Intimidación

En cuanto al tipo de violaciones, las más frecuentes fueron la intimidación (5), censura (4), mientras que la amenaza, hostigamiento verbal y restricciones administrativas, ocurrieron al menos en dos oportunidades cada una

 

La ONG Espacio Público informó este martes que durante el mes de noviembre se mantuvo la intimidación, ataques informáticos y hostigamiento en contra de periodistas y medios de comunicación. 

Según reseña Espacio Público, los medios de comunicación y periodistas fueron las víctimas más frecuentes (83 %) de violaciones a la libertad de expresión. En total se registraron 16 violaciones en un total de 10 casos, de los cuales la mitad ocurrieron en Internet.

La ONG reseñó que los responsables de estas vulneraciones fueron funcionarios públicos (30 %), cuerpos de seguridad (23 % ) e instituciones del Estado (23 %).

En cuanto al tipo de violaciones, las más frecuentes fueron la intimidación (5) y censura (4), mientras que la amenaza, hostigamiento verbal y restricciones administrativas ocurrieron al menos en dos oportunidades cada una.  

Censura a medios y periodistas 

El 2 de noviembre, funcionarios de seguridad y directivos del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas, impidieron que las y los periodistas Lisbeth Martínez, de La Verdad de Monagas; Jefferson Civira, de La Prensa de Monagas, La Patilla y Qué Pasa en Venezuela; y José Ignacio Piñango, de Radio Fe y Alegría, cubrieran una protesta en ese centro de salud.

En el estado Trujillo, el gobernador oficialista Gerardo Márquez hostigó verbalmente y amenazó al periodista y director del medio regional Palpitar Trujillano, Andrés Briceño Sulbarán, por publicar una nota sobre la caída de una estructura navideña en la avenida Bolívar de la ciudad de Valera.

En el estado Cojedes la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Class 98.7 FM presuntamente tras órdenes de funcionarios del gobierno nacional, bajo el argumento de “extinción de la concesión de radiodifusión”.

El observatorio de internet VE sin Filtro detectó que el 20 de noviembre hubo una caída de conectividad a internet en los estados andinos, que se prolongó por más de nueve horas. Los estados más afectados fueron Barinas (la conexión a internet cayó a 54 % de sus valores normales) y Trujillo (bajó a 70 %).

Ataques informáticos y criminalización a la disidencia

Desde el 8 de noviembre, el medio regional El Carabobeño está bloqueado por varias operadoras privadas y públicas de internet en el país, según informó el Observatorio de Internet VE sin Filtro. 

Durante la mañana del 21 de noviembre, la página web del medio regional Oriente 24 sufrió un ataque informático presuntamente en retaliación por publicaciones incómodas al gobierno local de Cumaná, capital del estado Sucre, según informó su director, Jesús Rangel.

El 23 de noviembre, la página web del medio digital La Gran Aldea fue víctima de ataques DDoS o denegación de servicio, que consisten en saturar las peticiones al servidor con el uso de bots, haciendo que los portales colapsen y que su contenido no sea visible temporalmente.

El 22 de noviembre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron de forma arbitraria al activista y dirigente del partido opositor Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, al sacarlo a la fuerza de su vivienda por expresarse en contra del gobierno en su cuenta personal de X (antes Twitter).

*Con información de Espacio Público 

La iniciativa de la Red Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE) había recibido reporte de 600 irregularidades cuando ya había iniciado la jornada electoral. Cerca del mediodía se incorporaba la ausencia de miembros de mesa como parte de las irregularidades

La mañana de este 6 de diciembre, el mapa de incidencias del Guachimán Ciudadano, iniciativa de la Red Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE), registró que las violaciones a la campaña electoral y amenazas con despidos e intimidación para que los funcionarios públicos acudan a votar son las denuncias más frecuentes de los ciudadanos.

De las casi 600 denuncias registradas cuando ya había iniciado la jornada electoral, 492 se referían a la intimidación de los afectos o miembros del partido de gobierno para que los empleados públicos, incluso, sus familiares, acudan a los centros de votación; mientras que 321 reportes de irregularidades se refieren a violación del reglamento de campaña, especialmente en el uso de fondos públicos por parte del partido de gobierno (transporte y el uso de instalaciones educativas, de salud y deportivas en actos de proselitismo).

Cerca del mediodía de este domingo, 6 de diciembre, se incorporaban incidencias sobre la ausencia de miembros de mesa y habilitación de testigos o electores de la cola como miembros de mesa sin haber recibido algún tipo de entrenamiento.

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la demanda por difamación contra cuatro periodistas venezolanos y denunció que el Gobierno de Venezuela usa leyes de difamación y procesos judiciales para intimidar a la prensa.

La SIP, con sede en Miami, señaló que los editores Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el reportero Roberto Deniz tuvieron que abandonar Venezuela después ser demandados por el empresario colombiano Alex Saab tras escribir sobre sus vínculos con el Gobierno de presidente Nicolás Maduro.

Los periodistas del portal de investigación venezolano Armando.info habían recibido amenazas y su información personal había sido divulgada en las redes sociales, precisó la SIP.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, lamentó que leyes de difamación y los consiguientes procesos judiciales se utilicen como mecanismos favoritos del Gobierno de Venezuela para “frenar la difusión de información crítica y generar autocensura”.

Armando.info publicó en abril y septiembre de 2017 dos reportajes que vinculan a Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta al Gobierno de Maduro de alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios pobres.

 

 

De acuerdo con la investigación, el Gobierno de Venezuela benefició a la compañía con un contrato multimillonario para adquirir suministros de alimentos subsidiados, precisó la SIP.

Los cuatro periodistas fueron demandados por Saab por el presunto delito de “difamación” e “injuria” agravadas, que conllevan penas de entre uno y seis años de cárcel.

“No nos extraña que ante los supuestos delitos cometidos y la escasa posibilidad de un proceso judicial justo e independiente, los colegas hayan tomado la difícil decisión de salir del país”, expresó por su parte el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock.

La SIP recordó que Saab también demandó en 2017 al periodista Gerardo Reyes de la cadena Univision, con sede en Miami, por investigar sus negocios.

Antonio José Monagas

 

Todo régimen autoritario, busca proyectar su presumida gestión mediante encarecidas alusiones dirigidas a asentir una imagen de “buen gobierno”. Pero que sin eximirse de la fuerza que denota el rigor de un mensaje que refleje “seguridad”, cual símbolo militarista, pretende mostrarse desde la perspectiva de un sistema de propaganda que irradie condiciones que apunten a vanagloriar realidades concebidas bajo el acicalamiento mejor forzado y forjado posible.

 

Consideraciones de esta naturaleza, pueden evidenciarse en los hechos que, a lo largo del siglo XX, configuraron dictaduras de la calaña de Francisco Franco, en España, régimen éste apegado al fascismo más visceral. O como las que se dieron en Latinoamérica en recientes períodos con Hugo Blazer, en Bolivia; Fidel Castro, en Cuba; Alfredo Stroessner, de Paraguay; Juan Velasco Alvarado, de Perú; Augusto Pinochet, en Chile; Juan Vicente Gómez y Marco Pérez Jiménez, en Venezuela; o la de Manuel Antonio Noriega, en Panamá, entre otros no menos autocráticas, despóticas y militaristas. Incluso, para muchos críticos políticos, necesariamente debe agregarse la de Hugo Chávez Frías, quien apegado a principios de un obtuso Nuevo Ideal Nacional, trazó decisiones que atentaron contra el Estado de Derecho que cimienta todo sistema político que se pronuncie como democrático. Y que dio pié a que luego de su apesadumbrad fallecimiento, el país se viera más revuelto en un desorden que devino en transgresiones institucionales y constitucionales incitándose la profundización de la crisis política que, desde los años 90, venía agudizándose.

 

Con base en la historia comparada y el análisis político comparativo, luce pertinente estructurar un marco de cuestionamientos sobre los criterios que maneja un régimen de tipo totalitario con el propósito de publicitar una imagen acicalada que le permita posicionarse no sólo geopolíticamente. También, a instancia de las demandas que mueve la economía internacional toda vez que de su dinámica depende en parte considerable de los ingresos que soportan la vida financiera del país bajo cuyo régimen se intenta su movilización en todos los sentidos. Particularmente, cuando lo que anima tan desaforada situación tiene que ver con la intención de crearse un ambiente político “favorable” que le garantice mantenerse en el poder más allá de lo que las apetencias, codicias y ambiciones puedan ofrecer.

 

De manera que para ser exactamente coincidente con la idea de esta disertación la cual apunta a presentar los fracasos y errores cometidos por el gobierno venezolano, según la teoría política, se seguirá un esquema interpretativo -sólo de valor ilustrativo- a fin de dejar ver el carácter demagógico y antidemocrático de la actual gestión gubernamental arribada al poder desde 2012. Así podrá contrastarse la realidad política con lo que el Ejecutivo Nacional, desde sus oficinas de comunicación y propaganda, ha promovido cuando radia las “10 Victorias de Nicolás Maduro, según Ignacio Ramonet”. Es decir, según la persona que fue asesor del presidente Chávez y que continuó ofertando su servilismo a cambio de un abultado salario cuyo monto es cifra de algún documento secreto formulado discrecional y alevosamente por la “mano invisible” del mercado presidencial.

 

Vale referir de entrada lo que de fondo constituye el plano dialéctico sobre el cual se justifican los fracasos  y errores del gobierno venezolano y que no se halla ubicado en otro contexto distinto de aquel donde encaja el término “dictadura”. O sea, que todo lo que lleva al gobierno central a actuar con la impudicia que promueve cada decisión elaborada y tomada, animando la peligrosa anomia y extrema anarquía que vive el país en un ambiente altamente represivo, es la traducción al desnudo de una dictadura. Aunque disimulada con la asistencia del poder mediático controlado y amenazado.

 

De esa forma, se encubre el fascismo que caracteriza la praxis gubernamental. Ello ha hecho posible que la palabra del politólogo español, haya servido para destacar las 10 “victorias” que en 2016 alcanzó el gobierno nacional. Pero que con el uso de la teoría política, dichas victorias bien pueden cuestionarse por cuanto sus argumentos son profundamente inconsistentes por estar manchados de infundio o de groseras falsedades. Así se tienen los (principales) 10 fracasos gubernamentales que son los siguientes:

 

1. En ningún momento, el alto gobierno tomó alguna decisión basado en el consenso sobre el cual se construye la democracia. Sus determinaciones se valieron de la coerción y la represión mediante una propaganda nada institucional dirigida a generar una concepción desvirtuada de democracia señalada por la oposición democrática. Especialmente, por la Asamblea Nacional.
2. La utilización del fenómeno climático El Niño, como razón para excusar la crisis energética causada por desviación de recursos para actividades populistas, es propio de una actitud maniquea de la cual se ha servido el régimen para justificar sus excesos ante el resto del mundo.
3. Enunciar quince proyectos de gestión de gobierno disfrazados de “motores”, además de ridiculizar el discurso político, no es sino la expresión vulgar de un pensamiento político ataviado de la irracionalidad capaz de avivar reacciones cargadas de rechazo dado el carácter de antipolítica que cada “motor” entraña.
4. Hablar de derrotar el desabastecimiento con el apoyo de los CLAP, evidencia no sólo desconocimiento del funcionamiento de la economía y lo que refiere la ley de la oferta y la demanda. También lo que destaca la teoría política cuando refiere la monopolización de los medios de producción como factor de desarraigo democrático al lado de la irónica simplificación del concepto de “nación” atendiendo factores de producción como puntales de desarrollo económico y social.
5. Todo record declarado unilateralmente, no es indicador alguno de la bonanza vociferada. Por eso, el análisis comparativo es elocuencia de veracidad en contrario a cualquier anuncio alegremente pronunciado en torno a algún avance o triunfo “mundial” alcanzado.
6. De nada o poco vale aludir al hecho de lograr “cifra record” en pensiones, si el monto de dichas pensiones representa una migaja de lo que, en términos de la henchida inflación causada por la corrupción revolucionaria, debería cobrar cada pensionado venezolano.
7. Exaltar el ritmo de construcción de viviendas, alejado de pruebas fehacientes del desarrollo manifestado por los contenidos propagandísticos gubernamentales, no es demostrativo de lo destacado. Menos, cuando ningún anuncio se hace respecto de construcción de escuelas, carreteras y hospitales, por mencionar algunos elementos que configuran realidades de desarrollo.
8. Más que mentira, es un burdo engaño afirmar que el poder político de una coyuntura efímera, diera paso a que un organismo internacional como la OEA se eximiera de aplicar un instrumento de actuación política, propio de su decálogo de accionamiento. El hecho de invocar la Carta Democrática, se hizo aunque no se actuó al respecto. Pero el reclamo a la dictadura venezolana, trascendió de manera tal que el régimen quedó salpicado por su misma tribulación.
9. El éxito de cualquier reunión impulsada por el oficialismo, por importante que a su juicio pueda ser, no es potestad de una declaración presidencial. Ni tampoco de la hegemonía comunicacional gubernamental. En todo caso, su mérito está supeditado a los efectos que logre. Pero que además puedan asentir el referente necesario a los fines de demostrar su alcance. Y en lo específico, la XVII Cumbre del MNOAL, se quedó en la retórica aduladora y servil.
10. El precio del barril de petróleo no lo establece un acuerdo lanzado desde un poder afincado en un pensamiento político alejado de las realidades económicas internacionales. Tal vez pueda tener un efecto de atención de mínimo impacto. Pero de ahí a convertirse en el marcador de los precios en tan complicado mercado, no refleja otra cosa que la intención de perturbar el comportamiento estructural de la economía con propósitos demagógicos.

 

En fin, todo lo que tan manido mensaje refiriendo las “victorias” del gobierno venezolano quiso plantear, no deja de ser lo que en esencia son enunciados presuntuosos y falseados sobre una realidad inventada a fuerza de artimañas mediáticas vulgares y manipuladoras. De acotaciones infladas por la exageración, el amordazamiento, la ocultación, la desfiguración y la intimidación. Estas son las razones que, contrariamente a lo que exalta el asesor español, dieron lugar a los 10 fracasos del gobierno venezolano, según la teoría política.

 

Ataques, amenazas, sanciones, robos, detenciones. Estas son las situaciones que han vivido los medios de comunicación y los periodistas venezolanos en lo que va del 2016, las cuales han llevado a los relatores especiales de la ONU y la CIDH a considerar que día a día la libertad de prensa se está deteriorando.

Reporteros Sin Fronteras, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, señala que la violencia institucional es uno de los mayores problemas que enfrenta Venezuela en el ejercicio de su libertad de expresión y de prensa, poniendo al país de posición 139 en la lista.

Los problemas arrojados durante las prácticas de los medios en el país efectivamente confirman que la intimidación, agresiones y amenazas por parte de cuerpos oficiales, funcionarios y grupos violentos han contribuido a cercar informativamente el acontecer nacional del que informan los periodistas.

Dos relatores especiales sobre libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa mediante una carta dirigida al Gobierno venezolano, en la cual llaman la atención a los recientes ataques a periodistas y medios de comunicación durante el cubrimiento de saqueos y protestas.

A pesar de que este no es un hecho aislado en Latinoamérica, pues la mayoría de sus países reportan graves violaciones a la libertad de expresión, Venezuela es uno de los casos más preocupante al estar en la posición #139 en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, y solo se encuentra por encima de Cuba.

 

 

1.  19 casos de intimidación

En los últimos dos meses en los medios nacionales se han denunciado 19 casos de intimidación, agresión, detenciones y amenazas hacia 34 medios de comunicación, periodistas y reporteros gráficos según un recuento hecho por Runrun.es.

Estos casos se corresponden a los 4 medios nacionales cuyas sedes han sido atacadas y vandalizadas; y a los 28 periodistas y reporteros gráficos atacados, intimidados y amenazados.

Desde principios de este año hasta junio, 160 violaciones a la libertad de expresión han sido registradas por Espacio Público. 60% de esta cifra corresponde a casos de intimidación, agresión y amenazas. La ONG contabiliza a los periodistas como la mitad de las víctimas en estos casos, mientras que un 40% de los afectados son medios de comunicación y un grupo menor de reporteros gráficos.

Por otra parte, el sistema de alertas de violación a la libertad de prensa en el portal web de IPYS registra 233 casos desde enero hasta finales de agosto.

 

2.  Granadas, disparos, bombas molotov y excremento

12 medios de comunicación han sido atacados en lo que va de año, en algunos casos mediante mensajes intimidatorios y en otros arremetiendo con armas de fuego y causando daños significativos:

• La Nación y Televisora Regional del Táchira (TRT):  El 26 de agosto las instalaciones de los medios tachirenses amanecieron vandalizadas. En las paredes y vidrios se pudo leer, escrito en spray, «Ramos Allup» y «Asesino». El presidente de la Asamblea Nacional tenía planeada una visita al estado y a ambos medios ese mismo día.
  

#26Agos Los violentos que arremetieron contra diario @lanacionweb en #Táchira son unos «asesinos» de la gramática pic.twitter.com/33JiP26EcB

— Gregoria Díaz (@churuguara) 26 de agosto de 2016

• Diario Los Andes: El 24 de agosto, día de su 38° aniversario, Diario Los Andes fue atacado por antisociales armados que en horas de la madrugada abrieron fuego contra la fachada del Diario en Trujillo y dejaron al menos 30 impactos de proyectiles. Afortunadamente, ningún trabajador se encontraba en las inmediaciones.

#Trujillo Dos sujetos tirotean instalaciones de Diario de Los Andes https://t.co/ua4akRIuaT pic.twitter.com/PHrARBOG6Q

— Diario de Los Andes (@diariodlosandes) 24 de agosto de 2016

• Crónica Uno: El 22 de agosto la sede del medio digital Crónica Uno fue víctima de un robo por parte de dos sujetos armados que, tras someter a dos empleados, dejaron a la oficina sin muchos de sus computadores y equipos. IPYS ha registrado 23 robos a medios de comunicación en lo que va de año.

Sujetos armados roban equipos de oficina de https://t.co/tK6lWU2WuD https://t.co/6KflCPsUiu

— Crónica Uno (@CronicaUno) 22 de agosto de 2016

• El Aragüeño: El 20 de junio, en Maracay, a la oficina de El Aragüeño le lanzaron una granada –que no detonó– y dejaron en el piso panfletos en que se leía “digan la verdad”.

• El Nacional: El 17 de junio, la sede de El Nacional fue violentada por cuatro personas armadas que, además de dejar un graffiti, lanzaron excremento a la parte frontal del edificio. El Colectivo ChaMa, presunto autor de la agresión, dejó un panfleto donde acusan al medio de “desinformar, generar caos y favorecer la macabra intervención extranjera imperial”. La madrugada del 30 de agosto el mismo colectivo volvió a atacar el diario con excremento en llamas. Esta vez también lanzaron una bombas molotov. Los hombres que llegaron en una camioneta blanca sin placa gritaban que El Nacional traicionó al país. Aseguraron que, con su oficio de informar, intenta promocionar el derrocamiento del gobierno. También dejaron un panfleto.

• Correo del Caroní: La noche del 14 de junio, el edificio de Correo del Caroní en Bolívar fue atacado por cinco sujetos, pertenecientes al mismo colectivo que atacó a El Nacional, quienes lanzaron bolsas de excremento a la fachada principal y escribieron en spray “CHAMA Pueblo Rebelde”. Este mismo colectivo ya había atacado a dos sedes de medios en el estado Táchira.

• Demás medios: De enero a junio de 2016, la ONG Espacio Público e IPYS registraron otros seis ataques a las sedes de: La Voz, diario del estado Miranda; Valera Noticias, portal digital del estado Trujillo; Venezolana de Televisión (VTV) en Caracas; Televisora Regional del Táchira (TRT) y diario La Nación, del estado Táchira; y emisora Rumba 98.1FM, del estado Bolívar.

 

3. Detenciones arbitrarias, golpes y robos

Se ha podido observar cómo los cuerpos de seguridad y grupos violentos actúan ante los periodistas que se encuentran reportando algún hecho, especialmente protestas y saqueos, y cómo impiden que informen mediante la amedrentación, represión, desalojos forzados, e incluso la confiscación y robo de los equipos con que trabajan los medios de comunicación.

El 18 de agosto dos periodistas internacionales, Andreína Flores y Jorge Luis Pérez Valery de la cadena colombiana RCN y Radio Francia, y de Red Más Noticias, respectivamente, fueron detenidos por cuerpos de inteligencia militar mientras hacían tomas en las instalaciones del Parque El Calvario, por supuestamente estar grabando en un “corredor presidencial”. Los periodistas fueron liberados horas después.

El 18 y 19 de agosto, en el estado Lara, fueron agredidos los periodistas de El Pitazo Marianli Suárez y Julio Mendoza. La primera estaba grabando la detención de personas por una situación irregular en el Centro Comercial Cosmos de Barquisimeto cuando efectivos del Cicpc intentaron detenerla, pero las personas del lugar lo evitaron. Mendoza también se encontraba cubriendo una situación irregular derivada de una actividad de la MUD y grababa la forma en la que unos militares golpeaban a una joven cuando lo esposaron y lo llevaron detenidos. Posteriormente fue liberado y su celular, que habían decomisado, lo entregaron con la pantalla rota y la memoria destruida.

En el estado Lara anteriormente habían sido agredidos cuatro periodistas. El 11 de agosto, Marco Chavier, de V+TV; María Laura Martínez, de Telecentro; Emilisa Rodríguez y Rafael Rodríguez, de El Informador, fueron atacados por manifestantes durante un operativo del Cicpc.

El 17 de agosto, un grupo de periodistas conformado por Gabriel Vegas, Oriana Ramírez, Pablo Pimentel y Edwin Castillo, además de camarógrafos de Telecaribe, Notiminuto y una televisora rusa, quienes se encontraban cubriendo una protesta en el Periférico de Catia, fueron amedrentados por grupos armados que intentaron quitarles sus equipos. Alrededor de las 2:00 pm, Espacio Público reportó que los afectados estaban fuera de peligro.

Anteriormente, el 02 de junio, 19 periodistas pertenecientes a los medios Caraota Digital, VivoPlay, El Universal, Diario La Voz y El Nacional, fueron agredidos en la avenida Fuerzas Armadas por un grupo de personas armadas mientras cubrían una protesta social por la falta de alimentos. Los periodistas fueron amenazados por el grupo violento y a tres fotógrafos les robaron sus cámaras y equipos.

 

4. Censura para todos

La censura adopta formas legales al impedir a El Diario de Los Llanos, La Prensa y La Noticia, los únicos medios impresos que circulan en Barinas, publicar información que adjudiquen hechos de corrupción no confirmados al gobernador de la entidad, Adán Chávez. La decisión fue tomada el 23 de agosto por el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Barinas, luego de que a principios de mes la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional decidiera iniciar un proceso de investigación sobre 16 obras que fueron anunciadas por el fallecido presidente Chávez y sobre las cuales pende un presunto desfalco cometido por Adán Chávez, gobernador de Barinas. 

Otros medios de comunicación, como Correo del Caroní, se han visto afectados por cumplir su labor. El periódico reseña que ha sido perseguido por informar sobre un caso de corrupción en la Ferrominera Orinoco por el cual fue demandado el director del diario, David Natera Febres y sentenciado a cuatro años de cárcel por difamación e injuria continuada, además de una multa de 1.137 unidades tributarias. Al medio también se le prohibió volver a divulgar información sobre este hecho de corrupción.

A principios de este año, la Sala Constitucional del TSJ prohibió a todos los medios digitales la difusión de videos de linchamientos, tanto en sus páginas de internet, como en sus cuentas en redes sociales, a partir de una demanda realizada contra La Patilla y Caraota Digital.

“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara procedente la medida cautelar de prohibición de publicación por parte de los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL” de los videos con contenido de linchamientos, hasta tanto se decida el fondo de la presente demanda por derechos e intereses difusos, así como su extensión a todos los medios de comunicación nacionales con capacidad de transmitir este tipo de videos a través de sus plataformas tecnológicas”.

 

5.  Demandas y sanciones

La demanda hacia medios es una práctica común para los integrantes del oficialismo. En la actualidad existe un proceso legal por daños morales en contra de El Nacional, La Patilla y el semanario Tal Cual, iniciada por el diputado del Psuv, Diosdado Cabello por la publicación de una información que lo vinculaba con narcotráfico, y que había sido publicada originalmente por medios internacionales. Los directores de los medios enfrentan una medida de prohibición de salida del país.

Recientemente otro proceso judicial también ha servido para agredir al diario El Siglo. Mantenía sus archivos y hemeroteca en un depósito, ubicado en un estacionamiento adyacente a la sede en Maracay, el cual fue allanado por una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, Sebin, Policía de Aragua y abogados, con quienes se encontraban discutiendo un litigio de la propiedad alquilada a los propietarios del medio. Días después, el abogado del dueño legal del estacionamiento sacó sin orden judicial todos los documentos, de acuerdo a las declaraciones del equipo reporteril del medio, reseñadas por El Pitazo. Los miles de periódicos y documentos fueron echados en un camión, desordenando y dañandolos. Posteriormente fueron reubicados en los galpones del diario.

La práctica de censurar los medios venezolanos a través de sentencias y sanciones va aún más lejos en el tiempo, poniendo a canales de televisión, periódicos y emisoras radiales bajo el ojo de los organismos estatales y de los tribunales. 

 

 

WASHINGTON (AP) — Ecuador, Honduras, México, Perú y Venezuela obtuvieron la peor calificación en una década debido a la violencia e intimidación que gobiernos y entes criminales ejercieron sobre sus periodistas, denunció el miércoles Freedom House.

Al difundir su informe anual sobre 199 países, la organización defensora de la libertad de prensa con sede en Washington mantuvo entre las 65 naciones del orbe sin prensa libre a esos países latinoamericanos y conservó a Cuba entre los 10 países más represivos del mundo pese al reciente acercamiento de la isla a Estados Unidos.

Uruguay y Costa Rica continuaron siendo las dos únicas naciones latinoamericanas entre los 63 países con prensa libre, según el estudio.

Los 71 países con restricciones parciales a la libertad de prensa incluyeron a Chile, El Salvador, República Dominicana, Brasil, Bolivia, Perú, Panamá, Argentina, Nicaragua, Colombia, Paraguay y Guatemala.

Aunque permaneció entre los países con prensa libre, Estados Unidos desmejoró su calificación debido a los maltratos sufridos por periodistas que cubrían las protestas en Ferguson, Misuri, y porque el gobierno del presidente Barack Obama ha empleado ocho veces una ley de 1917 para formular cargos por presuntas filtraciones de información confidencial, más que todos los gobiernos previos juntos.

La organización señaló que la aplicación de una ley de comunicaciones de 2013 deterioró aún más un entorno comunicacional marcado por la autocensura y la intimidación en Ecuador, donde varios medios prominentes redujeron la frecuencia de sus producciones, modificaron sus líneas editoriales o cesaron operaciones por completo.

La calificación de Honduras desmejoró debido a la formulación de cargos penales por sedición contra un reportero político, a la aprobación de una nueva ley sobre información confidencial y al debilitamiento del periodismo crítico ante la censura oficial y un apoyo casi incondicional de los dueños de medios al gobierno.

Freedom House dijo que además de que los periodistas sufren actos de violencia de parte de gobiernos locales y pandillas, México desmejoró su calificación debido a una nueva ley que permite al gobierno rastrear a usuarios de telefonía celular y monitorear o suspender telecomunicaciones durante protestas.

Perú también sufrió una desmejora en la evaluación debido a un incremento en las amenazas de muerte y violencia sufrida por los periodistas, una impunidad continua sobre crímenes anteriores y la ausencia de voluntad política para abordar el problema.

En cuanto a Venezuela, el ente documentó un aumento en las agresiones contra periodistas locales y extranjeros, falta de transparencia sobre los propietarios de medios importantes y las dificultades para obtener papel periódico, exacerbadas por las políticas económicas aplicadas por el gobierno de ese país sudamericano.

La organización dijo que la libertad de expresión en el ámbito global cayó el año pasado a su nivel más bajo en una década.

«En una era en la que el acceso a la información luce ilimitado y con nuevos métodos para transmitir información, más y más regiones del planeta se están convirtiendo virtualmente inaccesibles para los periodistas», señaló el documento.

Freedom House asigna a cada país una puntuación entre 100 (mayores restricciones a la prensa) y 0 (libertad absoluta de prensa), durante una evaluación al entorno legal en que operan los medios de comunicación, la influencia política sobre el acceso a la información y las presiones económicas sobre el contenido y la difusión de noticias.

 

Freedom House: Informe libertad de prensa 2015

 

La intimidación es una vieja estrategia psicológica que intenta mostrar un poder sobre los demás a través de la amenaza o el temor. Con frecuencia se utiliza como “máscara” para que los otros se atengan a esa imagen de supuesta fortaleza, y evitar así el riesgo que puedan ver la real debilidad de quien se esconde detrás de tal artificial careta. Así, la recurrencia desesperada a la intimidación es el recurso de los frágiles para evitar quedar desnudos en su impotencia.

En sus momentos de mayor debilidad, el actual gobierno recurre con frecuencia a una risible intimidación que no busca tanto engañarse a sí mismo como a esperar que los demás crean en su inexistente fortaleza. Y el último de estos episodios lo veremos en los próximos días a propósito de la llamada “renovación” de los poderes públicos, en especial de la directiva del CNE.

El nuestro es un gobierno precario. Carcomido hasta los tuétanos por la corrupción y la ineficiencia, sufre un inocultable deslave en sus bases de apoyo, que escapan de la fidelidad oficialista en respuesta a la indolencia y degradación de su dirigencia. Pues bien, esta administración, signada por el “apúrate-a-robar-rápido-y-todo lo que puedas-porque no sabemos cuánto va a durar esto”, aspira a una “repartición” de cargos en el CNE que no sólo es contrario a lo que estipula la Constitución, sino que es igual a la que se impuso en la época dorada del chavismo, cuando gozaban de un inmenso apoyo ciudadano y de un gobierno que, a pesar de sus lacras, mostraba una innegable fortaleza.

Con una arrogancia que oculta su enorme fragilidad, el oficialismo plantea que el país que se le opone –que a diferencia de entonces constituye hoy una abrumadora mayoría– se “contente” con una exigua y casi simbólica representación en la nueva conformación de los poderes públicos, como si estuviéramos congelados en 2006.

De imperar un mínimo de sana racionalidad, la fragilidad institucional del actual gobierno debería justamente llevar a la dirigencia oficialista a buscar reforzar su piso de estabilidad democrática, recogiendo y dando cabida en las estructuras del Estado a la gigantesca fuerza del país que le es contraria.

En los actuales momentos, el gobierno –aunque lo niegue o no lo quiera ver– necesita canalizar las fuerzas que se le oponen dentro de los canales de la institucionalidad democrática, precisamente por su peligrosa precariedad. La oposición democrática es la adversaria de la actual clase política gobernante, no su enemiga. Por el bien del país –e incluso de ellos mismos– la quiere desplazar democráticamente del poder, no aniquilarla ni destruirla. Pero para entender esto hace falta una dosis imprescindible de inteligencia en la jerarquía oficialista, y lamentablemente ésta parece haber desaparecido intoxicada por las delicias del poder y de la riqueza fácil.

La respuesta popular debe ser de rechazo absoluto a cualquier conformación de los poderes públicos que ignore la actual situación política del país, caracterizada por un rechazo mayoritario a quienes hoy gobiernan, fracturas crecientes en las bases de sustentación del oficialismo, y un peligroso e indeseable riesgo de ingobernabilidad.

Fuerte es quien puede, no quien lo grite. Un ratón, por más que trate de rugir, no deja de ser quien es. Y el nuestro es un gobierno tan gritón y arrogante como decadente y frágil. De cara a 2015, hay que recordar que más allá de las conocidas corruptelas de los representantes del PSUV en el CNE, las elecciones se ganan en la calle y en las mesas. Es necesario organizar el enorme descontento popular y transformarlo en una poderosa fuerza política que le pase por encima a cualquier directiva electoral espuria, y que haga indetenible un triunfo contundente en las próximas elecciones parlamentarias, no sólo para que la Asamblea Nacional sea en verdad útil al pueblo, sino como primer paso para viabilizar el necesario cambio político. Por el bien incluso de los oficialistas.

 

@AngelOropeza182

El Nacional