Los abogados penalistas José Amalio Graterol y Thelma Fernández como apoderados judiciales del economista y catedrático de Harvard Ricardo Hausmann, manifestaron su repudio a la publicación realizada por el periódico El Universal en su edición 37.217, cuerpo 1, página 16, de fecha 14 de noviembre de 2015, en la cual se pudo ver media página a todo color con la imagen de Ricardo Hausmann en donde se le señala de “Delincuente, hambreador de los paquetes neoliberales”.
Según los abogados, dicha publicación es absolutamente delictiva de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico venezolano, puesto que el ciudadano Ricardo Hausmann no ha sido condenado por la comisión de delito alguno como para tildarlo de delincuente y exponerlo al desprecio público; indicaron que si existiese un proceso penal en su contra se le podría hacer este tipo de calificativos por cuanto prevalecería el principio de presunción de inocencia hasta tanto se dicte sentencia definitivamente firme.
Los abogados señalando que están estudiando las acciones legales a ejercen en contra del referido medio de comunicación, tanto penales por la comisión de delitos, como civiles por el daño moral que con su publicación le han causado al ciudadano venezolano Ricardo Hausmann.
Señalaron los apoderados judiciales que resulta alarmante que un periódico centenario que otrora fue una institución del periodismo nacional, considerado por muchos como uno de los periódicos más serios del país, se haga participe a través de su directiva en hechos de esta naturaleza capaces de dañar el honor y la reputación de un ciudadano en particular, sin medir las consecuencias personales que les acarrea dicha acción a cada uno de sus miembros.
También expresaron que lo anterior además sentencia al ciudadano Ricardo Hausmann a un silencio obligado ya que tratándose el acto injurioso de una publicidad, el afectado no puede hacer uso del derecho constitucional a réplica, quedando sujeto a recurrir solamente a las vías judiciales ante los órganos competentes.
“Nos preguntamos si de ser el caso que nuestro representado solicitara la publicación de un acto similar en contra de algún alto funcionario del gobierno, ¿la junta directiva de ese medio impreso accedería a tal petición?” Indicó la abogado Thelma Fernández
“Es curioso observar este tipo de publicaciones cuando en la actualidad altos funcionarios públicos mantienen demandas penales y civiles en contra de otros medios de comunicación, por el simple hecho de reproducir informaciones que han sido reseñadas en otros medios de comunicación internacionales, lo cual a diferencia de esto, no constituye ningún delito.” Puntualizo José Amalio Graterol
