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CIDH expresa preocupación por decisión de Chile de deportar a migrantes

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este sábado para manifestar su preocupación ante la decisión de las autoridades de Chile de deportar a más de 100 migrantes entre venezolanos y colombianos.

En una publicación en su cuenta de Twitter expresaron que la tensión social que se ha generado luego del ingreso de estos migrantes a Chile se agudizó después de que las autoridades chilenas desplegaran a las fuerzas armadas y comenzaran las deportaciones.

La CIDH recordó al Gobierno de Chile su «deber de protección integral de los derechos humanos, y de garantizar los principios de devolución, debido proceso y prohibición de deportaciones/expulsiones colectivas, con atención a necesidades de protección internacional».

Reiteraron la necesidad de que el gobierno chile asegure la «protección de personas en #MovilidadHumana, el acceso a territorio y procedimientos de asilo y con atención a la aplicación de protocolos sanitarios. Ello, conforme sus Resoluciones 01/20 y 04/20 y Principios Interamericanos». 

El comunicado ocurrió luego de que el pasado 10 de febrero fueran expulsados 120 migrantes venezolanos y colombianos que entraron a Chile de forma irregular. 

Con información de TalCual 

DDHH olvidados | El milagro de seguir con vida
A Daniel Infante lo hirieron en el estado Mérida en el marco de las protestas de 2017, cuando ni siquiera estaba en una de las manifestaciones. Su vida y la de su familia cambió para siempre
La hermana del joven presume que la bala que le atravesó la cabeza salió del arma de colectivos del gobierno

@ValeriaPedicini

Daniel Infante ni siquiera estaba protestando cuando casi pierde la vida. Estaba en su casa, en el estado Mérida, recuperándose de una operación el día en que la oposición venezolana había convocado al primer gran plantón nacional para rechazar al gobierno de Nicolás Maduro. Era 24 de abril de 2017 y las protestas ya llevaban tres semanas consecutivas. 

A pocos metros de su residencia, en la avenida Las Américas de Mérida, estaba la concentración de personas que habían salido a las calles. Al final de uno de los viaductos del centro de la ciudad, la policía y “tupamaros” habían cubierto los dos sentidos de los canales, una moto al lado de la otra. Y ahí estuvieron todo el día. 

El joven se asomó a la ventana y vio a dos de sus vecinas en planta baja. Decidió que bajaría a hablar con ellas y a revisar la seguridad de la entrada principal. Su hermana Diana se negó a bajar con él y solo le dijo “no te tardes” antes de que el joven dejara el apartamento. 

Ella cree que pasaron más de 20 minutos cuando su pareja, que estaba en la ducha, salió preocupado a preguntar por Daniel. 

-Él bajó un momentico. 

-¿Por qué lo dejaste bajar? Mira cómo está todo. 

Desde el apartamento escuchaban los disparos. Diana cuenta que horas antes de que terminara el plantón, funcionarios y “tupamaros”, grupos armados del oficialismo, decidieron cruzar en moto todo el viaducto hacia donde estaban las personas concentradas mientras disparaban al aire para arremeter contra la protesta. “Obviamente esos disparos vaya usted a saber a dónde iban a parar”. 

La gente comenzó a correr para resguardarse y el sitio se convirtió en caos. La escena se repitió varias veces: los manifestantes volvían a reunirse y ellos volvían a dispersarlos a punta de tiros y miedo. 

Al ver lo que pasaba y tras escuchar el sonido de varios disparos, Diana abrió la puerta del apartamento y comenzó a llamar a su hermano a ver si estaba cerca y podía escucharla. Nadie le respondió. Decidió asomarse por la ventana y vio a Daniel tirado en el piso. 

Bajó corriendo las escaleras hasta la planta baja del edificio. Lo primero en lo que pensó fue que su hermano estaba muerto. Al llegar, no podía acercarse a él porque había quedado entre dos de las rejas de la residencia y afuera los disparos seguían. 

Cuando logró hacerlo, Diana vio que Daniel tenía un disparo en la cabeza. Su corazón seguía funcionando, pero no reaccionaba. La bala había cruzado de un lado a otro, del lado derecho al izquierdo del cerebro. 

A Daniel Infante le tuvieron que retirar toda la parte derecha del cráneo para poder descomprimir la gran cantidad de sangre y el edema que había por el impacto que recibió. Después de casi cuatro años de lo ocurrido, el proyectil sigue ahí. 

Uno de los vecinos ya había llamado al 171, así que los bomberos llegaron en pocos minutos y fue trasladado al Hospital Universitario de Mérida. Ahí Daniel estuvo en la unidad de cuidados intensivos por casi tres meses, en un coma inducido debido al trauma que tuvo a nivel cerebral, y unos cuantos meses más en hospitalización. 

“Él estuvo vivo en todo momento, no tuvo ningún tipo de paro. No murió en ningún momento, pero la información que nos daban no eran muy alentadoras. Habían hecho lo posible para atenderlo, pero no nos decían que se fuera a salvar. Se esperaba lo peor”, cuenta Diana. 

La cantidad de heridos por la represión que había en el hospital era alta. A pesar de que al joven lo llevaron rápido al centro de salud, Diana considera que la atención no fue la mejor por la congestión en el lugar y los niveles de estrés a los que estaban sometidos los trabajadores de la salud. 

Ni en esa oportunidad ni en todo el tiempo que ha pasado le han dado un diagnóstico certero de lo que ocurrió con su hermano. “La atención en ese momento fue muy baja. Yo me cansé de preguntar para saber qué hacíamos y la respuesta de ciertos médicos era más bien de pensar en donar los órganos porque iba a ser una persona en estado vegetal. Los diagnósticos iban hacia otro lado más que pensar en tener que recuperar al paciente o ver qué se podía hacer”. 

Nada volverá a ser igual

La vida le cambió a todos los integrantes de la familia Infante ese 24 de abril de 2017. Daniel pasó de estudiar Administración y trabajar como supervisor de recaudación de boletería en el TroleBus Mérida a estar acostado en una cama. Sin poder moverse ni hablar. 

“Cuando él llegó a casa, era muy impresionante porque yo decía que era realmente como ver a una persona en estado vegetal, pero que abría los ojos. Yo me imagino que fue ese retorno y estar otra vez en su espacio, la impresión de él de estar en su lugar y no ser él, que estuvo mucho tiempo deprimido”, expresa Diana. 

Ella, que ya vivía sola con sus dos hijas, tuvo que llevarse a su hermano y a su madre a vivir con ella para poderlo atender. “Normalmente en un hogar los niños son el centro de atención, aquí no. Si en su momento Daniel llama, hay que atenderlo porque si no vas en 10 minutos, a lo mejor se desespera. La dinámica pasó a ser primordialmente él, las niñas pasaron a un segundo plano. Así sigue siendo cuatro años después”. 

Los avances de Daniel Infante han sido poco a poco. La estrategia de su hermana para animarlo y estimularlo fue seguir haciéndolo sentir parte de la dinámica familiar, sin importar que él no hiciera o ejerciera las acciones. 

A pesar de no hablar, ha buscado hacerse entender. “Creo que hemos logrado establecer una forma de comunicación. Él responde con emociones. Él ríe muchísimo, llora, se molesta. Logramos darnos cuenta que tiene memoria, que no es responder por responder, sino que puedo comentar experiencias pasadas de la familia y él las entiende”. 

Su atención médica, cuidados, terapias, medicinas ha sido una carga difícil de llevar porque Diana es la única en condición de salir a trabajar. El hecho de que en Mérida no haya centros de rehabilitación o que se les haga complicado trasladarlo a un centro de salud, ha afectado su recuperación. Siente que quizá en otras circunstancias, la situación fuese otra. 

Es por eso que en sus planes está poder emigrar con Daniel. “A veces digo que sí se pudiera lograr que él respondiera, pero lo que falta es estimulación. Por eso no pierdo la esperanza de en algún momento poderlo sacar para que realmente pueda avanzar. Así sea tarde, pero yo digo que ese sería mi último intento”. 

¿Quién es el culpable? 

Durante la protestas de 2017, Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las protestas de ese momento. Por su parte, el Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese mismo año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5.341 y hubo al menos 4.000 heridos. 

La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. 

Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala. 

Pero los familiares de Daniel Infante no saben con certeza quién es el responsable. 

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se acercaron al lugar para tomar declaraciones en todos los apartamentos del edificio y hacer las mediciones balísticas. Pero las investigaciones no avanzaron. En cambio, buscaron culpar a un muchacho de la misma zona que participaba activamente en las protestas. Para Diana, esa versión no tiene sentido. 

Aunque en su momento no denunciaron ni presionaron por saber quién hirió a Daniel Infante, sobre todo después de avocarse a su recuperación, Diana tiene intenciones de no dejar que el caso de su hermano quede en el olvido. 

“Hay culpables que están mucho más arriba que nunca se harán responsables de los hechos. Yo espero que en algún momento se sepa quién fue el culpable. ¿Y qué va pagar? El tiempo que tenga que pagar. Aunque el mayor daño, lo que le hicieron a Daniel, es difícil de revertir. Porque de lo que él era a lo que es o pudiera lograr ser en algún momento, son tres cosas muy diferentes”. 

Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón

Roberto Patiño Feb 11, 2021 | Actualizado hace 1 mes
Coordenadas necesarias

En medio del silencio oficial y del secuestro ideológico de la información, el trabajo de las ONG es vital para comprender la marcha de los asuntos públicos. Foto Honey Yanibel en Unplash. Intervenida por N. Silva / Runrunes.

@RobertoPatino

El régimen miente y lo hace sin pudor ante las cámaras de televisión, frente a la Constitución y delante de todo un pueblo, que parece acostumbrado a no sorprenderse con cada nueva falsedad que emite la pantalla del canal del Estado.

Nos miente con sus anuncios, sus promesas, su simplista análisis de la política y de la historia. Y nos miente, además, cuando oculta, con fines políticos, las cifras oficiales en temas de vital importancia como lo son la violación de derechos humanos, el alcance real de la pandemia y la envergadura de la crisis humanitaria que sufre Venezuela.

El empeño del régimen de ocultar los datos con fines ideológicos ha sido uno de los rasgos que lo ha caracterizado en las últimas décadas. Hay una clara vocación, en todos los gobiernos autoritarios, y en este en particular, de ocultar, deformar o “maquillar” las cifras oficiales cuando estas son contrarias a la propaganda oficial.

Los datos, cuando son confiables y abiertos a los ciudadanos, son siempre un poderoso desmentido del régimen y esto es lo que buscan evitar.

En medio del silencio oficial y del secuestro ideológico de la información, el trabajo de las ONG es vital para comprender la marcha de los asuntos públicos. Son fuente de información confiable sobre temas vitales como DD. HH., la situación de la pandemia, la crisis de los servicios, la calidad de vida de los venezolanos y la marcha de la economía.

Las ONG, las academias, universidades y medios independientes son las únicas instituciones que todavía pueden ofrecer esa información de forma sistemática y confiable; y su trabajo es fundamental para trazar las coordenadas necesarias para desplegar la ayuda humanitaria que requiere buena parte del pueblo venezolano; para registrar y denunciar abiertamente la violación de derechos humanos, y para definir las líneas de trabajo para la reconstrucción del país.

Esta es otra de las razones por las que el régimen persigue a las ONG. No acepta que sean fuente de información independiente que muestran a venezolanos y extranjeros la verdad de lo que aquí ocurre.

Se nos acusa de ser organizaciones al servicio de una parcialidad política y de estar en la nómina de intereses extranjeros, una acusación temeraria e injusta, pero suficiente para justificar la persecución a la que están expuestas todas las ONG en el país. Así lo dijo claramente Nicolás Maduro al señalar que estas, al recibir financiamiento internacional, no deberían sustentar los informes de los relatores internacionales de la ONU.

Por eso es necesario que las ONG sigamos firmes en nuestro trabajo de manera coordinada; entendiendo que juntas, cada una en su campo de especialización, y con el apoyo de los medios de comunicación independientes y de las academias, somos las únicas capaces de mostrar, con suficiente transparencia metodológica, la verdadera profundidad de la crisis humanitaria.

Somos los que podemos mantener un registro de la violencia del Estado y de la violación de derechos humanos. Y somos las que podemos señalar el verdadero tamaño de la crisis social y política que enfrentamos.

Este es el compromiso que tenemos desde Alimenta la Solidaridad y Mi Convive. Seguir apoyando el trabajo organizado en las comunidades al tiempo que sistematizamos la información sobre la verdad de lo que pasa en nuestro país en asuntos de alimentación y violencia.

En este sentido, es de suma importancia que la señora Alena Douhan, relatora especial de la ONU, se reúna con las ONG y se informe, de primera mano, de lo que ocurre en Venezuela. Obtendrá no solo datos confiables, sino también testimonios de testigos y víctimas de las distintas violaciones a sus derechos, así como de la cruel calidad de vida con la que lidian las comunidades venezolanas.

Roberto Patiño / Director de Caracas Mi Convive y Alimenta La Solidaridad

www.robertopatino.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Estados Unidos no tratará directamente con Venezuela en el Consejo de DD. HH. en la ONU
Venezuela y Cuba forman parte del Consejo de DD.HH. de las Naciones Unidas, al que Estados Unidos planea reintegrarse, después de su salida en 2018, durante la Administración Trump

 

La vocera en español del Departamento de Estado de EEUU, Namita Biggins, aseveró el lunes 8 de febrero que el enfoque de Washington a su regreso al Consejo de DDHH de la ONU es «trabajar con los aliados» con el fin de continuar respaldando a los pueblos de Venezuela y Cuba, al tiempo que desestimó que exista cualquier contacto directo con la administración de Nicolás Maduro en el seno de dicho consejo.

“No vamos a tratar directamente con el régimen de Maduro, sino que vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros socios y aliados”, aseguró Biggins.

Indicó que Estados Unidos estará en calidad de «observador» y destacó que la administración Biden cree en la participación y que no se logró nada por haber dejado las instancias internacionales.

Con respecto a la política concreta hacia Venezuela, la portavoz del Departamento de Estado recalcó que la Casa Blanca sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino del país y a la Asamblea Nacional como “única institución democráticamente elegida”.

Agregó que la prioridad en la política de Biden hacia Venezuela es hacer frente a “la crisis humanitaria” y actuar contra “el régimen y sus colaboradores”, dijo en entrevista con la Voz de América.
 

La Unión Europea, uno de los aliados tradicionales de EE.UU. a los que Biden planea acercarse después de que el gobierno de Trump debilitara los lazos, dejó de reconocer a principios de año a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela.

Namita Biggins, funcionaria de carrera que ya se desempeñaba en la cartera de Exteriores durante la administración de Donald Trump, lamentó la salida de EE. UU. del consejo: “tenemos que interactuar con nuestros aliados y socios para que haya cambios positivos; no logramos nada después de salir de este consejo”.

Subrayó que la nueva administración está revisando las decisiones tomadas por el gobierno anterior, como por ejemplo el incluir nuevamente a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, al tiempo que afirmó que Latinoamérica sigue siendo importante para el gobierno de Joe Biden para tratar temas como la migración ilegal, temas que abordan de forma humana.

*Con información de VOA y TC

157% han aumentado las agresiones contra personas y organizaciones defensoras de DDHH
En dos años se documentaron 338 casos de ataque contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. 
80% de las personas defensoras de DDHH no han podido presentar denuncias o hacer seguimientos de sus casos en el Ministerio Público

Alianza entre organizaciones que se encargan de la protección integral de personas defensoras de derechos humanos presentaron el informe “Enemigos internos: defender derechos humanos en el contexto de la pandemia Covid-19 en Venezuela”, con evidencias sobre el incremento y diversificación de ataques contra quienes han defendido derechos humanos en este periodo pandémico.

“Nuestras organizaciones han podido constatar el aumento de los ataques, que revisten un carácter tanto cuantitativo como de gravedad en los patrones registrados, habiéndose incrementado las cifras de ataque en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos en más de un 157% con respecto a las cifras de 2019”, se expresa en este documento que reporta las agresiones registradas a lo largo de 2021 en el contexto de los estados de alarma decretados por el Estado venezolano. 

El documento también indica que desde octubre de 2018 a octubre de 2020 se documentaron 338 casos de ataque contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos. Durante 2020 el aumento fue exponencial, “en parte porque también se mantuvo la curva ascendente de acciones de exigibilidad de derechos ante la gravedad de la emergencia humanitaria profundizada por las restricciones de los estados de excepción debido a la pandemia”.

Tan solo en el primer semestre de 2020 hubo en promedio 25 protestas diarias (equivalente a un total de 4414 en ese periodo).

“En Venezuela se vive una preocupante escalada de agresiones, actos de hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y actores humanitarios, que ha implicado el uso indebido del derecho penal contra personas y organizaciones, en el contexto de una política sistemática de estigmatización, persecución y criminalización”, reza el documento.

Señalan como preocupante el impacto de la crisis sanitaria sobre el sistema de justicia y la creación de un andamiaje jurídico restrictivo al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. “El 80% de las personas defensoras de derechos humanos encuestadas manifestaron que no han podido presentar denuncias o realizar el seguimiento de casos ante instancias como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, lo que demuestra un impedimento al acceso a la justicia”.

Así como la violación de derechos humanos de los integrantes de diferentes ONG, como el caso de Azul Positivo, y el impacto que estas agresiones tiene en la población beneficiaria de la defensa de los derechos humanos”.

Rechazaron la serie de ataques contra medios de comunicación social en el país, lo que contribuye a la reducción significativa del espacio cívico. Entre los que se encuentran Efecto Cocuyo, VPI TV, Panorama, Tal Cual, El Pitazo, radio Fe y Alegría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

El informe es resultado de la Alianza para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, apoyado por la Unión Europea y desarrollado por COFAVIC, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Vicaría de Caracas para los Derechos Humanos.

El documento también da continuidad y actualización del informe presentado a principios de 2020 sobre el seguimiento que dichas organizaciones han realizado en materia de registro de agresiones a personas y organizaciones defensoras.

 

 

 

Oficina de Corte Suprema de Argentina: joven venezolana abusada está en altísimo riesgo
El organismo solicitó que se dicten medidas que resguarden la seguridad personal de la joven, de sus datos personales y de su familia

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Argentina publicó un informe en el que determinó que la joven venezolana de 18 años de edad que fue drogada y abusada sexualmente pro su empleador se encuentra en una situación de altísimo riesgo psicofísico emocional.

El organismo público, encargado de documentar el relato de posibles víctimas y velar por el acceso a la justicia en casos de violencia doméstica, precisó que existe «una clara violencia simbólica y sexual» porque Irineo Humberto Garzón Martínez, el agresor, se creyó dueño de la voluntad de la víctima, a quien tomó como un objeto, «abusando de su dignidad y humillándola con su accionar».

El informe tomó en cuenta aspectos como las “marcas existentes en su cuerpo” y la “interseccionalidad de vulnerabilidades” por parte de la joven, debido a su edad, género, condición de migrante, situación económica, nivel de instrucción» y la situación de enfermedad en su familia por su padre a quien recientemente le dio un ACV. 

Señalaron que teniendo en cuenta los hechos, se trataría de un caso de violencia de género, específicamente de abuso sexual. 

Con respecto al agresor, el ente destacó características manipuladoras que pregonan un «pensamiento estereotipado».

Mencionaron que también habría ejercido conductas similares con otras mujeres, evidenciando un patrón de comportamiento a repetición, por lo que solicitan “una evaluación psicodiagnóstica” al imputado para “contar con elementos que permitan realizar derivaciones e indicar tratamientos acordes; previendo la reiteración de sus conductas para con otras jóvenes”.

El ente indicó que la muchacha presenta «somatología asociada a un cuadro de estrés postraumático, trastornos del sueño, presencia de pesadillas, ansiedad, conductas de aislamiento social, introspección, temor al afuera, prevalencia de sentimientos de culpa». 

Por todo lo planteado en el documento, el organismo concluyó que a la joven se le violaron sus derechos a la intimidad, integridad sexual, libertad y dignidad de la persona.

Asimismo, la oficina solicita que se dicten medidas que resguarden la seguridad personal de la joven, de sus datos personales y de su familia. Además de sancionar las acciones abusivas como forma de reparación de las víctimas. 

El documento fue publicado luego de la declaración ampliada hecha en Fiscalía por la joven venezolana, que denunció haber sido drogada y abusada sexualmente el pasado fin de semana. El jueves 4 de febrero se conocerá si el acusado seguirá en libertad o será detenido. 

Con información de EN

Ecuador refuerza fronteras para frenar migración venezolana
La acumulación de migrantes en el lado ecuatoriano de la frontera con Perú llevó a su alcalde a proponer un corredor humanitario, respetando los derechos humanos y sin poner en riesgo a la población civil

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador movilizaron el lunes 1° de febrero ordenó la movilización de unos 200 efectivos del Ejército de ese país y 20 unidades Hummer a la frontera con Perú con el fin de intensificar la vigilancia por las «trochas» que hay entre ambas naciones y buscar frenar la migración ilegal proveniente desde Venezuela.

La movilización de tropas se realizó a la misma zona donde en días pasados se desplegaron cerca de 1.200 funcionarios del Ejército de Perú con el mismo fin. El movimiento de soldados ecuatorianos responde a una estrategia conjunta entre los dos países para frenar la llegada de nuestros nacionales a esas naciones, que además de la crisis que enfrentan por la covid-19, buscan formas de regular la migración ilegal.

Medios ecuatorianos refieren que el bloqueo de estos pasos ilegales en la provincia de El Oro, Huaquillas y Aguas Verdes ha provocado una situación donde quedaron represados varias decenas de migrantes venezolanos que buscan llegar caminando a Perú o Chile. 

La acumulación de migrantes en Huaquillas, del lado ecuatoriano de la frontera con Perú, llevó a su alcalde a proponer un corredor humanitario, propuesta que se ha sumado a las advertencias de ONG internacionales de respetar los derechos humanos y no poner en riesgo a la población civil.

Por otro lado, en el paso de Tumbes, soldados peruanos llegaron a disparar al aire para dispersar a los grupos de migrantes, entre los que se encuentran niños.

El Gobierno peruano que encabeza el recién nombrado presidente Francisco Sagasti, desplegó el martes 26 de enero, alrededor de la frontera con el vecino país de Ecuador, sus fuerzas armadas con el fin de disminuir el ingreso de la migración ilegal “en su mayoría venezolanos”.

Perú es después de Colombia el segundo país que alberga a más venezolanos, con más de un millón llegados desde 2016, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Desde que se empezó a registrar un gran número de personas caminando desde Venezuela a otros países de Sudamérica, varias naciones comenzaron a establecer mecanismos migratorios con el fin de organizar un poco el flujo migratorio. Perú, Chile, Ecuador y Colombia son algunas naciones que han implementado estas fórmulas para mitigar el efecto de personas foráneas en su territorio.

DDHH olvidados | “Tú ves a tu hijo en la mañana vivo y ya en la tarde lo asesinan”
Fabián Urbina, de 17 años, falleció el 19 de junio de 2017 durante una protesta en el Distribuidor Altamira, en Caracas. Fue herido a nivel del tórax por el impacto de una bala
Johan Rojas, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, fue identificado como el principal autor material de la muerte del joven. Después de dos años de retardo procesal, lo condenaron a 12 años y 10 meses de cárcel, pero la familia de Fabián sigue buscando justicia

@ValeriaPedicini

No existía marcha, concentración, actividad a la que Fabián Urbina no iba durante las protestas de 2017. Convocatoria que hacía la oposición y ahí estaba. Le parecía inconcebible toda la crisis que sufrían los venezolanos con los alimentos y las medicinas, así que salía a expresar su descontento. 

El 19 de junio de 2017 el llamado era para que todas las personas se concentraran en la capital, en una actividad denominada “La toma de Caracas”. Aunque Fabián vivía en Maracay, estado Aragua, decidió seguir con su asistencia casi perfecta a las manifestaciones. Cuadró con un grupo de amigos y se fueron hasta Caracas. 

Horas después, su padre que estaba en su casa en Maracay, recibió una llamada de un familiar para decirle que su hijo Fabián estaba herido en una clínica. No le dio muchos detalles, pero fue suficiente para que su mundo empezara a darle vueltas por el estado de su hijo. 

Iván Urbina se comunicó con el centro de salud y solo le contaron que su hijo estaba muy mal, sin importar cuantas veces insistiera. “Ella no me quiso decir, pero yo creo que ya mi hijo para ese momento ya había fallecido. Ellos dirán que es preferible que venga con la ilusión de que su hijo está vivo y que aquí se entere de la noticia a que vaya a venir manejando de Maracay para acá conmocionado. Hicieron lo que tenían que hacer, yo los entiendo”. 

Buscó la forma de trasladarse hasta Caracas. Llamó a una amiga de la familia para que le diera la cola, mientras su esposa se quedaba en casa. Entre la logística y el trayecto desde Aragua, llegaron de noche a la capital pero el joven ya no estaba en la clínica. Para ese momento la noticia de Fabián había corrido por las redes sociales Iván confirmó lo que ya sospechaba: su hijo de 17 años había fallecido. 

Fueron directo a la morgue de Bello Monte. Los médicos forenses y efectivos del cuerpo científico ya estaban en el sitio. Iván tuvo que esperar unas cuantas horas más para que los doctores le pudieran explicar lo que había ocurrido. “Me dijeron que hubo una herida de bala que le ocasionó lesiones viscerales y vasculares, lo que condujo a una muerte por hipovolemia”. 

Fabián Urbina

Fue al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a hacer la denuncia y buscar el documento para poder sacar el cuerpo de su hijo de la morgue a la mañana siguiente. Primero tuvo que identificarlo a través de una computadora y después en físico. Lo único que soltó a decir fue: “Hijo, ¿para qué viniste a Caracas?”. 

Iván cuenta que verlo de esa manera fue muy duro. “No te puedo ni siquiera contar lo extremadamente duro que es esa experiencia de ver a tu hijo ahí sin vida. Porque tú ves a tu hijo en la mañana vivo y ya en la tarde lo asesinaron. Es muy fuerte”. 

¿Qué ocurrió con Fabián? 

El 19 de junio de 2017 transcurrió entre marchas y represión, más la segunda que la primera. Iván Urbina cuenta que ese día la actuación de los cuerpos de seguridad fue desproporcionada. “Ni siquiera las marchas habían terminado de concentrarse en los puntos en los cuales se había destinado para ello, cuando ya empezaron a reprimir los diferentes organismos de seguridad del Estado”. 

Cuando la protesta estaba a la altura del Distribuidor Altamira, en el municipio Chacao de Caracas, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezaron a reprimir con disparos. 

“La represión fue tan brutal, desmedida y despiadada, a un punto inclusive criminal, que un Guardia Nacional sacó su arma de reglamento, apuntó hacia los muchachos y disparó sin ningún tipo de miramientos. Disparó a matar. El Estado venezolano es el responsable de la muerte de nuestro hijo”, expresa Iván. Cuenta cómo el hecho quedó registrado en fotos y videos de periodistas que en ese momento cubrían las protestas. 

Fabián fue herido a nivel del tórax por el impacto de una bala alrededor de las 3:30 de la tarde. Como pudieron los jóvenes que estaban en el sitio junto a él, lo llevaron hasta uno de los puestos de la Cruz Verde para que fuera atendido, pero no fue suficiente. “Eran puesto de primeros auxilios para personas asfixiadas por bombas lacrimógenas, perdigones y cosas así. No era para atender una herida de esa magnitud”. 

De ahí lo trasladaron hasta la Clínica Ávila, cerca del lugar, pero llegó sin signos vitales. 

En un reporte que Runrun.es llevó durante las protestas de 2017, se contabilizaron 157 muertes relacionadas a las manifestaciones de esa época. El Foro Penal Venezolano, en un informe publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

En el informe publicado por la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) manifestó tener motivos razonables para creer que «las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal contra la víctima cuando no era estrictamente inevitable para proteger vidas. Los casos documentados por la Misión revelan que las fuerzas de seguridad dispararon a quemarropa y a zonas vitales del cuerpo (cabeza, tórax, abdomen)». Entre los casos investigados, se encuentra el de Fabián. 

Justicia a medias

Iván Urbina reconoce que la actuación del Ministerio Público, todavía bajo la administración de Luisa Ortega Díaz, fue acertada. Explica que actuaron de inmediato tras el asesinato de su hijo: esa misma tarde habían detenido a dos guardias nacionales y, al día siguiente, uno más. 

En 45 días elaboraron las investigaciones pertinentes, hicieron pruebas de balística y recabaron información para poder formular la denuncia ante el tribunal. Y así lo hicieron: imputaron a Johan Rojas como el principal autor material de la muerte de Fabián Urbina. 

Fabián Urbina

Pero a partir de ahí comenzó el tortuoso proceso por la justicia. Las audiencias preliminares fueron diferidas 19 veces consecutivas, en un lapso de 24 meses, dos años. “Cada vez que llegábamos al tribunal, se difería. Te podrás imaginar el sacrificio que uno hacía para trasladarse a Caracas. A veces pasábamos todo el día ahí, desde las 8 de la mañana, y a las 3 de la tarde te decían que no habría audiencia”. 

En la convocatoria número 20, más de dos años después del asesinato de Fabián se llevó a cabo la audiencia preliminar. El juez escuchó todas las partes y les dio la oportunidad a los efectivos de la GNB de aceptar los cargos y rebajarles un tercio de la pena. Pero al decirle que la condena sería de 21 años y 10 meses, el imputado dijo que no. 

Así pasaron a la etapa de juicio. “Pasaron cinco meses para que el tribunal fijara la primera audiencia de apertura de juicio, fue el 10 de diciembre de 2019. Pero fue diferida para el 25 de febrero de 2020”, explica Iván. Esa fecha coincidía con la semana de Carnaval y los tribunales no trabajaban. Quedaron en el limbo a la espera de una nueva fecha por la llegada de la pandemia. “El caso se estancó ahí”. 

El 17 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio, en el que el imputado aceptó los cargos que le fueron imputados. “Al aceptar nos da la razón a nosotros como siempre la hemos tenido que asesinó a nuestro hijo vil y cobardemente”. 

Pero hubo un detalle: la condena que le dieron fue de apenas 12 años y 10 meses, mucho menos de lo esperado. “Eso no es una pena, eso es un regalo de Navidad. Nos quedamos locos, sorprendidos. Eso no es justicia, eso es un parapeto de justicia. Porque tú no me vas a decir a mí que con todos los delitos que a ese guardia le imputan y de la forma tan horrenda en la que ese diablo asesinó a nuestro hijo, le van a dar 12 años”.

Iván Urbina y su esposa van a apelar la condena. Y no van a descansar hasta lograr una “justicia verdadera”. “Tanto mi esposa como yo, con la asistencia de los abogados del Foro Penal, vamos a conseguir una condena justa, que de verdad se apegue al tamaño del crimen. Haremos lo que tengamos que hacer, dentro de la ley, para una condena justa”.

Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón