José Amalio Graterol

EL ABOGADO JOSÉ AMALIO GRATEROL aseguró este 18 de marzo que la reanudación del juicio de la jueza María Lourdes tiene un «objetivo claro y es condenarla y enviarla de regreso a la cárcel».

“Quienes hemos ejercido el derecho penal en tiempos de dictadura sabemos que eso evidencia que hay una orden del juez, y es sentenciar a la juez Afiuni y devolverla a prisión”, expresó el letrado.

El abogado aseguró que este lunes la abogada de Afiuni, Sandy Guevara, introdujo ante el tribunal un amparo de “suspensión del juicio” oral y público, hasta tanto una corte determine si han transcurrido más de 10 días o no, desde la última vez que el juzgado abrió su despacho el 30 de enero de 2018 hasta el 22 de febrero de 2019, cuando se reactivó la causa.

“De forma que así es como ocurren las cosas en el Poder Judicial, dominado y sometido por el régimen criminal, primero no querían aceptarle a la abogada el amparo y una vez que se lo aceptaron misteriosamente se cayó el sistema de recepción de documentos del Palacio de Justicia en Caracas y no fue distribuido el amparo al tribunal de apelaciones”, denunció Graterol.

El afiliado de Vente Venezuela expresó que el proceso judicial a Lourdes Afiuni se reactivó cuando el juez abrió despacho el 22 de febrero de este año, fijando del 15 de marzo como fecha de continuación del proceso, posponiéndolo para este 18 de marzo y a solicitud del Ministerio Público fue pospuesto para mañana martes 19 de marzo a las 2pm, cosa que tampoco es normal, dar despacho en las tardes.

Por último, señaló que “desde Vente Venezuela repudiamos las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro de encarcelar a todo aquel que se le oponga. El caso de María Lourdes Afiuni es otra evidencia para infundir miedo en los venezolanos y más en los jueces que hacen vida en la administración pública venezolana”.

El abogado José Amalio Graterol denunció que el destino de María Lourdes Afiuni pudiese terminar en las manos de la Defensora Pública General, Susana Barreiros, la misma que en su condición de jueza condenó a trece años de prisión al líder de Voluntad de Popular, Leopoldo López.

“En un acto arbitrario y absolutamente soez, el Tribunal Disciplinario Judicial inició la audiencia sin presencia de la defensa y tampoco de la jueza Afiuni, quien se negó a ingresar a la sala sin su debida representación”, dijo Graterol.

Graterol sentenció que el Tribunal conformado por tres magistrados, se negó a aceptar al abogado de la jueza, Jeset García y pretende asignarle uno impuesto por Barreiros. Desde el mes de mayo, Afiuni carece de una defensa privada y las autoridades judiciales ofrecen como única opción el empleo de un funcionario público.

“Ese Tribunal además está integrado por Hernán Pacheco y Carlos Medina, dos ex diputados del PSUV”.

Expresó también que la finalidad es destituir a la juez Afiuni, quien fue suspendida hace siete años por la ex magistrada del TSJ, Luisa Estela Morales.

“Eso es algo que solo se veía en la antigua Unión Soviética y en Cuba, estamos en presencia de una dictadura judicial, no puede ser que el gobierno se comprometa a sostener un diálogo y por otro lado hagan esto”, acotó.

Afiuni estuvo en prisión durante tres años y ocho meses y ya tiene tres años y tres meses con medidas restrictivas de libertad.

Pendientes última Hora : Tribunal disciplinario en estos momentos intenta meter a la fuerza a juicio a Afiuni sin abogados para destituirla pic.twitter.com/H5ca2dD5Gs

— José AMALIO Graterol (@JoseAGraterol) 22 de noviembre de 2016

Tribunal disciplinario desconoce a los abogados de la jueza @mariafiuni y le nombra defensor público;Susana Barreiro

— Nelson Afiuni (@nelsonafiuni) 22 de noviembre de 2016

El International Bar Association’s Human Rights Institute (Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, o IBAHRI) en una nota de prensa expresó su profunda preocupación por la persecución que sufren los abogados y defensores de los derechos humanos en Venezuela.

Por ejemplo, el encarcelamiento a la jueza María Lourdes Afiuni pedido por el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello.

El pasado 22 de julio, el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el programa de televisión Con el Mazo Dando, solicitó el encarcelamiento de Juan Garantón, Thelma Fernández y José Amalio Graterol, ya que presuntamente incurrieron en desacato.

Grupos internacionales de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, expresaron su preocupación frente al programa de Diosdado Cabello, transmitido por el canal nacional, ya que el mismo se dedica a atacar a los defensores de los derechos humanos.

El copresidente del Ibahri, expresó que quería recordar a los autoridades venezolanas la responsabilidad que tiene frente a los derechos internacionales, haciendo inclusión a los instrumentos de los derechos interamericano para la protección de la profesión legal.

Añadió que “era inaceptable que los abogados defensores José Amalio Graterol, Thelma Fernández y Juan Garantón sean reprendidos públicamente por Cabello. La consecuencia probable de dicha acción es intimidar y someter a la profesión legal de Venezuela en general. Dado que los abogados encuentran obstáculos en llevar adelante sus deberes profesionales con eficacia, esto a su vez llevará al socavamiento de la confianza pública en la administración de justicia en el país”.

A través de sus abogados defensores, la jueza María Lourdes Afiuni solicitó este jueves ante el tribunal que lleva su causa el permiso para ejercer derecho a réplica para desmentir las declaraciones que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dio en su programaCon el mazo dando sobre su caso.

En dicha transmisión, el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) aseguró que Afiuni buscó encargarse de la causa correspondiente al empresario Eligio Cedeño.

Además, Cabello argumentó que la jueza recibió millones de dólares a cambio de la liberación del banquero.

El diputado indicó que Afiuni negó en la audiencia pasada a que se le tomaran muestras manuscritas de su firma para verificarla con un acta que desmentiría los abusos que sufrió durante su estadía en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

«La jueza nos pidió solicitar ante el tribunal que lleva la causa que se le permita ejercer su derecho a réplica, contenido en el artículo 58 de la Constitución», expresó José Amalio Graterol, abogado de Afiuni.

El jurista sostuvo que el funcionario oficialista cometió el delito de peculado de uso y abusó de su autoridad.

Graterol retó al presidente de la Asamblea Nacional a que presente pruebas sobre lo que dijo en su programa. Lo invitó a que se presente como público en la próxima audiencia de juicio de Afiuni, que se celebrará el 4 de agosto a las 10:00 am.

«Insto a Cabello a que deje su actitud cobarde de ordenar a jueces a que metan preso a los abogados cuando ejercen su profesión», finalizó el abogado.

El abogado José Amalio Graterol aseguró que hasta las 11:30 de la mañana de hoy en el Tribunal 17 de Juicio de Caracas, el cual tiene el caso de la suspendida jueza, no se ha recibido un documento del Ministerio Público donde se le pide al titular de ese despacho permitirle a la funcionaria salir del país a denunciar su caso.

Sorprendidos. Así se mostraron los defensores de la jueza María Lourdes Afiuni ante la noticia difundida por El Universal de que el Ministerio Público solicitó ayer al Tribunal 17 de Juicio de Caracas que le permita a su cliente «acudir ante las instancias internacionales que estime pertinentes, a objeto de formular las observaciones o denuncias que considere necesarias», pues aseguraron que en el expediente no aparece tal petición y consiguieron un documento que certifica esto.

«Ni ayer ni en el transcurso del día de hoy ese documento figura en el expediente y lo que no está en el expediente no existe (…) Hasta las 11:30 de la mañana de hoy ese documento no existe en el expediente (…) El último documento que está en el expediente es una solicitud de la Fiscalía del 3 de julio, donde pide copias de una serie de comunicaciones enviadas por Afiuni (…) No entendemos cómo ese material llegó a los medios y las redes sociales», afirmó el abogado José Amalio Graterol, uno de los representantes de la funcionaria, quien en conversación telefónica con este diario no dudó en calificar el contenido del mismo como una «extorsión».

«Todo dice que ese documento que han publicado los medios y ha circulado por las redes sociales es una extorsión, porque el Ministerio Público pretende condicionar la posibilidad de que ella acuda a instancias internacionales a que se someta a una prueba grafotécnica para contrastar su firma», explicó, al tiempo que agregó: «Afiuni debería poder viajar a donde quisiera, porque sobre ella pesa desde hace cinco años una medida de prohibición de salida del país, pese a que la Constitución solo permite que ese tipo de medidas duren dos años».

El oficio numerado como NN-F-0388-2015, firmado por la fiscal Marelys Yovera, en su último párrafo solicita al juzgado «una vez que le sea toma la muestra manuscrita para realizar las experticias grafotécnicas correspondientes, se autorice a la ciudadana María Lourdes Afiuni para que pueda acudir a las instancias internacionales que estime pertinentes». El Ministerio Público desea realizar esta prueba para determinar si Afiuni firmó o no un acta donde negaría que había sido abusada mientras estuvo recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, tal y como aseguró la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la semana pasada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Para Graterol esta supuesta pretensión «no se compadece» con el proceso que le sigue a su cliente, la cual está siendo enjuiciada por presuntamente facilitar la evasión del exbanquero Eligio Cedeño, a quien le otorgó una medida cautelar por haber pasado más de dos años detenido sin ser enjuiciado.

«Esto no tiene nada que ver con el juicio, pero además tampoco con el momento en el que está el proceso. Afiuni está en fase de juicio y no de investigación. Esta petición es propia de las investigaciones», dijo.

Este sería el documento difundido por El Universal en el que la Fiscalía solicitaría el permiso para la jueza Afiuni.