Luisa Ortega Díaz

La fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, informó que expondrá la situación de Venezuela este viernes 10 de noviembre durante su participación en la Cumbre de Juezas y Fiscales sobre la trata de personas en el Vaticano.

«Mañana 10 de noviembre expondré el caso Venezuela y las calamidades de un pueblo que huyendo de la miseria, se ha visto obligado a migrar masivamente», expresó desde su cuenta en Twitter.

Estoy en el #Vaticano participando en la Cumbre de Juezas y Fiscales sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado. Mañana #10Nov expondré el caso #Venezuela?? y las calamidades de un pueblo que huyendo de la miseria, se ha visto obligado a migrar masivamente pic.twitter.com/MiuAO87rML

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) November 9, 2017

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se encargará de decidir sobre el caso del magistrado Ángel Zerpa, quien hasta el momento había sido presentado ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, donde fue imputado por la comisión de los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones, tipificados en los artículos 464, numeral 25, del Código Orgánico de Justicia Militar y 213 del Código Penal, respectivamente.

La sentencia N° 363, con ponencia de la magistrada Francia Coello González, ordena además la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realización de cualquier clase de actuación del tribunal militar.

Antes de ser designado como magistrado por la Asamblea Nacional, que el TSJ declaró en «desacato» pese a que tal figura no existe en las leyes venezolanas, Zerpa era el abogado de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien durante las protestas ocurridas entre abril y agosto de este año criticó duramente al gobierno de Nicolás Maduro y, posteriormente, fue destituida por la asamblea nacional constituyente afecta al oficialismo.

La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, introdujo este jueves ante el grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designado por el Parlamento, un recurso de nulidad y un amparo cautelar contra el decreto del Arco Minero.

La abogada señaló que la explotación de minerales en el estado Bolívar está afectando a la población, al tiempo que aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro busca oficializar las estructuras mafiosas, tanto civiles como militares que están tras la explotación de los minerales y beneficiar los intereses de las grandes compañías a las que les han otorgado los contratos.

«(Esto) es una reivindicación a la soberanía nacional. El gobierno de Maduro, en su afán de estar en el poder y de recibir oxígeno, porque está ahogado, porque todo el dinero se lo han robado, ha hipotecado a la nación y los valiosos recursos naturales que se encuentran en Bolívar», indicó en rueda de prensa ofrecida a medios colombianos.

Ortega Díaz dijo que buscan proteger el ambiente de una zona con una amplia biodiversidad y garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas que viven en la zona. «Se han visto atacados, expulsados de su lugar de origen. Ellos nunca fueron consultados».

Con el Arco Minero se producirá un daño irreversible a los monumentos naturales del país, tales como los tepuyes, la parte baja del Caroní y las reservas forestales de Imataca, destacó la fiscal en el exilio.

«Las cabeceras del Caroní ya están comprometidas. La minería a cielo abierto, que es lo que hace el Arco Minero, también contamina los suelos y las aguas. En esto se utiliza cianuro, que es un contaminante: el daño que puede hacer a los suelos es irreversible. Si contamina las aguas, traerán enfermedades como la malaria (…) El cianuro trae como consecuencia cáncer de piel, intoxicaciones, enfermedades respiratorias, y otras tantas».

La funcionaria dijo que con la demanda apunta a advertir al mundo que los convenios con el Arco Minero se firmaron se manera ilegal, pues no los aprobó la Asamblea Nacional.

Una vez admitido el recurso ante los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ en el exterior, será enviado el oficio a los organismos internacionales. Advirtió a los países que están inmersos en las negociaciones del Arco Minero que sus contratos serán desconocidos cuando retorne el Estado de derecho a Venezuela.

Ricardo Luna, canciller de Perú y copresidente del Grupo de Lima, expresó su deseo de involucrar a la ONU y a su secretario general, António Guterres, con el fin de buscar una solución a la situación que atraviesa Venezuela.

Al inicio de la tercera reunión ministerial del Grupo de Lima, compuesto por 12 países, Luna declaró que cree que «es tiempo de intentar involucrar a las Naciones Unidas y en particular a su secretario general, António Guterres» en la solución de la situación.

Luna añadió que el objetivo de la reunión del Grupo de Lima «es crear una situación propicia para que el mandatario Nicolás Maduro se sienta obligado a negociar no solo una salida a la situación que atraviesa el país, sino también una salida de su Gobierno».

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, anfitriona de la reunión y copresidenta del Grupo de Lima, afirmó que «no podemos quedarnos con los brazos cruzados» y que es necesario ampliar la coalición de países que se oponen al Gobierno de Maduro.

Entre los acuerdos de la declaración del Grupo está el desconocimiento de la asamblea nacional constituyente y todas las decisiones que emanen de ella, la urgencia de renovar el poder electoral, la liberación de los presos políticos, el repudio a la actitud del gobierno de Maduro de no aceptar ayuda internacional para paliar la crisis humanitaria, las violaciones a los derechos humanos y la preocupación por el éxodo masivo de venezolanos a otras latitudes.

El Grupo de Lima está compuesto por doce países americanos: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Al cónclave también fue invitada la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

#GrupoDeLima Canciller peruano: «En #Venezuela «la situación se ha puesto peor». https://t.co/uDWpGdOAmc pic.twitter.com/leWYk8XjSL

— Voz de América (@VOANoticias) 26 de octubre de 2017

La Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, consideró la juramentación de los gobernadores electos el pasado 15 de octubre como una «sumisión ante una ilegítima estructura».

«Es una sumisión ante una ilegítima estructura. Todos sabemos cómo fue electa esa Asamblea Nacional Constituyente. Una Constituyente presidencial para (Nicolás) Maduro y su equipo más cercano, para poder hacer con Venezuela lo que quieran y destruir la democracia, el estado de derecho, las libertades», dijo Ortega Díaz en exclusiva para El Pitazo este miércoles desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá.

La juramentación el lunes 23 de octubre de cuatro de los cinco gobernadores opositores electos en los comicios regionales del 15 de octubre ante la ANC provocó una ola de críticas en Venezuela, donde la oposición y buena parte de la sociedad civil no reconocen la legitimidad de este suprapoder.

Ortega puso fin a años de lealtad al gobierno de Maduro cuando denunció como inconstitucional el fallo del Tribunal Supremo de Justicia para quitar todo el poder a la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo del país. Ortega acabó huyendo de Venezuela en agosto tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente.

LO QUE PIENSA LUISA ORTEGA DÍAZ SOBRE LA JURAMENTACIÓN DE LOS GOBERNADORES OPOSITORES ANTE LA ANC Panamá.- La Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, consideró la juramentación de los gobernadores electos el pasado 15 de octubre como una «sumisión ante una ilegítima estructura». «Todos sabemos cómo fue electa esa Asamblea Nacional Constituyente. Una Constituyente presidencial para Maduro y su equipo más cercano para poder hacer con Venezuela lo que quieran y destruir la democracia, el estado de derecho, las libertades», dijo en exclusiva a #ElPitazo Ortega Díaz este miércoles desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá.

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La fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, respondió a la petición de la empresa brasileña Odebrecht que solicitó este miércoles al Supremo Tribunal Federal de Brasil silenciarla con multas para que no divulgue información relacionada con un testimonio que se había mantenido confidencial sobre las pruebas de corrupción de altos funcionarios del gobierno bolivariano.

En el comunicado publicado en su página web, Ortega Díaz le responde directamente a Euzenando Acevedo, presidente de Odebrecht-Venezuela, asegurando que los venezolanos «tienen todo el derecho de saber quiénes están vinculados a este escandaloso caso Odebrecht y cómo lo hicieron.»

«Yo cedí las pruebas y la acción investigativa a la fiscalía brasileña, la cual tiene ahora la posibilidad histórica de procesar a los responsables de esos hechos», aseguró la Fiscal.

Cuestionó esta acción e indicó que la compañía debería facilitar la obtención de justicia en todos los países donde sea necesario.

«Promueven la inacción de la justicia respecto a Nicolás Maduro y sus compañeros delictuales», sentenció.

La fiscal Ortega denunció el 23 de agosto en una reunión de Fiscales Generales de Mercosur en Brasil, que tenía pruebas que involucran a Nicolás Maduro en el caso Odebrecht.

Ortega Díaz afirmó tener pruebas que involucran tanto a Maduro como a Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros dirigentes del Gobierno.

A continuación el comunicado completo:

Es necesario que la opinión pública mundial sepa que la publicación de la declaración del presidente de Odebrecht-Venezuela, Euzenando Acevedo, ante la Procuraduría General de Brasil, es un deber que me impone la legislación venezolana.

Todos los venezolanos han sido víctimas del desfalco y corrupción de los gobernantes, por ello, tienen todo el derecho de saber quiénes están vinculados a este escandaloso caso Odebrecht y cómo lo hicieron.

Yo cedí las pruebas y la acción investigativa a la fiscalía brasileña, la cual tiene ahora la posibilidad histórica de procesar a los responsables de esos hechos.

En Venezuela no hay actualmente posibilidad de justicia, hay tal nivel de caos institucional, que son los mismos delincuentes señalados en este caso, los que han asaltado el poder y tienen el control total de los organismos jurisdiccionales.

Lo que ha anunciado Odebrecht es lamentable; muestra una falta de transparencia, y que pareciera persistir en sus prácticas a favor de la corrupción. Parte de su compromiso frente a la justicia, era aportar todo aquello que fuera necesario para erradicar este mal en los países en los que han operado.

Esta acción no es coherente con ninguno de esos compromisos, pretenden atacar a quien muestra al mundo sus corruptelas, en vez de facilitar la obtención de justicia en todos los países de la región y el mundo entero.

Resulta curioso como esta empresa centra todos sus esfuerzos en que las pruebas de la corrupción de su organización en Venezuela no salgan a la opinión pública y, por el contrario, promueven la inacción de la justicia respecto a Nicolás Maduro y sus compañeros delictuales.

 

La empresa Odebrecht SA pidió el miércoles al Supremo Tribunal Federal de Brasil que amenace con multas a la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, para que no divulgue información relacionada con un testimonio que se ha mantenido confidencial, según informó Reuters.

En diciembre, Odebrecht y su filial petroquímica Braskem SA acordaron pagar 3.500 millones de dólares en multas para cerrar investigaciones por sobornos políticos en Brasil, Estados Unidos y Suiza.

Algunos aspectos del testimonio siguen siendo confidenciales cuando involucran a países donde la constructora brasileña no ha llegado a acuerdo con los fiscales.

La fiscal Ortega denunció el 23 de agosto en una reunión de Fiscales Generales de Mercosur en Brasil, que tenía pruebas que involucran a Nicolás Maduro en el caso Odebrecht.

Ortega Díaz afirmó tener pruebas que involucran tanto a Maduro como a Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros dirigentes del Gobierno.

Especificó que Diosdado Cabello recibió 100 millones de dólares a través de una empresa española denominada TSE Arietis, cuyos propietarios serían sus primos Luis Alfredo Campos Cabello y Gerson Jesús Campos Cabello. Detalló que en el país hay once obras sin terminar de Odebrecht por un valor de 300 mil millones.

En septiembre, la empresa emitió un comunicado para desmentir las acusaciones de Ortega Díaz, pues después de realizar una exhaustiva búsqueda en los antiguos sistemas y en los testimonios de sus ex integrantes que colaboran con la fuerza tarea del Lava Jato, Odebrecht afirmó que no procede la acusación de pago de US$ 100 millones al expresidente de la Asamblea Nacional, y “que tampoco hizo ningún pago por ese monto, directa o indirectamente, a través de terceros o en su nombre, a la empresa española TSE Arietis».

La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, presentará en España una denuncia por corrupción contra miembros del gobierno venezolano y otra en relación a ciudadanos españoles que permanecen presos sin orden judicial, informó el lunes una funcionaria del Ministerio Público español.

La fiscal de cooperación internacional Rosana Morán dijo que Ortega se reunió con el teniente fiscal del Tribunal Supremo español, Luis Navajas. Ortega fue saludada brevemente por el fiscal general de España, José Manuel Maza, cuya agenda le impidió asistir al encuentro del lunes en Madrid.

En la reunión se acordó que Ortega denunciará a título privado ante la fiscalía anticorrupción española a cargos importantes del gobierno venezolano que presuntamente adquirieron bienes en España con dinero obtenido como sobornos por parte de ejecutivos de Odebrecht.

La constructora brasileña ha reconocido que pagó sobornos en toda Latinoamérica para asegurar lucrativos contratos. La pasada semana, Ortega filtró un video que presuntamente muestra a un ejecutivo de Odebrecht reconociendo que accedió a pagar 35 millones de dólares para la campaña política del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Durante la reunión no se discutieron los nombres concretos de los funcionarios del gobierno venezolano señalados en la denuncia, dijo Morán a The Associated Press. La fiscal explicó que el ministerio público tendrá que valorar si, a la luz de la documentación presentada por Ortega, el presunto delito puede ser juzgado en España y bajo las leyes españolas.

Ortega también presentará una segunda denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Nacional española sobre la situación del integrante del partido opositor Voluntad Popular, Yon Goicoechea, y otros presos de nacionalidad española que, según la fiscal, permanecen detenidos en Venezuela pese a la ausencia de una orden judicial de encarcelamiento.

Morán explicó que la documentación que aporte Ortega podría ser añadida a una causa ya abierta en la Audiencia Nacional por parte de los abogados españoles de Goicoechea a instancias de su esposa, que reside en España con los hijos de ambos.

Ortega puso fin a años de lealtad al gobierno de Maduro cuando denunció como inconstitucional el fallo del Tribunal Supremo para quitar todo el poder a la Asamblea Nacional, el poder legislativo del país. Ortega acabó huyendo de Venezuela en agosto tras ser destituida por la nueva Asamblea Constituyente.

La fiscal ha afirmado en repetidas ocasiones que tiene evidencia que implica a Maduro y a otros altos funcionarios en actos de corrupción relacionados con Odebrecht, pero ha proporcionado pocos detalles al respecto.