Un reciente informe de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) concluyó que el Estado venezolano sigue omitiendo sus obligaciones  y violando «de forma reiterada» los  derechos a la vida, integridad, bienestar general y calidad de vida de las poblaciones indígenas de la entidad 

Los pueblos  indígenas del Zulia se ven empujados a sobrevivir «en condiciones desiguales, de calamidad y vulnerabilidad constantes»

Foto: La Verdad

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentó un balance de la situación general de los derechos humanos en el Zulia, en el que reiteró que las poblaciones indígenas del estado continúan enfrentándose a pobreza y necesidades agudas en su día a día sin atención prioritaria de los organismos competentes. 

Los pueblos indígenas Wayuu y Añú, habitantes de la Guajira al norte de Zulia, y Barí, Japreria y Yukpa, habitantes de la Sierra de Perijá hacia el occidente de Zulia, enfrentan constantes restricciones a los servicios públicos más elementales: agua potable y electricidad. 

Además, los habitantes de estos pueblos indígenas no cuentan con una alimentación suficiente, lo que ocasiona un aumento en la tasa de desnutrición.

De acuerdo con el boletín, el 80% de los habitantes del municipio Guajira no tiene trabajo, lo que dificulta el acceso a alimentos nutritivos y suficientes.

#ZuliaEnEmergencia | De acuerdo con nuestro boletín sobre pueblos y comunidades indígenas en el Zulia, el 80% de los habitantes del municipio Guajira no tiene trabajo, dificultando su acceso a alimentos nutritivos y suficientes.

▪️https://t.co/VgalF1SYyDpic.twitter.com/vevYnG3UjN

— Codhez (@Codhez) January 24, 2023

La organizacióninformó que los niños que viven en Añú se enferman constantemente de diarrea, asma, fiebre y gripe. «Buena parte de estos niños presenta cuadros de desnutrición», aseguró el informe. 

«En la comunidad El Barro, ubicada en la Guajira, 83% de las familias solo comen una vez al día, con limitadas raciones de alimentos, y su principal fuente de proteína de origen animal es pescado (93%)», señaló el Comité de Derechos Humanos de la Guajira.

Adicionalmente, el informe afirmó que los pueblos indígenas son atropellados por parte de efectivos de seguridad del gobierno, civiles y militares.

«Las alcabalas de estos organismos son la forma más común para llevar a cabo estos atropellos. Los habitantes han denunciado extorsiones contra las comunidades o viajeros que se trasladan hacia o desde Colombia», indicó Codhez.

Ante ello, la organización exige al Estado venezolano el establecimiento de políticas que permitan visibilizar y solventar las «múltiples carencias padecidas por los pueblos y comunidades indígenas».

«Se debe otorgar atención prioritaria y privilegiada a las personas de estos pueblos que tradicionalmente son disminuidas en sus condiciones de vida», afirmó Codhez.

Presencia de grupos irregulares

Codhez denuncia que la demarcación de las tierras y hábitats indígenas persiste como una de las más grandes deudas estatales.

«Ello ha generado eventos de violencia por la lucha de sus espacios ancestrales, muchos ocupados hoy en día por fincas y productoras de ganadería; luchas que han generado muertes y desolación entre los indígenas yukpas», indican. 

Sumado a esto, para mediados del año 2022, pobladores denunciaban la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que “penetra en las comunidades indígenas, instala campamentos, supervisa el contrabando de ganado y recluta jóvenes para sus columnas”.

Abunda la desnutrición y el paludismo, pero no las vacunas de COVID-19

Durante 2022, los pueblos indígenas de Zulia presentaron casos de desnutrición y paludismo. 

90% de los niños pequeños de la población Añú se alimentan de leche materna o chicha de maíz. El informe indicó que parte de la población infantil tiene muy bajo peso en comparación con su talla.

En 2022, se reportó la muerte de cinco niños por vómito, diarreas y falta de transporte para acudir a un centro de salud.

En la población Añú solo opera un centro de salud, el Ambulatorio Rural Puerto Cuervito.

Según Codhez, el centro sanitario cuenta con un solo médico, por lo que la asistencia sanitaria es esporádica, no hay obreros, ni camareros, ni personal de enfermería. El ambulatorio tiene 90% de déficit de insumos médicos.

«Se trata de un espacio de salud inhumano que no cuenta con las condiciones mínimas para atender a personas enfermas. La otra opción que se presenta es llevar a la persona enferma al puerto (previa búsqueda de un transporte para ello), luego, caminar casi dos horas hasta el ambulatorio del pueblo, que básicamente se encuentra en similares condiciones», explicó la organización.

Para inicios de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira alertó sobre casos de paludismo detectados en comunidades Wayuu asentadas en las riberas del río El Socuy, mientras que la organización Homo Et Natura reportaba 20 personas afectadas. 

«Uno de los sectores más perjudicados ante esta falta de garantía del derecho a la salud son los adultos mayores que habitan este municipio indígena del estado Zulia», reiteró el informe.

Además de desnutrición y paludismo, las poblaciones indígenas de Zulia presentan casos de malaria, hepatitis, tuberculosis, leishmaniasis y constantes accidentes ofídicos. 

También, se registraron casos de COVID-19, el primero fue en junio de 2020. Sin embargo, las primeras vacunas llegaron a estas comunidades en diciembre de 2021, unos 10 meses después de haberse iniciado las jornadas de vacunación en el resto del país.

En esa oportunidad, se disponía de vacunas para unas 2.000 familias de la cuenca Toromo (los yukpas se agrupan en cinco cuentas entre las montañas de la Sierra de Perijá: Tukuko, Apón, Yaza, Macoíta y Toromo).

Codhez denunció que no hay información oficial de esta jornada. Tres meses después, no se tenía más información sobre nuevas jornadas de vacunación.

«Buena parte del pueblo yukpa no había sido vacunado contra el COVID-19 para el mes de febrero de 2022, se estimaba que solo 10% de la población yukpa había sido vacunada», aseguró la organización.

Sin agua y sin luz

Uno de los principales problemas que enfrentan los residentes de Wayuu, Añú, Barí, Japreria y Yukpa es la carencia de servicios públicos. 

Según Codhez, la Guajira es una de las zonas del estado Zulia con mayores problemas de acceso al servicio eléctrico. Las razones son diversas, entre ellas destacan:

• La falta de generación eléctrica.
• Fallas en la distribución por daño de guayas y equipos básicos.
• Transformadores quemados.

En las poblaciones indígenas ubicadas en la Sierra de Perijá denuncian los daños intencionales causados a instalaciones eléctricas, específicamente en el sector Materita de la cuenca del río Yaza hasta la comunidad Kuse. 

La carencia de agua potable y electricidad ha perjudicado la educación en la Guajira.  Después del reinicio de las clases presenciales, el acceso al agua en las instituciones escolares ha sido crítico.

«Los docentes y representantes aplican estrategias o se autogestionan para abastecerse de agua limpia. Una forma de autogestión aplicada es que entre docentes y estudiantes aporten cada uno 100 pesos colombianos para comprar el agua, sobre todo para la cocina y el baño de las escuelas», indicó el informe.

Una comunidad inundada

Según Codhez, 2022 se caracterizó por las constantes y fuertes precipitaciones en Zulia. El municipio Guajira fue uno de los más afectados y sus habitantes experimentaron, nuevamente, la improvisación estatal para atender emergencias sanitarias que se derivan en este tipo de eventos.

*Puedes leer el informe completo aquí.

Más sobre este tema:

“Buscan ilegalizarlas”: AN oficialista aprobó en primera discusión polémica ley contra las ONG

Leer más

Más de 60 personas armadas con hachas y machetes ingresaron este 31 de diciembre de 2017 al terreno de la planta transmisora de Radio Fe y Alegría Guajira, ubicada en Paraguaipoa, estado Zulia, y cortaron las guayas de acero que sostenían la torre de hierro galvanizado de más de 120 metros que se encontraba en mantenimiento.

«Una vez en el piso, las personas responsables del hecho, claramente identificadas, de manera violenta comenzaron a ‘picar la torre y las guayas’, presumiblemente para ser vendidas como chatarra en Colombia», indica la web de la emisora radial.

El hecho ocurrió a las 5:00 am del 31 de diciembre. Hora y media después, una comisión de dos funcionarios de Poliguajira se presentó en el sitio, pero fue repelida por el grupo invasor. Fue a las 8:30 am cuando, luego de que Fe y Alegría reiterara la solicitud de ayuda al cuerpo de seguridad, los funcionarios hablaron con las personas armadas y las desalojaron. Para ese momento, ya se habían robado 90% del material de la torre y las guayas.

«Radio Fe y Alegría entiende, acompaña y vive junto a nuestros compañeros de trabajo de Fe y Alegría en la Guajira la grave situación de hambre y enfermedades que padecemos, pero de ninguna manera avala o puede avalar actos delictivos contra la propiedad nuestra ni de nadie», señala la emisora en su página.

Fe y Alegría anunció que tomará acciones legales contra los autores de este delito.

Jóvenes en La Guajira venezolana se debaten entre asistir a la escuela y dedicarse al contrabando de gasolina en la frontera con Colombia.

Álvaro, un joven de 13 años residente de Paraguaipoa (La Guajira), explica que se gana la vida sacando combustible de los vehículos que encuentran estacionados entre las 8:00 am y las 6:00 pm, junto a otros adolescentes, así lo reseña el diario estadounidense The New York Times y explica que los nombres de los niños fueron cambiado para proteger sus identidades. 

“La primera vez que tuve que chupar de la goma para sacarla de un carro fue horrible, se me quedó todo el sabor en la boca. Daba igual lo que comiera, todo me sabía a eso. Ya me estoy acostumbrando. Como cereal y se me quita el sabor”, comentó Álvaro, quien lleva muy poco en el negocio.

El aumento de este negocio en la zona se debe a que el calor extremo impide cualquier actividad agrícola y ganadera, porque las tierras son totalmente áridas. Además, la poca variedad de actividades comerciales aumenta los índices de pobreza en la entidad.

Junto a Álvaro están otros dos adolescentes, Yoel de 17 años y Ronaldo de 16 años relatan como realizan esta actividad en la que llevan casi una década.

Eso es normal, uno mete la manguera en el carro, agarra y normal… Uno no siente nada. Bueno, a veces, depende del tanque que carga el carro. Si viene muy caliente, ahí uno sí siente el olor”, dijo Ronaldo​

Agregó que no se preocupa por las consecuencias físicas de trabajar con combustible de forma irregular. “Uno no piensa en si le hace daño o no a la salud, en qué le puede pasar en la garganta, boca, estómago. Algunos van al médico. Yo no he ido a nada, uno ya está acostumbrado. Uno piensa en vender y agarrar los cobres (dinero)”

Por su parte, Yoel justificó porque comenzó en la venta de gasolina. “Para comprar lo que uno necesita, ropa, zapatos… Quería los cobres míos. Y sí se hace plata, y ahora más, ojo. Un día bueno se ganan doce mil, quince mil bolívares diarios, aparte de los gastos. La cosa es vender, vender, vender”.

Ronaldo, para aclarar porque inició en el contrabando, explicó que su mamá (con la que no vive) lo sacó de la escuela porque no tenía dinero para comprar uniforme y útiles.

“Estoy con mi abuela, ella no trabaja. Depende de mí el dinero de la casa. Llevo seis mil, cuatro mil al día Mi abuela me regañaba porque cuando me sacaron de la escuela no iba a la calle: ‘Vete, sal, nos estamos muriendo de hambre’, me decía. Por eso empecé”.

Neida González, responsable de la Escuela Bolivariana Luis E. Palmar de la entidad, asegura que en el colegio hay alumnos entre 32% y 50% de deserción escolar: hay 178 alumnos registrados en su centro y solo acuden entre 90 y 120.

Gonzales señaló que la mayoría de los niños abandonan la escuela para vender gasolina y los pocos que asisten solo van para recibir la merienda proporcionada por el gobierno nacional.

Vea la nota completa en The New York Time

Desde Paraguaipoa visita el estudio de Humano Derecho José David González, Coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, una organización con 16 años de trabajo en defensa de los pueblos indígenas en esta zona fronteriza del país. Por su constancia en su trabajo, en un contexto difícil, González fue galardonado con el Premio de Derechos Humanos 2016, otorgado por el Centro de DDHH de la UCV y la Embajada de Canadá en Venezuela. El activista describe la dramática situación en la que viven las comunidades indígenas debido a la militarización de su territorio, la inflación y el desabastecimiento de alimentos. El Comité de DDHH de la Guajira han contabilizado más de 20 indígenas asesinados por las Fuerzas Militares, como consecuencia del Distrito Militar número 01.

@MelanioBar y @fanzinero sonorizan esta interesante entrevista con sus acostumbradas «pausas del rock». Atoxxxico desde México con «La verdad oculta», Nofx con «You´re wrong» y Los Violadores, de Argentina, con «Mercado Indio».

Humano Derecho es el Radioweb Show semana, transmitido desde diversas plataformas del país, donde se combina la gente que ayuda a otra gente y la mejor música. Producido por Redes Ayuda y Humano Derecho.

La Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional solicitó la comparecencia del alcalde del municipio Guajira, Herbert Chacón, por los presuntos actos de extorsión y persecución contra indígenas wayúu que residen en la entidad por parte de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Edgar Zambrano, presidente de la mencionada comisión, notificó el llamado a solicitud del diputado que dirige la comisión de Pueblos Indígenas, Virgilio Ferrer, quien denunció que hace dos semanas asesinaron a varias personas en el municipio fronterizo.

“El diputado Ferrer hizo la denuncia hace dos semanas a los efectos de los hechos por la muerte de personas con tiros en la espalda. Se decidió solicitar la comparecencia del alcalde y de José David González, defensor de los derechos humanos, para determinar las responsabilidades a que diera lugar”, dijo Zambrano en entrevista a La Verdad.

Ferrer detalló que hay 19 muertos, 41 heridos, 19 casos de torturas, uno de extorsión, un desaparecido, identificado como Anuar David López Gómez, de 31 años, quien fue hallado en el Batallón 131 de Infantería G/J. Manuel Carlos Piar.

Esta sería el primer llamado que hace el Parlamento a un alcalde. El legislador reiteró que la medida de estado de excepción afecta a los pobladores y agregó que los funcionarios castrenses han realizado más de 600 detenciones para la fecha.

Salas: Decreto de emergencia económica requiere consenso de todos

El nuevo ministro de Economía productiva aseguró que la peor crisis se dio en los años 90

El nuevo ministro de Estado para la Economía Productiva, Luis Salas, indicó que en el decreto de emergencia que se presentará ante la Asamblea Nacional el próximo martes, se contemplan los planes propuestos por el Ejecutivo para salir de la crisis económica.

Sin ofrecer especificaciones sobre dichos planes, el ministro dijo que se requiere el consenso de todos los sectores para aprobar la propuesta. “Veremos la voluntad de los factores de la oposición de contribuir con las soluciones del país”, puntualizó durante una entrevista en el programa Agenda Abierta de Telesur.

Sobre otras apreciaciones del panorama económico, Salas desmintió que el país esté pasando por la peor crisis económica. Recordó que “la peor crisis fue en los años 90, la cual comenzó en los 70, de profundizó en los 80 y en los 90 se fue a pique”. Señaló además que si se compara los indicadores sociales de los 90 con los actuales, “en aquel momento las tasas de desempleo, desnutrición y empelo informal eran muy altas”. (El Mundo)

Rodríguez: “La Asamblea Nacional anula sus actos con el desconocimiento de los Poderes Públicos”

Los diputados de la Patria se mantendrán trabajando por los venezolanos y las venezolanas para mejorar la producción y la economía en el país

El representante del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, explicó que el reconocimiento del parlamento no se está poniendo en duda, sino que los actos desarrollados desde el desconocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), comenzaron a ser nulos.

“Nosotros reconocemos la Asamblea Nacional (AN), pero lo que decimos es que ese acto de desconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia anula sus actos, se los dijimos ese día: aquí hay un error porque hay una sentencia del TSJ y ustedes por estar permanentemente en el fuego político y no defendiendo a los venezolanos están anulando los actos de la AN” explicó en una entrevista televisiva el diputado Héctor Rodríguez.

Hizo un llamado a los diputados de las facciones de oposición a deponer la actitud de confrontación, de desconocimiento de los Poderes Públicos y de las necesidades de los venezolanos, lo cual aseguró, es la prioridad para el Bloque de la Patria.(Correo del Orinoco)

Chuo Torrealba: Mientras el país se cae a pedazos, Maduro invierte sus esfuerzos en la “guerra de los retratos”

El secretario de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, lamentó que el Gobierno de Nicolás Maduro invierta todos sus esfuerzos en la “guerra de los retratos”, cuando en el país hay tantos problemas por resolver. “Estamos en una crisis espantosa. Ya arrancaron las colas y serán más duras que el 2015. Esas son las noticias reales”, aseguró.

Torrealba, en su programa La Fuerza Es La Unión, trasmitido de lunes a viernes de 5.30 am a 6.30 por RCR, criticó la actitud de la Fuerza Armada Nacional al usar la institución para parcializarse hacia un sector al calificar de ultraje a la nación la retirada de los retratos de Chávez del parlamento.(La Patilla)

Hoy culmina estado de excepción en la Guajira

El alcance del decreto número 2.089, publicado en la Gaceta Oficial 40.782 del pasado 5 de noviembre de 2015, donde se establece la prórroga por 60 días al estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, cesa hoy.

El mayor general Franklin García Duque, comandante de la Región de Defensa Integral (Redi) en Occidente, informó a La Verdad, que el fin del estado de excepción en la subregión Guajira no incluye el levantamiento del cierre de frontera.

“El cierre es una acción generada por el Ejecutivo nacional en la lucha contra todos estos ilícitos que ocurren allí en esos espacios fronterizos”, aclaró Gracia Duque, sin ofrecer detalles sobre los resultados de las medidas especiales que por 120 días restringieron en la zona 3 (norte del Zulia), el paso de comida y combustible desde el Río Limón hasta la frontera, el tránsito de motocicletas después de las 7.00 de la noche y prohibió las reuniones públicas y manifestaciones.(La Patilla)

Enrique Márquez acusa al Gobierno y al Psuv de usar la guarimba judicial

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, indicó este viernes que la decisión de la sala electoral del TSJ es inacatable por la Asamblea Nacional.

De la misma manera, el parlamentario aseveró que el Gobierno nacional usa la “guarimba judicial” para así causar el enfrentamiento entre poderes.

Aseguró que con esta de acciones el Ejecutivo trata de impedir las actuaciones de la Asamblea Nacional.(La Patilla)

Crudo venezolano abre el año en 27,87 dólares

Este viernes se conoció que el crudo venezolano abrió el año a 27,87 dólares por barril. Un nuevo punto de descenso del mencionado recurso.

Como se recordará, el petróleo tuvo un cierre de fin de año ubicándose en 29,06 dólares por barril, lo que supone un descenso de 1,19.

De la misma manera, a través de la página oficial del Ministerio de Petróleo y Minería que la cesta Opep estuvo por el orden de 30,14 dólares, mientras que el WTI se ubicó en 34,99.

Por otra parte, el crudo Brent registró un descenso y se ubicó 35,41 dólares, frente a los 37,06 con los que cerró el año.(La Patilla)

El alcance del decreto número 2.089, publicado en la Gaceta Oficial 40.782 del pasado 5 de noviembre de 2015, donde se establece la prórroga por 60 días al estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, cesa hoy.

El mayor general Franklin García Duque, comandante de la Región de Defensa Integral (Redi) en Occidente, informó a La Verdad, que el fin del estado de excepción en la subregión Guajira no incluye el levantamiento del cierre de frontera.

“El cierre es una acción generada por el Ejecutivo nacional en la lucha contra todos estos ilícitos que ocurren allí en esos espacios fronterizos”, aclaró Gracia Duque, sin ofrecer detalles sobre los resultados de las medidas especiales que por 120 días restringieron en la zona 3 (norte del Zulia), el paso de comida y combustible desde el Río Limón hasta la frontera, el tránsito de motocicletas después de las 7.00 de la noche y prohibió las reuniones públicas y manifestaciones.

El comandante de la Redi-Occidente informó que la FANB está “esperando la instrucción de nuestro superior comando” quien tendrá la última palabra sobre restablecer el tránsito de ciudadanos por los pasos legales entre Colombia y Venezuela, al tiempo que trabajan por disminuir el acceso por las trochas, porque según reconoce, “también el narcotráfico y el crimen organizado se renueva y crea formas de paso y es posible que eso esté ocurriendo allí”.

Acto de desagravio

El mayor general pronunció las declaraciones durante el acto de desagravio a la imagen del Libertador, donde participaron autoridades civiles y militares de la región zuliana, para rechazar la orden del presidente de la nueva Asamblea Nacional, de retirar de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo las imágenes del fallecido expresidente Hugo Chávez.

“Quieren aplicar un golpe de Estado constitucional, no creen en los símbolos patrios, no creen en El Libertador, irrespetan a un presidente como Hugo Chávez, que fue elegido por el pueblo (…) Van por todos los poderes nacionales y van por la cabeza del presidente Nicolás Maduro, ¿de qué paz hablan?”, preguntó Magdelis Valbuena, presidenta del CLEZ, a los diputados de la MUD.

PHOTO: María Teresa Belandria

Visité la Guajira el 9 de octubre de 2015, allí pude constatar la destrucción, el maltrato y la crisis humanitaria que si bien asola todo el país, allí muestra su peor cara.

Estos habitantes, originarios de la península Guajira y que jamás han reconocido límites pues sus tierras se extienden a lo largo y ancho de la frontera entre los dos países, históricamente han cruzado esos espacios. El pastoreo y cría de ovejos, chivos, ganado y la siembra,  así como las  artesanías han sido sus actividades desde tiempos remotos. Una sociedad matriarcal, donde la madre cuidaba de sus hijos, centrada en clanes, con leyes y costumbres que nadie había osado perturbar.  

Esto cambió dramáticamente cuando los municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada y Las Cañada de Urdaneta (Decreto 2.013) y los municipios Catatumbo, Jesús María Semprún y Colón del Zulia (Decreto 2.014)  fueron colocados bajo estado de excepción en la Gaceta Oficial N° 40.746 de fecha 16 de septiembre de 2015 y la frontera entre Paraguachon y Maicao se cerró.

Para “enmendar” los horrores cometidos en el cierre de frontera con Táchira, que obligó al desplazamiento forzado de más de 20.000 colombianos, se fijó un régimen especial de tránsito a la etnia wayúu. Este régimen, ha significado para los wayúu todo lo contrario a lo que esperaban. Se traduce en la legalización de los abusos y el otorgamiento de una patente de corso para los funcionarios policiales y militares quienes, amparados en la excepción y estas normas sobrevenidas, lo interpretan arbitrariamente.

Se le exige a cada venezolano-wayúu, que presente en cada alcabala, su cédula de identidad, cédula indígena y constancia de residencia. Pues bien, aún mostrando todo ello, la autorización para ir a sus tierras depende del ánimo del funcionario de guardia. Peor aún, si un wayúu posee un vehículo de doble tracción, o nuevo, sencillamente no pasa el puesto de control del río el Limón. Allí tiene 3 opciones: devolverse a Maracaibo, dejar su automóvil o, permitir que le vacíen la mitad del tanque de combustible en pimpinas que luego son revendidas en la carretera por menores de edad, ante la mirada complaciente de quienes deberían impedir tal despropósito. Las autoridades suponen que todos son contrabandistas.

La aplicación del citado régimen de tránsito, incluye a los difuntos. Si un venezolano-wayúu fallece en Maracaibo para ser inhumado en las tierras de su clan, debe contar con un permiso otorgado en el puesto militar de La Barraca. La solicitud, debe acompañarse con: el número de deudos que asistirán (nombres, apellidos) y el número de vehículos que irán en el cortejo fúnebre. La autorización puede tardar días, o sencillamente no concederse. A ese ciudadano venezolano-wayúu se le niega el derecho de cumplir su tradición.

PHOTO: María Teresa Belandria

Describir el caos en la carretera es complejo, dos canales se transforman en cuatro porque hay 8 puntos de control. Un trayecto que toma normalmente 1 hora 30 minutos se vuelve impredecible. El tráfico avanza conforme los funcionarios policiales y militares agilicen la revisión de vehículos y personas. Una vía que carece de hombrillo o de sobre anchos donde realizar ese trabajo es sencillamente un desastre.

La carretera muestra un paisaje desolador, la basura supera con creces las plantas xerófilas típicas de la zona. Entre puesto y puesto de control de la Guardia Nacional, la Policía Nacional, Policía del estado Zulia o el Ejército, se observan niños que deberían estar en la escuela, y que se esconden embutidos en ropa, con la cara tapada por el sol inclemente para no ser reconocidos, ofrecen corriendo todos los riesgos inimaginables: gasolina. Pimpinas de 5 litros, “el punto” que tiene un precio variable. Cuanto más cerca estás del límite, más caro el combustible.  

Describir la desolación es difícil. Rostros tostados por el sol, gente deambulando por la calles esperando que lleguen las “bolsas” de comida que la gobernación ofrece pero que son insuficientes. Niños desnutridos, cuyo percentil no se corresponde con su edad, madres rumbo a Maracaibo abandonando a sus hijos para buscar algo de alimento, niños que fallecen de los cuales no hay registros. Ancianos solitarios y enfermos.

La frontera cerrada, ya hace mas de 1 mes, lejos de reducir o controlar los males que históricamente la aquejan como el contrabando, en narcotráfico, la migración ilegal, los agrava. Si bien el estado tiene la competencia para regular actividades en su territorio, una verdadera frontera se hace viva cuando hay libre intercambio de personas, bienes y servicios, cuando el ciudadano construye, produce y hace de ella no solo su sitio de residencia sino el espacio en el que nace la patria y desde allí la defiende.

El gobierno declara que está construyendo una nueva “frontera de paz”. La contradicción salta a la vista, ¿paz cuando se aumenta el pie de fuerza militar?; ¿paz cuando los venezolanos-wayúu son discriminados en su propia tierra?; ¿paz con toque de queda a las 8:00 p.m que no está contemplado en el estado de excepción pero que se aplica en la Guajira? Así como defendemos con convicción que el territorio Esequibo es nuestro, ha llegado la hora de que asumamos también que los venezolanos-wayúu deben ejercer plenamente sus derechos ancestrales con libertad y dignidad y que, la Guajira también es nuestra.

@matebe