EL SECTOR MANUFACTURERO DEL PAÍS ha caído un 95 % desde 1999, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez llegó al poder, ahora en manos de su pupilo Nicolás Maduro, según dijo el máximo representante de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, a Efe.
Olalquiaga aseguró que «lo que está operando en términos de capacidad de manufactura en Venezuela en este momento está cerca del 5 %» si se compara «con lo que había al final del segundo gobierno de Rafael Caldera».
La semana pasada, luego de más de tres años de silencio oficial, el Banco Central de Venezuela (BCV) reveló que el producto interno bruto (PIB) cayó un 22,5 % en el tercer trimestre del 2018, encadenando 19 trimestres de retroceso de la economía venezolana, aunque algunos sectores han sido más afectados.
Es el caso del sector industrial, que para el período julio-septiembre de 2018 sumaba 21 trimestres seguidos con caída del PIB manufacturero.
Según Olalquiaga, la situación está lejos de revertirse por cuanto, en comparación con 2018, «este ha sido un año sustancialmente más complejo para poder sostener operaciones comerciales».
En Venezuela, explicó el representante gremial, operaban alrededor de 12.700 empresas industriales y para diciembre del año pasado apenas trabajaban 2.500, «a estas alturas estoy seguro que van quedando menos».
La pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, la precariedad de la infraestructura (electricidad y agua), la escasez de combustibles, los efectos de la migración, la caída de la competitividad por la sobrevaluación del bolívar (…) son los principales elementos que agobian a los industriales.
Olalquiaga explicó que la contracción del poder adquisitivo de los venezolanos, afectados por la hiperinflación y la caída de los ingresos, ha incidido en los volúmenes de venta de las empresas y, por tanto, amenazan la sostenibilidad de las mismas.
«Las compañías que no venden, a su vez no pueden pagar nómina y se empiezan a encoger de una manera importante», refirió.
El sector industrial no escapa a los problemas de infraestructura que arrastra el país. Los cortes de electricidad que se agravaron desde marzo pasado, la falta de agua y las dificultades para acceder a Internet, son algunos de los elementos que identifica Olalquiaga.
Asimismo, señaló que la recurrente escasez de papel moneda limita las posibilidades para que las personas paguen los pasajes y puedan ir a sus trabajos, incidiendo sobre el ausentismo laboral.
A lo anterior se suman los efectos de la migración venezolana -que la ONU calcula en más de tres millones de personas en los últimos años-, que ha implicado «la pérdida de experiencia y pérdida de experticia», según Olalquiaga.
Los controles de precios también han complicado la situación para algunas empresas que han optado por dejar de elaborar ciertos productos -como es el caso de lubricantes, metalmecánico o autopartes-, o simplemente cerrar las plantas.
Olalquiaga dijo que las industrias han sido afectadas por la ausencia de financiamiento, como consecuencia de las limitaciones que tiene la banca venezolana con el encaje legal, que es el porcentaje de los depósitos que deben congelar en el Banco Central.
