El pasado 4 de octubre, a través de Delcy Rodríguez, el gobierno anunció que la ANC discutirá en los próximos días un proyecto de Ley de Amnistía. Poco más se dijo, más allá de que supuestamente se trataría de un trabajo adelantado por la “Comisión de la Verdad”, que ya habría entrevistado a algunos presos políticos y sería, al parecer, el motor de la propuesta.
Así, a vuelo de pájaro, parece una buena noticia. En primer lugar, cualquier amnistía supone desde el gobierno el reconocimiento de la verdad de la persecución injusta y por motivos políticos. Además, ¿quién puede oponerse a cualquier iniciativa que suponga la libertad de al menos algunos de los más de 400 presos políticos que tenemos al día de hoy? ¿Quién puede negarse a que la mayor cantidad de ellos vuelva a sus hogares? Nadie, al menos no de buenas a primeras, pero este régimen nos ha enseñado a evaluar con calma y recelo en cualquiera de sus anuncios, incluso los que podrían tener repercusiones positivas, al menos a corto plazo. Los oficialistas no dan puntada sin dedal, y en toda jugada, jamás lo olvidemos, colocan siempre su propio beneficio por encima de cualquier otra consideración. Y en esta movida, hay que reconocerlo, han movido sus piezas de manera magistral.
¿Por qué? Porque para quienes están encarcelados, algunos de ellos ya por muchos años, y para sus familias, cualquier medida que los acerque a la tan anhelada y merecida libertad es bienvenida, y no se les puede pedir, sería inhumano, que se detengan mucho en los daños colaterales que aceptar esta amnistía, así como en principio está planteada, acarrea. Esto, de alguna manera, nos y los acorrala, y nos y los pone en la incómoda posición de sopesar las opciones no desde la racionalidad o la mesura, sino desde la desesperación.
El primer daño colateral es a la vez el más grave: Aceptar una Ley de Amnistía nacida de la ANC, y promovida por una “Comisión de la Verdad” que no puede ser llamada así porque no respeta ninguno de los parámetros internacionalmente aceptados para su validación y solo ve una cara de la moneda, es a la vez aceptar que la ANC es legítima y que puede legislar, es decir, que la ANC puede crear y aprobar leyes, usurpando descaradamente las funciones que le corresponden, según la Constitución vigente (Art. 187, numeral 1º), a la Asamblea Nacional. Si esto es así, es decir, si se le acepta el dislate, no solo se legitima a la ANC y a la “Comisión de la Verdad”, con todo lo que esto implica (recordemos que, por ejemplo, la ANC ya “dictaminó” que la GNB y los Cuerpos de Seguridad habían actuado “con absoluto respeto a los DDHH” durante las protestas recientes), sino además se le da la estocada final a un órgano del Poder Público que en este momento tiene plena legitimidad de origen y que tiene asignada en nuestra Constitución la competencia de la elaboración de las leyes y, muy especialmente, la de decretar amnistías, que es la Asamblea Nacional.
Si se le acepta a la ANC una Ley de Amnistía, ¿cómo no aceptarle luego cualquier otra de sus “decisiones”, la “Ley Contra el Odio” o cualquier otra represiva y absurda “ley constitucional” –que no existe en ninguna parte- que emita de allí en adelante? Si admitimos que las funciones de la AN ahora pueden ser asumidas por la ANC, ¿cómo evitamos que usurpe otras funciones que no tiene asignadas, no solo de la AN sino de cualquier otro órgano del Poder Público? ¿Cómo evitamos que el presupuesto nacional, entre otras cosas, sea evaluado y aprobado por un órgano francamente incompetente (la ANC) que no por la AN? ¿Cómo evitamos, por ejemplo, que sea la ANC, que no la AN, la que autorice al Poder Ejecutivo a suscribir los contratos internacionales que le vengan en gana o que la ANC dicte cualquier otra medida dirigida a mantener “como sea” en el gobierno a los que hoy nos abusan desde el poder?
Validar a la ANC como órgano legislativo, pasando por encima de la AN, usando para ello a los presos políticos que, con justos motivos, están desesperados, y desconociendo además que una ANC, en última instancia, solo puede ocuparse, porque así lo dispone nuestra Carta Magna vigente, de discutir una eventual reforma constitucional que además luego debe ser aprobada por el pueblo en referendo, es peligrosísimo. Por una parte, se obliga a las fuerzas opositoras, y a los venezolanos en general, a aceptar, contra lo que ya fue objeto de consulta y ya fue decidido por casi ocho millones de electores, a la ANC como un órgano legítimo en origen y desempeño y, lo que es peor, no sujeto a límites de ningún tipo en sus actuaciones. Por otro lado, mirando a la comunidad internacional, significa una falta de coherencia inexcusable, una trompetilla en la cara de los más de cincuenta países y organismos internacionales que, en apoyo al pueblo venezolano, han expresado su más absoluto rechazo contra la ANC, a la que no reconocen ni validan de ninguna manera. Corremos el grave riesgo de quedarnos solos en esta dura cruzada, de perder el terreno ganado, pues ningún país u organismo internacional serio va a apoyar a una ciudadanía o a unos líderes políticos que un día les dicen una cosa y, al día siguiente, les dicen otra completamente diferente.
Además, el gobierno y sus voceros obtendrían otro beneficio: Se deslastran de la pesada carga de los presos y perseguidos políticos, que mucho daño les ha hecho a nivel internacional, con miras a evadir las eventuales responsabilidades que, hoy por hoy, ya se debaten en importantísimos foros como la OEA y el Parlamento Europeo. Varios presos políticos entrevistados por la “Comisión de la Verdad” ya nos han informado que al parecer uno de los requisitos que les están planteando para que se les favorezca con la amnistía propuesta por la ANC (y no es raro que así sea, pues las experiencias previas han sido similares) es que “acepten su responsabilidad” en supuestos crímenes cometidos o, lo que es lo mismo, que acepten que nunca fueron inocentes, que jamás fueron presos por motivos políticos sino vulgares criminales. Si esto se admite, se acaba con toda posibilidad de que quienes se dieron por años a la tarea de encarcelar y perseguir a miles de personas sean juzgados, cuando corresponda, por las graves violaciones a los DDHH y los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos. Al final la impunidad vencería a la verdad.
Así las cosas, puede sonar cruel, sobre todo conociendo de primera mano el drama y la tragedia diaria de los presos y perseguidos políticos en nuestra nación, pero a la larga este remedio, la amnistía nacida de la ANC, terminaría siendo mucho peor que la enfermedad. Además, nada garantiza la “no repetición”, o lo que es igual, que a los que eventualmente resulten beneficiados por esta “amnistía”, que como toda mentira es de patas muy cortas, al cabo de muy poco tiempo los sustituyan (por aquello del efecto de “puerta giratoria”) otros presos o perseguidos políticos, con el agravante de que además de tener que lidiar en ese momento con esas nuevas persecuciones y encarcelaciones injustas, tendríamos que aceptar y manejar también a la misma írrita ANC, pero vestida ahora con la legitimidad que nosotros mismos le concedimos.
¿Qué hacer entonces? La respuesta no es sencilla. Cada preso político, cada perseguido y cada exiliado se enfrenta individualmente a un grave dilema, y la decisión sobre lo que se acepta o no para obtener la libertad es absolutamente personal, como personales son también las consecuencias y las responsabilidades con el país que de ello derivan. Si en mis manos estuviera, le pediría a la Asamblea Nacional que, visto el reconocimiento expreso e indiscutible de la realidad de la persecución injusta que supone la reciente propuesta del gobierno, les “picaran adelante” decretando de inmediato, como les fue sugerido por el Foro Penal Venezolano en enero de 2016, una amnistía plena, amplia y sin condiciones, haciendo uso de las facultades que le concede el numeral 5º del Art. 187 de nuestra Constitución vigente, abarcando no solo a los presos políticos, sino también a los miles de perseguidos y exiliados de los últimos lustros. Si el gobierno ya propuso una amnistía no puede negarse, al menos, a que la misma sea decretada por el órgano que tiene la competencia incuestionable para ello, y si se niega, muestra claramente las costuras y las verdaderas intenciones de su propuesta. Es más, podría discutirse esta amnistía en la AN incluyendo en los debates a los que hasta ahora, del otro lado de la acera política, han promovido la amnistía que supuestamente decretaría en pocos días la ANC, de manera que se escuche a todos los interesados y, sobre estas bases, se llegue a un acuerdo sin sesgos, distinciones obtusas ni cartas bajo la manga. De esta forma, no solo reivindicaría la AN su legitimidad como Poder Legislativo y su competencia exclusiva y excluyente en este tema, sino además se desmantelaría, de cara a propios y a ajenos, cualquier pretensión de conceder a la ANC una legitimidad y unas competencias que jamás ha tenido.
@HimiobSantome
