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Fiscalía venezolana hace caso omiso a causas internacionales por corrupción
No hay colaboración entre la Fiscalía venezolana y el resto de países 

 

13 causas internacionales por corrupción han sido archivadas por Fiscalía venezolana de acuerdo a la ONG Transparencia Venezuela.

«De los 164 casos, por lo menos 73 que investigan el presunto lavado de dinero de los venezolanos registran un estatus desconocido y al menos 13 han sido cerrados aún teniendo indicios de la comisión del delito. De acuerdo con el seguimiento, el cierre o la paralización de algunas investigaciones obedece a la falta de respuesta por parte del gobierno venezolano en torno a la existencia de un delito precedente», se desprende de un informe de la organización. 

Según la ONG apuntó la Fiscalía «enmudeció cuando autoridades financieras de Argentina hallaron sobreprecios en las importaciones de productos y equipos agrícolas que Venezuela había contratado con la empresa Panamérica S.A., también ejecutado como parte del fideicomiso. La falta de cooperación por parte de Venezuela devino en el cierre de la causa en 2021».

Otro caso corresponde a la empresa argentina Baldric S.A, que fue contratada por una estatal venezolana para la remodelación de un frigorífico en Machiques de Perijá, Zulia, cuyo costo fue de casi 8 millones de dólares en 2008. Poco tiempo después, uno de los dueños de la compañía argentina compró un centro comercial en Estados Unidos».

«Pese a las evidencias del caso, la justicia de Argentina cerró la investigación abierta porque Venezuela nunca respondió las peticiones de información para avanzar con el proceso», subrayó la ONG.

Transparencia Venezuela indicó que «después de identificar que la esposa y la suegra del exministro de Obras Públicas, Haiman El Troudi, habían recibido por lo menos 42 millones de dólares de empresas offshore usadas como caja negra para las coimas de Odebrecht, Suiza envió a Venezuela los detalles de la vinculación, pero no obtuvo respuesta».

En este caso, un tribunal venezolano declaró que era nulo cualquier acto en perjuicio de la familia política del exfuncionario El Troudi, después de que la Fiscalía dirigida entonces por Luisa Ortega Díaz iniciara las investigaciones».

La falta de respuesta por parte de las autoridades venezolanas frente a varias de las causas abiertas en el extranjero no es coherente con la aparente lucha sin cuartel contra la corrupción que se predica desde el Ejecutivo, consideraron. 

«Públicamente, la Fiscalía venezolana ha informado sobre su participación en encuentros iberoamericanos de fiscales y otras actividades con el propósito de fortalecer vínculos y avanzar en casos de trabajo conjunto contra redes de corrupción, trata de personas y tráfico de drogas principalmente. Sin embargo, el fiscal general Tarek William Saab no se ha referido públicamente a cuántas solicitudes de información recibe el  Ministerio Público para avanzar en procesos por corrupción abiertos en otros países», concluye Transparencia.

 

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Por lavado de dinero: Condenan a 15 años de cárcel en EEUU a enfermera de Chávez y a su esposo
Deberán restituir 136 millones de dólares y pagar cada uno una multa de 75.000 dólares
Ambos fueron extraditados desde España en 2022 y en diciembre de ese mismo año fueron declarados culpables de lavado de dinero:  ella de dos cargos y él de tres
En un escrito incorporado al registro judicial del caso, la extesorera nacional de Venezuela pidió «compasión» al juez a la hora de dictar sentencia
El principal imputado en este caso, el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal  Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos

 

Con información de EFE

La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este 19 de abril en EE.UU. a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno por cargos de lavado de dinero.

Además deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según dictaminó el juez William P. Dimitrouleas en los tribunales de Miami.

La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y 5 meses para él.

Dimitrouleas, tras una hora de escuchar los argumentos de las partes, dijo que «entendía las circunstancias familiares de los condenados» —padres de dos hijos— pero que, en su opinión, habían establecido «un sofisticado sistema de lavado de dinero» que les hacía merecedores de la sentencia.

El matrimonio, acompañado cada uno por su abogado, recibió la sentencia en un juzgado del centro de Miami al que habían llegado esposados, con un sencillo traje claro de presidiario y asistidos por traducción simultánea.

Ambos ciudadanos venezolanos fueron extraditados desde España en 2022 y en diciembre de ese mismo año fueron declarados culpables de lavado de dinero:  ella de dos cargos y él de tres.

La red de la «enfermera» y el «guardaespaldas» 

Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez. Son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» del expresidente de Venezuela. Se radicaron en España en 2016, país del que también tienen la nacionalidad.

La Fiscalía los acusó de haber hecho una fortuna de 136 millones de dólares con una red de corrupción que aprovechaba que ella era fungía como tesorera nacional (2011-2013) para beneficiarse del sistema de control de cambios vigente en Venezuela por entonces.

El fiscal Paul Hayden insistió en su último alegato ante el juez para conseguir la máxima pena en que los dos condenados utilizaron un sofisticado sistema de lavado de dinero para quebrar la ley en Estados Unidos, además de pedir que restituyeran los 136 millones de dólares.

Juicio sin «compasión»

La abogada de Díaz Guillén, Marissel Descalzo, respondió en su intervención para indicar que los 136 millones de dólares en ningún caso «se robaron al pueblo de Venezuela».

El abogado de Velásquez Figueroa, el estadounidense Andrew Feldman, dijo que bajo su punto de vista nunca se incumplió la normativa estadounidense, ya que los condenados se limitaron a ejecutar transferencias bancarias entre países «sin violar la ley».

En un escrito incorporado al registro judicial del caso, la extesorera nacional de Venezuela pidió «compasión» al juez a la hora de dictar sentencia.

Feldman señaló a la agencia EFE que la sentencia «no es la que esperaban» y que su cliente se encuentra «muy triste», aunque matizó que escuchó la decisión con entereza.

«Ojalá que se pueda reducir la pena de alguna forma», sostuvo Feldman, tras recordar que ahora se abre un plazo de 14 días para apelar.

Descalzo dijo a EFE que, a su entender, la sentencia es «injusta» y supone «demasiados años» para lo que esperaban, pero destacó que desde hoy comienza el trabajo de apelación.

Señaló, además, que los hijos del matrimonio quedan desamparados en España tras esta sentencia, «sin la posibilidad de ver a sus padres en 15 años».

Según la abogada, no hay ningún registro oficial en el que se pueda verificar que el matrimonio se adueñó de los 136 millones de dólares y que imagina que este «no existe».

Otros procesados por el caso

Díaz Guillén y su esposo se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban y no llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, como sí hizo, por el contrario otro venezolano, extesorero nacional y sujeto a la justicia de EE.UU., Alejandro Andrade Cedeño, involucrado en la misma trama.

Andrade Cedeño, que fijó su residencia en EEUU, después de la muerte de Chávez, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, como parte de un acuerdo que incluyó el decomiso de activos por 1.000 millones de dólares.

El principal imputado en este caso, el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal  Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos.

El también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado en EEUU a tres años de prisión en 2019 por conspiración para lavado de dinero. 

Enfermera de Chávez y su esposo fueron hallados culpables de lavado de dinero en EEUU
En ese mismo tribunal también está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión, el cual se considera como un prófugo por la Justicia estadounidense

Un juez de Estados Unidos encontró culpable por lavado de dinero a Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera nacional de Venezuela, y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, quien fue jefe de seguridad de Hugo Chávez.

La información se dio a conocer este martes, 13 de diciembre. Pese a la decisión, la abogada de ambos, Marissel Descalzo, declaró a EFE que apelará.

Descalzo confirmó que Díaz Guillen fue hallada culpable de dos cargos y absuelta de uno y su esposo fue declarado culpable de los tres que se le imputaban.

De momento, la abogada se rehusó a hacer más comentarios, porque, según dijo, debía hablar «con la familia» de sus clientes.

Tras el veredicto del jurado, el juez William P. Dimitrouleas, de los tribunales federales de Fort Lauderdale, dictará la sentencia en fecha aún no determinada.

El veredicto está parcialmente «sellado», es decir, no se puede acceder a la argumentación del jurado a través de los registros electrónicos judiciales.

Sin embargo, se sabe que Díaz Guillén fue declarada culpable de todos los cargos menos uno, mientras que su esposo fue declarado culpable de todos.

 

«Ni la señora de Guillén ni el esposo cometieron los delitos que alega el Gobierno», dijo a EFE Descalzo pasado el 20 de noviembre.

Cabe recordar que el también extesorero Alejandro Andrade fue uno de los llamados a testificar y este llegó a un acuerdo con los fiscales y evitó ser juzgado mediante una declaración de culpabilidad.

En ese mismo tribunal también está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión, el cual se considera como un prófugo por la Justicia estadounidense.

En el caso de Díaz Guillén y su esposo, extraditados desde España hacia EEUU, se les conoce como la «enfermera» y el «guardaespaldas» del expresidente Hugo Chávez.

*Con información de EFE

Condenado a 27 meses de cárcel en EEUU un exalcalde chavista por lavado de dinero para corrupción
Según con documentos de su expediente, en Estados Unidos lavó más de 1,2 millones de dólares, que transfirió desde un banco de Miami a otro de Panamá

Jhonnathan Marín, exalcalde de Guanta (Anzoátegui), fue condenado a 27 meses de prisión más un año de libertad vigilada por conspirar para lavar dinero.

La condena fue ejecutada por el juez federal de Florida Robert Scola, quien aceptó la petición de la Fiscalía para reducir la pena de Marín por «haber asistido de manera sustancial» al gobierno estadounidense en otras investigaciones de corrupción.

Marín, que en junio pasado se declaró culpable del cargo de asociación ilícita para cometer lavado de dinero, se enfrentaba a una pena máxima de cinco años de prisión.

El hoy condenado, de 44 años, fue alcalde de Guanta durante casi una década hasta que renunció en 2017 y huyó de su país en medio de una purga en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El Gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, ordenó su arresto por corrupción y le prohibió ejercer cargos públicos.

Ante el juez Scola, Marín admitió que aceptó unos 3,8 millones de dólares en sobornos de un socio no identificado para ejercer su influencia sobre funcionarios de empresas filiales de Pdvsa con Chevron, Total y otras compañías petroleras.

Según con documentos de su expediente, en Estados Unidos lavó más de 1,2 millones de dólares, que transfirió desde un banco de Miami a otro de Panamá.

Respecto a la orden del juez Scola, Marín debe entregarse a las autoridades carcelarias este jueves al mediodía y tiene dos semanas para apelar la sentencia.

El juez incluyó en su sentencia una petición de la Fiscalía para que devuelva los 3,8 millones de dólares obtenidos mediante sobornos.

Jhonnathan Marín ganó la alcaldía de la ciudad de Guanta en el proceso electoral del 23 de noviembre “Regionales 2008”.

*Con información de EFE

EEUU: Acusan a 2 hombres de lavar 1.200 millones de dólares de Pdvsa
Si los declaran culpables, Ralph Steinmann, de 48 años, y Luis Fernando Vuteff, de 51, afrontarán una condena de hasta 20 años de prisión  

 

El Departamento de Justicia de EE.UU. informó que acusaron a dos administradores de activos financieros en un tribunal del sur de Florida por un presunto delito de «lavado de dinero» por valor de 1.200 millones. Estos fondos los obtuvieron «de manera corrupta» de Pdvsa, la petrolera estatal Petróleos de Venezuela

Ralph Steinmann, de 48 años, natural de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, están acusados cada uno de «un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero» mediante un esquema internacional para lavar fondos obtenidos de forma ilícita.

Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Steinmann y Vuteff, alegan que a partir de diciembre de 2014 y continuando al menos hasta agosto de 2018, ambos «conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense» y  varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.

En un comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense indica que los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos.

Steinmann, Vuteff y otros supuestamente acordaron crear los «sofisticados mecanismos financieros» y las relaciones necesarias para lavar más de 200 millones de dólares relacionados con el esquema, así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.

Si los declaran culpables, los acusados afrontan una condena de hasta 20 años de prisión por «conspiración para cometer lavado de dinero» de Pdvsa.

A Vuteff lo arrestaron y está pendiente de extradición desde Suiza a Estados Unidos. Steinmann sigue siendo un fugitivo de la justicia estadounidense.

Con información de EFE

Pandemia de COVID-19 retrasó audiencia de Saab para programar el juicio por lavado de dinero
Saab enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero

La audiencia para programar el juicio de Álex Saab, empresario colombiano, también considerado como el testaferro de Nicolás Maduro, se postergó para el próximo 16 de febrero debido al incremento de casos de la COVID-19 en Florida.

La audiencia de «estatus», que estaba prevista para el próximo viernes 7 de enero, fue pospuesta por el juez Robert N. Scola, según los documentos judiciales.

«Teniendo en cuenta el aumento de la COVID, si la audiencia se llevara a cabo el 7 de enero, el acusado tendría que estar en cuarentena durante 14 días después de la audiencia, lo que interferiría con su capacidad para consultar con un abogado», señala el fallo del juez.

Saab, de 50 años, fue extraditado a EE.UU. el pasado 16 de octubre desde Cabo Verde, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense.

El empresario enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró «no culpable» el 15 de noviembre de 2021 ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.

Cargos desestimados

El juez Scola desestimó a principios del mes siete cargos de lavado de dinero contra el acusado.

La reducción de cargos hizo parte del acuerdo de extradición con el Gobierno de Cabo Verde para que, en caso de que sea hallado culpable, la sentencia no exceda la que hubiera tenido en ese país africano.

Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otras personas.

El juez Scola ordenó el 29 de noviembre vetar al público las pruebas y documentos que se presenten como parte del juicio al colombo-venezolano Alex Saab.

El juez accedió así a una petición de la Fiscalía de EE.UU., que contó con la aprobación de la defensa de Saab, según documentos judiciales.

Alex Saab se declaró inocente de lavado de dinero ante corte federal de Miami
Saab podría enfrentar una condena de 20 años que puede ser reducida si llega a un acuerdo con la Fiscalía

 

El empresario colombiano Alex Saab se declaró inocente del cargo de lavado de dinero en una corte federal de Estados Unidos este lunes 15 de noviembre.

En una breve audiencia que duró menos de 15 minutos, vestido con un mono beige, Alex Saab estaba atado de las piernas a otros cinco reclusos cuando ingresaba a la sala del tribunal federal de Miami para la lectura de sus cargos.

Cabe destacar que el empresario acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, se le desestimaron siete cargos, por lo que ahora enfrenta un proceso judicial solo por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero punible, una pena de 20 años que puede ser reducida si llega a un acuerdo con la Fiscalía, lo que suele incluir delación de otros cómplices.

Según reseña la agencia de noticias EFE, la audiencia de hoy fue abierta a la prensa, tal como lo había solicitado la Fiscalía bajo el argumento de que el caso es de «interés público», y luego de que la defensa de Saab pidiera que se limite el acceso a los medios de comunicación para evitar que se tomen fotos del acusado, tal como ocurrió en la primera vista efectuada el pasado 18 de octubre.

La estrategia de la defensa

El periodista Roberto Deniz informó a través de su cuenta en Twitter que la defensa de Alex Saab, encabezada por el abogado Neil Schuster, parece distinta en esta etapa del proceso. Según Deniz, Schuster insistió en que Saab, de 49 años es “diplomático” por lo que cuenta con inmunidad. 

El periodista también informó que al menos 10 personas estaban fuera de la corte apoyando a Saab con pancartas que exigían su liberación. 

La protesta del chavismo para exigir su libertad

Simpatizantes del gobierno salieron a la calle a protestar para exigir la liberación de Alex Saab y también para enviar un mensaje de apoyo, hoy día del su juicio. 

Pedro Carvajalino, conductor del programa Zurda Conducta, informó a través de un video que se encontraban en el Distribuidor Altamira pidiendo la liberación de Alex Saab. 

¿Por qué se retiraron siete cargos a Alex Saab y cuál es la pena máxima que podría enfrentar?
La audiencia de Saab estaba prevista para el lunes, 1 de noviembre, pero se postergó para el día 15 del mes en curso

El empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, enfrenta una pena de 20 años de cárcel aunque el juez del Distrito Sur de Florida Robert Scola aprobó la solicitud de Fiscalía de eliminar 7 de los 8 cargos en su contra.

De acuerdo con una nota publicada por Transparencia Venezuela, estos cargos se eliminaron por un compromiso que asumieron las autoridades de Cabo Verde con el gobierno de Estados Unidos.

Este acuerdo establece que el acusado no puede ser condenado a una pena superior a la máxima prevista en el país que acuerda la entrega, en este caso, Cabo Verde.

En ese sentido,  Transparencia aclara que la eliminación de los cargos a Saab no está relacionada con falta de pruebas en el proceso, que aún no ha empezado, ni con información que haya ofrecido Saab a la justicia estadounidense.

«El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, los Estados Unidos enviaron una garantía a través de los canales diplomáticos a la República de Cabo Verde de que los Estados Unidos no perseguirán ni castigarán al acusado ALEX NAIN SAAB MORAN por más de un solo cargo de la acusación, con el fin de cumplir con la ley de Cabo Verde en lo que respecta a la pena máxima de prisión», reseña el documento de la Fiscalía.

 

Por otro lado, aunque Cabo Verde no tiene relaciones bilaterales con EEUU, está vinculado a las convenciones de las Naciones Unidas que lo obligaban a cumplir con la solicitud de extradición si la presenta otro Estado.

¿Qué dice la ley en Estados Unidos sobre la pena de conspiración para blanquear?

Saab se encuentra en un estatus judicial que lo pone frente a un solo cargo: conspiración para lavar dinero, que tiene una pena máxima de 20 años de prisión, en una causa que involucra el blanqueo de USD 350.000.000.

«Toda persona que conspire para cometer cualquier delito definido en esta sección o en la sección 1957 estará sujeta a las mismas penas prescritas para el delito cuya comisión fue objeto de la conspiración”, señala el Código Penal de EEUU.

Además, en cuanto a la pena, la ley estadounidense establece lo siguiente:

“ (…) será condenado a una multa de no más de $ 500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, lo que sea mayor, o prisión por no más de veinte años, o ambos. A los efectos de este párrafo, se considerará que una transacción financiera es aquella que involucra el producto de una actividad ilícita especificada si es parte de un conjunto de transacciones paralelas o dependientes, cualquiera de las cuales involucra el producto de una actividad ilícita especificada, y todos los que forman parte de un plan o arreglo único.”

 

Nueva fecha de la audiencia

La audiencia de Saab estaba prevista para el lunes, 1 de noviembre, pero se postergó para el día 15 del mes en curso.

Además, se le aprobó su solicitud de no acudir ni en persona, ni a través de videollamada a esa audiencia, donde deberá informarle al tribunal si se declara o no culpable.

Vale acotar que Saab suscribió un documento renunciando a su derecho de estar en la audiencia en la que será notificado del delito del que se le acusa.

“Además, entiendo que tengo derecho a renunciar a mi comparecencia en la audiencia de lectura de cargos y, habiendo consultado con mi abogado, Henry P. Bell, renuncio a mi derecho a estar presente en la audiencia tanto en persona como por vídeo y autorizo a mi abogado a comunicar lo mismo al Tribunal en mi nombre”, señala el texto.