Defensores

Los ataques se caracterizaron por estigmatización, intimidación, hostigamientos y amenazas

La violencia de Estado, la represión y el control social siguen siendo ejercidos para intimidar y como una forma de limitar el actuar de la sociedad civil 

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 20 ataques e incidentes de seguridad durante el pasado mes de julio de 2023 en Venezuela. 

Según un informe de la Organización No Gubernamental (ONG), la política de criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos sigue avanzando en el marco del cierre continuo del espacio cívico y democrático en el país.

Se trata de «20 ataques e incidentes de seguridad» que «reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la política de criminalización», dice el CDJ que documentó 12 casos de estigmatización, cinco de intimidación y hostigamiento y tres amenazas.

«Las campañas de estigmatización no cesan mientras que los actos de intimidación, el hostigamiento y las amenazas se mantienen presentes para atacar el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos», subraya el informe.

Sobre las víctimas, la ONG explicó que 11 organizaciones que realizan labores humanitarias y nueve personas dedicadas a la defensa y promoción de derechos humanos fueron objeto de estos ataques.

En cuanto a los responsables, el CDJ señaló principalmente a «actores afines al Gobierno», seguidos por medios del Estado, funcionarios e instituciones públicas.

La ONG también alertó sobre el «aumento de la persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derechos».

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A través de su cuenta en Twitter, La ONG Justicia Encuentro y Perdón, se pronunció para aclarar que la CPI no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Distintas ONG y defensores de derechos humanos en Venezuela rechazaron este martes, 9 de mayo, la insistencia del Gobierno de Nicolás Maduro en negar la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en el país. 

En un comunicado emitido por la cancillería, el gobierno afirmó que el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) solo recoja las opiniones de “víctimas potenciales”, significaba que, hasta el momento, no existe ninguna víctima venezolana reconocida por la Corte. 

En el documento, el Gobierno también expone que la CPI podría convertirse en un “arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela». 

A través de la red social Twitter, La ONG Justicia Encuentro y Perdón, se pronunció para aclarar que la CPI no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

Explicó que lo que ha hecho el organismo internacional el pasado 8 de mayo  es proteger -como es su deber- a las «miles de víctimas que hicieron observaciones» a favor de que continúe la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I.

«Es despreciable el uso de medios de comunicación y redes sociales para desinformar y manipular la información con el fin de revictimizar y causar desesperación a quienes han sido víctimas de crímenes contra los derechos humanos», señaló la ONG.

#ATENCIÓN: La Corte Penal Internacional (@IntlCrimCourt ) NO ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que ha hecho el día de ayer es proteger – como es su deber – a las miles de víctimas que hicieron observaciones a favor de que continúe la… pic.twitter.com/xHy3cm7lDy

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 9, 2023

Por su parte, el activista por los derechos humanos, Marino Alvarado, señaló que «la dictadura puso a funcionar su maquinaria para presentar como victoria una contundente derrota en la Corte Penal Internacional».

Alvarado indicó que el Gobierno de Maduro quiere engañar presentando una derrota como triunfo.

El desespero porque avanza la posibilidad que tengan que rendir cuentas por los crímenes, los llevó primero a plantear que en los diálogos se cuestione el trabajo de la #CPI

y ahora, quieren engañar presentando una derrota como triunfo.

— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) May 8, 2023

El abogado Joel García también usó su cuenta en Twitter para expresarse y ratificó que no solo hay víctimas de delitos de lesa humanidad, «sino que también hay criminales de lesa humanidad». «Por ahora, potenciales y presuntos respectivamente», recalcó.

No solo hay víctimas de delitos de lesa humanidad, sino que también hay criminales de lesa humanidad. Por ahora, potenciales y presuntos respectivamente.

— Joel García (@joelgarcia69) May 9, 2023

CPI rechazó la petición de Maduro

La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó la petición que hizo el gobierno de Nicolás Maduro a finales de abril pasado de responder al reciente informe de víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país.

El gobierno de Maduro solicitó la respuesta al informe de víctimas bajo el alegato de que introdujo «nuevas cuestiones» que podrían no haber previsto.  

Pero la Sala de Cuestiones Preliminares de la CIP precisó que su marco jurídico no contempla  responder «en detalle» cada una de las alegaciones de las víctimas, como exigió el gobierno madurista.

Además, insistieron en que el informe de  la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS). , publicado el pasado 20 de abril, contiene «opiniones y preocupaciones» de «víctimas potenciales». 

Por tanto, al no ser reconocidas todavía formalmente como víctimas, el Estado venezolano aún no puede responder a lo que ellas expresaron.

De esta última afirmación de la CPI se está valiendo el gobierno para asegurar que la Corte está supuestamente negando la existencia de víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad, lo que fue rechazado y desmentido por las ONG antes citadas.

Durante el encuentro se homenajeó a Juan Pablo Pernalete, joven estudiante de la UNIMET que falleció en el marco de las manifestaciones sociales de 2017

El Programa Transforma, iniciativa para brindar conocimientos y desarrollar capacidades en las víctimas directas e indirectas de violaciones de derechos humanos, graduó a 25 nuevos defensores. 

El objetivo del programa es que las personas se conviertan en voceros de sus propias causas para la construcción de memoria histórica y la realización de incidencia pública efectiva ante organismos nacionales e internacionales.

Hasta el momento se han realizado tres cohortes que suman un total de 70 participantes provenientes de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Táchira y Bolívar; y cinco internacionales de Perú, España, Chile, Alemania y Estados Unidos.

El Programa Transforma es uno de los programas más importante de impacto social que lleva adelante en el país la ONG Defiende Venezuela. 

Para este año, el proyecto plantea seguir innovando en la promoción y defensa de los DDHH en el país a través de la formación de un nuevo tipo de defensor, sumar nuevos aliados al proyecto, promover el fortalecimiento de los comités de víctimas e integrar a nuevas personas, además de desarrollar actividades para involucrar a los egresados de las otras cohortes y por último producir nuevos materiales gráficos y audiovisuales para difundir testimonios de las víctimas.

Historias de la memoria

Como parte del evento, un grupo de participantes del proyecto presentaron sus casos: Iván Urbina, integrante de ALFAVIC Venezuela, narró la historia de su hijo Fabián Urbina, asesinado el 19 de junio de 2017 por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana.

Ivonne Parra, fundadora del comité Madres Poderosas, comentó que su hijo Guillermo José Rueda fue ejecutado extrajudicialmente el 12 de diciembre de 2017 por parte de funcionarios de las Fuerzas Acciones Especiales (FAES).

Durante el encuentro se homenajeó a Juan Pablo Pernalete, joven estudiante de la UNIMET que falleció en el marco de las manifestaciones sociales de 2017.

En este sentido, Marisa Guinand, rectora de esta casa de estudios, informó que el Comité Rectoral había decidido crear el “Reconocimiento a la excelencia deportiva Juan Pablo Pernalete”.

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*Con información de NP

Del total de incidentes, 1112 fueron identificados como «estigmatización», 301 hechos de hostigamiento e intimidación, 101 amenazas y 37 detenciones arbitrarias

La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 1654 ataques contra activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos entre 2017 y 2021.

«Las agresiones, amenazas y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras y de acción humanitaria aumentaron progresivamente, evidenciando un ambiente complejo y hostil para el ejercicio de acciones relacionadas a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país», señaló el CDJ. 

#HablemosDDHH

INFORME ESPECIAL CDJ | 2017-2021

Incrementaron las vulneraciones de los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.

Detalles: https://t.co/pL8Y28q9XW pic.twitter.com/bQqFREETSK

— Centro para los Defensores y la Justicia (@DefensoresDDHH_) December 9, 2022

Del total de incidentes, 1112 fueron identificados como «estigmatización», 301 hechos de hostigamiento e intimidación, 101 amenazas, 37 detenciones arbitrarias, 35 ataques digitales, 22 judicializaciones, 18 allanamientos y otros 28 casos no incluidos en ningún patrón en concreto.

La ONG aseguró que los ataques se centraron, sobre todo, en acciones para «neutralizar, castigar, restringir y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción» de DD.HH. y que su incremento o disminución en cada año se relaciona con los hechos que ocurrieron en cada época.

El CDJ exhortó a los mecanismos internacionales de protección de DD. HH. a ofrecer una respuesta «oportuna, fuerte y clara» en favor de los activistas.

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* Con información de EFE

Organizaciones y defensores de derechos humanos entregaron el 30 de noviembre una comunicación a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para expresarles un conjunto de preocupaciones y exigencias en el marco de las elecciones legislativas de este 6 de diciembre.

El documento resalta la necesidad de que los electores tengan acceso a adecuados niveles de información para decidir de forma razonada y consciente. Para ello destaca como vital el contrapeso institucional a fin de reducir las arbitrariedades, frenar el uso indiscriminado de los recursos públicos, y permitir la cobertura periodística en las diversas fases del proceso para que la colectividad esté lo más informada posible.

Se recuerda que el deber del Poder Electoral es garantizar un balance igualitario en la difusión de propaganda partidista, regular el uso de los medios públicos por parte del gobierno; en particular lo relacionado con las transmisiones obligatorias conjuntas de radio y televisión (Cadenas) y los mensajes obligatorios establecidos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte-me).

En este sentido, se cuestiona el uso de mensajes obligatorios con contenido electoral que no se someten a los criterios de campaña, ya que se traducen de facto en propaganda electoral. Las organizaciones sostienen que la ley Resorte-me no puede ser utilizada para justificar la emisión extra de propaganda oficial disfrazada de mensaje público. Esto, al igual que la difusión de mensajes obligatorios con contenido electoral antes del 13 de noviembre, constituye delito que se traduce en ventajismo.

En la misiva a los rectores también se denuncia el uso discrecional de las cadenas en Venezuela: entre enero y octubre de 2015, se realizaron 147 cadenas que suman 143 horas de transmisión obligatoria que impidieron a las personas acceder a diversas fuentes de información. Según un informe citado de Observación Electoral de la Unión Europea del año 2005, en las últimas dos semanas de campaña hubo cinco cadenas sin que existiese una amenaza expresa a la seguridad o una situación de emergencia que las justificase. Hace diez años, el total de horas en cadena registrado fue de 105, en lo que va de 2015 se han contabilizado 143 horas, un incremento que para las distintas organizaciones justifica una preocupación ya existente, pues constituye un abuso de poder que debe ser sancionado por violar la libertad de expresión de las personas al impedir el acceso plural a la información.

De acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión, la carta reitera la obligación de los medios públicos en presentar información equilibrada, al mismo tiempo garantizar un acceso justo y no discriminatorio para que todos los candidatos transmitan sus mensajes directamente al público. De las misma forma, se recuerda que la facultad de las autoridades de obligar a las transmisiones conjuntas de radio y televisión debe estar regulada, para proteger la difusión de información plural, sin imposición arbitraria de contenidos. Estos deben ser aquellos estrictamente necesarios para atender urgencias en materias de claro interés público y durante el tiempo requerido para difundir dicha información.

Las organizaciones advierten que la inacción del Poder Electoral ante las arbitrariedades ratifican estrategias torpes que evidencian un abuso de poder por parte del Gobierno, actitud que subestima a los ciudadanos al asumir que se puede actuar en impunidad. A su vez expresan que “un silencio que se torna cómplice permite cuestionar el carácter independiente de una institución que no en vano cuenta con un rango de Poder Público, estatus que debe fundamentar un Estado garante de los derechos de todos sin excepción y en igualdad de condiciones”.

Por último, exigen al CNE:

• La regulación eficiente del uso de medios públicos, lo que implica la sanción por la difusión obligatoria de contenidos con propaganda oficialista, y velar por su ajuste al tiempo legal durante la campaña.
• Que sancione de manera expresa la difusión de propaganda electoral por parte de quienes lo hicieron fuera del periodo de campaña.
• Que exija y garantice la apertura de los medios públicos para la difusión de propaganda electoral  de todos los sectores postulados a la elección y facilite el debate plural de los distintos candidatos al parlamento.
• Que permita el acceso directo de la prensa a todos eventos del proceso electoral, incluyendo auditorías para difundir la mayor cantidad de información posible a la colectividad.
• Que exija y garantice límites en el uso de cadenas durante la campaña.

@MariaAlesiaSosa

Michel Forst, el relator especial para defensores de la ONU, que está en Caracas en una visita académica organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, declaró que en Venezuela y otras partes del mundo es peligroso ser defensor de DDHH. Explicó que los defensores son víctimas de campañas de estigmatización, de descrédito, y que también son criminalizados y amenazados.

Forst, quien también es el defensor del pueblo en Francia, se mostró preocupado por el aumento —en Venezuela— de los actos de represalias contra defensores por su colaboración con organizaciones internacionales. “El Estado es responsable de proteger a los defensores, y garantizarles que puedan trabajar”. Asimismo, indicó que él está comprometido con crear redes de defensores en todo el mundo. “Quiero darle más voz y visibilidad al trabajo que hacen los defensores en Venezuela.

Declaró que le gustaría hablar todos estos temas con el defensor del pueblo venezolano, Tarek William Saab, sin embargo no ha recibido la confirmación para reunirse. “Aparentemente él no quiere recibirme”, dijo, aunque recordó que su visita era de carácter académico y no oficial.

Se supo de forma extraoficial que la Cancillería contactó al relator para concretar una reunión que fue cambiada de fecha dos veces, y posteriormente cancelada sin explicación.

De forma general, el relator dijo que los países que no permiten las visitas oficiales de los representantes de organismos internacionales, revelan una falta de cooperación con los acuerdos y tratados internacionales y un incumplimiento en los compromisos que ha firmado respecto a DDHH.

Recordó que la declaración de DDHH de 1998 fue aceptada por todos los estados, así como la del años 2000, en la que todos los Estados firmaron el mandato para la relatoría de los defensores. “Ese acuerdo debería suponer que todos esos Estados deben aceptar visitas oficiales”, indicó Forst.

La labor de los defensores

Forst resaltó la necesidad de luchar contra la impunidad en Venezuela, con el fin de que los defensores de DDHH tengan mejor garantizado su trabajo.

Entre las recomendaciones para fortalecer el trabajo de los defensores, el relator dijo que es importante que cubran todos los frentes, y que no dejen por fuera ningún grupo o minoría.

Indicó que es vital acortar la brecha entre los estándares y su implementación, y la importancia de tomar acciones.

Forst convocó a los defensores a llamar por su nombre y públicamente a todo perpetrador. Desde el Estado, en caso de que lo sea, hasta padres o personas desconocidas. “Si la justicia no puede conseguirse en casa, hay que buscarla internacionalmente”. Recordó que los perpetradores también merecen un juicio justo y los defensores deben velar por ello.

El activista de DDHH y fundador de la primera Defensoría del Pueblo en Venezuela, Juan Navarrete, fue cuestionado sobre la actuación del defensor Tarek William Saab, y aunque dijo que no le correspondía a él medir su gestión, indicó que en la ONU no ha sido bien calificado. “Existe un subcomité de acreditaciones que evalúa cada cuatro años la conducta de las defensorías del pueblo de cada país, y ahorita la defensoría del pueblo está en categoría B, y eso no es bueno, y dice mucho”, expresó.

WASHINGTON (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó el miércoles al Estado venezolano proteger a tres defensores de derechos humanos, al considerar que su vida e integridad personal corren peligro.

Los beneficiarios de la medida cautelar son Alfredo Romero y Luis Betancourt, integrantes del Foro Penal Venezolano, y Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano del Estado de Táchira.

El organismo interamericano tiene la facultad para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.

La CIDH mantiene desde 2002 al país sudamericano entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial.

Activistas y defensores de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela, acudieron hoy a la Defensoría del Pueblo, ubicada en la Plaza Morelos, para denunciar situación de tortura que viven los jóvenes y estudiantes injustamente detenidos en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, quienes son sometidos a una celda denominada “La Tumba”, en donde le son violados sus derechos humanos.

La directora de la ONG Justicia y Progreso, Theresly Malavé, indicó que acuden al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien al asumir su cargo aseguró que atendería todas las denuncias de violación de Derechos Humanos. “A nosotros nos parece sumamente grave el hecho de que tengamos un centro de reclusión en Venezuela con las condiciones que tenemos como ‘La Tumba’, que es una celda que queda en el sótano 5 del Sebin de Plaza Venezuela, esas celdas están todas pintadas de blanco, ellos no ven otros colores que no sea ese, su uniforme es de color caqui y limitación de todo tipo, no hacen ejercicio, no saben cuándo es de día o de noche, el aspecto físico de todos ha cambiado muchísimo, incluso Gerardo Carrero pudiera compararse con los judíos de los campos de concentración, si comparamos sus fotos de antes y ahora, se puede ver el cambio”.

La penalista indicó que hay un avanzado deterioro físico y psicológico de los jóvenes Gabriel Valles, Gerardo Carrero y Lorent Saleh. “No solamente es el hecho de que los tengan allí. Gerardo Carrero está porque está castigado, pero Lorent Saleh y Gabriel Valles es con la finalidad de darle fuerza al expediente de la conspiración, que buscan con esto, debilitarlos mentalmente para después recoger una información con relación a María Corina (Machado), a (Antonio) Ledezma, a Leopoldo López y a todos las personas que están metidas en el expediente de la conspiración que lleva la Fiscalía 20 Nacional. ¿Qué buscan? Debilitarlos, lo dijo Lorent Saleh a gritos y viva voz en el tribunal, no lo van a lograr. Mientras ellos no firmen esa declaración que quieren para incriminar y anexar al expediente de la conspiración, ellos van a permanecer allí”.

Malavé hizo un llamado al Defensor del Pueblo para que atienda esta situación. “El Defensor del Pueblo tiene que atajar estas arbitrariedades, esto no le puede pasar a ningún venezolano. Lorent Saleh, Gerardo Carrero y Gabriel Valles tienen que salir de allí y cerrar ‘La Tumba’. No hay venezolano ni extranjero que pueda permanecer allí, no permiten ni siquiera que se comuniquen entre ellos. Lorent y Gabriel gritaban en el Tribunal que no querían volver a ese hueco. Esperemos que el Defensor atienda nuestro llamado y a los venezolanos que sepan que en Venezuela existe una tumba, una rotunda y Guantánamo en el centro de la ciudad de Caracas”.

En ese sentido, la mamá de Lorent Saleh, Yamile Saleh, vuelve por segunda vez a la Defensoría del Pueblo a denunciar la situación de tortura a la que ha sido sometido su hijo. “Yo denomino a ese lugar ‘La Rotunda’, son celdas en el sótano que lo único que se escucha es el metro, ahí no hay acceso a nada. Están en una celda dos por tres, completamente blancas, no pueden recibir visitas solo de sus padres. Son tres jóvenes venezolanos inocentes, ellos no son ningunos delincuentes, ellos solo están defendiendo a su país. Son muchachos que ya no sonríen, que han cambiado su aspecto físico, su salud se ha deteriorado. Pueblo venezolano escúchenme, cualquier otro de nuestros jóvenes puede llegar allí a ‘La Tumba”.