El médico y diputado por Vargas, José Manuel Olivares, hizo lo que pocos líderes políticos: acompañó a sus colegas del gremio de la salud en sus reclamos de calle. En medio de su apoyo a la lucha de los trabajadores de la salud durante una protesta en el Hospital Clínico Universitario, el joven parlamentario exigió al gobierno de Nicolás Maduro que concediera a enfermeras y médicos el mismo “trato salarial” que brinda a los militares. Luego de ofrecer esa declaración, el martes 3 de julio, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desató una persecución en su contra que le ha obligado a resguardarse junto con su hermano, su madre, su esposa y su bebé de apenas tres meses de nacido
“Tienes dos opciones: o te quedas en Venezuela sin hablar de la salud, sin ir a los hospitales, aceptando lo que anunciará el Presidente y desmontando lo de las medicinas; o tu hermano, mamá y esposa van presos al Sebin. Tu otra opción es tomar unas largas vacaciones y nosotros ver qué hacemos con tu familia”, le habría advertido vía telefónica, el jueves 12 de julio, un alto oficial al presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.
La amenaza pasó rápidamente de la palabra a los hechos. Comisiones del Sebin se presentaron a la residencia del diputado, mostrando las órdenes de captura que ya habían sido emitidas contra su madre, su esposa y su hermano, Juan Carlos Sosa Marquina.
Olivares sufrió un ataque similar hace menos de un año. Su hermano Juan Carlos fue detenido sin orden judicial en septiembre de 2017 en un acto de campaña electoral por la gobernación del estado Vargas y estuvo preso durante nueve meses, hasta que resultó favorecido en el reciente proceso de excarcelaciones ordenado por Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, justificó la captura de Sosa Marquina exponiendo que supuestamente manejaba un vehículo robado. El parlamentario y sus abogados explicaron desde un principio que el auto en cuestión era propiedad de su madre.
En el caso de su esposa, una abogada de 30 años, el Sebin le abrió un expediente donde la relaciona con los “trámites para la adquisición de unos vehículos de presunta procedencia ilegal” que habría llevado a cabo una empresa aseguradora en la que trabajó hasta noviembre de 2015.
La policía política del régimen ejecuta esta arremetida contra Olivares, mientras enfermeras, médicos y demás empleados del sector salud llaman al país a respaldar su protesta para demandar mejores condiciones laborales y salarios dignos. Maduro ya acusó el golpe y el sábado anunció la instalación en agosto del Congreso Nacional de la Salud con el fin de “transformar nuestro sistema de salud”.
Cuenta pendiente
Médico con posgrado en oncología, el dirigente de Primero Justicia ha promovido desde la AN la declaratoria de emergencia humanitaria y la aprobación la de Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, ambas iniciativas bloqueadas por el oficialismo. Igualmente, ha tomado como bandera la denuncia de la crisis hospitalaria, la escasez de medicinas y la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas en el país.
Junto con otros jóvenes diputados, Olivares estuvo al frente de las protestas de 2017, que arrojaron un saldo de más de 120 muertos y cientos de detenidos. En una de esas manifestaciones fue impactado en el cráneo por una bomba lacrimógena, que le causó una laceración que ameritó 12 puntos de sutura.
En el marco de la campaña en el litoral central, donde enfrentó al gobernador Jorge Luis García Carneiro, señaló que atacaron su casa y la sede de su fundación “Manos por Vargas”, que tiene como objetivo brindar ayuda médica en la entidad.
Con estos antecedentes a cuestas y tras confirmar la amenaza contra sus familiares, Olivares ha tenido que proteger a su hermano, su madre y su esposa para evitar que toda la familia termine tras las rejas del Sebin por su defensa de las enfermeras y médicos que hoy son el símbolo de la rebeldía contra el régimen de Maduro.
