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Conferencia Episcopal en el Día del Maestro: “Venezuela vive una emergencia educativa-humanitaria”
También, en el Día del Maestro, la Conferencia Episcopal asegura que la realidad de la educación en Venezuela «causa perplejidad, tristeza y desconcierto»

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) envió un mensaje este lunes, 15 de enero, con motivo del Día Nacional del Maestro, una fecha en que los educadores protestan por mejores condiciones salariales y la firma de la contratación colectiva.

Mediante un comunicado, la CEV advirtió que en los actuales momentos el país vive una auténtica “emergencia educativa-humanitaria”, por las condiciones socioeconómicas que padecen los docentes, sobre todo los que trabajan en la educación pública.

“La realidad de la educación en Venezuela causa perplejidad, tristeza y desconcierto. No se puede hablar de crisis sino de emergencia educativa. Alarma la niñez excluida del sistema educativo y los bajos salarios de los docentes, quienes se sienten abandonados y solicitan acompañamiento”, señala el texto.

 

La institución eclesiástica aseguró que en esta fecha no se puede celebrar, pues la crisis agravada por la pandemia ha afectado gravemente y ha socavado las bases del sistema educativo.

“Contemplamos cómo, ante un colapso socioeconómico de tal envergadura, todas las áreas de política pública se han visto afectadas, siendo la educación una de las más golpeadas”, añaden en su documento publicado este lunes.

“Quien, al no encontrar respuesta ante sus demandas de salarios dignos, opta por migrar o por buscar otros medios de supervivencia. Otros perseveran con constancia, dando lo mejor de sí, subsidiando la educación”, agregaron.

La cúpula católica de Venezuela consideró además que «se ha minusvalorado al sistema educativo y al educador, quien, al no encontrar respuesta ante sus demandas de salarios dignos, opta por migrar o por buscar otros medios de supervivencia».

«Sin embargo, sabiendo que educar es un proceso tan delicado como articulado y, en un proceso así, es posible construir juntos proyectos compartidos de cambio para transformar concretamente los contextos reales», agregó el comunicado.

Finalmente, señalan: “Felicitaciones en este momento tan particular que vive la educación en Venezuela, de una auténtica ‘Emergencia Educativa-Humanitaria’. Gracias, muchísimas gracias, valerosos artífices de una educación que requiere de fortaleza, pasión, constancia y perseverancia en momentos así”.

Claves I  Régimen de Ortega crucifica a Iglesia católica en Nicaragua 
Con la detención del obispo Rolando Álvarez, el presidente centroamericano ataca con contundencia a una de las instituciones que le faltaba
ONG contabiliza 200 agresiones contra la Iglesia en Nicaragua desde 2018 a 2022
Conferencia Episcopal Venezolana condenó las agresiones a sacerdotes nicaragüenses 

 

@franzambranor

 

La Iglesia católica en Nicaragua sufrió un duro golpe el pasado viernes 19 de agosto con el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez Lagos a manos de funcionarios del gobierno de Daniel Ortega.

Álvarez, de 55 años y obispo de Matagalpa, es una voz crítica en el país centroamericano, a quien conocen por levantar la voz ante violaciones a los derechos humanos.

La Policía Nacional de Nicaragua acusa al sacerdote de “organizar grupos violentos e incitarlos a ejecutar actos de odio en contra de la población».

También, lo señalan por supuestamente crear un «ambiente de zozobra y desorden» que «altera la paz y la armonía de la comunidad con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua».

A Álvarez le dictaron arresto domiciliario, mientras que a siete de sus colaboradores los enviaron a la cárcel.

De acuerdo con New York Times, Álvarez es el sacerdote de mayor rango en ser encarcelado en América Latina en décadas. Y, con esto, Ortega arremete contra la única institución que le faltaba: la Iglesia.

Ortega ya ha atacado a medios de comunicación, empresarios, ONG, políticos, líderes estudiantiles, académicos e intelectuales.

El gobernante no se limita a la hora de detener, enjuiciar y encarcelar a quienes considera enemigos políticos. 

Según un informe de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, la Iglesia católica en Nicaragua registra 200 agresiones entre abril de 2018 y mayo de 2022.

Reducir la Iglesia para aplacar las voces de libertad

El internacionalista Félix Arellano consideró que, luego de sus actuaciones contra jerarcas católicos, el régimen de Ortega está desnudo ante el mundo. 

“Esto representa una nueva demostración de la flagrante violación de los derechos humanos por parte del gobierno autoritario de Nicaragua”.

Por su parte, el sacerdote Alfredo Infante, coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla, sentenció que Ortega va por la Iglesia después de haber desarticulado al resto de la sociedad civil.

Infante aseveró que la actitud del gobierno nicaragüense con la Iglesia podría responder a varios intereses, que explica detalladamente:

. “Desde el punto de vista socio económico, tal vez una alianza con China y que el gobierno de este país le haya puesto como condición cero organización de la sociedad civil y control férreo de la Iglesia. Y, desde lo social y político, el poder por el poder en una nación con una larga historia de dictadura, para Ortega es necesario reducir a la Iglesia como vivero de libertad. Ortega se apalancó en la Iglesia para derrocar a Anastasio Somoza, él sabe la fuerza transformadora tanto social como espiritual de la Iglesia y por ende está desarticulando su musculatura” , opinó. 

Ortega, miembro del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, está en su cuarto periodo como presidente luego de ostentar el máximo cargo en Nicaragua de 1985 a 1990, de 2012 a 2017, de 2017 a 2022 y recientemente de este año a 2027, luego de unos cuestionados comicios.

La comunidad internacional criticó la falta de transparencia en las elecciones en las que Ortega ganó con un supuesto apoyo del 75% de los nicaragüenses y con siete candidatos a la presidencia encarcelados o exiliados. 

Claves para entender la arremetida contra la Iglesia Católica en Nicaragua

 

 Disputa que viene de atrás

La Iglesia católica asumió un rol preponderante contra el régimen de Ortega en 2018, cuando una ola de protestas provocó la muerte de 300 personas a manos de miembros de fuerzas de seguridad del Estado y paramilitares.

La mayoría de los sacerdotes abrieron sus iglesias para resguardar a los manifestantes y asumieron una postura crítica frente al gobierno en sus respectivos sermones.

Nicaragua vive su peor crisis económica en 30 años, la pandemia del coronavirus ha profundizado la brecha social.

De acuerdo con el Banco Mundial, la pobreza se contabiliza en un 14% y desde 2018 se han perdido más de 200 mil puestos de trabajo en el sector formal.

Además, la tasa de desempleo se ubica en 4,9% y la hecatombe financiera ha provocado el desplazamiento de cerca de 100 mil personas.

 

Operación sistemática

En los últimos dos años, Ortega ha expulsado de Nicaragua al Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la Orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. 

En junio pasado, la policía arrestó a otros siete sacerdotes por cargos que van desde abuso infantil hasta alteración del orden público.

El también obispo, Silvio Báez, optó por huir del país en 2019 luego de recibir amenazas de muerte y varias emisoras de radio católicas han sido cerradas.

En el último mes, las autoridades nicaragüenses prohibieron que la Iglesia realice algunas misas, procesiones en las calles y colocaron patrullas frente a las casas parroquiales.

 

 El incómodo silencio del Papa Francisco 

Después de un prolongado silencio, el Papa Francisco se pronunció el pasado domingo 21 de agosto sobre la detención del obispo Álvarez.

“Pido a Dios con la intercepción de la Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua, un diálogo abierto y sincero para encontrar las bases de una convivencia respetuosa y pacífica”.  

Algunos calificaron estas declaraciones de tibias y piden mayor frontalidad por parte del Sumo Pontífice. “

El silencio del Papa Francisco generaba una angustia mundial. El Vaticano ha dicho que silencio no significa que no estén actuando activamente, yo creo que la gente espera mayor contundencia ante estos evidentes atropellos”, dijo Arellano.

“Ha habido muchos ataques en redes sociales y la opinión pública a Francisco. Yo dudo que el Vaticano no esté haciendo nada. Debe estar moviendo la diplomacia y negociando. Las negociaciones deben ser privadas. En estos escenarios se debe actuar en distintos planos. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) es una instancia y el Vaticano otra. Tal vez hay una estrategia coordinada, mientras el Celam denuncia, la diplomacia del Vaticano se mueve a otro nivel”, dijo, por su parte, el Padre Infante.

El sacerdote agregó que Francisco no es un Papa comunista, como se le quiere hacer ver.

“Es un Papa defensor de los derechos humanos desde la perspectiva de la enseñanza social de la iglesia, pero de ninguna manera apoya un sistema como el de Ortega. En Argentina salvó muchas vidas negociando en silencio. A Francisco y al Vaticano le toca el rol del padre que tiene que negociar con secuestradores la libertad de su hijo”, agregó Infante.

 

Sacerdotes venezolanos se manifestaron

 La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció ante los hechos acontecidos en Nicaragua. “Hemos seguido con atención y preocupación los acontecimientos que han afectado a la hermana Iglesia de Nicaragua”, reza un comunicado.

“Pedimos a Dios por la pacífica superación de la situación generada por el cierre de medios de comunicación, salida de religiosas, suspensión de actividades eclesiales, detención de sacerdotes y una actitud permanente de enfrentamiento con algunos miembros del episcopado”.

Asimismo, se sumaron las conferencias episcopales de Cuba, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico, Italia, España, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Brasil, Honduras, Bolivia, Colombia y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam).

“La solidaridad por parte del Celam y de las distintas Conferencias Episcopales ha sido emblemática. Tal vez más declarativa que organizacional, porque todas las Conferencias están en serios desafíos internos a nivel de sus propios países”, sostuvo Infante. 

 

Consulte también: Conferencia Episcopal Venezolana rechaza detenciones a miembros de la Iglesia católica en Nicaragua 

 

Organismos internacionales condenan los ataques

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que en Nicaragua existe una grave obstrucción del espacio democrático.

“La operación en la Diócesis de Matagalpa lo que hace es sustentar esta situación, hacemos un llamado para que se garantice la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de asamblea pacífica, libertad de asociación, pensamiento, conciencia y religión”. 

Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también condenó “la escalada represiva en contra de integrantes de la iglesia católica», al tiempo que urgió al Estado a «cesar de inmediato con estos actos”.

Félix Arellano indicó que el mundo debe elevar su voz de protesta para defender a los perseguidos políticos en Nicaragua.

“Que la comunidad internacional presione es importante, por que lo otro es no hacer nada. El trabajo de ellos es estar luchando constantemente por los derechos humanos, no parar, porque el silencio es complicidad, eso de callarse y ver hacia otro lado lo hacen buena parte de gobernantes latinoamericanos”, sostuvo.

 

Miedo y autocensura

De acuerdo con una encuesta de Latinobarómetro, 9 de cada 10 nicaragüenses se identifican como católicos. Sin embargo, la política represiva de Ortega ha provocado que algunos sacerdotes se autocensuren y los feligreses no asistan en masa a las iglesias por temor a represalias.

El cardenal Leopoldo Brenes, el de más alto rango en Nicaragua, se ha mantenido al margen de la confrontación y celebraciones multitudinarias como la de Nuestra Señora de Fátima han quedado reducidas a una caminata con no más de 400 personas. 

 

Lea también: Daniel Ortega exigió la liberación del avión venezolano-iraní detenido en Argentina

 

 La permanente criminalización del gobierno de Ortega

De acuerdo con el internacionalista Félix Arellano, el presidente Daniel Ortega ha criminalizado a cuanta institución o persona se atraviesa en su camino.

“Uno no sabe hasta dónde es capaz de llegar un autócrata. Noriega es de la misma calaña de Vladimir Putin. El gobierno de Ortega no tiene ejércitos para invadir, pero está destruyendo sistemáticamente su población, generando miseria, acabando instituciones, ONG, partidos políticos, medios de comunicación y ahora la Iglesia», denunció.

Agregó que, con sus más recientes actuaciones, está violentando el derecho a la libertad de culto «de una de las pocas instituciones que quedaba con un margen de crítica y libertad”.

66 ONG piden a la CEV investigar y sancionar a sacerdotes responsables de pederastia
El artículo del Washington Post señaló que el elemento común de estos casos es que los niños que fueron víctimas «procedían de entornos pobres y vulnerables»

Al menos 66 organizaciones no gubernamentales exigieron a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) investigar y sancionar a sacerdotes responsables de pederastia.

Esta solicitud viene a propósito de un artículo del Washington Post, el cual reveló que en Venezuela varios sacerdotes condenados por abuso sexual infantil volvieron a sus ministerios.

A través de un comunicado, las ONG señalaron: «Condenamos estos hechos y exigimos sanción a los responsables».

También, recordaron que el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes está tipificado como un delito en los artículos 259 y 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lodmvlv) y «no se admite beneficios para los agresores».

De acuerdo con las ONG, los casos de abuso sexual «se facilitan por las relaciones de poder desiguales entre autoridades de la Iglesia Católica y niños, niñas y adolescentes». Estas, además, se dan «con prácticas inaceptables que acarrean daños psicológicos y físicos, en las personas sobrevivientes y la influencia negativa que ha causado en sus familias».

 

En ese sentido, señalaron: «No podemos hablar de justicia si los agresores son encontrados culpables pero puestos en libertad, debido a nexos de poder entre autoridades de la Iglesia Católica y organismos de Justicia del Estado venezolano, negando así a niños, niñas y adolescentes y sus familias el acceso a la justicia».

Puede leer el comunicado completo aquí

 

Sacerdotes involucrados en abuso infantil volvieron a sus ministerios

El artículo del Washington Post, que publicó la periodista Ana Vanessa Herrero, examinó 10 casos de denuncias de abuso sexual infantil que se cometieron por miembros de la Iglesia entre 2001 a 2022.

Según el texto, el elemento común de estos casos es que los niños que fueron víctimas «procedían de entornos pobres y vulnerables».

En la mitad de los casos, a los sacerdotes con condenas por abuso los liberaron antes de tiempo. Otros no cumplieron ningún tiempo en prisión.

#GuachimánElectoral | CEV: Elecciones regionales tendrán gran incidencia en el futuro del país
La Conferencia Episcopal Venezolana hizo un llamado a los ciudadanos para que vean los comicios de este 21 de noviembre como una oportunidad para iniciar los cambios que requiere la nación

Jhonattan González

La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado este miércoles 17 de noviembre, para destacar que las elecciones regionales y municipales que se realizarán este domingo 21 no se tratan solo de escoger a un grupo de autoridades, sino que representan una gran oportunidad que tendrá impacto en el porvenir del país.

“Compete a cada ciudadano asumir en esta situación la decisión de participar o no, siendo consciente de que cualquiera que sea, tendrá gran incidencia en el futuro de la comunidad, la región y el país, pues estamos es un momento de particular gravedad, y, por ende, de suma importancia y trascendental responsabilidad personal, familiar y cívica ante Dios y la Patria”.

 

En el comunicado, la iglesia católica venezolana destaca que en estos comicios existe la posibilidad y la necesidad de que emerjan nuevos liderazgos sociales, que tendrán que proponer nuevas alternativas al proyecto centralizador de la administración de Nicolás Maduro. Además, tras el proceso, consideran fundamental buscar caminos de encuentro para el desarrollo político, económico y social de las regiones.

La Conferencia Episcopal advirtió que la abstención sin toma de conciencia y voluntad transformadora no conduce a generar los cambios necesarios. “Si queremos que algo cambie, se requiere salir de la postración cotidiana a través de propuestas concretas y comunitarias que despierten la conciencia ciudadana y movilicen las voluntades para recuperar lo político como lugar de participación, ejercicio de los derechos democráticos y protagonismo cívico”, concluye la comunicación.

Guachimán Electoral

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CEV se reunió con Carmen Meléndez para evaluar la celebración de Semana Santa
Meléndez refirió que el «cerco sanitario» será para la protección de los estados mencionados según Nicolás Maduro

Monseñor José Trinidad Fernández, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), se reunió este lunes, 15 de marzo, con a la ministra de Interior, Carmen Meléndez, y la viceministra Alana Zuloaga, para evaluar las indicaciones para la celebración de la Semana Santa en tiempos de pandemia.

Durante el encuentro, monseñor Fernández manifestó la preocupación de la Iglesia por el cuidado del pueblo de Dios ante la pandemia, así como la decisión pastoral que asume cada obispo en su diócesis.

En ese sentido, Fernández enfatizó en la importancia de insistir en las medidas de bioseguridad en las parroquias y espacios pastorales, pidiendo la mayor colaboración posible de las autoridades.

Según un comunicado de la CEV, se presentó la perspectiva de una Semana Santa las medidas de bioseguridad y manteniendo un aforo del 50%, junto con la difusión de las actividades a través de las redes sociales.

Por su parte, la ministra chavista Meléndez expresó: “Manifestamos nuestro apoyo al 100% de lo que se necesite, de manera que podamos actuar responsablemente en Semana Santa”.

También, Meléndez refirió que el «cerco sanitario» será para la protección de los estados mencionados según Nicolás Maduro, de manera que la variante brasileña de la COVID-19 no se propague.

«Reiteramos todo el apoyo a las autoridades eclesiásticas, de manera que continuemos actuando en forma coordinada, en especial durante la Semana Santa, tiempo en el cual nuestro pueblo deberá hacer especial énfasis en mantener los cuidados para evitar el contagio del COVID-19», escribió Meléndez en Twitter.

Además, Meléndez acotó que también tocaron el tema de la próxima ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio Hernández.

CEV pide a las autoridades venezolanas y a las trinitenses a respetar derechos de migrantes
Para la Iglesia, «este tipo de hechos no debe quedar en el olvido ni en una cifra más en estadísticas e informes»

A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se refirió este 14 de diciembre al naufragio en las costas de Güiria, estado Sucre, y pidió a las autoridades venezolanas y trinitarias “respetar los derechos” de los migrantes y evitar la discriminación.

A continuación, reproducimos el comunicado íntegro:

En anteriores oportunidades, La Red Clamor Venezuela, la Comisión de Justicia y Paz, instancias de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Venezuela, La Caritas de la Diócesis de Carúpano y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, hemos tenido que dirigirnos a la opinión pública para llamar la atención respecto de situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de la población migrante venezolana que busca llegar a territorio de la isla de Trinidad desde el estado Sucre.

Casos como los desaparecidos el año pasado en los botes de Jhonnaly José, Ana María, el de la Vela de Coro y más recientemente el caso de la deportación de los 16 niños y niñas el pasado 23 de noviembre.

En esta oportunidad, debemos lamentar la pérdida de vidas humanas, específicamente la información de prensa maneja la cifra de doce personas encontradas muertas en la costa del estado Sucre y otras personas desaparecidas, quienes habrían intentado alcanzar la costa de Trinidad en embarcaciones tipo peñero y no pudieron hacerlo por haber sido devueltas por las autoridades de la República de Trinidad y Tobago.

El hallazgo ha sido confirmado por la guardia costera de Trinidad y Tobago, las personas viajaban en una embarcación reportada como desaparecida desde el día cinco de diciembre , con unas veinte personas a bordo, por lo cual al momento de redactar estas líneas hay al menos otras ocho personas desaparecidas.

La información suministrada por los familiares de las personas halladas muertas, y del personal del Equipo Pastoral de Cáritas Inmaculada Concepción de Güiria que han atendido el caso en primera línea, señalan que los cuerpos han sido trasladados a la ciudad de Cumaná para practicarles los exámenes médico-legales en vista de las carencias materiales existentes en Güiria.

En vista de estos nuevos hechos particularmente graves y dolorosos, es forzoso, para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y el trabajo humanitario con personas migrantes, dirigirnos a las autoridades estatales, los órganos internacionales de protección y a la opinión pública para llamar la atención nuevamente sobre los siguientes particulares:

1. Tanto la República Bolivariana de Venezuela como la República de Trinidad y Tobago están obligadas a respetar íntegramente y sin discriminación de ningún tipo todos los derechos humanos de las personas migrantes, específicamente todos los deberes de prevención, investigación, sanción a los responsables, reparación integral de las violaciones a los derechos humanos y no discriminación.

2. De nuevo llamamos la atención sobre las obligaciones internacionales vinculantes para la República Bolivariana de Venezuela y República de Trinidad y Tobago recogidas en: artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado, en particular los principios fundamentales de No Devolución y Unidad Familiar y el artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

3. Respecto de las obligaciones de las autoridades venezolanas, llamamos la atención sobre sus obligaciones internacionales y de derecho interno en este caso.

4. Se debe garantizar que la investigación de los hechos se conduzca conforme a protocolos internacionales y con pleno respeto a los derechos que asisten a los familiares en su condición de víctimas; esta investigación no debe ser de carácter meramente formal, sino que debe conducir al establecimiento completo de los hechos, y a actos conclusivos que conduzcan al establecimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que haya lugar.

5. La reparación de los hechos debe ser integral, incluyendo todas las garantías de no repetición.

6. La conducta de las autoridades de la República de Trinidad y Tobago es inaceptable por incurrir en una transgresión del deber de no devolución, en virtud del cual, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “una persona no puede ser rechazada en la frontera o expulsada de otro país sin un análisis adecuado e individualizado de su petición.

Adicionalmente, antes de realizar una devolución, los Estados deben asegurarse que la persona que solicita asilo se encuentra en capacidad de acceder a una protección internacional apropiada mediante procedimientos justos y eficientes de asilo en el país a donde se le estaría expulsando. Los Estados también tienen la obligación de no devolver o expulsar a una persona que solicita asilo cuando hubiera posibilidad de que sufra algún riesgo de persecución o bien a uno desde donde el cual pueda ser retornada al país donde sufren dicho riesgo”.

7. De igual modo, son inaceptables de parte de las autoridades de la República de Trinidad y Tobago las manifestaciones de estigmatización y discriminación hacia las personas de nacionalidad venezolana que en calidad de migrantes voluntarios o forzados buscan regularizar su situación legal en dicho estado.

8. En el mismo sentido, son inaceptables e inadmisibles las declaraciones de las autoridades tanto de la República Bolivariana de Venezuela como de la República de Trinidad y Tobago que lejos de aceptar su responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para la no repetición y la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, realizan declaraciones de criminalización y desprestigio hacia los funcionarios internacionales de los órganos de protección y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de realizar trabajo humanitario con la población migrante venezolana, que es un grupo particularmente vulnerable respecto de sus derechos humanos y su situación humanitaria.

Este tipo de hechos no debe quedar en el olvido ni en una cifra más en estadísticas e informes; el incumplimiento de los deberes y obligaciones de los estados de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Trinidad y Tobago debe cesar, y en su lugar procede la justicia, la verdad y la reparación para todas y cada una de las personas migrantes afectadas. Hacia ese norte irán siempre nuestros esfuerzos como Iglesia comprometida con los la dignidad de las personas.

Nos solidarizamos con sus familiares, orando para que el Buen Dios en su infinita misericordia consuele el llanto de los afligidos por esta tragedia y les conceda el eterno descanso a los fallecidos.

Expresamos nuestra comunión con la Iglesia que peregrina en la Diócesis de Carúpano y con su Pastor Mons. Jaime Villarroel. Algunos de los fallecidos eran personas comprometidas en diversos proyectos diocesanos, en especial con la Caritas.

Pedimos la intercesión de la Virgen del Valle para que acompañe a nuestros hermanos que murieron en el mar, al encuentro definitivo con su Hijo Jesucristo, que es la Vida Plena.

Obispos advierten que las parlamentarias no contribuyen una solución
Los obispos enfatizaron en que la represión de protestas pacíficas va en contra los principios democráticos consagrados por la legislación venezolana

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) advirtió este jueves, 15 de octubre, que las elecciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre no contribuyen a una solución de la situación política del país.

A través de un comunicado, los obispos consideraron que las parlamentarias, «lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla”.

«Tanto el oficialismo como la oposición no presentan un proyecto de país que logre reunir y convencer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en justicia, libertad y paz”, añadieron.

Asimismo, consideran que Venezuela “reclama a gritos un cambio de actitud en toda la dirigencia política”.

También, rechazan la represión contra protestas pacíficas, señalando que esto va en contra los principios democráticos consagrados por la legislación venezolana.

«El pueblo venezolano exige libertad para reclamar sus derechos constitucionales”, añade el texto de la CEV.

 

Por otra parte, señalan que la dignidad de los venezolanos es «irrespetada», enfatizando en situaciones que constituyen «crímenes de lesa humanidad».

“Es de justicia, por tanto, que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sean juzgados, y que las instituciones del Estado actúen, conforme a derecho, para que estos hechos abominables no se produzcan de nuevo”, suma el texto.

Llamado a presidenciales

A juicio de los obispos, es «inmoral realizar elecciones cuando el pueblo sufre las consecuencias de la pandemia, carece de las condiciones mínimas para su subsistencia, y no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral”.

Además, exponen que deben celebrarse elecciones presidenciales, considerando que las del año 2018 «estuvieron signadas por condiciones ilegítimas que han dejado al actual régimen, a los ojos de Venezuela y de muchas naciones, como un poder de facto”.

Por último, insistieron: «No basta la simple abstención para poner en evidencia la ilegitimidad del proceso y alcanzar el cambio político tan deseado”.

Puede leer la Exhortación Pastoral aquí.

Preparan protocolos sanitarios para la reapertura de iglesias
Azuaje señaló que es probable que a la población le cueste un poco adaptarse a la nueva forma en la que se llevarán a cabo las ceremonias religiosas

José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, informó que la Iglesia elabora una serie de protocolos sanitarios para abrir nuevamente las iglesias.

Al respecto, Azuaje indicó que los protocolos se establecieron de acuerdo con las normas internacionales de higiene para resguardar la salud de las personas.

Sin embargo, señaló que es probable que a la población le cueste un poco adaptarse a la nueva forma en la que se llevarán a cabo las ceremonias religiosas.

«No se trata de tocar campanas y abrir puertas. Habrá normas que no van a gustar, por ejemplo que no tendremos templos llenos como estamos acostumbrados. Mantendremos la distancia de uno o dos metros», dijo en entrevista con Unión Radio.

Asimismo, agregó: «Habrá normas que nos va a costar muchísimo entender porque desde nuestra propia cultura, nosotros no somos muy dados en resguardar normas».

Por otra parte, precisó que los sacerdotes deberán pasar por un proceso de formación que incluye lavar sus manos tres veces durante la celebración de la misa, para poder dar la comunión a los feligreses.

«Lamentablemente no tenemos los recursos para poder llegar a un extremo de lo que se exige y se pide, como la aplicación de gel antibacterial a la entrada de los templos», acotó.

 

Además, señaló que la CEV elaboró un documento en el que exhortan a las autoridades del país a llegar a una concertación entre todos los sectores, y que tiene como objetivo llamar la atención sobre la grave situación de Venezuela.

«En el primer ámbito hablamos de profundización de los problemas que teníamos antes de la pandemia, y que se agudizaron en el actual contexto», dijo

Con información de El Nacional