Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral –CNE-, considera fundamental que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC- sea sometida a referendo popular, como indica la constitución. “La convocatoria este proceso electoral corresponde al depositario del poder originario constituyente, que es el pueblo venezolano, quien puede convocar el proceso constituyente”.
“El artículo 348 te señala que quienes son los titulares de la iniciativa a la convocatoria son: el Presidente de la República, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional –AN-, las dos terceras partes de los consejos municipales y el 15 % del registro electoral, lo que refleja que, si esta iniciativa viniera del 15% de los venezolanos, no podría ser decidida por el restante cuerpo electoral 85% restante”, detalló.
Rondón precisó que la convocatoria y las bases comiciales tienen que someterse a referendo “y luego de elegidos los constituyentes, nuevamente sometido a consideración del pueblo venezolano ese trabajo y esa aprobación del texto”.
En entrevista a Germán Ferrer en Globovisión, el integrante del directorio del ente comicial agregó que se tendrían que realizar tres elecciones. “El proceso constituyente no está activado al día de hoy, nuestra constitución no ha perdido vigencia, por lo que insisto en el llamado a que convoquemos de forma inmediata las elecciones regionales y municipales”.
Enfatizó que “al día de hoy el CNE se mantiene en deuda con los venezolanos ya que el Poder Electoral tiene que convocar el proceso de elecciones de gobernadores y las municipales. “El país tiene un proceso de conflictividad y crisis generalizada importante y es precisamente que quienes estamos dentro de las instituciones acatemos las obligaciones constitucionales”.
El rector del CNE llama a la sensatez y a no imponer un proceso constituyente que la mayoría rechaza. “No podemos hablar de una llamado a la paz cuando se procura imponer a la sociedad venezolana un proceso, es indispensable que el pueblo se exprese libremente para la interposición de este proceso”.
Para concluir, Luis Emilio Rondón considera que “en estos momentos de conflictividad, las instituciones tienen que dar un paso adelante en el cumplimiento irrestricto de la constitución para abrir una válvula de escape a la tensión”.
Erase una vez una nación que estaba sumida en una severa crisis y lo negaba todo, un presidente y una canciller que presumían de una paz inexistente y un pueblo feliz pese al hambre y a los constantes atropellos a la Constitución. Ante esta cortina de infamias, un organismo internacional optó por rebelarse y pese a la negativa del gobierno venezolano y su representante, el viceministro Samuel Moncada, de debatir la frágil institucionalidad interna, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con 20 votos a favor optó por exponer el tema en una sesión en Washington ante el mundo entero. Exigencias como elecciones libres a corto plazo, liberación de presos políticos, respeto a la Asamblea Nacional y apertura de un canal humanitario exasperaron a los jerarcas del chavismo hasta el punto que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia recomendaron al mandatario Nicolás Maduro “actuar para evitar un estado de conmoción en el país”.
Frente a la posición de la mayoría de los diputados de la AN de respaldar la activación de una Carta Democrática en la OEA, a los portadores de togas al final de la avenida Baralt no se les ocurrió otra cosa que terminar de despojar al Parlamento de las escasas funciones que le quedaban. La iniciativa se tradujo en un punto de quiebre para la República, un Golpe de Estado para algunos y el inicio de una dictadura sin maquillaje para otros.
Desde allí ha empezado un espiral de violencia y represión en el marco de protestas que han generado cinco decenas de muertos, centenas de heridos y miles de detenidos.
Las polémicas sentencias
29 de marzo
A partir de las sentencias 155 y 156 del TSJ, donde despojaban de todas las competencias a la Asamblea Nacional, la oposición decidió jugarse la única carta que poseía: lanzarse a la calle hasta conseguir la anhelada democracia. Con los enunciados, el máximo tribunal del país abonaba el camino para suspender elecciones, encarcelar parlamentarios, retirar a Venezuela de la OEA y crear empresas mixtas sin previo permiso del Parlamento.
Las reacciones fuera de Venezuela no se hicieron esperar, Luis Almagro, secretario general de la OEA, calificó la medida de inconstitucional, el gobierno de Perú retiró de manera definitiva a su embajador de Caracas, Estados Unidos calificó las sentencias como un retroceso democrático, la Unión Europea exigió un calendario electoral, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos dijo “es inaceptable la anulación del Congreso” y hasta el premio Nobel de la Paz, Oscar Arias sentenció que la medida requería “arrojarse a las calles indignados”.
En mil pedazos
30 de marzo de 2017
El primer acto de rebelión contra las sentencias emanadas del TSJ lo protagonizó el propio presidente del Parlamento, Julio Borges, el pasado 30 de marzo cuando en las escaleras del hemiciclo rompió la comunicación en pedazos. “Ese dictamen es basura, lo desconocemos”, dijo el diputado de Primero Justicia flanqueada por el resto de sus colegas.
La ruptura del hilo
31 de marzo de 2017
Ante la mirada atónita de millones de venezolanos, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz denunció que con las sentencias 155 y 156 se había roto el hilo constitucional. “Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, respetando las diferencias”, dijo la funcionaria. Estudiantes, comandados por la presidenta de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, protagonizaron una protesta a las puertas del TSJ que fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional. Un vídeo, donde la periodista de Caracol Radio, Elyangelica González, es golpeada por efectivos castrenses a las puertas del organismo judicial, le dio la vuelta al mundo y se hizo viral.
El presidente Nicolás Maduro calificó como un impasse entre la Fiscalía y el TSJ, el pronunciamiento de Ortega Díaz y convocó a un Consejo de Defensa.
https://youtu.be/au6mmgiJ2RE
Recule a medias
1 de abril de 2017
El TSJ emitió otro par de sentencias (157 y 158) donde corrigen algunos enunciados de las 155 y 156, entre otras cosas devuelven supuestamente la inmunidad parlamentaria a los diputados, sin embargo no aclaran la potestad del Ejecutivo para aprobar recursos por encima de la Asamblea Nacional. “El recule lo que demuestra es que en Venezuela no hay separación de poderes, quieren maquillar al muerto”, declaró Julio Borges.
En la Plaza Brión de Chacaito, diputados convocaron a una concentración para dirigirse hacia la Defensoría del Pueblo que fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana a la altura de Bello Monte. Los parlamentarios José Guerra, Marialbert Barrios, Amelia Belisario y Miguel Pizarro resultaron afectados.
Requesens ensangrentado
3 de abril
En las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo, afectos al oficialismo agredieron al diputado Juan Requesens. Le pegaron en el rostro con un objeto contundente y el resultado fueron 16 puntos de sutura sobre el ojo izquierdo. Al también parlamentario José Brito le fracturaron una costilla.
Pese a las maniobras del actual presidente del Consejo Permanente de la OEA, el boliviano Diego Pary, para suspender una sesión donde se debatiría la “grave alteración inconstitucional del orden democrático en Venezuela” el cónclave se llevó a cabo y culminó con 17 votos a favor de un pronunciamiento sobre la administración de Nicolás Maduro. La Canciller argentina Susana Malcorra dijo que las sentencias emanadas del TSJ evidencian que no hay separación de poderes.
Un tribunal militar imputó al presidente de Copei, Roberto Enríquez, por supuesta traición a la patria.
El chavismo volvió a la Asamblea
5 de abril
La Asamblea Nacional abrió formalmente un procedimiento para destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con la asistencia al hemiciclo por primera vez en dos meses de la bancada oficialista. En el acuerdo la mayoría de los parlamentarios rechazaron la solidaridad automática del Defensor del Pueblo con el máximo tribunal del país.
En la Universidad de Carabobo dos estudiantes fueron heridos de bala.
El presidente de Copei, Roberto Enríquez, pidió asilo en la embajada de Chile.
Aunque les exigen lealtad a Hugo Chávez y al proyecto revolucionario, el alto mando militar ordenó a sus subalternos abstenerse de hablar de política dentro y fuera de las instalaciones castrenses.
Cae la primera víctima
6 de abril
La marcha que tenía como destino la Defensoría del Pueblo fue brutalmente reprimida en la autopista Francisco Fajardo por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, bombas lacrimógenas, tanquetas y ballenas atacaron a los miles de manifestantes que se congregaron en la vía. Salud Chacao atendió a 18 personas heridas por asfixia y contusiones. El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, dijo que hubo 30 detenidos solo en Caracas, mientras Diosdado Cabello gritó en una concentración chavista que “la oposición no tiene bolas para dar un Golpe de Estado”. Aristóbulo Istúriz sentenció que el gobierno “defenderá la revolución con sangre en las calles”, mientras Freddy Bernal se mostró dispuesto a agarrar “un fusil Kalashnikov si es necesario”. Jairo Ortiz de 19 años murió luego de recibir un disparo en el tórax, mientras protestaba en Montaña Alta (Miranda).
Capriles inhabilitado
7 de abril
El Contralor de la República, Manuel Galindo, inhabilitó por quince años al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, para ejercer cualquier cargo político. “La medida genera indignación y rabia, pero es una motivación más para seguir en la lucha contra este régimen, aquí el único inhabilitado eres tu, Maduro”, dijo el mandatario regional. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no aprobó la resolución del Poder Moral para respaldar las sentencias del TSJ contra la AN, mientras diputados madrugaron y clausuraron simbólicamente la Defensoría del Pueblo.
Represión y condena internacional
8-9 de abril
Pese a la fuerte represión, los opositores volvieron a las calles para intentar llegar nuevamente a la Defensoría del Pueblo. Desde la calle Elice de Chacao varios líderes políticos se pronunciaron antes de que la Policía Nacional Bolivariana emboscara a los manifestantes en la avenida Libertador y en la Francisco Solano. La protesta posteriormente se trasladó a la autopista donde se vivió una batalla campal. La jornada dejó una centena de heridos y alrededor de sesenta detenidos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que la inhabilitación de Capriles aumenta la polarización y contribuye al resquebrajamiento de la democracia. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, también condenó el castigo al ex candidato presidencial. “Son las elecciones las que legitiman a un país, Estamos con la democracia, solidaridad con Henrique Capriles”, manifestó el presidente de España, Mariano Rajoy.
Lacrimógenas desde un helicóptero
10 de abril
Otra mancha fue reprimida en esta ocasión con notable crueldad, desde un helicóptero lanzaron lacrimógenas en Chacaito, Policías Nacionales Bolivarianos persiguieron a manifestantes que ya estaban de regreso en El Rosal y los reprimieron. En Altamira, Las Mercedes, Bello Monte, Santa Fe y Bello Campo se reportaron enfrentamientos entre protestantes y cuerpos de seguridad. Se reportaron 57 heridos, entre ellos uno por traumatismo craneal por recibir el golpe de una bomba. Efectivos arrojaron lacrimógenas en centro comerciales, clínicas y residencias privadas. La diputada Delsa Solórzano fue agredida, además del periodista Román Camacho, a quien le fracturaron la tibia. Daniel Queliz fue asesinado por un PoliCarabobo, quien le propinó un tiro en el cuello mientras manifestaba en la urbanización Los Parques de Valencia.
https://youtu.be/PYdkUf1-_fI
Plan Zamora
18 de abril
El presidente Nicolás Maduro activó el “Plan Zamora”, una especie de versión de la quinta república del “Plan Ávila” para capturar a los “terroristas que respaldan la oposición”. Acusó a Julio Borges de liderar un golpe de Estado en su contra. La Canciller Delcy Rodríguez rechazó la injerencia de otras naciones en el conflicto venezolano.
Hans se desnudó frente a una tanqueta
19 de abril
Una masiva marcha intentó llegar por quinta ocasión a la Defensoría del Pueblo y fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional. La denominada “Mamá de todas las marchas” dejó un muerto, más de 400 heridos y decenas de detenidos en Caracas.
Carlos Moreno cayó en la Plaza Estrella en San Bernardino luego de haber recibido un tiro en la cabeza. Manifestantes debieron arrojarse al río Guaire para resguardarse de los efectivos de seguridad del Estado. Una señora se atravesó frente a una tanqueta de la GNB como símbolo de protesta y un joven (Hans Wuerich) se desnudó ante otra.
https://youtu.be/amvuIk0JGHU
Paola cayó en Táchira
19 de abril
Paola Ramírez murió en Táchira tras recibir un disparo en un costado por parte de paramilitares, el sargento de la GNB Niumar Clemente también falleció al ser alcanzado por una bala en Los Salias (Miranda). Amelia Carrillo se sumó a lista de decesos, luego que fuera alcanzada por una botella en la cabeza en una marcha chavista en Caracas. El Secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, dijo que Maduro viola la Constitución. “No está permitiendo que la oposición sea escuchada”.
https://youtu.be/ZGoaIOjdeE4
Niños desalojados y electrocutados en panadería
20 de abril
El Hospital Materno Infantil Hugo Chávez en los Jardines de El Valle fue desalojado luego que la GNB lanzara bombas lacrimógenas en las cercanías. En la zona hubo enfrentamientos entre civiles, militares y colectivos que terminaron con saqueos. 12 personas murieron durante un asalto a una panadería, algunos electrocutados. Mervins Guitian fue asesinado a tiros en Petare en el medio de una protesta y Albert Rodríguez murió por asfixia en Caracas, producto de inhalación de gases lacrimógenos.
Sucios por El Guaire y limpios de conciencia
21 de abril
Once gobiernos latinoamericanos condenaron la violencia en Venezuela, entre ellos Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay. Los artistas se pronunciaron a propósito de un tweet del Psuv comparando a los opositores con el excremento que hay en el río Guaire, desplegaron una pancarta frente al Teatro Municipal en Caracas que decía “Salimos sucios de El Guaire, pero limpios de conciencia”.
El silencio tuvo efecto
22 de abril
Por primera vez desde que comenzaron las protestas, una movilización llegó a su destino: la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana en Montalbán. La llamada “marcha de El Silencio” salió desde 21 puntos en la capital y aunque en algunos hubo bombas lacrimógenas, los manifestantes arribaron al recinto en el Oeste. “Queda demostrado que la violencia la genera el gobierno, hoy no bloquearon la marcha y llegamos en paz”, dijo Ángel Oropeza, coordinador de estrategia política de la MUD.
“Planton” nacional
24 de abril
La MUD convocó para un “plantón” en todo el territorio nacional. En Caracas el epicentro de reunión fue el Distribuidor Altamira donde miles se congregaron por nueve horas. En Barinas Renzo Rodríguez fue asesinado por presuntos colectivos mientras participaba en la convocatoria de la oposición, Jesús Sulbarán cayó en Mérida. En Carabobo, Aragua y Nueva Esparta hubo represión por parte de los organismos de seguridad.
Habló la Fiscal otra vez
25 de abril
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que los tribunales no están cumpliendo las excarcelaciones. Sentenció que hasta es un Estado de Excepción debe respetarse el debido proceso. La Asamblea Nacional le dio tres días al Defensor del Pueblo para que responda por la falta de los magistrados al emitir las sentencias 155 y 156. 38 ONGs se pronunciaron contra la represión contra las marchas opositoras.
Mataron a Juan Pablo
26 de abril
En el marco de otra jornada de represión, Juan Pablo Pernalete perdió la vida en Altamira Sur luego que una supuesta bomba lacrimógena le impactara y le destrozara el corazón. En Valencia fue asesinado Christian Ochoa después que le descargaran una pistola de perdigones en el rostro. Con 19 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una reunión de cancilleres para debatir el tema de Venezuela.
Maduro y su Constituyente
1 de mayo
La marcha convocada para el Día del Trabajador nuevamente fue dispersada por GNB y PNB, al diputado José Manuel Olivares fue herido con una bomba lacrimógena en la cabeza. En Montalbán, El Paraíso y la Cota Mil se repitió el mismo guión represivo contra quienes quisieron salir a caminar desde esos puntos. Alrededor de 40 personas resultaron lesionadas. Desde la avenida Bolívar y ante una pírrica concentración, Maduro anunció una Asamblea Nacional Constituyente Comunal como forma de evadir elecciones. “Maduro consumó hoy su continuo golpe a la Constitución”, dijo el presidente de la AN, Julio Borges.
El “Trancazo” se extendió
2 de mayo
La oposición convocó a un “trancazo” en todo el país como medida de protesta frente a la Constituyente de Maduro. La iniciativa era hasta las diez de la mañana, pero se extendió en algunas zonas. Sectores populares de Caracas como el barrio Chapellín fueron reprimidos por la PNB. El Ministerio Público confirmó la muerte de Jonathan Quintero de 21 años en Valencia y Carlos Aranguren en la capital. En El Paraíso la GNB lanzó bombas contra edificios y provocaron incendios y pérdidas materiales.
El violín de Cañizalez no sonará más
3 de mayo
Con los 112 parlamentarios de la oposición a la cabeza, una movilización pretendió trasladarse desde el Distribuidor Altamira hasta la Asamblea Nacional, la manifestación que transitó por la autopista solo pudo llegar a la altura de Bello Monte donde fue fuertemente reprimida. En Las Mercedes fue asesinado Armando Cañizalez de 17 años de edad, víctima de un objeto contundente que le causó una grave herida en el cuello, 362 personas resultaron heridas entre ellas los diputados Freddy Guevara, Julio Montoya y Gaby Arellano. Mientras la GNB reprimía en las calles de Caracas y en el interior, Nicolás Maduro llevaba su propuesta de Constituyente al CNE.
Maduro entregó el proyecto de Asamblea Constituyente a la rectora principal del CNE, Tibisay Lucena, quien por primera vez en el año dio una declaración oficial. «La Constitución de 1999 permite avanzar a un nuevo escenario gestado por ella misma, promueve una vía para el fortalecimiento democrático, por eso reconocemos el gran aporte para la patria del proceso constituyente», dijo la funcionaria.
La Fe de Vida de Leopoldo
3 de mayo
Un tuit del periodista radicado en Miami, Leopoldo Castillo, estremeció al país, el profesional aseguraba que Leopoldo López había sido trasladado de la cárcel de Ramo Verde al Hospital Militar sin signos vitales. El diputado Diosdado Cabello emitió un vídeo a través de VTV como una supuesta fe de vida, sin embargo la familia (que tenía más de un mes sin verle) solicitó constatar de primera mano su estado de salud. Cuatro días después del confuso episodio, su esposa Lilian Tintori pudo ingresar al recinto penitenciario y habla con el líder de Voluntad Popular. “Está totalmente incomunicado, le narré cada marcha, cada manifestación y me dijo que no abandonáramos la lucha”.
Información,traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación.
Una multitudinaria marcha de mujeres plenó la autopista Francisco Fajardo, por segunda vez una movilización no concluyó con represión y por primera desde el mes de abril un representante del gobierno atendió a los manifestantes. Sin mediar palabra con los diputadas que encabezaban el movimiento, la viceministra de Protección Civil, Rosaura Navas, recibió un documento, cuyo destinatario original era el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Solo en el estado Aragua, la marcha de las mujeres culminó con ataques y bombas lacrimógenas.
Juicios militares en Carabobo
6 de mayo
En el estado Carabobo imputaron a más de cuarenta civiles en tribunales militares, mientras mantenían a cerca de 800 en un comando de la Guardia Nacional, una tanqueta intentó atropellar a varios diputados opositores frente a la sede del Core 2 en Valencia. El diputado Juan Miguel Matheus sentenció que a los detenidos se les imputó los delitos de agavillamiento e instigación a la rebelión, y fijado como centro de reclusión la cárcel 26 de junio en San Juan de Los Morros.
https://youtu.be/YCwbkEHQbRo
Notas musicales por Armando
7 de mayo
Músicos y artistas marcharon desde la Plaza Francia en Altamira hasta la Alfredo Sadel en Las Mercedes para rendir homenaje a los caídos, especialmente al violinista Armando Cañizalez. “Que nadie nos haga pensar que es imposible cambiar a este país”, dijo desde una tribuna el diputado, Miguel Pizarro. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó los ataques de los cuerpos de seguridad a residencias y edificios.
Rechazo a la Constituyente y la maldición de Liborio
8-9 de mayo
Otra jornada de represión se vivió en las calles de Caracas y el interior del país. En vez de atender un llamado para debatir sobre la Constituyente propuesta por Maduro en Miraflores, la MUD convocó para una marcha hacia el despacho de Elías Jaua, Ministro de Educación. Diputados Carlos Papparoni y Jorge Millán fueron “gaseados” en la cara en El Paraíso, mientras mediaban con efectivos de la GNB. ONGs venezolanas y Amnistía Internacional condenaron el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares.
Luego de conocer su inhabilitación para postularse a un cargo político, el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, lanzó una maldición contra los miembros del gobierno venezolano. “Voy a convocar a mis ancestros, a mis chamanes, para que la maldición del Dabucurí caiga sobre esa gente”, dijo el mandatario regional. “Les aseguro que no morirán sin tormento, les aseguro que comenzarán a sufrir y sus almas vagarán por los sitios más oscuros y pestilentes antes de poder cerrar los ojos”.
Otro asesinado en Las Mercedes, colectivos y PNB reacciona
10 de mayo
Miguel Castillo Bracho de apenas 27 años fue asesinado en Las Mercedes producto de una herida con arma de fuego en el lado izquierdo del tórax durante una movilización que tenía como destino el Tribunal Supremo de Justicia. El diputado José Manuel Olivares aseguró poseer pruebas clínicas que confirman la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en este hecho, mientras el Ministro de Justicia y Paz, Nestor Reverol, culpó nuevamente al presidente de la Asamblea, Julio Borges.
En La Candelaria colectivos dispararon contra manifestantes ante la mirada de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y el propio director del organismo, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, reconoció estar en desventaja frente a grupos paramilitares. “Cómo vamos a hacer cuando ellos están disparando y nosotros estamos sin armas”. Reconoció el carácter constitucional de las marchas opositoras. “Porque ustedes han sido pacíficos, nosotros también hemos sido pacíficos con ustedes”.
Prometió ponerle freno a las bandas armadas afectas al gobierno. “Son unos vagabundos y donde los veamos, los vamos a capturar”.
Abuelos valientes
12 de mayo
Le tocó el turno a los ancianos y pese a su avanzada edad dieron la pelea. Convocados para la Plaza Brión en Chacaito caminaron unos pocos metros y en la entrada al boulevard de Sabana Grande se consiguieron el primer piquete de la PNB, quienes no vacilaron en rociarles gas pimienta. Tal fue su convicción que sobrepasaron el escudo humano de policías hasta sortear todo tipo de obstáculos y llegar hasta una pared de metal a la altura de Los Cedros, allí se mantuvieron pese a la lluvia poco después que un desconocido representante del Defensor del Pueblo recibió un documento.
Vaticano pide elecciones
13 de mayo
«Yo creo que la solución son las elecciones», así de tajante fue una declaración del Cardenal Pietro Parolin al diario argentino La Nación en torno a la situación en Venezuela. «Ahí se necesita mucha buena voluntad de parte de todos, comenzando por el Gobierno, que debe dar señales que quiere solucionar y tomar en cuenta el clamor del pueblo y buscar soluciones», dijo. Al menos ocho personas resultaron heridas por bombas lacrimógenas durante la represión de la PoliCarabobo y la Guardia Nacional Bolivariana en Valencia. Entre los afectados estuvo la dirigente de Proyecto Venezuela, Mariangel Navas.
Sin compasión en Táchira y El Trigal
15-16 de mayo
En un lapso de 18 horas cuatro personas fueron asesinadas, dos en Táchira, Luis Alviarez y Diego Hernández, este primero de 17 años de edad cayó en Palmira, municipio Guásimo y el segundo de 32 años fue víctima de un disparo en Capacho Nuevo. En los Altos Mirandinos mataron al biólogo Diego Arelllano (31 años) de un balazo en el pecho y en Barinas pereció Yeison Mora (17 años) por un tiro en la cabeza. Funcionarios de Policarabobo y la Guardia Nacional Bolivariana reprimieron a manifestantes en el distribuidor El Trigal en Valencia y dejaron un saldo de cuatro personas heridas por perdigones y más de 30 detenidos durante la iniciativa de la oposición llamada «Gran Plantón Nacional». El gobernador de la entidad, Francisco Ameliach, informó que un funcionario policial fue herido de gravedad. Además se reportaron disturbios en El Paraíso en Caracas y en San Antonio de Los Altos (Miranda), donde efectivos de la GNB volvieron a disparar bombas lacrimógenas a zonas residenciales. En Nueva Esparta detuvieron por horas a la diputada, Yanet Fermín. Cancilleres de la OEA convocaron a una reunión para analizar el caso venezolano el 31 de mayo.
De verde a naranja
17 de mayo
El Plan Zamora pasó a la segunda fase en el estado Táchira según el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. «De verde a naranja». Lo que significó el envío de dos mil funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas. El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, denunció que con esta iniciativa se persigue dar carta blanca a los colectivos paramilitares para masacrar al pueblo. Tanto al mandatario regional como al periodista César Miguel Rondón le fueron anulados sus pasaportes cuando pretendían viajar fuera de Venezuela. En la entidad andina se sumaron dos muertos, víctimas de la represión de los organismos de seguridad del Estado, José Francisco Guerrero de apenas 15 años y Samuel Castellanos de 33. En Parque Cristal y Montalbán hicieron una vigilia por los caídos. Estados Unidos solicitó restaurar la democracia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Más sanciones
18 de mayo
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre los que se encuentra el presidente del máximo organismo judicial del país, Maikel Moreno. El castigo implica congelamiento de bienes e instrumentos financieros a funcionarios y familiares en Norteamérica. «Los magistrados exacerbaron la crisis económica, producto de la mala administración y corrupción, al interferir constantemente con el poder legislativo», aseguró el secretario de tesoro Steven T. Mnuchin. En Maracaibo, una camioneta arrolló y causó la muerte a Paúl Moreno de 24 años de edad, quien era estudiante de medicina y miembro de la Cruz Verde. En Táchira, falleció Daniel Rodríguez, joven que fue herido por colectivos armados en Córdoba. En Maiquetia le anularon el pasaporte al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski y no pudo viajar a la ONU donde tenia prevista una reunión con el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas.
HOY SE CUMPLEN CINCUENTA DÍAS de protestas en Venezuela y el balance de muertos, heridos y detenidos sube exponencialmente a medida que pasa el tiempo. La oposición se niega a abandonar la calle y el gobierno a expensas de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana no se cansa de reprimir a punta de bombas lacrimógenas y perdigones. La que ha sido calificada como una carrera de resistencia ha dejado sangre y luto, pero también pequeñas victorias para el bando adverso a la administración de Nicolás Maduro como la declaración de la Fiscal y las sanciones a los magistrados del TSJ ¿Cuanto más puede durar esta violencia en las calles? Nadie posee la respuesta, lo cierto que la mayoría no desea llegar a los 100 días de manifestaciones y menos sin resultados concretos.
¿Caemos en la trampa de Maduro al discutir su Constituyente? El primero de Mayo, Nicolás lanzó la perlita: su decreto 2830, publicado en la Gaceta Oficial 6295, con el que nos anunciaba que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, de carácter “Comunal”, violando abiertamente lo que está establecido en la Carta Magna aprobada en 1999 por, entre otros, Hermann Escarrá, quien ahora le confiere a este decreto de Nicolás una justificación y base jurídica que no tiene; y que no es más que una aberración para proceder con un acto que está en contra de la soberanía del pueblo. Pueblo sobre el que recae la potestad de solicitarla.
Si en Venezuela existiese independencia de poderes, y los funcionarios actuaran apegados a las normas, a la moral y a la ética, no tendríamos por qué estar preocupándonos por una constituyente –que desde su lanzamiento está prostituida- porque simple y llanamente la Constitución del 99, esa que Chávez elogió tanto y de la que se jactó como la mejor y más robusta del mundo, establece los pasos que deben seguirse para que se realice. Y por ningún lado, ninguno de los artículos establece que es el Presidente, actuando como un vulgar dictadorzuelo que impone su voluntad -o sencillamente porque no le da la gana de entregar el poder- llama a una Asamblea Nacional Constituyente añadiendo, para más ñapa que, en el referendo de convocatoria, sólo participarán quienes él escoja. Es decir, su círculo más íntimo de allegados y afines. Sus secuaces. Sus cómplices en esta nueva y flagrante violación de la Constitución.
Mientras esto se discute en el Palacio de Miraflores y sus alrededores, las protestas de la ciudadanía siguen. Se versionan, cogen fuerza, se reinventan; pero, no cesan. Y, asimismo, las represiones brutales de los esbirros del régimen se acentúan, con saña y odio, azuzados desde el poder que los dirige. Aumentan los venezolanos heridos –algunos de mucha gravedad- y los detenidos, muchos de ellos ya con sentencia dictada. Y más triste aún, se incrementa la cifra de compatriotas asesinados en manos de la Guardia Nacional, paramilitares y colectivos amparados por el régimen.
Venezuela está en el clímax del caos – ¿caos qué a Nicolás le conviene? – pero que, a diferencia de otros años, estamos próximos a encaminarnos hacia un desenlace. O terminan de quitarse la careta y reconocer que es una dictadura; o permiten lo que los venezolanos estamos exigiendo: libertad y respeto a la Constitución. Algo tan sencillo como acatar lo que establece nuestra Carta Magna. Y digo que estamos cerca de un desenlace porque, en esta ocasión, las protestas están generando unas condiciones que son muy distintas. Los ojos del mundo, como nunca antes, están sobre Venezuela. Y si bien la salida de esta situación no depende de los organismos internacionales, su intervención, el hecho de que ahora nuestro país sea uno de los principales puntos de discusión en las asambleas y reuniones, es como la piedra en el zapato, que genera incomodidad y no se puede ignorar. Tengo la esperanza de que, en esta oportunidad, la presión internacional, unida a nuestras protestas, las de la sociedad civil, ayudarán a desatar el nudo gordiano que nos oprime en este momento.
Se acabó la petrochequera de Chávez que aflojaba un cheque tras otro comprando respaldos. Ya no es posible que el régimen le oculte al mundo lo que ocurre en Venezuela. Y tan conscientes y preocupados se muestran por nuestra situación que, los países vecinos –como Brasil y Colombia- están preparándose porque prevén una estampida de compatriotas, que atravesarán en oleadas las fronteras, pidiendo refugio. Y ninguna nación, por más humanitaria y solidaria que sea, está en capacidad de atender más allá de sus propios problemas.
Los venezolanos queremos, y las protestas lo demuestran, algo muy simple: que se respete y se cumpla la Constitución. Esta nueva farsa de Nicolás, rebuscada y retorcida, ha generado malestar hasta dentro de las filas del chavismo que, por obediencia al difunto, “respaldan a Nicolás”; pero sienten que, con este llamado a Constituyente, Maduro pretende “sepultar” el legado del insepulto; para implantar abiertamente su dictadura a la cubana. Ya no es sólo Luisa Ortega la que dice que en Venezuela se rompió el hilo constitucional. Hay mucho rojo-rojito que está marcando distancia de las órdenes del amo.
No cesaremos de protestar mientras cada día aparezca en el panorama político, social y económico venezolano, una nueva razón para alzar la voz y reclamar. Porque, no es sólo “la prostituyente” de Nicolás lo que caldea los ánimos y aumenta el rechazo hacia el régimen. Es todo: es el país irreconocible y descompuesto que han dejado a su paso estos 18 años de chavismo/madurismo.
La Constituyente de Nicolás es una nueva trampa. Un fraude. Es otro “trapo rojo” que lanza para ver si los venezolanos mordemos el anzuelo. La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 estableció que sólo el pueblo, mediante un referéndum convocatorio, puede solicitar una Constituyente. Maduro podrá desearla, sugerirla; pero, el mecanismo legal, y la solicitud está en nuestras manos, en las de nosotros los venezolanos que creemos en la democracia. Así está establecido. Sin importar las justificaciones que fabrican hoy en día Escarrá, Jaua y compañía.
La historia de la justicia transicional deja clara varias premisas: los procesos son únicos para cada contexto; toma años reconstruir un país; no todos los culpables de violaciones de DD.HH. son llevados ante la justicia y no todas las víctimas reciben compensación; y un proceso mal conducido puede llevar a “transiciones regresivas”, es decir, una que en pocos años deje el país peor que como estaba
Hoy la comunidad internacional condena a Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso. Lejos de ser un proceso de retaliación, toda transición debe pasar por cumplir la ley
EN EL FRAGOR DE LA LUCHA POLÍTICA que hoy libran los venezolanos, el humo de tanta lacrimógena impide ver qué hay más allá de la indignación que produce la represión. El horizonte venezolano actual se parece a la línea que antaño confundieron con un gran abismo.
Nadie sabe cómo y cuándo acabará esta fase política que el gobierno de Maduro se ha empeñado en equiparar con una guerra. La única certeza es que cuando culmine vendrá un proceso de reconstrucción de la vida democrática, del aparato productivo y de esa cosa misteriosa que llaman tejido social.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su siglas en inglés), define el proceso como un “esfuerzo por construir paz sostenible tras un período de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación”.
Una aclaratoria le sigue a la definición: “Dado que con frecuencia las estrategias de justicia transicional se diseñan en contextos en los que la paz es frágil o los perpetradores conservan un poder real, se deben equilibrar cuidadosamente las exigencias de justicia y la realidad de lo que es factible lograr a corto, mediano y largo plazo”.
La justicia transicional no es una receta mágica para reconstruir un país, al contrario, el ICTJ enfatiza que es imprencindible la voluntad política de las partes en conflicto para enfrentar un legado de violaciones de los derechos humanos y lograr que las políticas se traduzcan en acciones.
Justicia transicional en cinco pasos
Las estrategias de justicia transicional deben entenderse como un componente de la construcción de la paz en la medida en que abordan las necesidades y los reclamos de las víctimas, promueven la reconciliación, reforman las instituciones estatales y restablecen el estado de Derecho, dice el ICTJ.
Si bien las experiencias y resultados varían en cada contexto, la revisión de los procesos vividos tras el fin del régimen Nazi, las transiciones en Europa del este, las de América Central y las del cono sur del continente, sumadas a las provenientes de naciones africanas, han permitido definir un conjunto de pasos que se suceden de manera más o menos fija en todos los casos.
Primer paso: Comisión de la verdad
“La búsqueda de la verdad tiene dos enemigos: el proceso natural de la amnesia y el proceso intencional del negacionismo para borrar las huellas. Ambos pueden conducir a repetir los errores del pasado. El caso peruano es muy importante porque esa comisión realizó un trabajo extraordinario de documentación y verificación con expertos. Una comisión de esta naturaleza debe partir de un gran consenso nacional, integrada por gente con total independencia de criterio que produzca informes objetivos”, explica el doctor Fernando Fernández, abogado especialista en Derecho Penal Internacional.
El ICTJ afirma que las comisiones ofrecen a las víctimas una voz en el discurso público y sus testimonios pueden contribuir a refutar mentiras oficiales y mitos relativos a las violaciones de los derechos humanos.
El organismo reseña que el testimonio de las víctimas en Sudáfrica permitió demostrar que la tortura era tolerada oficialmente y que se dio de manera extendida y sistemática. Las comisiones de Chile y Argentina refutaron la mentira según la cual los opositores al régimen militar habían huido de esos países o se habían escondido, y lograron establecer que los opositores habían sido desaparecidos y asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad como parte de una política oficial.
El rol de los medios de comunicación en la construcción de la “memoria histórica” también es relevante, explica Fernández. “Documentar e investigar lo más exhaustivamente posible ayuda a construir esa memoria histórica. Si los hechos no se fijan de manera clara quedarán después a juicio de los opinadores. Sobre todo cuando hay atrocidades, siempre habrá gente de bando y bando disputando qué fue lo que realmente pasó. Esa documentación puede servir en juicios futuros y es lo que posibilita el famoso <<prohibido olvidar>>”.
Segundo paso: Enjuiciamientos
“Enjuiciar a los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos es un componente crítico de cualquier esfuerzo por enfrentar un legado de abuso. Los enjuiciamientos pueden servir para evitar futuros crímenes, brindar consuelo a las víctimas, reflejar un nuevo conjunto de normas sociales e iniciar el proceso de reformar las instituciones gubernamentales y de generar confianza en ellas”, describe el ICTJ.
En contextos de extrema polarización política puede haber intentos de equiparar la justicia con la venganza. “Los juicios no deben verse como expresiones de un deseo social de retaliación”, argumenta la psicóloga social y jefe del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, Colette Capriles.
“Hay que recordar que se trata de procesos complicados en el sentido de que puede haber cambios políticos que exigen que para que ocurran no haya justicia transicional, y también al revés, cambios políticos que solo se dan si hay un proceso de justicia que recomponga la unidad del país. El núcleo está en que cualquier proceso tiene que ser consensuado porque de otro modo la justicia no se percibe como tal sino como la justicia del vencedor. La justicia transicional no es la justicia del vencedor como tampoco es la de las víctimas”, argumenta Capriles.
Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Política Interior comparte esa visión: “Hay que distinguir entre la justicia y la venganza. El objetivo de un nuevo gobierno en ninguna manera puede ser la retaliación sino la recomposición del estado de Derecho y acabar con la impunidad. Hoy la comunidad internacional condena el gobierno de Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso”.
Tercer paso: Reparación o compensación de las víctimas
El ICTJ explica que en conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de brindar reparaciones a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Esta reparación puede asumir diferentes formas entre las cuales se hallan la ayuda material (pagos compensatorios, pensiones, bolsas de estudios y becas), la asistencia psicológica (consejería para manejo del trauma) y medidas simbólicas (monumentos, memoriales y días de conmemoración nacional).
Ahora bien, ¿quiénes son las víctimas? Esa definición es crucial y compleja, explica Fernández. “En Alemania, tras el fin del nazismo hubo 3 millones de denuncias de violaciones de derechos humanos. ¿Sabes lo que significa procesar 3 millones de casos? Al final solo cerca de 95.000 casos recibieron condena porque se pudieron probar. Una premisa de este tipo de procesos es que ni todo el mundo es tan criminal como a veces se piensa y no todos son tan inocentes como creen”.
Fernández suelta otra premisa que parece repetirse independientemente del contexto: “Las víctimas puede que perdonen, pero jamás olvidan”. Como ejemplo, el jurista apunta que pasaron más de 70 años para juzgar y condenar a varios miembros del partido Nazi.
Cita el caso Oskar Groening. “Este es un buen ejemplo porque se trata de un viejito de 94 años que fue condenado recientemente a 4 años de cárcel, 71 años después de los juicios de Nuremberg. Él había sido contador dentro del campo de Auschwitz. Llevaba un registro de cuántas prendas de vestir había en las maletas de los judíos, del dinero que llevaban, e incluso de los dientes de oro que les extraían. Él no mató a nadie ni dio órdenes de matar pero fue testigo de todo eso y las víctimas se acordaban del rol que jugó. En el juicio se defendió diciendo que él había sido una minúscula tuerca de un engranaje que era muy grande y que él no podía controlarlo; el juez le respondió que esa tuerca, junto a un millón de tuercas más, hizo posible todo un mecanismo. Esto da una idea de que los procesos de justicia transicional pueden durar toda la vida”, relata Fernández.
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En el contexto venezolano conviven casos de presos políticos, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, persecución y discriminación laboral por razones políticas, entre otros. Fernández refiere que la jurisprudencia internacional ha sentado precedentes de compensación para muchas de esas categorías. Cita, por ejemplo, la “interrupción del proyecto de vida”, categoría empleada para calcular el lucro cesante de aquellos injustamente despedidos.
Con relación el tema económico, Capriles acota un aspecto clave para el manejo de las compensaciones: la capacidad financiera de los Estados. En Alemania y en Argentina las reparaciones económicas implicaron cuantiosas sumas de dinero. El contexto venezolano probablemente impondría recuperar la capacidad productiva antes de iniciar un eventual proceso de reparación monetaria de las víctimas.
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“Resulta imperioso cambiar, y en algunos casos abolir, aquellas instituciones responsables de las violaciones de los derechos humanos. Los gobiernos recién establecidos tienen una responsabilidad principal en esta tarea”, refiere el ICTJ.
“La restitución de la justicia ordinaria debe ser el primer objetivo de un proceso de justicia transicional; luego, deberá crear mecanismos para todos aquellos casos que no entren dentro de la justicia ordinaria. Precisamente el gran drama en el que estamos nosotros es que ha habido una violación masiva de la Constitución desde hace años”, argumenta Capriles.
Dar inicio a un proceso de justicia transicional funge a la vez como una señal política y moral. “El mensaje es que tiene que lograrse la restitución del estado de Derecho. Esto implica que los presuntos culpables deben pasar por un proceso justo. Hay que evitar el efecto de retaliación y la persecución de quien participó en el gobierno saliente. Por eso es una señal política importante. No se trata de castigar a todos. Los sospechosos de delitos deben ser juzgados con todas las garantías”, explica la psicóloga social.
Mecanismos como los que alude Capriles ya están siendo trabajados dentro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Hay al menos tres proyectos en estudio y Fernández es proponente de uno de ellos. “La legislación venezolana actual tiene dos huecos. En primer lugar están las constantes reformas que ha hecho el chavismo al Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, carecemos de una ley para los crímenes de jurisdicción internacional, es decir, los tipificados en el Estatuto de Roma”, explica el jurista.
En 2016, Fernández presentó ante la Comisión de Política Interior de la AN un proyecto de código para subsanar este vacío legal. “Ese es, en mi opinión, la estructura más sólida y actualizada para abordar este tema”, argumenta. Señala que el Código de Derecho Penal Internacional (Codepi) incorpora los crímenes y delitos de lesa humanidad. “Si crímenes como la persecución política contra los empleados públicos se quisieran llevar a juicio, ahorita no hay una ley para hacerlo”, explica Fernández.
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La mora del estado venezolano con esa legislación es de larga data. “Aunque podría parecerlo, el avance jurídico no obedece a un tema coyuntural. Se trata de una deuda del Estado desde que Venezuela firmó el Estatuto de Roma. Cada país signatario debe adaptar o crear una legislación interna que la vincule con los tratados internacionales. Nosotros no tenemos esa legislación y parte de nuestra misión desde la Asamblea es saldar esas deudas legislativas”, afirma la diputada.
Solórzano aclara que “en el futuro, instrumentos como estos van a ser imprescindibles para garantizar que quienes vamos a estar en el ejercicio del poder sepamos que no podemos violar impunemente los derechos humanos. Por eso esta ley no obedece a una coyuntura sino que la hacemos con miras al futuro. Evidentemente, en un contexto como el actual cobra mayor interés por la necesidad de justicia frente a la grave crisis y las masivas violaciones de derechos humanos”.
Paso 5: Reconciliación
El ICTJ explica que “el concepto de reconciliación es importante y su historial es bastante controversial. En algunos contextos, las víctimas se oponen a la reconciliación porque la relacionan con el perdón obligado, la impunidad y la amnesia (…); si se entiende la reconciliación de esta manera, entonces debe rechazarse con justa razón”.
La reconciliación dentro del marco de la justicia transicional debería tener como norte “la estabilidad de la nación para que esta pueda seguir su camino de manera democrática sin mayores traumas. Eso pasa por salir de la polarización extrema y que cada venezolano pueda seguir con su proyecto de vida. También que quienes se fueron sientan que puedan regresar pues Venezuela es otra vez un país donde vale la pena vivir”, argumenta Fernández.
La justicia transicional se mueve en varios planos paralelamente: jurídico, político, económico y social. “La palabra transición implica que las partes van a tener que conciliar y por lo tanto ninguna de las dos va a estar plenamente satisfecha. Eso de por sí ya es un reto y hay que encontrar un terreno común”, explica Capriles.
Experiencias como la de Sudáfrica tras décadas de Apartheid demuestran que restaurar eso que se ha llamado tejido social es un proceso lento y complejo. La psicóloga social sostiene que “ninguna sociedad ha manejado perfectamente un período de transición justamente por los retos que encarna restaurar la justicia, la confianza en las instituciones y entre los mismos ciudadanos. Los venezolanos no vamos a ser la excepción. Un aspecto importante es que cada país ha manejado estos procesos de cambio a su manera y con su propia lógica”.
Capriles agrega que “lo peor que puede hacerse es juzgar lo que va a pasar por lo que está pasando. En este momento estamos en la cresta de la ola de la crisis y por supuesto hay un discurso exacerbado pues estamos en plena lucha política. No podemos adelantarnos y saber cuál será el clima una vez que la crisis pase. Hay que confiar que cuando pase, eso de por sí ayudará a ver con más claridad el panorama”.
Una respuesta revela que sí hay luz al final del túnel de la polarización y la legítima indignación que sienten los venezolanos. La dio Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Costa, en un foro que reunió a familiares de varios presos políticos venezolanos. Le preguntaron qué esperaba de la lucha que viene librando desde que su hermano está injustamente preso: “Que nunca más alguien pase por lo que mi hermano está pasando”.
Factor clave para el éxito: el rol de los dirigentes políticos
La presidenta de la Comisión de Política Interior afirma que “lo primero que debemos hacer desde la política es explicarle a los ciudadanos que sus derechos los tiene que hacer respetar. Que no son una concesión sino un asunto completamente ganado y que el Estado está en la obligación de garantizarlos. Las protestas de la gente en la calle demuestran, aunque sea de manera inconsciente, que los venezolanos entienden este principio”.
“Lo segundo es que quienes ejercemos la política debemos entender que garantizar los derechos humanos es parte intrínseca de nuestro rol, de lo contrario, lo que tendremos son dictadores en el poder que es lo que ocurre hoy en Venezuela”, dice Solórzano.
La diputada sostiene que el discurso de la dirigencia política va a ser fundamental en la conducción “emocional” de una transición. “Hablo por mí, frente a todos los atropellos el discurso no puede ser de odio, si eso ocurre nos habremos convertido en lo que denunciamos”.
El ICTJ enfatiza que “la justicia transicional mira tanto hacia el futuro como al pasado. Una de las razones por las cuales se enfrentan los abusos del pasado es para garantizar que no se repitan. El riesgo de caer en lo que se conoce como una “transición regresiva” es real y en Venezuela hay al menos dos precedentes.
“En los años 90 se llegó a pensar que no había nada peor que la democracia venezolana y se planteó una transición en la cual muchos creyeron. 18 años después queda en evidencia que se trató de una transición regresiva porque no hubo un plan de mejorar lo malo sino que se instaló un modelo peor del que existía”, argumenta Fernández.
Capriles trae a la memoria otro caso. “Nosotros sufrimos un proceso muy complicado de transición a la democracia. Apenas instalada comenzó la insurgencia guerrillera inspirada en la Revolución Cubana. Esa lucha armada no cesó de manera modélica sino que se hizo mediante decisiones políticas y funcionó en la medida en que permitió la incorporación de esos sectores a la vida política, pero no podemos dejar de ver que, mucho de lo que ha sido el chavismo deviene de ese proceso que en los años 60 no se cerró adecuadamente. Se hizo una especie de borrón y cuenta nueva. Es importante que un nuevo proceso de transición permita dar una discusión acerca de los factores políticos, sociales y económicos que nos trajeron hasta acá”.
Que los venezolanos navegan aguas turbulentas suena a obviedad. Quizás lo novedoso esté en conocer experiencias internacionales de justicia transicional que demuestran que el temido horizonte no es el precipicio que conduce al fin del mundo, sino un camino hacia un territorio nuevo cuya construcción dependerá de cada ciudadano.
Hay muchas noticias dentro de los distintos componentes de la “gloriosa fuerza armada bolivariana, chavista, socialista y antimperialista”. La presentación que de la “Constituyente Comunal” hizo el presidente Maduro en el teatro de la Academia Militar tuvo una asistencia de 300 oficiales, todos obligados y con lista. Aplausos y asentimientos. incluidos pues amenazaron con señalar luego a los que no lo hicieran. Rechazo solo en murmullos. Antes de la transmisión oficial se veían muchos asientos vacíos intercalados. Los generales y almirantes de otros componentes evitaron sentarse al lado de los oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana “asqueados por la conducta de ese componente como órgano de represión y no como una fuerza militar decente”. Los llenaron con otros uniformados. El tema de la reunión era “el valor de la revolución, Chávez y la constituyente”. Asqueados salieron por las expresiones de Herman Escarrá quien -según me dicen algunos asistentes- los habría tomado por estúpidos mezclando el tema de la convocatoria con la reclamación territorial a Guyana, poniendo como amenaza del “imperio” a Colombia y recomendando que se dictara un estado de excepción para poder reprimir sin restricción alguna a los que amenazan al gobierno. Por otro lado, están evaluando la transformación de las policías Naval y Militar, que son brigadas en este momento, en servicios de apoyo en funciones de orden público para apoyar a la Guardia Nacional. Son cientos los permisos y reposos que han pedido los guardias nacionales que ven con temor la represión ordenada, más aún cuando supieron que a dos de sus compañeros Alvin Bonilla Rojas y Francisco Caridad Barroso los sentenciaron a 30 y 16 años de prisión, respectivamente, por el asesinato de la estudiante Geraldine Moreno el 19/2/2014 durante las protestas en Valencia. “Homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales” señala la sentencia del Circuito Judicial de Carabobo. A los GNB que reprimen les están dando el almuerzo y una bolsa CLAP quincenal gratuita. La persecución contra las redes sociales ordenada por el Comandante en Jefe -debido al éxito que han tenido las diferentes y multitudinarias concentraciones a lo largo y ancho de Venezuela, utilizando esos medios ante la ausencia de información en otros- será aumentada tras modificación del decreto de estado de excepción en el aspecto tecnológico ya que los ataques a los familiares de personeros y enchufados los ha molestado mucho. Aunque otros en el alto gobierno piensan que los ha beneficiado por la cohesión interna lograda ante esos ataques. Maduro ha tenido el atrevimiento de señalar que ante dichos “ataques de este fascismo somos los nuevos judíos del siglo XXI”. Mejor habría sido que se definiera como “los nuevos nazis de este siglo” por la persecución desatada contra la democracia y la libertad de Venezuela. Sigue el desconcierto al más alto nivel. Los fracasos continúan. La hambruna ronda cerca…
Fedeagro y sus 62 asociaciones de base, entre ellas, Fesoca, Fevearroz y Fedenafrut, exhortaron a la urgente e impostergable restitución del hilo constitucional.
A través de un comunicado, los gremios resaltaron que no es a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para superar la crisis que vive el país.
“Hemos alertado permanentemente sobre la continua caída de la producción nacional, y hemos sugerido políticas y presentado planes y acciones para corregir el rumbo y evitar la crisis generada por el desabastecimiento y la escasez de alimentos que hoy día enfrentamos”, reza el escrito.
“Exhortamos a la urgente e impostergable restitución del hilo constitucional, al respeto de los derechos humanos: civiles, políticos, económicos y sociales; al respeto de las instituciones democráticas y la independencia de los Poderes, a cumplir en forma transparente y en el marco de la constitución con los procesos electorales que deban darse para contribuir al entendimiento y a la paz”, resalta.
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, presentó detalles de una reunión secreta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la academia militar con altos funcionarios del gobierno para que se sumaran al proceso constituyente.
El líder opositor indicó que la reunión se dio el miércoles 10 de mayo y contó con la presencia del abogado Hermán Escarrá, el ministro Vladimir Padrino López, el ministro Elías Jaua y el presidente Nicolás Maduro. «El General Padrino dijo que la Fuerza Armada se debe al Presidente de la República y no debe haber dudas al momento de tomar decisiones y cumplir ordenes», aseguró Capriles.
En otros detalles, indicó que el presidente pretende cambiar el modelo de enseñanza y de organización dentro de la FANB, para acabar con las conspiraciones.
En esta reunión también se habría hablado de la posibilidad de remover a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por alguien que estuviese al lado de Diosdado Cabello y su alta cúpula del chavismo. “Se está estudiando la forma de ver como se coloca otra persona, es decir, están buscando remover a la Fiscal (…)»
