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Cien detenidos de la Policía de Miranda esperan por ingreso a cárceles

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Un total de 100 privados de libertad que se encuentran en las Salas de Guarda y Custodia de la Policía del Estado Miranda esperan por la decisión del Ministerio para el Servicio Penitenciario de otorgarles sus cupos o ingreso a una cárcel del país, donde puedan terminar su proceso judicial.

Así lo informó el director presidente del referido cuerpo de seguridad estadal, comisario general Elisio Guzmán, quien indicó que tienen listas 100 carpetas con todos los documentos y requisitos que exigen las autoridades encargadas de la materia para que les asignen los cupos. “Siempre hemos cumplido con todos los engorrosos trámites, pero no dan respuestas oportunas y eso conlleva a que se sobresaturen los espacios de reclusión”, aseguró.

Además indicó que cuando el órgano administrativo desacata el dictamen de los jueces, quienes ordenan que la persona que cometió el delito cumpla su proceso en una penitenciaría, los detenidos y los cuerpos de seguridad comienzan a afrontar un calvario, debido a que los lapsos máximos para determinar la culpa de un sospechoso terminan excedidos por el retardo procesal y es allí cuando lo que debieron ser 72 horas tras las rejas se convierten en meses y años dentro de una estructura que no fue diseñada para reinsertar a una persona a la sociedad.

“Enviar a un aprehendido a la cárcel se nos ha hecho imposible, ¿la consecuencia? hoy tenemos un 100% de hacinamiento en nuestras celdas. En los siete centros de coordinación se encuentran 257 aprehendidos y la capacidad es para tener a 140, ninguno de ellos debería permanecer en esos espacios”.

Para el comisario general Elisio Guzmán es urgente habilitar cupos en las cárceles para desahogar los calabozos policiales, porque de esta manera se evitarán muchos problemas como los que afectan la salud de los privados de libertad, la alimentación y además cómo disminuye la presencia de funcionarios, quienes en lugar de estar patrullando las calles, están en las sedes evitando riñas, posibles fugas y motines.

“No existe ninguna explicación o razón por la cual todavía se le niegue a la Policía del Estado Miranda la posibilidad de que sus detenidos sean trasladados a donde deben. Pareciera que hay una razón política, pues vemos que a otros cuerpos de seguridad sí les otorgan los cupos. Nosotros solo pedimos que cumplan la ley”, concluyó.

 

*Con información de Nota de Prensa

Veto migratorio de Trump sufre una nueva derrota judicial

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Rechazando los argumentos del gobierno de que el modificado veto migratorio del presidente Donald Trump era distinto al primero, jueces de Hawai y Maryland impidieron la implementación de la medida, usando la retórica del propio Trump como prueba de que es un intento de discriminar contra musulmanes.

Un juez de Hawai el miércoles, y luego uno de Maryland el jueves de madrugada, bloquearon el decreto que afectaba a ciudadanos procedentes de seis países predominantemente musulmanes.

El juez Theodore Chuang se pronunció en una demanda entablada en Greenbelt, Maryland, cerca de la capital del país, por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones que representan a inmigrantes, refugiados y sus familias.

Los grupos alegaron que el objetivo latente de las restricciones migratorias era discriminar a los musulmanes, lo que las haría anticonstitucionales. Chuang concedió una suspensión preliminar del decreto a nivel nacional.

Los abogados del Estado argumentaron que la medida se modificó de forma considerable en comparación con una versión anterior, firmada en enero y que después fue bloqueada por un juez federal en el estado de Washington. Los abogados informaron que el decreto se presentó en interés de la seguridad nacional para proteger a Estados Unidos del «terrorismo islámico radical».

Los demandantes en Maryland también alegaron que las restricciones reducían de forma ilegal el número de refugiados a los que se permite entrar en Estados Unidos este año.

Chuang concedió una suspensión preliminar en todo el país a la espera de nuevas órdenes del tribunal. El juez declinó dejar la decisión en suspenso en caso de que se presentara una apelación de urgencia.

Otro juez federal en Hawai había suspendido la entrada en vigor del decreto, poniendo en duda que el gobierno estuviera motivado por preocupaciones sobre la seguridad nacional.

El fallo del miércoles vino del juez federal de distrito Derrick Watson de Honolulu, quien rechazó los argumentos oficialistas de que las restricciones tienen que ver con la seguridad nacional y no con discriminación. Watson afirmó además que Hawai se vería perjudicado económicamente, ya que el decreto reduciría la entrada de estudiantes y turistas a ese estado y que el decreto viola la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe la discriminación por razones religiosas.

Watson criticó los argumentos del gobierno, calificándolos de «ilógicos» y denunciando «evidencias significativas e inequívocas de un ánimo religioso» detrás de las restricciones. Destacó que si bien el sistema judicial no debería estar examinando «la psiquis subyacente» y «los motivos ocultos» de los responsables del gobierno, «los hechos sobresalientes en este asunto no requieren semejante indagación».

«Por ejemplo, no hay nada oculto en este comunicado de prensa: ‘Donald J. Trump pide una prohibición total y completa de la entrada de musulmanes a Estados Unidos»’, escribió Watson citando una declaración de Trump de cuando era candidato.

Trump calificó la determinación del juez de Hawai como un ejemplo de «exceso judicial sin precedente» y dijo que su gobierno apelaría ante la Corte Suprema de la nación.

También dijo que el nuevo decreto era una versión atenuada de su decreto original, que según dijo, todavía desea poder implementar.

«Vamos a ganar, vamos a mantener a salvo a nuestra ciudadanía», dijo el mandatario en un mitin en Nashville. «El peligro es obvio, la ley está clara, la necesidad de implementar mi orden ejecutiva es obvia».

Si el gobierno solicita un recurso de amparo contra la decisión de Watson en el Noveno Circuito, el asunto sería ponderado por jueces distintos a los que estudiaron el tema el mes pasado. Ello se debe a que los jueces asignados a estudiar cada tema van rotando por mes, dijo el portavoz del tribunal David Madden.

TSJ declara inadmisible acción judicial interpuesta por General Motors

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La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil General Motors Venezolana, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 05 del 30 de enero de 2014 dictada por el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la cual se mantiene firme.

Dicha Resolución impuso a la mencionada empresa una multa por tres mil doscientas setenta y dos con cuarenta unidades tributarias (3.272,40 U.T.), equivalente a un monto de trescientos cincuenta mil ciento cuarenta y seis bolívares, con ochenta céntimos (Bs. 350.146,80 de acuerdo al valor de la unidad tributaria vigente para la fecha), por infringir lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 103 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico relativo a las “conexiones y consumos no autorizados a las instalaciones eléctricas del operador y prestador de servicio”.

Así lo indica la sentencia N° 00693 con ponencia del magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, publicada este 07 de julio, la cual señala que no se vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso de la parte accionante, además evidenció que la Administración no incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, porque sí valoró y apreció correctamente tanto los hechos como el derecho, los cuales quedaron demostrados a través de las documentales incorporadas en el expediente administrativo y judicial.

Finalmente, la Sala del TSJ constató que la parte recurrente no fue capaz de presentar argumentos que desvirtuaran los hechos considerados por la Administración para imponer la sanción en virtud de la omisión de General Motors Venezolana, C.A., en el cumplimiento de las obligaciones legales señaladas en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.

Gaby Arellano sobre apertura del año judicial: Exijo justicia, respeto y libertad
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A propósito de la apertura del año judicial 2016 realizado el pasado viernes, la diputada por el estado Táchira, Gaby Arellano, exigió que su primera decisión será reivindicar a la mayoría del pueblo venezolano que exige justicia, respeto a la Constitución y libertad inmediata para los diputados a la Asamblea Nacional que se encuentran detenidos desde 2014 en la sede del Sebin en El Helicoide: Rosmit Mantilla, Renzo Prieto y Gilberto Sojo, para que el martes 2 de febrero puedan estar sentados en sus curules del Parlamento Nacional.
Arellano recordó que los tres diputados suplentes no han podido incorporarse a la plenaria del parlamento todavía, a pesar de que el pasado jueves sus principales se ausentaron de la cámara y fue aprobada su incorporación. “El Artículo 200 de la Constitución lo dice claramente: ‘Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo’. Es decir, que ellos deberían estar en libertad desde diciembre cuando fueron proclamados”, dijo Arellano.
La dirigente de Voluntad Popular espera que los jueces puedan actuar apegados a la Constitución y no sigan cumpliendo caprichos porque estos tres diputados son inocentes. “Lo ratificó la mayoría abrumadora del Táchira y Aragua que les dio su libertad al quererlos como sus representantes, como su voz en el parlamento, y por eso exigimos con claridad que los jueces emitan sus boletas de excarcelación ya que están bajo inmunidad parlamentaria que el pueblo les brindó el pasado 6 de diciembre”.
El canto del fiscal puso al descubierto la carroña del sistema judicial
Franklin Nieves reveló que entrenaba a los testigos del MP antes de las audiencias
Maduro pidió orden de captura contra Leopoldo López sin acta policial

 

@MariaAlesiaSosa

CON LA EXCUSA DE UNAS VACACIONES, EL LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2015,  Franklin Nieves salió junto a su esposa y sus dos hijas, en un vuelo de Láser desde el aeropuerto de Maiquetía hacia Aruba. A las 9:30 de la mañana del día siguiente, Nieves abordó un vuelo de American Airlines con destino a Miami. El plan era contar en suelo estadounidense las atrocidades judiciales que cometió en el caso de Leopoldo López. Y así lo hizo. En entrevistas exclusivas a medios nacionales e internacionales, Nieves reveló en detalle cómo actuó para falsificar la culpabilidad de López.

«A mí me asignaron la persecución de Leopoldo López antes de los hechos del 12F. Las directrices que teníamos eran condenarlo e inhabilitarlo»:  con esa frase, Franklin Nieves el fiscal acusador del caso del dirigente político, resume lo que fue su trabajo durante el año y medio de juicio que se acabó con la firma de una condena de casi 14 años de prisión para López, así como la carga de otros delitos contra Christian Holdack, Ángel González y Démian Martín.

Franklin Eduardo Nieves Capace era, hasta el lunes pasado, el fiscal 41० de competencia nacional del Ministerio Público (MP). Tiene 51 años y es abogado egresado de la Universidad Santa María (USM), con una especialización en derecho penal. Entró a la Fiscalía General de la República en 1995.

Para quienes siguieron el juicio de López y los cuatro muchachos, las declaraciones de Nieves en EE UU fueron una gran sorpresa, ya que durante las 71 audiencias y 900 horas de juicio, el fiscal tuvo una actitud inclemente contra los acusados. Se encargó de desestimar 96% de las pruebas de la defensa, que estaban conformadas por más de mil testimonios y 36 videos.

Una vez en Miami, el ex fiscal declaró que seguía órdenes de sus superiores. Además, confesó que los testigos del 12F que utilizó el MP eran entrenados por los mismos fiscales para asistir a las audiencias. “La fiscal Narda Sanabria y yo, entrenamos a todos los funcionarios de la fiscalía y a los CICPC que atraparon a estudiantes ese día. Lo primero era llamarlos a una reunión en la fiscalía segunda o en mi oficina para instruirlos cómo debían contestar, qué les iban a preguntar y qué debían decir en el juicio”, confesó Nieves.

En todas las entrevistas que ha concedido el ex fiscal, es enfático en señalar como uno de los principales responsables a quien fuera su jefe en la Fiscalía: Nelson Mejía, director de delitos comunes.

Sobre las recientes declaraciones de Nieves contra Mejía, una fuente declaró a Runrun.es que el ex fiscal estaba resentido porque Mejía no confiaba en él. “Precisamente por eso le asignaron a la fiscal Sanabria y al fiscal Juan Canelón en el caso de López. Nieves no se llevaba bien con su superior”, informó una persona cercana a Mejía.

Nieves aseguró que nunca recibió beneficios especiales por acatar las órdenes en el caso de López, y reiteró que este fue el primer caso en el que se prestó para viciar un juicio.

(Haz clic en la imagen para ampliar la cronología)

cronologia Fiscal

Todos los acusadores de López

Durante el año y siete meses que duró el proceso contra López y los cuatro jóvenes,  varios funcionarios sirvieron de fiscales acusadores. Luego de cambios y remociones, quienes permanecieron hasta el día de la audiencia condenatoria, fueron Franklin Nieves y Narda Sanabria.

El 4 de abril de 2014, cinco fiscales presentaron ante la juez décimo sexta de control del área metropolitana, la acusación formal contra López. El documento está firmado por Franklin Eduardo Nieves Capace, fiscal 41 nacional, Narda Dianette Sanabria Bernatte, fiscal segunda nacional, Juan Ramón Canelón Marín, fiscal 45 nacional, José Gregorio Foti González, fiscal auxiliar 45 nacional y Grendy Duque Carvajal, fiscal auxiliar segunda nacional.

Juan Canelón se apartó del caso para asumir la dirección antiextorsión y secuestro del MP. Por su parte, Foti también salió del caso. Y aunque se rumoreó que había podido apartarse tras recibir presiones —luego de que Nieves cantara—, fuentes del Palacio de Justicia aseguran que no tuvo que ver con eso, sino con que designaran al fiscal Juan Carlos Tabares, que quería entrar en el caso. Testigos contaron que Tabares asistió a cuatro audiencias aproximadamente, y luego fue juramentado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz como director de derechos fundamentales del MP, el 15 de abril de 2015.

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¿Demasiado tarde?

Nieves ahora cuenta que le costaba conciliar el sueño por las presiones que recibía y porque sabía que estaba actuando en contra de la justicia. Pero, ¿por qué no habló antes de la condena? Dice que, de haber salido del caso antes de que culminara, su testimonio no tendría el mismo valor. “Había que esperar, porque yo tenía que poder evidenciar, si yo no era el fiscal del caso hubiera sido los mismo. Yo tenía que llegar al final del juicio para documentar lo que sucedió”, declaró en una entrevista a NTN24 el 28 de octubre de 2015.

Una persona que asistió a todas las audiencias, por parte de los acusados y que prefirió no identificarse, dijo que entre los dos fiscales, Nieves parecía una persona cordial cuando no estaba en sala. “Él era pana fuera de la sala de audiencias, dentro era otra cosa. En cambio Narda ni dentro ni fuera era simpática, ella estaba convencida de que López era culpable y había que joderlo”, declaró.

Otra fuente cercana al proceso judicial de López desconfía del arrepentimiento del fiscal,  asegura que Nieves actuaba muy seguro de sí mismo, y que solicitó de forma vehemente que se condenara a los acusados. “Los primeros delitos que le imputaron al líder político en la orden de aprehensión los pusó el mismo, y en las conclusiones del juicio fue muy enfático contra López”.

Los otros casos de Nieves

Franklin Nieves tenía más de 20 años de experiencia en la Fiscalía. Entre sus casos más sonados están la “Masacre Kennedy”, donde acusó a los funcionarios policiales que dispararon contra los estudiantes de la USM, asesinados en Las Adjuntas; también fue designado en el caso del robo en la Sinagoga de Maripérez, el 30 de enero de 2009.

Fue Nieves el encargado de solicitar el arresto de Lina Ron, luego de los ataques contra la sede de Globovisión el 3 de agosto de 2009. En una nota sobre la detención de la jueza Afiuni del 10 de diciembre de 2009, hay un comentario de una persona que se identifica como el fiscal Franklin Nieves, donde llama a “depurar” la Fiscalía de funcionario corruptos. “¿Cómo le dieron libertad a Lina Ron después de que yo presenté las pruebas para dejarla presa hasta el juicio? ¿Será que yo soy menos fiscal que ellos? (refiriéndose a los fiscales del caso Cedeño que no asistieron a la audiencia). Estoy seguro que fue un complot, tenemos que depurar la fiscalía. Soy el fiscal Franklin Nieves en mi desacuerdo con estos colegas corruptos”.

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Fue uno de los fiscales que acusó al director de traslados del Ministerio de Servicios Penitenciarios por “facilitar el escape” de El Rodeo del preso Emiliano José Zapata, pareja de la llamada “narco modelo” Karla Osuna. También imputó al pran Yorvi López Cortés, alias “Oriente”, líder de El Rodeo II, que se volvió noticia cuando escapó de su centro de reclusión el 9 de julio de 2011.

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Si esto fuera Suiza

Luis Alfonso Herrera, abogado y profesor de la UCV explica qué debería suceder en un país normal, luego de una declaración como la de Nieves. Además apunta lo que esto refleja del sistema de justicia venezolano.

“Debería iniciarse una investigación imparcial, tanto a nivel parlamentario por vía de la Asamblea Nacional (AN) que designó a la alta autoridad que presuntamente está actuando de ese modo inaceptable, usando el Derecho Penal con fines de persecución política, como a nivel judicial por vía del TSJ, con apoyo en fiscales no subordinados a la Fiscal General actual, para determinar todos los posibles delitos que se hayan cometido. Pero eso no ocurrirá, porque tanto la AN como el TSJ son parte del marco institucional, subordinado al Ejecutivo, que actúa siempre para perseguir, castigar y silenciar a la disidencia. Las estadísticas de la gestión parlamentaria 2010-2015 y de la actuación del TSJ 2004-2014 lo confirman, nunca ejercieron control sobre el Poder Ejecutivo, y siempre se plegaron a sus fines.

Esta situación refleja que no hay sistema de justicia, que ni el Poder Ciudadano ni el Judicial acatan la Constitución, que no son autónomos y que están en manos de actores políticos, que sólo actúan según el interés del partido de Gobierno, que no hay Estado de Derecho ni respeto y garantía de los derechos humanos. Toda acusación o sentencia de esos poderes se deben presumir son actos políticos y no actos jurisdiccionales. Están, para tragedia del país, al servicio de la Revolución y no de los venezolanos, y sus libertades y derechos.”

Microsoft y Samsung ponen fin a disputa judicial sobre patentes

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Las multinacionales de la tecnología Microsoft y Samsung anunciaron este lunes que acordaron poner fin a su disputa judicial sobre patentes.

En un comunicado firmado por dos vicepresidentes de las empresas, Jaewan Chi y David Howard, expresaron su satisfacción por haber dejado atrás el proceso abierto en tribunales estadounidenses como en la Corte Internacional de Arbitraje.

«Los términos del acuerdo son confidenciales», señalaron.

Microsoft había demandado a Samsung en una corte federal de Nueva York por negarse a pagar regalías por patentes.

El conflicto surgió después de que los estadounidenses anunciaran su intención de comprar el fabricante de teléfonos celulares Nokia.