. Los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional le darán solidez a las decisiones que deberán ser adoptadas para salir de la crisis en todos los ámbitos; para armonizar socialmente al país y para asegurar la estabilidad política en su paso por un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y acechanzas de diverso orden. A tal fin, proponemos un programa basado en tres agendas de acciones concretas, el cual se ha alimentado de las contribuciones que han hecho en los últimos tiempos diversos grupos de valiosos venezolanos. Como instrumento del Acuerdo Nacional, el programa que invitamos a acompañar y enriquecer con las perspectivas de todos los sectores, servirá de guía para superar la crisis y comenzar la reconstrucción del país.

    1. Una agenda política-institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho:

 

– Restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los exiliados y solicitar del sistema judicial la apertura de los procesos a que haya lugar para el castigo de delitos graves cometidos al amparo del poder gubernamental; – Reponer el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a informarse sobre la gestión del Estado y revertir totalmente las violaciones y arbitrariedades cometidas en estos ámbitos; – Rescatar la autonomía de los órganos del Poder Público, designar a sus directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional venezolano; – Restituir plenamente la descentralización, el ejercicio de los poderes regionales y locales y la participación ciudadana genuina que establecen la Constitución y las leyes; – Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes;
- Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad político-partidista; y
- Abrir un proceso de despolarización política y de reconciliación nacional, que convoque e involucre activamente a toda la sociedad en la reconstrucción de las bases para la paz.

    1. Una agenda para atender la emergencia social y asegurar la atención eficaz a los sectores más vulnerables:

 

– Restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución; – Corregir las fallas de los servicios públicos fundamentales en todo el país, con especial prioridad en los de electricidad, agua, saneamiento, gas doméstico y transporte público; – Garantizar que sean cubiertas las necesidades de salud de todo el pueblo de Venezuela, atendiendo las fallas y deformaciones existentes en la gestión de la salud pública y los sistemas hospitalarios; resolver el desabastecimiento actual de medicinas, insumos y equipos médicos y suplir los déficits de personal de salud de distintos niveles; y – Enfrentar como prioridad de Estado la emergencia de seguridad ciudadana, desmantelar las redes criminales que proliferaron gracias a la impunidad y a la complicidad del régimen actual y abordar de manera integral el problema en sus facetas de prevención, acción policial, administración de justicia para eliminar la impunidad y elevación de la eficacia del sistema penitenciario.

    1. Una agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y generar confianza en el país:

 

– Recuperar la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera, revisar los marcos legales y los acuerdos lesivos a la misma y designar una nueva directiva de PDVSA, honesta y con capacidades, para garantizar su funcionamiento eficiente al servicio del país; – Insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo; – Desacelerar el proceso inflacionario actual, asumir una política cambiaria que promueva la producción nacional y, en general, corregir los desequilibrios macroeconómicos generados por años de excesos y corruptelas; restablecer la autonomía del BCV; poner en vigor un sistema eficiente y transparente para la coordinación de las finanzas públicas y designar nuevas autoridades de los entes económicos del Estado, con base en las normas y en criterios de capacidad y méritos; – Llegar a acuerdos para la justa reparación de los daños a que hubiere lugar por expropiaciones arbitrarias; revisar el estado real de todas las empresas no petroleras que acabaron en manos estatales por la voracidad del régimen y decidir las formas de propiedad y gestión que ellas deban asumir para asegurar su recuperación productiva. – Desmontar la maraña de controles que ahoga a la economía y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro. Venezuela será lo que los venezolanos hagamos de ella a través del cambio de rumbo que nosotros mismos decidamos.

Ese rumbo estará asegurado por los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional para la Transición.

Caracas, 11 de Febrero de 2015

Antonio Ledezma                        Leopoldo López                    María Corina Machado