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Informe evidencia impacto de la minería ilegal en Canaima en el pueblo pemón
La minería ilegal está contribuyendo significativamente con el deterioro progresivo de ecosistemas y también en la vida del pueblo pemón

 

Clima 21, el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales, presentó un nuevo informe en el que evidencia el impacto de la minería ilegal en Canaima, principalmente en el pueblo pemón.

El informe resaltó que las consecuencias de esta practica están dejando como resultados la precarización de la vida de las comunidades indígenas de la Gran Sabana y una escalada de violencia sobre el pueblo pemón, promovida tanto por la «delincuencia minera» como por cuerpos policiales y militares.

Además, advirtieron sobre el deterioro de los ríos y la contaminación por mercurio derivada de la explotación de oro en el Parque Nacional Canaima. 

Runrun.es hizo un resumen de los aspectos más importantes del informe, para visibilizar los impactos de la minería sobre el pueblo indígena pemón. A continuación, algunos hallazgos.

ESPECIAL ︳Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco

Daños ambientales

Este pueblo indígena ha estado amenazado desde hace mucho tiempo por procesos de intervención cultural y expropiación de tierras, cambios demográficos, económicos regionales y nacionales.

El documento señala que, aunque el uso del mercurio en la explotación de oro está prohibido por ley en Venezuela desde el 2013, esta prohibición no tiene ninguna aplicación en la práctica, debido posiblemente «a que su comercialización es más segura y rentable que el oro mismo».

En ese sentido, advierten que la explotación del oro está generando un grave deterioro ambiental de los ecosistemas allí presentes.

«Esta situación no sólo tendrá efectos locales, sino a escala regional, debido a las repercusiones que este deterioro puede tener tanto en la producción hidroeléctrica e hídrica derivada del río Caroní, así como por la expansión de la contaminación por mercurio», advierten.

Salud de los indígenas 

El abandono de los planes de salud pública en el territorio, expresa el documento, ha conducido a la aparición de casos de enfermedades como difteria, sarampión, fiebre amarilla y paludismo entre la población de esta región.

En el caso del paludismo, aun cuando se reportó para el 2020 una disminución de casos en Canaima, los mismos se encuentran asociados a las zonas donde se realiza la actividad minera.

Por otra parte, indican que 35% de indígenas en área minera de Canaima presentan niveles de mercurio superiores a los establecidos por la OMS. Solo  30% de los habitantes de pueblos pemones son mineros y 36 de 118 poblados practican la minería.

Violencia 

Como parte de la «guerra por el control de los recursos», explican que se ha producido un proceso de «militarización cada vez mayor de los territorios y la propia vida de los indígenas», advierten en el informe. 

Aseguran que la presencia militar en esta región no ha resultado en un aumento de seguridad y aplicación de la ley en la zona, sino en una «escalada de represión y violencia contra los pemones, así como también vez mayor degradación ambiental».

«La acción de grupos criminales que, con anuencia o complicidad de algunos sectores gubernamentales, invaden el territorio pemón y promueven un nivel de violencia cada vez mayor», denuncian. 

Agregan que la violación de los «derechos a una vida digna», originada tanto por la emergencia humanitaria compleja que sufre el país como por las restricciones impuestas a las comunidades para el acceso a recursos naturales, mercancías y movilidad, han generado una «precarización de la vida de las poblaciones pemón» que es cada vez mayor. 

Clima 21 informó que, en un poco más de 10 años y en el contexto de los conflictos por el control territorial en Canaima, han sido asesinadas 17 personas, la mayoría indígenas pemón-

Adicionalmente, un número no precisado de indígenas se han visto forzados a migrar a Brasil para huir de la violencia y la persecución.

 

*Puede ver el informe completo AQUÍ 

Fundaredes denuncia que tres indígenas del municipio Atabapo fueron heridos por grupos irregulares
La ONG informó que las embarcaciones de los presuntos atacantes provenían de Colombia cuando intentaron cruzar la alcabala instalada por los indígenas que se denominan «guardias territoriales» y que crearon estos puntos de control para defender sus territorios

Foto: Fundaredes

La ONG Fundaredes denunció que tres indígenas del municipio Atabapo, estado Amazonas, resultaron heridos el 23 de abril por presuntos «integrantes del grupo irregular Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes intentaron evadir un punto de control indígena y pretendían llegar a las minas de Yapacana».

«El pasado sábado 23 de abril, en horas de la mañana, resultaron heridos tres indígenas del punto de control Súpiro en el municipio Atabapo (Amazonas) cuando quisieron impedir que un barco colombiano que transportaba mercancía siguiera su recorrido por el río Orinoco», detalló la ONG en su cuenta en Twitter.

Fundaredes informó que las embarcaciones de los presuntos atacantes provenían de Colombia cuando intentaron cruzar la alcabala instalada por los indígenas que se denominan «guardias territoriales» y que crearon estos puntos de control para defender sus territorios.

«Los indígenas aseguran que estas alcabalas, conformadas por grupos denominados ‘guardias territoriales’, fueron creadas para defender sus espacios debido a la situación de vulnerabilidad que viven las comunidades indígenas del país», apuntó la ONG.

La ONG detalló que dos de las víctimas fueron trasladadas al hospital María Garrido en Atabapo, mientras que el tercero fue llevado a la ciudad de Puerto Inírida, en el departamento del Guainía en Colombia, para recibir atención médica en la localidad.

Fundaredes recordó que es necesaria la ejecución de «políticas que permitan la atención a las poblaciones ancestrales» y acusó al Estado de no brindar «las garantías y protección de los derechos humanos de estas comunidades».

La organización denunció, el pasado 22 de marzo, la muerte de cuatro indígenas yanomamis en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, producto de un «enfrentamiento» que tuvo lugar el 20 de marzo, entre miembros de esta etnia y militares de la Fuerza Aérea en Parima B, municipio Alto Orinoco.

Información de EFE

Fundaredes denuncia hermetismo en investigación sobre muerte de indígenas
El coordinador de la ONG, José Mejías, indicó que comisiones del Parlamento y del Consejo Legislativo de Amazonas tampoco se han manifestado sobre el caso para determinar qué fue lo que ocurrió

Foto referencial

La ONG Fundaredes denunció el hermetismo en la investigación que lleva adelante la Fiscalía y otros organismos del país sobre el suceso en el que cuatro indígenas yanomamis fueron asesinados y otros cuatro resultaron heridos, según la oposición y diversas ONG, a manos de miembros de la Fuerza Armada.

«Este 20 de abril se cumple un mes exacto de los hechos lamentables ocurridos en Parima B, estado Amazonas, (…) Hasta la fecha no se ha dado un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes para investigar el caso, igualmente el hermetismo con el que se ha manejado eso», indicó el coordinador de la ONG en Amazonas, José Mejías en un vídeo divulgado en Twitter.

Agregó que comisiones del Parlamento y del Consejo Legislativo de Amazonas tampoco se han manifestado sobre el caso para determinar qué fue lo que ocurrió.

«Desde Fundaredes exigimos que eso se aclare, nosotros fuimos formalmente al Ministerio Público, a la Fiscalía Superior del estado Amazonas para pedir que estos hechos se aclaren y hasta la fecha no se ha tenido respuesta por parte de los entes respectivos de manera oficial», indicó.

Mejías sostuvo que esta situación ha generado incertidumbre, especulaciones y suspicacia por la forma en como se ha manejado el caso.

«Todo esto nos genera preocupación, desde el 20 de marzo exactamente, hasta esta fecha, no se ha dado ningún tipo de aclaratoria sobre ese caso», apostilló.

Sin embargo, el pasado 23 de marzo, el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, informó que su despacho iniciaría la investigación sobre la denuncia de un «enfrentamiento» entre indígenas yanomamis y funcionarios militares en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

«Designados en Amazonas el fiscal 91 nacional en materia indigenista y la fiscal 4 de derechos humanos, para investigar conjuntamente con expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), denuncia sobre enfrentamiento entre indígenas yanomamis y funcionarios militares», señaló en su cuenta de Twitter.

Fundaredes denunció el pasado 21 de marzo la muerte de cuatro indígenas yanomamis en Puerto Ayacucho, producto de un «enfrentamiento» que tuvo lugar el pasado domingo 20 de marzo, entre miembros de esa etnia y militares de la Fuerza Aérea en Parima B.

La ONG detalló que entre los fallecidos se encuentran «Donaldo y Jonatan, de 22 años, Cariban de 30 (años) y Martina de 45 años» y aseguró que «este hecho violento inició cuando el capitán de la comunidad indígena pidió la devolución de un router de internet y los militares se negaron a la entrega».

Información de EFE

Unicef reactivó un barco hospital y ambulancias fluviales para atender a comunidades indígenas
El proyecto incluye una sala de partos, consultorio de ginecología, área de inmunización, oficina de registro, entre otros

 

Este miércoles, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y autoridades del Gobierno de Venezuela rehabilitaron un barco hospital y dos ambulancias fluviales para ayudar a las poblaciones indígenas a acceder a servicios de salud, nutrición y agua.

«Para que niños, niñas, adolescentes y familias en poblaciones indígenas remotas accedan a servicios de salud, nutrición, agua segura y protección, Unicef trabajó en coordinación con autoridades regionales y nacionales para rehabilitar dos ambulancias fluviales y un barco hospital», informó la organización a través de su cuenta en Twitter.

Unicef detalló que el proyecto incluye una sala de partos, consultorio de ginecología, área de inmunización, oficina de registro, entre otros.

La rehabilitación del barco y las ambulancias se logró «gracias al apoyo de donantes internacionales y al trabajo coordinado con autoridades para llegar a la niñez venezolana que más lo necesita», agregó Unicef.

En el mes de agosto, la Cancillería de Venezuela anunció que buscaba, junto a Unicef, fortalecer los programas sociales en el país para garantizar el bienestar de los niños y adolescentes.

Según la nota difundida por la Cancillería en aquel momento, Jorge Arreaza, y la directora regional para América Latina y el Caribe de Unicef, Jean Gough «conversaron sobre los programas y proyectos que se desarrollan coordinadamente en Venezuela en materia de infancia y la garantía de sus derechos, en el marco de la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas».

Fundaredes denuncia que disidentes de las FARC asesinaron a 6 indígenas
La ONG asegura que los indígenas de los sectores de la Macanilla y Capanaparo (Apure), «desde hace tiempo», no gozan de «ningún tipo» de protección social del Estado venezolano

 

Al menos seis indígenas fueron asesinados en una localidad del estado Apure, fronterizo con Colombia, por disidentes de las FARC luego de que los aborígenes tomaran un camión que trasladaba alimentos, denunció este lunes el coordinador regional de la ONG Fundaredes, Juan Francisco García Escalona.

«En Fundaredes sabemos del asesinato de seis indígenas por las FARC en sector Oasis de la Macanilla, municipio Pedro Camejo. Los indígenas tomaron un camión de comida que iba a Puerto Páez y, por ello, los asesinaron», dijo García Escalona en un mensaje en Twitter.

Apuntó, además, que el Ministerio Indígena conoce el caso.

Posteriormente, el activista y defensor de derechos humanos reveló en un video publicado en Twitter que fueron asesinados el 15 de junio.

Añadió que los indígenas de los sectores de la Macanilla y Capanaparo (Apure), «desde hace tiempo», no gozan de «ningún tipo» de protección social del Estado venezolano.

«Hay desnutrición, hay denuncias por violaciones a jóvenes de 12 y 13 años por parte de las (disidencias de las) FARC, denuncia que se ha hecho a los organismos de seguridad del Estado», aseguró.

García Escalona señaló que los indígenas sufren una «esclavización moderna» por parte de los grupos disidentes de las FARC conformados por quienes no se acogieron al acuerdo de paz y que «pretenden también utilizarlos en actividades inherentes al narcotráfico y toda las actividades ilegales» en Apure.

Las comunidades indígenas de Venezuela han denunciado en ocasiones anteriores que, tanto militares como grupos armados ilegales, cometen abusos contra los grupos indígenas y territorios.

El pasado 3 de junio, Fundaredes denunció la «ocupación violenta» de territorios indígenas de varios estados del país caribeño por parte de «grupos armados irregulares».

El representante de Fundaredes en el estado Amazonas, José Mejías, señaló que la ONG ha documentado, desde hace años, cómo las poblaciones indígenas han sido despojadas de sus territorios y han caído en el «absoluto abandono» por parte del Estado venezolano.

El pasado 14 de abril, los líderes indígenas de la cuenca amazónica (Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam) denunciaron que en sus comunidades se vivió un asesinato cada dos días en 2020 y más de 600 desde 2014.

Por ello, exigieron a los Gobiernos de sus países y a multilaterales garantías para la vida de los miembros de sus comunidades.

Denunciaron que hasta el momento no hay un mecanismo «veraz» y «efectivo» que les permita defender sus derechos.

«No hay un sistema de información sobre lo que está pasando con los pueblos indígenas», agregó.

FundaRedes denuncia ocupación de territorios indígenas por grupos armados
La ONG indicó que estos grupos armados irregulares vigilan el paso de personas y mercancías por estas poblaciones indígenas, «a fin de hacerse con el control de las zonas y de los negocios ilegales», así como con el contrabando de combustible y de «minerales derivados de la explotación minera»

Foto referencial

La ONG Fundaredes denunció la «ocupación violenta» de territorios indígenas de varios estados de Venezuela por parte de «grupos armados irregulares», según un comunicado difundido este 3 de junio.

El representante de Fundaredes en Amazonas, José Mejías, dijo que 44 pueblos indígenas de los estados Zulia y Apure, en el oeste del país; Amazonas y Bolívar, en el sur; y Delta Amacuro, Monagas y Anzoátegui, en el este; «están expuestos a los grupos terroristas que operan en los territorios de los pueblos ancestrales».

Fundaredes indicó que estos grupos armados irregulares, de los que no ofreció más detalles, vigilan el paso de personas y mercancías por estas poblaciones indígenas, «a fin de hacerse con el control de las zonas y de los negocios ilegales», así como con el contrabando de combustible y de «minerales derivados de la explotación minera».

Mejías señaló, además, que la ONG ha documentado, desde hace años, cómo las poblaciones indígenas han sido despojadas de sus territorios y han caído en el «absoluto abandono» por parte del Estado venezolano.

La organización introdujo, según el comunicado, un recurso ante la Defensoría del Pueblo del estado Amazonas (sur), fronterizo con Brasil, para denunciar los hechos, aunque no detalló para cuándo se espera una respuesta.

Ante estos hechos, Fundaredes pidió al Estado que reconozca los derechos de los pueblos indígenas a permanecer en sus tierras ancestrales.

Tanto la oposición como diversas ONG denunciaron, en repetidas ocasiones, la presencia de grupos armados irregulares en territorio venezolano y acusan al Gobierno de permitirles la entrada en el país y controlar zonas fronterizas.

Fundaredes denunció el asesinato de dos indígenas en Amazonas por presuntos guerrilleros
La organización señala que hay presencia de grupos guerrilleros en Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón

Fundaredes denunció el asesinato de dos indígenas miembros de la etnia Jiwi por parte de presuntos grupos guerrilleros que «operan» en las minas del Parque Nacional Cerro Yapacana del estado Amazonas.

«Asesinados en Amazonas el profesor José Dacosta  y el adolescente Luis Charlot Cariban, de 17 años, perteneciente a la etnia Jiwi, víctimas de grupos armados irregulares. Indígenas del municipio Atabapo rechazan la presencia perversa de guerrilla FARC y ELN en la zona», publicó en Twitter el director de Fundaredes, Javier Tarazona.

Tarazona señaló que tanto Dacosta como Charlot fueron «torturados» y posteriormente «asesinados» por presuntos grupos guerrilleros que operan en la minas ubicadas en el Parque Nacional Cerro Yapacana. Según dijo, las comunidades de la zona afirman que esto ocurre muy seguido en las minas.

La organización Fundaredes sostiene que en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón hay presencia de grupos guerrilleros.

Asimismo, la ONG indicó que durante el primer trimestre de 2021, hubo 113 enfrentamientos armados, 306 homicidios y 77 personas fueron desaparecidas en estos estados.

«Estas cifras evidencian el alarmante incremento de la criminalidad en los estados fronterizos de Venezuela con Colombia, donde numerosas denuncias ubican la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y bandas herederas del paramilitarismo del país andino», dijo la ONG.

Tarazona ha denunciado que la organización es objeto de “hostigamiento y criminalización por ejercer la ciudadanía en la labor de promover y defender derechos humanos” por parte de Diosdado Cabello, por lo cual pidió a la CIDH y a la ONU medidas de protección.

Con información de EFE

 

ONG condenan muerte del pemón Salvador Franco en cárcel El Rodeo
Franco murió bajo custodia del Estado venezolano el 3 de enero de 2021. Otros 12 miembros de la comunidad pemón del estado Bolívar siguen encarcelados en El Rodeo desde diciembre de 2019

 

Organizaciones políticas y civiles del estado Bolívar condenaron el lunes 4 de enero la muerte del indígena pemón Salvador Franco, quien permanecía arrestado en la cárcel de El Rodeo desde diciembre de 2019. El domingo 3 de enero, Franco falleció bajo custodia del Estado mientras esperaba recibir atención médica, confirmaron la organización Foro Penal y sus familiares.

“Ahí vemos cómo actúa el régimen. A los indígenas que dice proteger los meten en unas mazmorras, los torturan y los asesinan. Nosotros repudiamos este tipo de acciones que perpetra el régimen de facto”, dijo Luis Alfonzo, representante de la organización Unidad en la Coincidencia, una agrupación de obreros de las empresas básicas de Guayana.

Alfonzo aseguró que la muerte de Franco debe encender las alarmas de lo que ocurre con los presos políticos en el país. “Todavía quedan otros indígenas presos y por eso no debemos cesar en nuestra lucha”, comentó. Otras organizaciones como el Frente Amplio y la Plataforma Nacional de Conflicto también repudiaron el deceso del indígena, considerado un preso político de Nicolás Maduro.

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