El joven falleció por una bala de grupos paramilitares que impactó en su cabeza en una protesta de 2017 en Caracas
@ValeriaPedicini
Carlos Moreno estaba lleno de entusiasmo cuando se levantó temprano aquel 19 de abril de 2017. Era feriado, no había clases. Pensaba en el partido de fútbol que tendría en unas canchas en la urbanización Chuao con sus amigos y en los preparativos de su cumpleaños dentro de tres días porque cumpliría la mayoría de edad.
Desde principios de mes los venezolanos protestaban diariamente contra el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que le arrebataron los poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Ese día no fue la excepción. La oposición había convocado a “La mamá de todas las marchas”. En Caracas, la movilización pretendía llegar a la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad, desde 26 puntos distintos. La plaza La Estrella, en San Bernandino y a cinco cuadras de la casa de Carlos, formaba parte de la ruta.
Ese día, como los otros, las calles estaban agitadas. Para la fecha, la represión de los cuerpos de seguridad del Estado ya habían dejado cinco fallecidos en todo el país.
Por esa razón, su madre Ana Marisel Barón no estaba convencida de dejarlo ir. Pero el muchacho insistió y ella ni siquiera tuvo tiempo de hacerle el desayuno a su hijo menor por el apuro que tenía.
–Ya me están llamando.
–No vayas a ir a la marcha mira que es peligroso.
–Te juro que no voy a la marcha, ¿acaso estoy vestido como para ir a una marcha?
La ropa deportiva que llevaba encima le daban la razón. La mujer le echó la bendición y el joven salió de su casa ubicada en La Candelaria, cerca de la Cruz Roja. “Yo le di permiso porque los 365 del año él quería ir a jugar fútbol y quería salir con sus amigos”.
No se sabe cómo o por qué, si esperaba a sus amigos para irse a jugar o realmente fue a la marcha tal como se lo había manifestado a su mamá en otras oportunidades y ella le negaba el permiso, pero estaba en la concentración cuando llegaron los pistoleros a la plaza La Estrella. Los manifestantes, con pancartas, pitos y gorras tricolor, habían comenzado a congregarse puntualmente en las esquinas que conforman la plaza.
Ahí estaba concentrado un piquete de la Policía Nacional que, de acuerdo con testimonios recogidos por Runrun.es en 2017, se retiró cinco minutos antes de la llegada de los colectivos.
A esa hora, ya la zona estaba repleta. Cientos de personas habían llenado la plaza y sus alrededores. “Aquí estábamos bien apretados”, apuntó un manifestante que estuvo ese día en el sitio.
De repente, los manifestantes escucharon tiros.
Testigos del hecho aseguran que, cerca de las 10:30 am, al menos 15 colectivos bajaron en moto por la avenida Anauco mientras disparaban y lanzaban bomba lacrimógenas. Muchos corrieron huyendo del caos.
Carlos José Moreno Barón no pudo: una bala en la cabeza le apagó la vida a los 17 años. Cayó en el piso, encima del rayado peatonal, aún con signos vitales.
Como pudieron lo levantaron, lo montaron en una moto y lo trasladaron hasta la Clínica Caracas, cerca del lugar.
“Él transitaba por la plaza La Estrella cuando ocurrieron los disparos. En el lugar había presencia de los llamados ‘colectivos’ y tras las detonaciones él cayó en la vía, víctima de un disparo a la cabeza. A mi casa llegó el rumor de que una persona había sido herida, pero jamás imaginé que se trataba de mi hijo”, cuenta su madre.
Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las protestas de hace tres años. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos.
Carlos, joven cursante de su primer año de Economía en la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue el sexto. El primer fallecido en las protestas de 2017 en Caracas. Fue la tercera víctima de los colectivos armados que, en total, mataron a 28 personas durante las protestas de 2017, y el segundo menor de edad que murió en manos de estos grupos paramilitares
“Cuando me llamaron de la Clínica Caracas diciéndome que Carlos José estaba en ese sitio y debía reconocer su cuerpo, no lo quise aceptar y aún no lo acepto”, cuenta Ana Marisel. No podía comprender lo que veía. “Yo todavía, viéndolo que estaba acostado en una camilla, no reaccionaba”. Los médicos le dijeron que su hijo tenía un disparo en la cabeza y estaba sedado a la espera de una operación. Fueron directos con ella: o quedaba parapléjico o se iba a morir.
Las horas pasaron y alrededor de la 1:30pm, los doctores le dieron la noticia a los familiares del joven: no había aguantado la operación. “Yo analizo y pienso que la vida fue muy injusta conmigo, con él; tanto que luché para que pudiera estudiar, tanto que nos costó para que llegara a la universidad”.
El mismo día de su muerte, los familiares de Carlos fueron hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a introducir la denuncia. Un grupo de uniformados de ese organismo, así como representantes del Ministerio Público, ya habían estado en la clínica levantando información sobre el suceso. La investigación quedó a cargo de las fiscalías 79° nacional y 55° del Área Metropolitana de Caracas. Un mes después del suceso, el fiscal encargado del caso le notificó que “el que accionó el arma está preso, junto a tres más”.
Se hicieron solicitudes de arresto para 16 miembros del Frente 5 de Marzo, pero solo cuatro han sido capturados y acusados. El 18 de mayo de 2017, el Tribunal 9º de Control de Caracas dictó privativa de libertad al oficial jefe de la Policía del municipio Sucre (Polisucre) Jonathan Ramón Camacho Delgado, de 35 años de edad, según informó el ministro de Interior, Néstor Reverol. El individuo, de alias “Jonathan 38” y supuesto autor material de la muerte del adolescente, pertenecía al grupo de colectivos denominado 5 de Marzo, pertenecientes al sector San José de Cotiza.
A Alexander José Linares, de 40 años de edad, también lo apresaron en las adyacencias de la avenida Fuerzas Armadas de Caracas. Lo imputaron por homicidio calificado, lesiones y agavillamiento. Un año después del asesinato, ninguno de los dos acusados ha sido sometido a juicio. Los mantienen en la cárcel de El Rodeo.
El juicio todavía no se ha iniciado.
Ana Marisel lucha para reivindicar la memoria de su hijo y contra la impunidad de aquellos que le arrebataron su tesoro más preciado. Mientras tanto centra su esperanza en la justicia divina, ya que desconfía de la actual administración del sistema judicial venezolano: “Cuando ocurra un cambio de sistema espero que las personas que me arrebataron a mi héroe paguen por el daño que causaron. Un dolor de madre es inmenso. Siento que el corazón se me parte en dos”.
N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón
