El periodista Luis Carlos Díaz fue víctima de detención arbitraria, desaparición forzosa y tratos crueles e inhumanos en 2019. Dos años después, las medidas cautelares impuestas siguen restringiendo sus libertades
Luis Carlos Díaz acostumbraba ir y regresar de su trabajo en la emisora Unión Radio en bicicleta. El 11 de marzo de 2019 no fue la excepción. Eran alrededor de las 5:30 de la tarde cuando el periodista volvía a su hogar por el Country Club, la misma vía que siempre transitaba, cuando dos vehículos que lo seguían bloquearon su paso y varios hombres armados se bajaron.
Los carros no tenían placa y los hombres ni siquiera estaban identificados. “No se preocupe, somos del Sebin. Tenemos que llevarte a una entrevista”, le dijo uno de ellos. Lo obligaron a subir a una de las camionetas y le cubrieron la cara con una chaqueta de cuero.
El también defensor de derechos humanos estuvo desaparecido por más de ocho horas. Ni su esposa Naky Soto ni sus compañeros de trabajo se preocuparon hasta que dieron las 10pm y no estaba en la radio para una jornada especial que haría hasta las 5am.
Luis Carlos no contestaba las llamadas, no había tuiteado, no estaba en la emisora, no estaba en casa. Fue ahí cuando Naky se preocupó, así que hizo pública su preocupación en su cuenta de la red social Twitter preguntando con la etiqueta #DóndeEstáLuisCarlos.
“Perdí contacto con Luis Carlos a las 5:30 de la tarde, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en Unión Radio desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am. El caso es que Luis Carlos no llegó y no me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de Unión Radio quedándose allá, pero hace media hora me llamaron para avisarme que lo estaban buscando porque no está en la emisora”.
¿Dónde estaba Luis Carlos?
Una vez dentro de la camioneta, los efectivos le dijeron a Luis Carlos que lo llevaban a un lugar que no podían revelar. Pero el exdirector del Sebin confirmó después públicamente que los funcionarios lo habían llevado a una de las “casas de seguridad del Sebin”.
Ahí le quitaron todas sus pertenencias, lo amenazaron, le exigieron las contraseñas de su computadora y de su teléfono móvil. Horas después, lo obligaron a entrar a una habitación y le dijeron: “Ahora estás en manos de la Dgcim”.
A Luis Carlos lo interrogaron y maltrataron durante tres horas. Lo asfixiaron, le golpearon la cabeza mientras llevaba un casco de bicicleta, le apretaron los genitales y le ataron las manos. Contó que también lo amenazaron con romperle los dedos y con utilizar un taladro en su cuerpo.
Efectivos de la Dgcim quisieron obligarle a que grabara un video en el que confesara que él había había recibido dinero para sabotear el sistema eléctrico (afirmación que amenazaron con respaldar plantándole $100.000 dólares) y que había viajado a México la semana anterior para reunirse con el Gobierno mexicano y recibir dinero de éste para provocar apagones eléctricos.
Asimismo, le dijeron que les acusarían a él y a su esposa de homicidio, diciendo que habían colocado un cadáver en su apartamento. Le comentaron que habían efectuado los disparos desde las manos de su esposa para dejar rastros de pólvora en ella.
Cerca de la medianoche, funcionarios de la Dgcim le dijeron: “Estamos cansados de ti, te vamos a matar. Te vamos a colgar del techo y te vamos a matar, y le enviaremos el video a tu esposa”.
Lo llevaron hasta un rincón y lo dejaron ahí por dos horas. “Fueron las dos horas más largas de mi vida porque pensé que iba a morir”, relató Luis Carlos.
Después de ese tiempo, le levantaron la capucha y tenía en frente a los funcionarios del Sebin que le habían detenido. Uno de ellos le dijo: “Espero que te hayan tratado muy bien. Todo lo que hicieron, no fuimos nosotros”. Los efectivos lo obligaron a firmar un documento en el que decía que le habían tratado bien.
El supuesto promotor de un apagón nacional
Días antes de su detención, Diosdado Cabello había reproducido en su programa Con el Mazo Dando un clip de un montaje de video editado con extractos empalmados de un programa del 26 de febrero de 2019 en el canal de YouTube de Luis Carlos Díaz. En el programa original de 22 minutos, Luis Carlos y Naky respondieron a 16 preguntas recibidas de sus seguidores sobre diversos temas.
El 11 de marzo de 2019, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión con base en una Acta de Investigación Criminal de un inspector del Sebin, también de fecha 11 de marzo de 2019. También ese mismo día, 11 de marzo de 2019, el Juez Trigésimo Primero de Control Penal ordenó la aprehensión de Luis Carlos. El Juez de Control se refirió a los argumentos expuestos por el Ministerio Público, con base en la investigación del Sebin.
Los abogados defensores informaron que, según el acta de investigación del Sebin de dos páginas y media, el 7 de marzo de 2019, el inspector inició una investigación en “diferentes redes sociales”, ya que el país sufría cortes de energía eléctrica. El inspector dijo que las investigaciones lo llevaron al video del 26 de febrero, publicado en el canal de YouTube de Luis Carlos.
El informe no incluía citas directas del programa del 26 de febrero de 2019 ni otras referencias sobre cuándo y cómo supuestamente se hicieron las declaraciones concretas.
No obstante, concluyó que el vídeo estaba orientado a “llamados a los funcionarios de estado, específicamente al Personal Militar activo, para que desconozcan sus mandos naturales y se sumen a un rebelión, fomentando la violencia extrema para así pretender el derrocamiento del Gobierno”. También, alegó que el vídeo proporcionaba “sugerencias para la difusión de eventos violentos que posiblemente se presentarían con el apagón”.
¿Qué vino después?
Tras la denuncia hecha por Naky Soto, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia realizaron un allanamiento en su vivienda a las 2:30 am del martes 12 de marzo y se llevaron a Luis Carlos con ellos. Durante la sesión de interrogatorio, miembros de la Dgcim preguntaron si tenía dinero en casa. El periodista les dijo que tenía ahorros de unos 6.000 dólares para pagar una operación quirúrgica para su esposa.
Tras el allanamiento, Soto volvió a entrar en el apartamento y se dio cuenta de que los funcionarios del Sebin se habían llevado el dinero. Ese dinero no aparecía en el informe de investigación del Sebin ni en la cadena de custodia. También, incautaron diversos equipos de computación. Entre los equipos estaban los respaldos médicos de Naky Soto, dispositivos que hasta la fecha no han sido devueltos y afectaron su atención médica. .
Después del allanamiento, a Luis Carlos lo llevaron a El Helicoide. Estuvo incomunicado en una celda sucia con un colchón delgado, sin acceso al baño ni información alguna sobre su detención o el proceso legal que había en su contra. Esto se lo contó a una fiscal del Ministerio Público que se presentó en la sede de la policía política el 12 de marzo en la mañana para tomar sus declaraciones. Cuando se las presentó al periodista para que las firmara, no reflejaban las supuestas violaciones que él le había descrito.
En horas de la tarde fue trasladado a los Tribunales de Control por funcionarios del Sebin. Luego de más de dos horas de audiencia pública en las que relató todo lo que le había sucedido desde el día anterior, le imputaron el delito de “instigación pública” del artículo 285 del Código Penal. Además, le dictaron 3 medidas cautelares: prohibición de salida del país, prohibición de declarar a medios sobre su caso, y régimen de presentación cada ocho días.
Dos años después y el sistema de justicia sigue en deuda con el periodista y activista por los derechos humanos. La Fiscalía nunca presentó pruebas en contra de Luis Carlos Díaz; sin embargo, después de vencido el plazo legal del proceso de investigación, el Tribunal le otorgó a los fiscales un año más para recopilar información sobre el caso y entregar su acto conclusivo, a más tardar el 9 de diciembre de 2020.
Tres meses después de vencido el plazo, la Fiscalía aún no ha presentado el acto conclusivo de la investigación ante el Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas. No obstante, se desconoce la fecha exacta en la que la Fiscalía debe entregar este documento, pues el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido diversas resoluciones a propósito de la cuarentena por COVID-19 que ajustaron los lapsos de trabajo efectivo del sistema judicial.
La defensa de Díaz, ejercida por Espacio Público, solicitó un pronunciamiento por parte del Tribunal el 09 de diciembre de 2020 y el 12 de febrero de 2021, pero aún no hay respuesta.
Desde el año 2019 no ha podido salir del país, lo que le ha impedido cumplir con compromisos familiares, laborales, y como defensor de los derechos humanos. Por otra parte, la prohibición de hablar sobre su caso es una práctica restrictiva que impone el silencio y la opacidad sobre lo ocurrido.
¿Qué dice la Misión de la ONU?
El caso de Luis Carlos está reflejado en el más reciente informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Específicamente, en el apartado sobre las discrepancias en la emisión de órdenes de aprehensión, los registros de detención emitidos por los órganos de inteligencia o policías y los documentos preparados por el Ministerio Público.
«Jueces y fiscales desempeñaron un papel directo en las discrepancias observadas en los casos examinados, como la emisión retroactiva de órdenes de aprehensión, o un papel indirecto, como la inclusión sistemática de actas de detención inexactas o engañosas en el expediente judicial, a pesar de que dichas discrepancias fueron planteadas en las presentaciones de la defensa».
La versión de lo ocurrido con el periodista descrita en el acta de aprehensión hecha por el Sebin no se parece en nada a lo que contó Luis Carlos a la ONU.
Según el informe del Sebin, el 11 de marzo de 2019, seis efectivos estaban haciendo un «recorrido estratégico” cerca del centro comercial San Ignacio cuando “se logró avistar a un sujeto que reunía las características físicas” del activista. Esa acta afirma que un funcionario se acercó a Luis Carlos para decirle que era objeto de una orden de aprehensión y le leyó sus derechos.
Entre los hallazgos de la Misión, encontraron que las discrepancias permitían: encubrir la ausencia de una orden de detención al momento en que esta fue practicada así como la falta de presentación del detenido ante un juez o jueza dentro de los plazos legales; dar la impresión de que, durante un determinado período de tiempo, la persona detenida no había estado bajo el control del Estado; y reflejar en las actas que se estaban respetando sus derechos, en contra de lo relatado por estas personas.
En dicho informe, la Misión documentó 19 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración de militares, las cuales fueron sostenidas por fiscales y jueces mediante la
emisión de órdenes de aprehensión ex post facto. «En todos los casos, la DGCIM retuvo a las personas detenidas sin supervisión legal durante un período de aproximadamente una semana, durante
el cual funcionarios presuntamente perpetraron graves actos de tortura psicológica, física y sexual durante los interrogatorios en La Boleíta o en lugares clandestinos».
Horas más tarde, al conocer que la comunidad LGTBI había convocado a una protesta, un encargado del establecimiento solicitó reunirse con miembros del grupo para «dialogar», pero en la conversación, se limitó a repetir el contenido del comunicado.
