Ana llora a su hijo Jorvi Escalona, joven de 29 años que murió de tuberculosis y desnutrición extrema en un calabozo de Barquisimeto, en 2018. En lo que va de 2021 han muerto por las mismas causas otros 47 reclusos. Foto del episodio 7 del pódcast Voces del desamparo
Los presos venezolanos ya no tienen ni fuerzas para pelear. La mayoría muere de hambre y enfermedades
La pasada semana la organización Una Ventana a la Libertad (UVL), que desde hace 23 años se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, presentó su informe del primer semestre del año 2021. El mismo recoge el monitoreo que durante los últimos cinco años hace la organización en los centros de detención preventiva o calabozos policiales de Venezuela.
Este monitoreo fue realizado en 21 estados del país por el equipo de investigación de UVL, formado por 23 investigadores y coordinados por la doctora Magaly Huggins. Bajo una metodología de trabajo con objetivos definidos previamente, el equipo logró levantar la información de 289 centros de detención preventiva del país.
Con este, Una Ventana a la Libertad suma 15 informes, entre semestrales, anuales y especiales, dando a conocer la grave situación de los reclusos que se encuentran en estos recintos. Estos espacios teóricamente transitorios, donde legalmente los detenidos deben permanecer por lapsos no mayores de 48 horas, lamentablemente se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas, creando un sistema penitenciario paralelo al que tradicionalmente conocemos y que depende del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Como dato importante de este informe, destaca la grave situación de salud que se vive en estos recintos.
De los 95 reclusos fallecidos en el primer semestre de este año, según el informe de UVL, 72 murieron por enfermedades.
La tuberculosis es la principal causa de muerte con más del 65 % de los casos, 47 para ser exactos. El resto de las muertes se distribuye en cinco causas principales: infarto, desnutrición, enfermedades respiratorias como neumonía, y síntomas de covid-19; Otras patologías importantes fueron cirrosis, hemorragia pulmonar, amibiasis y VIH. Hubo tres defunciones cuyas enfermedades no se especificaron.
La segunda causa de muerte en los centros monitoreados por UVL fue la de supuestos enfrentamientos entre funcionarios y reclusos fugados. Así, 15 reclusos fugados murieron en “procedimientos de recaptura”, mientras que otras ocho defunciones se dividen de la siguiente manera: tres en riñas, tres por abusos de funcionarios y dos en motines.
Es importante destacar que desde hace más de un año las muertes por enfermedades, tanto en cárceles como en calabozos policiales, ha desplazado por completo a las ocurridas por enfrentamientos entre reclusos o motines, que anteriormente era la causa principal de muertes en el sistema penitenciario venezolano.
En materia de enfermedades reportadas en los centros de detención preventiva monitoreados por UVL, la escabiosis (sarna) es la principal enfermedad detectada, con 1522 presos afectados; luego la desnutrición con 1468 casos; tuberculosis con 1095; gripe con 437; enfermedades respiratorias con 419; fiebre con 117; diarrea con 84; covid-19 con 43; y VIH 19 casos.
Son cifras verdaderamente alarmantes. Lllama la atención que aunque las cifras por covid-19 no son altas, queda la duda de si los casos de gripe, enfermedades respiratorias y fiebre podrían estar relacionados con la pandemia.
Otro de los graves problemas detectados en el informe de Una Ventana a la Libertad es el grave hacinamiento que se vive en estos recintos. Los 289 recintos monitoreados tienen una capacidad para 8634 personas y se encontraban ellos 25.186, lo que representa un 292 % de hacinamiento.
Falta esperar los resultados del trabajo de la Comisión de Revolución Judicial, creada por Nicolás Maduro el 21 de junio de este año, casi terminando el semestre monitoreado por UVL. Esperamos que este sirva para cambiar la dramática situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales, que es el mandato principal de esta comisión.
Un informe de Una Ventana a la Libertad revela que en ese lapso se produjo una masacre en Portuguesa y 9 huelgas de hambre
En el informe de la ONG Una Ventana a la Libertad sobre los primeros 50 días de cuarenta se desprende un fragmento que dice “si algunas personas sostienen que la cuarentena encerrados en sus hogares es como tener casa por cárcel, es porque no tienen idea de cómo son las condiciones en las que se encuentran los detenidos”.
De acuerdo al documento de UVL, durante la cuarentena que comenzó el pasado 13 de marzo se han fugado 77 reos, de los cuales 53 murieron en el proceso de recaptura, 11 fueron aprehendidos nuevamente y 26 funcionarios están siendo investigados por supuesta complicidad.
El documento fue elaborado entre el 14 de marzo y el 4 de mayo tomando como referencia experiencias en 15 estados de Venezuela.
También se registraron 9 huelgas de hambre, donde participaron mil detenidos.
Cinco presos murieron, dos de ellos por tuberculosis, tres resultaron heridos en riñas y al menos 16 torturados o maltratados.
Durante el tiempo de la cuarentena se identificaron 37 casos de tuberculosis y diez de desnutrición.
“No podemos obviar que existen en esos centros penitenciarios un foco muy importante de enfermedades como amibiasis, VIH, tuberculosis lo que facilita que el coronavirus sea un foco de mayor infección”, dijo Sarita Montiel, miembro del Observatorio Penal de Mérida.
Para finales de 2019 se reportaron 224 enfermos de tuberculosis y 22 muertos y 494 de escabiosis.
En los penales se han reportado solo cuatro jornadas de desinfección según la investigación de UVL.
“La mugre sigue afuera. Con el calabozo de los tuberculosos ni se metieron, los cerros de basura de la parte de atrás ni se los llevaron. Echaron agua, jabón y cloro y se fueron. Seguimos con el mismo problema de las cloacas y de basura”, dijo una reclusa del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas.
El hacinamiento y la falta de agua potable son los principales aliados del coronavirus.
Hacinamiento por doquier
En 183 centros de detención preventiva, el hacinamiento es considerado el principal riesgo de salud. La cuarentena consiguió a 1.887 detenidos en calabozos con un cupo para 275, 1.872 eran hombres, 4 adolescentes y 11 mujeres.
En la Zona 7 de Petare, centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana, hay 1.000 detenidos en un espacio para 300. Según la ley, los detenidos allí deben permanecer 48 horas y pasan entre 3 y 5 años.
La primera medida en las cárceles frente a la pandemia fue suspender las visitas, lo que incrementó la crisis alimentaria, elevar los niveles de desnutrición y provocó protestas.
La visitas se suspendieron el 20 de marzo, 7 días después de decretado el estado de alarma en Venezuela. La medida fue adoptada en seis estados del país, afectando a 29 centros de detención preventiva o calabozos.
Durante la cuarentena se presentó el caso de un funcionario que está siendo procesado por embarazar a una reclusa en el Eje contra Homicidios del Cicpc de los Valles del Tuy. Familiares de la detenida formularon la denuncia. La fiscalía adelanta las investigaciones.
El informe también revela que la escasez de gasolina afecta a los familiares de los privados de libertad.
No se estableció una política carcelaria frente a pandemia del Covid-19. Las charlas de orientación e información sobre lo que realmente es la pandemia del Covid-19 sólo se han realizado en dos oportunidades, una de ellas en el estado Mérida antes del 30 de abril y una en Nueva Esparta en mayo.
Para el 30 de abril solo se había practicado pruebas a los reclusos en los estados Miranda y Vargas y posteriormente se incorporó Nueva Esparta, donde la Covid-19 ha tenido un brote significativo.
En cuanto a la dotación de tapabocas y antibacterial para visitantes solo se dio en Caracas una vez.
De acuerdo al informe, el uso de antibacterial, tapabocas y guantes para los visitantes han sido implementadas únicamente en un centro de detención preventiva en Caracas.
En el interior, tres calabozos reportan que funcionarios hacen uso de los tapabocas como prevención, dos en el estado Falcón y uno en el estado Zulia.
Por otro lado, 404 reclusos han sido liberados con medidas de beneficio, entre ellos 29 mujeres y 375 hombres. Analistas critican la medida por no tener garantías de que la selección de los reclusos haya sido realizada de manera objetiva.
Masacre en Portuguesa
El pasado viernes 1 de mayo, en el día 47 de la cuarentena nacional, se registró una protesta de reclusos en el Centro Penitenciario de los Llanos en Portuguesa, por supuesta falta de alimentos e irregularidades en el pase de comida al recinto.
El saldo de la protesta fue una masacre de 47 reclusos asesinados y 75 heridos.
«Desde que no hay visitas por la cuarentena estamos pasando hambre porque el pase de paquete no es igual. El viernes los guardias comenzaron con un aplique con la paquetería y un grupo de presos comenzó a protestar; a formar lío porque los guardias dejaban pasar un paquete y el otro se lo quedaban ellos. Las mujeres afueras estaban haciendo cola desde las 10 de la mañana para ingresar la comida y eran la 12:30 del mediodía y habían pasado muy poca y fue ahí cuando comenzó el alboroto”, dijo un testigo que declaró en calidad anonimato a UVL.
El hacinamiento podría ser principal causa de propagación de la enfermedad en las cárceles
La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad exigió a la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, la creación de planes para evitar la llegada del Coronavirus a los centros penitenciarios del país y los centros de detención preventiva, popularmente conocidos como calabozos.
«Exigimos al Ministerio Penitenciario (@mspenitenciario) y a su titular @irisvarela la creación de planes para evitar que el CodeVirus llegue a las cárceles de Venezuela y los centros de detención preventiva o calabozos policiales donde el hacinamiento es grave. Ya la tuberculosis en estos sitios es muy grave. En el 2019 reportamos 46 fallecidos por enfermedades solo en calabozos policiales y 224 que tienen TBC (tuberculosis) sin recibir atención médica», escribió Una Ventana a la Libertad en su cuenta de Twitter.
La vicepresidenta del gobierno, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes 13 de marzo dos casos de personas contagiadas con Coronavirus en Venezuela
Una Ventana a la Libertad hizo énfasis en los 9 presos muertos en lo que va de 2020 en los centros penitenciarios Fénix y David Viloria del estado Lara.
«Solo en cárceles del estado Lara van 8 fallecidos por TBC. Es su responsabilidad garantizar la vida y la salud de los hombres y mujeres privadas de libertad en Venezuela, independientemente del sitio en que se encuentren. Esperamos sus soluciones @mspenitenciaro», enfatizaron en la red social.
Al menos 19.000 personas se encuentran recluidas en Venezuela en unos 200 centros de detención preventiva, los cuales tienen capacidad para albergar a poco más de un tercio de esa cifra, de acuerdo a un informe presentando por Una Ventana a la Libertad en febrero de este año.
Según UVL, el año pasado 192 personas murieron en centros de detención.
«En 2019 al menos 46 de las víctimas fallecieron debido a los precarios servicios de salud como por ejemplo retenidos que sufrían tuberculosis, pero no tenían acceso a medicinas y cuidados médicos» se desprende del informe.
Exigimos al Ministerio Penitenciario (@mspenitenciario) y a su titular @irisvarela la creación de planes para evitar que el CodeVirus llegué a las cárceles de Venezuela y los Centros de Detención Preventiva o calabozos policíales donde el hacinamiento es grave (Hilo)¹
Ya la Tuberculosis en estos sitios es muy grave. En el 2019 reportamos 46 fallecidos por enfermedades solo en calabozos policíales y 224 que tienen TBC (Tuberculosis) sin recibir atención médica. Solo en cárceles del estado Lara van 8 fallecidos por TBC
Es su responsabilidad garantizar la vida y la salud de los hombres y mujeres privadas de libertad en Venezuela, independientemente del sitio en que se encuentren… Esperamos sus soluciones @mspenitenciaro…
Dos hechos simultáneos ameritan análisis e investigación: la sustracción de oro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela y la matanza de detenidos y de visitantes en el retén de la Comandancia General de la Policía de Carabobo
Mucho revuelo ocasionó la información sobre el traslado de 2.1 toneladas de oro que estaban almacenadas en el Banco Central de Venezuela, el pasado miércoles 28 de marzo. Mientras que algunos –generalmente anónimos o militantes robotizados- acudieron a los tradicionales insultos, las amenazas y las descalificaciones personales, otros manifestaron su estupor y legítima curiosidad por conocer algunos detalles adicionales.
En esta operación aplicaron el sigilo y la opacidad que caracterizaron a por lo menos tres traslados previos del metal precioso, de los que se tiene alguna información documentada. Sobre este punto, cabe destacar que el transporte del metal se hizo de madrugada.
En esta oportunidad, sin embargo, se pudo conocer que la aeronave fletada a la línea Rotana Jet, un Airbus A319, siglas A6-RRJ, estacionó en la rampa 31, ubicada en el extremo oeste del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Hasta allí llegaron a las 5:30 am unos veinte efectivos militares comisionados para vigilar el cargamento traído desde las bóvedas del Banco Central de Venezuela, el cual entró por la llamada Puerta Cojedes del terminal, que da hacia Catia La Mar. El oro en barras iba en 57 cajas. La operación de carga culminó a las 9 am. Aunque el destino final sería Dubai (Emiratos Arabes Unidos), el jet hizo escalas en Nassau (Bahamas) y Belfast (Irlanda del Norte), de acuerdo con datos arrojados por la herramienta flightradar.com. El Airbus aterrizó en Dubai al día siguiente, 29 de marzo. Una fuente militar indicó que esta operación forma parte de las actividades relativas al “cono monetario” vigente, pero no explicó la relación entre el traslado del oro y la emisión del papel moneda. Lo cierto es que el domingo siguiente, 1 de marzo, llegaron a Venezuela en vuelo desde Sri Lanka 80 millones de billetes de 20.000 bolívares, y fueron descargados en una de las rampas del sector este del aeropuerto.
En este jet sale el oro
El embarque del oro –el más cuantioso efectuado este año, hasta donde se tiene información- ocurrió en forma simultánea a la masacre de 68 personas en el retén de la Policía de Carabobo, en Valencia. Hasta ahora, no hay datos que permitan establecer la existencia de alguna correlación entre ambos hechos. Ahora bien, es claro que la opinión pública centró su atención en la matanza mientras sacaban el metal precioso por Maiquetía. Llama la atención que el 15 de enero, justo cuando efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB disparaban cohetes contra la vivienda donde se atrincheraba el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, salía hacia Dubai otro avión cargado con oro del Banco Central de Venezuela.
2. Los muertos que no quieren contar
Para el momento de la redacción de esta nota, ha pasado más de una semana desde que ocurrieron los hechos en el retén de la Policía de Carabobo. El conteo oficial indica que ese día murieron 66 detenidos y dos mujeres, que supuestamente hacían pernocta en una de las celdas. La mayoría de estas personas perdió la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos y exposición a las llamas. Pero también fueron sacados cadáveres que tenían heridas por proyectiles y armas blancas. De ello hay evidencia fotográfica.
Las primeras minutas elaboradas por las policías que llegaron al lugar indican que la mortandad se inició por una disputa entre presos, a propósito de la presencia de estas mujeres. Una situación similar a la que desató una reyerta en el internado judicial de Los Teques, en septiembre de 2013. A partir de esa pelea se desataron otras acciones, entre ellas un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los custodios de guardia, que supuestamente arrojaron una granada lacrimógena para aplacar los ánimos, y en cambio eso sirvió como iniciador de las llamas.
La presencia de mujeres en el lugar formaba parte de un sistema de sobornos a los funcionarios policiales, que fue denunciado por los familiares de los reclusos. Un factor que incidió sobre la magnitud de la tragedia fue el hacinamiento. Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de visitar ese retén, para hacer una entrevista al boxeador Edwin Valero, alias El Inca, apenas horas antes de que se suicidara, en abril de 2010. Esa instalación apenas tenía capacidad para albergar unas 40 personas, pero según recuentos extraoficiales para el momento del incendio estaban allí 255 personas. Un hacinamiento mayúsculo, que ya ha sido denunciado por las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema penitenciario.
La sobrepoblación en los retenes es consecuencia directa de la política de “cupos” aplicada por el ministerio para Servicio Penitenciario, que impide el traslado de los detenidos a los internados judiciales, una vez que han sido presentados en los juzgados de control. Entonces, el despacho de Varela traslada costos y responsabilidades penales por el cuido de los presos a las gobernaciones, las alcaldías y cuerpos como la Policía Nacional y a la Guardia Nacional.
Por otra parte, el claro que el Ministerio de Relaciones Interiores no encuentra en dónde colocar estas 68 muertes sin que se le disparen las cifras por homicidios. Es lo mismo que hicieron a propósito de la matanza en el retén de Puerto Ayacucho. Esos muertos, simplemente, no existen ni siquiera desde el punto de vista estadístico. Según fuentes de ese despacho, durante el primer trimestre de 2018 fueron contabilizados 56 asesinatos en internados judiciales o retenes policiales. Con los 68 de PoliCarabobo totalizarían 124. Por cierto, según fuentes ministeriales trece días antes de esta matanza, el 15 de marzo, hubo otra de menor magnitud en el mismo retén. En ese episodio, cinco hombres murieron a cuchilladas.
De todas las muertes reportadas durante el primer trimestre, solo doce ocurrieron en instalaciones administradas por Servicio Penitenciario. De manera que Varela tuvo éxito en trasladar la violencia a lugares donde ella dice que no es responsable.
Cuando en días recientes escuché a la ex ministra para el servicio penitenciario y ahora miembro de la ilegal asamblea nacional constituyente, todo en minúsculas, Iris Varela en una sesión televisada de esa caricatura de asamblea, con el lenguaje vulgar y escatológico que siempre la ha caracterizado, mentarle la madre a todos los que criticaran al sistema penitenciario venezolano, sentí pena ajena y ratifiqué lo que siempre he dicho: tenemos el peor sistema penitenciario del continente y este oscuro personaje que ahora nos menta la madre a los que lo criticamos es una de las grandes responsables del desastre carcelario que hoy vivimos.
En un reportaje publicado en el diario El Nacional el pasado domingo se hizo un excelente trabajo de investigación sobre la situación de las cárceles en el continente y allí se demostró que Venezuela tiene el peor sistema penitenciario de la región, esto igualmente lo han dicho organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde hace años ha denunciado la grave situación que se vive en nuestros recintos carcelarios.
La caótica situación de las cárceles no es nueva. En la llamada cuarta república era muy grave, no quiero que mis lectores crean que antes era buena, era igualmente mala, solo que en la actualidad llegó a niveles extremos de gravedad. Nunca en la historia contemporánea de Venezuela el sistema penitenciario había funcionado tan mal como ahora.
Tenemos un aproximado de 55.000 reclusos en cárceles del Ministerio para el Servicio Penitenciario y 45.000 en comisarías policiales para un aproximado de 100.000 presos en Venezuela actualmente. La capacidad real de las cárceles venezolanas es para un poco más de 20.000 reclusos y 5.000 en comisarías, con la alarmante cifra de más de 250% de hacinamiento, aunque hay casos que quintuplican esta cifra. Nunca en la historia, el país había tenido una población privada de libertad tan grande y unas cifras de hacinamiento de esa magnitud.
El hacinamiento carcelario va completamente relacionado con la incapacidad del Estado venezolano a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario de solucionar este grave problema con la construcción de nuevos recintos carcelarios, a pesar de los muchos ofrecimientos que se han hecho al respecto y que no han sido más que promesas incumplidas. Cuando se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario en julio de 2011, la titular de este despacho, Iris Varela, anunció que en el lapso de 2 años construiría 24 cárceles. Esto nunca se cumplió.
El ministerio solo ha inaugurado 3 recintos carcelarios: la Comunidad Penitenciaria de Lara, que estaba en construcción desde la época del Plan Nacional de Humanización Penitenciaria; la Cárcel 26 de Julio en el estado Guárico, que eran unos galpones que fueron expropiados a una empresa de alimentos y los convirtieron en cárcel; y la Comunidad Penitenciaria de Carabobo, que tardó 8 años en construirse. Igualmente, ha cerrado el Internado Judicial de Los Teques, la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal La Planta en Caracas, el Internado Judicial de Coro, la Cárcel de Sabaneta en el Zulia, la Cárcel de San Antonio en Nueva Esparta y la Penitenciaría General de Venezuela en Guárico.El cierre de recintos sin tomar las previsiones necesarias, como el tener un sitio acondicionado adonde llevar a los reclusos de la cárcel clausurada, ha aumentado el hacinamiento en otros centros, así como en los calabozos policiales.
A esto le agregamos que el retardo procesal es alarmante, solo 30% de nuestros presos tiene una sentencia definitiva, la gran mayoría está en la espera del inicio de un juicio, en algunos casos desde hace varios años. A pesar de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario creó hace años el Plan Cayapa con el fin de eliminar el retardo procesal, es claro que ha sido otro de los grandes fracasos de este ente rector de las políticas penitenciarias del país. El retardo procesal sigue siendo el mismo que cuando se inició este plan.
La guinda de la torta la tenemos con la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva del país, ocasionada no solo por la falta de construcción de nuevos recintos carcelarios y el retardo procesal, sino porque el ministerio que rige las políticas penitenciarias del país y debe garantizar los derechos humanos de todos los privados de libertad del país, según el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de ese ministerio, no se ocupa de los que se encuentran en estos calabozos y le ha endosado la responsabilidad a las autoridades policiales que no tienen ninguna competencia en este sentido, pues su función termina cuando el detenido es presentado ante los tribunales, en las 48 horas siguientes a su captura.
Con estas pequeñas anormalidades que he descrito de lo que se vive en las cárceles venezolanas, es difícil que no te menten la madre por decir que tenemos el peor sistema penitenciario del continente.
CUANDO NICOLÁS MADURO ANUNCIÓ la supuesta “muerte” del billete de 100 bolívares en cadena nacional a finales del año pasado, el concejal de Primero Justicia Carlos Andrés García jamás imaginó que días después sería encarcelado y nunca más disfrutaría de la libertad.
García fue detenido en Guasdualito, estado Apure, el 17 de diciembre de 2016. El político fue aprehendido junto a Eduard Cogollo y acusado de promover los destrozos a varias entidades bancarias en la localidad llanera.
“Carlos Andrés venía de visitar a una amiga en el hospital y la Guardia Nacional después que habían acabado con varios bancos fue que apareció y se llevó como a 200 personas”, dijo el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Lippa en una reciente intervención en el hemiciclo.
Autoridades acusan al concejal de portar una exagerada cantidad de billetes de 100, mientras desde Miraflores denunciaban la existencia de mafias fronterizas encargadas de sustraer papel moneda venezolano.
El secretario general de PJ, Tomás Guanipa, aseguró que García fue secuestrado por el Sebin y víctima de una “siembra” de billetes.
Fue apenas en diciembre que comenzó el vía crucis para el miembro del Concejo Municipal. Recluido en los calabozos del servicio de inteligencia en Guasdualito la salud de García comenzó a flaquear.
Sufrió crisis hipertensivas, aunado a un severo cuadro de depresión, condiciones que decantaron en un ACV en agosto. Los médicos recomendaron trasladarlo a un centro asistencial, procedimiento que los funcionarios de los cuerpos de seguridad ejecutaron doce días después, cuando supuestamente este ni siquiera reconocía a sus allegados.
García arribó con escasas esperanzas al Hospital Central de San Cristóbal y el domingo 17 de septiembre falleció.
“Carlos murió por una enfermedad que se empeoró o produjo durante el tiempo que estuvo en prisión”, acotó Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano desde una transmisión de Periscope.
El concejal incluso habría recibido una medida cautelar para tener casa por cárcel, sustitutiva que nunca fue ejecutada por los miembros del Sebin.
“Aquí hay un tema medular y es que el Estado es el único responsable por la integridad de un privado de libertad, no es la familia, no es un partido político, es el Estado”, dijo Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.
“Esto es algo que hemos venido denunciando desde hace tiempo que es la falta de atención médica que hay hacia los presos políticos. El Estado es responsable de lo que le ocurra a un detenido”, enfatizó Romero.
El desenlace fatal no es exclusivo del concejal. Con García son tres los catalogados como presos políticos muertos en cautiverio: Nadis Orozco, vinculada al asesinato de Robert Serra y Rodolfo González, quien se suicidó en su celda luego que fuese señalado de terrorista por el propio Maduro en cadena nacional.
“Este no es el primero ni será el último preso que muera en prisión, el deceso de Carlos García trascendió porque era una figura pública, un concejal perteneciente a un partido político, pero esto es algo que pasa a diario con reos comunes”, manifestó el abogado, profesor universitario y defensor de derechos humanos, Joel García.
“En la zona 7 de Petare, mejor conocida como el ‘Inframundo’ ya han muerto cuatro por inanición y esto constituye una violación flagrante al derecho fundamental del reo”, agregó.
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Romero informó esta semana que 45 presos políticos de los más de 600 que contabiliza el Foro Penal actualmente requieren atención médica inmediata.
“Lo ideal es que cuando un preso esté enfermo el juez que lleva la causa lo envíe a un centro asistencial o a su casa, sucede que a veces el juez otorga una medida cautelar y los funcionarios de seguridad no liberan al detenido”, apuntó García.
“A este señor lo detienen y se lo entregan muerto a la familia, en Venezuela no existen derechos humanos, es una gran hipocresía”, indicó Prado.
La reacción de TSJ
Posterior al deceso del concejal García, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado donde exámenes habrían determinado que este padecía una inmunodeficiencia vinculada al virus del Sida. Alegan además que en el expediente no se hace constar de la patología y que posiblemente el concejal desconocía su condición.
“La declaración del TSJ fue bastante infeliz”, subrayó García. “Cuando una persona llega al Sebin es sometido a un examen medico, si lo que dice el TSJ hubiese sido así, eso debe de reposar en un acta”, añadió.
“La ley establece que antes de ingresar a cualquier recinto penitenciario, el reo debe someterse a un exhaustivo chequeo médico”, aclaró Prado.
El director de la ONG sostuvo que el preso no es responsabilidad exclusiva de una sola entidad del Estado, es potestad de un compendio de organismos velar por el bienestar del individuo privado de libertad.
“Cuando a una persona la detienen hay varias instituciones que entran en acción, el Ministerio para el Servicio Penitenciario funge de carcelero, el Ministerio Público tiene fiscales en el proceso y fiscales de derechos fundamentales, asimismo tenemos a una Defensoría del Pueblo que tiene a un Defensor en materia penitenciaria”.
El profesor García advierte además que el tratamiento de un preso político es distinto a uno común.
“Tienen un custodio permanente, están bajo vigilancia constante, dependiendo del partido político el tratamiento puede ser mejor o peor”.
“Por supuesto que hay diferencias en el tratamiento del llamado preso político y el preso social”, completó Prado.
“En Venezuela las penas se están manejando con un tinte político, hay ensañamientos contra personas por su tendencia o ideología», argumentó García.
«Se está manejando lo que los abogados llamamos Derecho Penal del Enemigo, que quiere decir ‘yo te persigo por quien eres’. Se está aplicando la Pena del Banquillo, una pena anticipada”, expuso el especialista en materia judicial.
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“Aunado a ello el retraso procesal es evidente, los tribunales no dan despacho, la Fiscalía no imputó delito alguno a varios de los muchachos que agarraron en las protestas y aún así siguen detenidos”, prosiguió el profesional del derecho.
Según García esta práctica es una especie de plan siniestro del madurismo.
“El gobierno ve al estudiante como a un enemigo, porque es un ser pensante que le hace oposición, en cambio otorga zonas de paz en sectores como la Cota 905 porque ve en los malandros a aliados”.
Cárceles: cultivos de enfermedades
Humberto Prado asegura que cada día es más frecuente presenciar muertes en recintos penitenciarios por enfermedades contraídas dentro de los mismos.
“La ley dice que son 96 horas las que tiene que estar un detenido en un calabozo o centro preventivo antes de ser remitido a un internado o una cárcel común, hoy en día eso no se cumple, los calabozos está atestados, hay hacinamiento y enfermedades. Las policías estadales no tienen presupuesto para alimentar a una población penitenciaria que excede el limite y tampoco para suministrar medicinas”.
El director del OVP dijo que enfermedades como la escabiosis o “sarna” como se le conoce popularmente, son comunes en las prisiones.
“Ni siquiera hay agua potable, a los de la UPEL de Maracay, les dio malaria en la cárcel de El Dorado, los familiares tuvieron que salir a buscar medicinas, nada mas había un suero en el recinto”.
Romero informó que en el caso de los estudiantes de la UPEL, la Fiscalía no imputó y se solicitó el sobreseimiento porque no se encontraron evidencias para que estén presos.
“Diez de ellos están en El Dorado, 11 en la Penitenciaria 26 de julio y seis tienen arresto domiciliario”.
“El derecho a la vida en Venezuela no está garantizado. El hecho es que hoy en día no se cumplen las condiciones mínimas sanitarias para un detenido, no hay una infraestructura carcelaria adecuada para atender a un paciente, ni siquiera podemos hablar de servicio odontológico”, esbozó García.
Ante la escasez de justicia en Venezuela, defensores de derechos humanos, abogados y especialistas en materia judicial se han abocado a exponer las penurias del preso político y ciudadano común fuera de las fronteras.
“Hemos solicitado una investigación a nivel interno y a través de la Comisión contra la Tortura en la ONU por el caso de Carlos García”, confesó Prado.
“El mismo Alto Comisionado de los DDHH en la ONU dice que en Venezuela hay una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos”, manifestó García. “Ya en la ONU reconocieron que hay desapariciones forzosas en el país”, añadió Alfredo Romero.
“Tenemos que seguir agotando el derecho interno e insistir en el plano internacional. No dudo que la justicia vaya a llegar en algún momento y las víctimas puedan ser recompensadas de alguna forma”, apuntó García.
“El asunto es que Carlos García debería estar vivo”, dijo Prado. “Ese señor estuvo detenido en un calabozo y empezó a presentar una patología, cuando lo llevaron a un centro asistencial ya era tarde. El Estado tiene que asumir su responsabilidad, porque la pena de muerte está erradicada en nuestro código penal”.
El Foro Penal informó que la vida de otros presos políticos también corren riesgo. “Tal es el caso de Efraín Ortega, quien tiene trombosis en ambas piernas, es un caso grave, sufre cólicos nefríticos y está en el Rodeo II, va para 3 años preso”, informó Romero.
“Ortega no ha tenido oportunidad para defenderse porque su juicio no ha empezado. Un caso similar es el de Marcelo Crovato”.
“María Alejandra Figueroa presenta ruptura de un quiste ovárico y sangrado por la nariz, José Luis Santamaría se encuentra en un estado delicado de salud y no hay que olvidar a José Saldivia, Kevin Rojas, Enyer Matute y Alex González que tienen paludismo adquirido en la cárcel. Esta gente está siendo torturada por el Estado, después no vayan a decir los jueces que esa no es su responsabilidad ”
“¿Dónde está la Defensoría del Pueblo, los jueces de ejecución en todos estos casos?” se pregunta Humberto Prado.
“Los tribunales ni siquiera dan audiencia, la ley dice que sin un preso pasa dos años en la cárcel sin audiencia debe salir en libertad”, argumentó Romero.
“La misión del Estado es evitar un desenlace fatal, han incumplido con el mandato que les encomendó el pueblo de velar por la vida de cada uno de nosotros”, enfatizó García.
“A esas personas que están en el poder actualmente, no se les aisló ni se les torturó cuando estuvieron presas por dar un Golpe de Estado”, puntualizó Romero.
LOS NIVELES DE HACINAMIENTO EN LA SEDE del Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional (Sebin) alcanzan 300%, según denunció la ONG Una Ventana a la Libertad. Al menos 80% de las personas recluidas en este centro de detención son presos políticos.
A través de su cuenta de Twitter, la ONG indicó que la capacidad de reclusos en ese centro es de 80 personas; sin embargo, actualmente 340 personas permanecen en los calabozos.
Agrega que 20% de la población penal son presos comunes y el 80% restante presos políticos del Gobierno de Nicolás Maduro.
Según datos recabados por la ONG Foro Penal Venezolano, hasta el pasado viernes 11 de agosto se registraron 676 presos políticos en todo el país.
LA ONG UNA VENTANA POR LA LIBERTAD, coordinada por Carlos Nieto, estuvo en Coro para orientar a los familiares de los privados de libertad sobre la defensa de los Derechos Humanos (DDHH).
El encuentro permitió que las personas conocieran cuáles son los derechos de los procesados, cómo proceder en caso de violaciones a los derechos humanos, dónde acudir para denunciar y la forma de hacerlo.
Nieto acotó que en la entidad hay problemas en los centros de detención preventiva debido al hacinamiento, retraso procesal, insalubridad y la ausencia de alimentos.
Explicó que las personas privadas de libertad no pueden estar en los centros de detención preventivos, sino que después de las 48 horas deberían estar en las cárceles. «Ahora tenemos dos tipos de presos, los que están bajo el sistema penitenciario tradicional, que administra el ministerio penitenciario, y los que están en las comisarías, que aunque estén a la orden de la policía, también son responsabilidad del ministerio pero no los toman en cuenta».
Detalló que hay negligencia por parte del ministerio penitenciario, puesto que se ofreció a construir una cárcel en cada estado del país y a casi seis años de su creación no se ha construido la primera en el país.
El defensor de los DDHH sostuvo que las cifras de hacinamiento están en los 200%, tanto en los centros de detención preventiva como en las cárceles.
«Nosotros tenemos una población penitenciaria en toda Venezuela de aproximadamente 100 mil reclusos. 55 mil que están en las cárceles tradicionales y como 45 mil que están en estos centros de detención preventiva».
Recalcó que en el país nunca se había registrado una cifra tan alta como la que tiene actualmente, pero además considera que están en condiciones «infrahumanas» puesto que no cuentan con ningún tipo de atención, ni respeto por los DDHH.
Para mejorar las condiciones de los presos, Nieto propone la construcción de nuevos recintos carcelarios, y que los comandos dejen de ser pequeñas cárceles ya que los policías no están preparados para cuidar presos y no les corresponde.
