El presidente colombiano Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC sellaron el jueves el acuerdo del cese bilateral y definitivo del fuego, de desmovilización y dejación de armas de los rebeldes, tres pasos previos para dar por terminado un conflicto armado que lleva más de medio siglo y ha dejado unos 220.000 muertos, miles de desaparecidos, y millones de víctimas y desplazados.
En una ceremonia celebrada en La Habana, Santos y el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, o ‘Timochenko’, escucharon a la lectura de un acuerdo que detalla cómo unos 7.000 rebeldes van a dejar las armas y se van a desmovilizar una vez el acuerdo final de paz se suscriba.
«La decisión de las partes representa un paso de avance decisivo, el proceso de paz no tiene vuelta atrás», dijo el presidente de Cuba, Raúl Castro. «La paz será la victoria de toda Colombia pero también de toda nuestra América».
El anuncio fue hecho por los delegados de los países garantes, Cuba y Noruega, en presencia del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, y los presidentes de México, Chile, Cuba, Venezuela, entre otras personalidades de la región.
«Hoy se abre un nuevo capítulo, que nos devuelve la esperanza y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia», dijo el presidente Juan Manuel Santos al final de la lectura del acuerdo. «Nos llegó la hora de ser un país con esperanza. El fin de las hostilidades queda asegurado. No habrá más víctimas de esta guerra entre los hijos de una misma nación».
El cese del fuego bilateral, la desmovilización y dejación de las armas comenzarán con la firma del acuerdo final de paz y los dos últimos puntos tendrán un plazo y desarrollo de 180 días.
Las armas se entregarán a observadores no armados de la ONU y el proceso será verificado por una instancia de monitoreo encargada de resolver conflictos, presentar recomendaciones y reportes, integrada «principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)», delegados de las FARC y el gobierno colombiano.
Según el acuerdo, las FARC contribuirán y suministrarán información para la «limpieza y descontaminación» de los territorios del país que tienen sembrados de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, y municiones sin explotar.
También se anunció la creación de 23 zonas en veredas rurales colombianas y ocho campamentos para la desmovilización y concentración de los guerrilleros. En cada zona habrá un lugar de almacenamiento de las armas, que contarán con vigilancia policial.
Según el acuerdo firmado, un día después de la firma del acuerdo final de paz, el Ejército colombiano reorganizará sus tropas «para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC» a las 23 zonas y ocho campamentos designados.
El desplazamiento se haría el quinto día después de la firma del acuerdo final «siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC».
Transcurridos los 180 días, el acuerdo prevé la salida de los combatientes de las zonas y campamentos sin armas y vestidos de civil.
El acuerdo también prevé el compromiso de las autoridades colombianas a combatir a los grupos paramilitares, que podrían entorpecer e impedir el regreso de los guerrilleros a la vida política y civil, lo que estará a cargo de una unidad especial de la policía colombiana creada para tal efecto.
Esto constituye un punto de inflexión para las FARC, que no quieren repetir la experiencia ocurrida con un movimiento político nacido del fallido proceso de paz de los ochenta y que en los años siguientes vio caer asesinados a por lo menos 3.000 de sus integrantes y simpatizantes a manos de narco-paramilitares y militares corruptos.
«Las fuerzas armadas colombianas agigantadas en el transcurso de la guerra», dijo Timochenko. «Están llamadas a jugar un papel importante en la paz. Fueron nuestras adversarias pero en lo adelante serán nuestras aliadas».
Cientos de personas se abrazaron y cantaron el himno de Colombia en el centro de la capital colombiana cuando Santos y ‘Timochenko’ firmaron el acuerdo. Algunos llevaban la bandera de Colombia.
«Lo de hoy es un hecho histórico y estamos pendientes de lo que iba a pasar, pues obviamente en las ciudades poco percibe, pero en el campo, en las áreas rurales donde se percibe el conflicto y esto es histórico y esto es una gran esperanza para toda Colombia, y que esto erradique el derramamiento de sangre nos afecta desde hace muchos años», dijo Jimmy Gonzalez, de 36 años y que trabaja en un hotel como botones.
Desde fines de 2012, la administración de Santos y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan adelante en La Habana un proceso de paz, a la que se llegó luego de que en los últimos 15 años el ejército colombiano, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, desatara una ofensiva que diezmó las tropas del movimiento insurgente y replegó a sus combatientes pero sin derrotarlos.
Las conversaciones se caracterizaron por el accidentado proceso lleno de tensiones y porque se extendieron más tiempo del que anticipara Santos inicialmente.
Si se alcanza un acuerdo final se extinguiría el último gran movimiento armado de América Latina. Una vez firmado, los colombianos deberán refrendarlo.
Las encuestas de opinión muestran que las FARC, que en las últimas décadas financiaron su insurgencia con dinero del narcotráfico y el secuestro, son impopulares en muchos sectores colombianos.
«No creo nada de lo que hacen las FARC, ellos deberían estar presos porque nos han hecho mucho daño», dijo Luz Silva, ama de casa 58 años. «No estoy de acuerdo con lo que acaban de hacer en La Habana, porque repito deben pagar por todo el sufrimiento que nos han hecho por muchos años mucho derramiento de sangre».
Pese a la firma de los acuerdos del jueves, hacer la paz en Colombia puede resultar difícil pues muchos grupos criminales se disputan con violencia el cultivo y tráfico de cocaína.
En el país quedaría operando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) una pequeña guerrilla que desarrolla sus actividades en algunas áreas del país y que podría parcialmente llenar el vacío que dejen las FARC, aunque actualmente el gobierno de Santos adelanta algunos acercamientos para firmar la paz con esa agrupación.
El ex presidente Álvaro Uribe, principal crítico del gobierno de Santos y del proceso de paz, dijo el jueves que «la palabra paz queda herida con la elevación del grupo terrorista FARC a la condición de socio del Estado, o para-estado o paramilitar, con el pretexto de combatir a otros criminales».
Aún quedan temas pendientes por negociar relacionados con la refrendación de los acuerdos para darle soporte jurídico y legal a los mismos a fin de que no sean reformados por un gobierno posterior.
El mandato de Santos culmina en agosto de 2018.
