La decisión del Departamento del Tesoro contra el presidente de Globovisión tiene detalles reveladores de la estrategia estadounidense contra el régimen de Maduro
@javiermayorca
LA DECISIÓN DE INCORPORAR AL EMPRESARIO VENEZOLANO Raúl Gorrín a la llamada “lista negra” de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) reviste numerosos e interesantes detalles que conviene explicar, para lograr un mejor entendimiento de la estrategia que adopta en la actualidad el gobierno de Donald Trump hacia el régimen venezolano.
1.-Es el primer gran empresario sancionado por su complicidad con el régimen. En el preámbulo de la decisión anunciada por el Departamento del Tesoro, el martes, se invoca una Orden Ejecutiva emitida por el presidente Trump en noviembre de 2018, basada a su vez en el Acta de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2014. De manera que a Gorrín no se le aplican disposiciones por asuntos de drogas o de terrorismo, sino porque a los ojos de Washington ha puesto sus activos en defensa del régimen de Nicolás Maduro.
En atención a la secuencia de hechos, se debe recordar que en mayo de 2018 otro empresario, Rafael Sarría, también fue sancionado en virtud de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela. Pero en ese caso el Tesoro lo caracterizó como un “testaferro” del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Es decir, un hombre que opera en las sombras con dinero que no le pertenece. A Gorrín, en cambio, se le coloca como el centro de una operación de sobornos y corrupción, que abarcó a dos tesoreros de nación, como fueron Alejandro Andrade y Claudia Díaz, así como también a testaferros e individuos ligados por nexos de afinidad y consanguinidad, a través de los cuales se manejaba un emporio de 23 empresas, entre ellas el canal Globovisión (luego de ser vendido en 2013) y Seguros La Vitalicia.
2.-Un expediente administrativo, y otro penal. A menudo, la gente confunde las decisiones del Departamento del Tesoro con investigaciones penales. Ambas cosas son independientes, pero eventualmente pueden ser complementarias. En el caso de Gorrín, un Gran Jurado aprobó un juicio por supuestos delitos sancionados en una ley estadounidense que impide sobornar a funcionarios públicos en el extranjero (Acta de Prácticas Corruptas en el Exterior). La acusación correspondiente cita supuestas operaciones de lavado de dinero a través del Banco Peravia, una entidad financiera dominicana que entró en quiebra y defraudó a cientos de clientes, algunos de ellos venezolanos. Peravia también fue usado para legitimar dinero procedente del tráfico de drogas. Pero en el caso de Gorrín era solo un instrumento más de su entramado para manejar el dinero obtenido a través de las manipulaciones en el sistema cambiario venezolano.
3.-Uso de paraísos fiscales, dentro y fuera de EEUU. De las 23 empresas cuyos activos fueron congelados por el Tesoro, tres fueron registradas en Caracas (Globovisión, Corpomedios GV y Seguros La Vitalicia), pero dos de ellas (Globovisión Tele y Corpomedios) tienen especies de corresponsales registrados en Miami (Globovisión Tele Ca Corp y Corpomedios LLC). En la ciudad de Florida también fueron inscritas otras siete corporaciones. En Nueva York fueron detectadas otras cinco empresas, generalmente destinadas al manejo de bienes inmuebles. Junto a ellas, fueron congelados los activos de otras cinco compañías inscritas en Dellaware, un pequeño estado en la costa este de Estados Unidos cuya legislación permite la incorporación de sociedades anónimas a través de agentes autorizados, no tiene regulaciones a la usura, las empresas pueden ser unipersonales y algunas tasas de impuestos son menores que las de otros estados. Por estas y otras razones se le califica como un “paraíso fiscal corporativo”.
Igualmente, en la estructura empresarial comandada por Gorrín hay por lo menos una compañía (Constello Inc) que opera en otro paraíso fiscal, el archipiélago Saint Kitts & Nevis, o San Cristóbal y Nieves, conocido por las facilidades que brinda para la instalación de bancos off shore, que ofrecen absoluta confidencialidad para el manejo de los fondos y muy bajos impuestos. Las historias de lavado de dinero que transcurren en esos parajes caribeños han sido relatadas en cientos de páginas del periodista Jeffrey Robinson.
4.-Más de 3,5 millardos de dólares en la estructura. Según el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, las siete personas sancionadas el martes lograron beneficios de aproximadamente 2,5 millardos de dólares gracias a las influencias en el régimen de cambio diferencial, que por cierto aún impera en Venezuela. A esta cifra se debe sumar otro millardo de dólares, presumiblemente acumulado por el ex tesorero de la nación, Alejandro Andrade. Son entonces 3,5 millardos, una suma astronómica para los ojos de cualquier venezolano común. Pero este monto palidece ante la magnitud del flujo ilícito de capitales detectado en el país desde que se implantó el diferencial cambiario, en 2003. Los números varían según quién los calcule. De acuerdo con la organización Global Financial Integrity, durante los últimos quince años salieron del país mediante operaciones ilícitas de todo tipo un promedio de 12,3 millardos de dólares. Entonces, la tramoya en la que participaban Gorrín, Andrade y su reemplazo Claudia Díaz, así como el resto del grupo, si bien es muy importante como caso ejemplarizante no es para nada el punto final en la historia de la corrupción venezolana. El tema Petróleos de Venezuela sigue pendiente. En Estados Unidos se debaten sobre si la estatal venezolana puede ser caracterizada como una empresa criminal en sí misma, instrumento de un “estado mafioso”, o si por el contrario se trata de una entidad eventualmente utilizada en provecho de un grupo de individuos, pero que mediante una reingeniería puede volver a su cauce normal. En fin de cuentas, de allí surgieron las divisas que engrosaron las fortunas de Gorrín y compañía. Sobre el sector petrolero venezolano muy probablemente tomará Washington algunas decisiones en el futuro inmediato.
Finalmente, se debe reconocer que la sanción al dueño de Globovisión fue estratégica en varios sentidos. Es muy claro que el emporio de Gorrín no era de uso exclusivo del Gobierno sino también de un sector de la oposición, que ahora quiere cubrir este caso bajo un manto de silencio.
Breves
-El 26 de diciembre, tres efectivos de la Armada adscritos a la base científico-naval Simón Bolívar, en Isla de Aves, se hicieron a la mar en un pequeño bote inflable. Poco después, los perdieron de vista, y desde entonces no se ha sabido nada más de ellos. La embarcación tipo zodiac -equipada con un motor fuera de borda- era tripulada por el sargento primero Víctor García Navarro, y los cabos segundos Gustavo Fuentes Vera y Yohander Bravo Colmenares. El primer parte conocido sobre esta situación indica que los militares salieron a hacer una “prueba de mar”, y que aproximadamente a las 4:30 pm se perdió el contacto visual entre los tripulantes y la base, que opera en una edificación tipo palafito. Aparentemente, el motor sufrió un desperfecto y la nave quedó a la deriva. De acuerdo con el comisario jubilado de Cicpc Héctor García, tío del sargento García Navarro, la búsqueda del bote siniestrado y sus tripulantes se inició con excesivo retraso y “en sitios equivocados”. Según el parte militar, para el rastreo del bote fue asignado el buque de vigilancia Naiguatá, que estaba en La Guaira, y la isla donde está la base de la Armada se encuentra a 650 kilómetros de allí. También se hizo coordinación con el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, que hizo algunos recorridos aéreos por su jurisdicción, pero resultaron infructuosos. Al comisario le causa suspicacia la actitud de los voceros del componente militar: “Hay un silencio hermético”. Además, las pocas informaciones que le han suministrado extraoficialmente han sido contradictoras. Con esto, podrían intentar el ocultamiento de las deficiencias de la institución, como por ejemplo que se permitió a los efectivos zarpar sin contar con equipos de supervivencia ni de comunicaciones. No se descartan otras explicaciones. Para el momento de la redacción de esta nota, eran pocas las esperanzas de encontrar a los tripulantes con vida. El caso será denunciado ante las autoridades competentes.
Cálculo sobre el posible trayecto del bote de la Armada, a la deriva desde el 26 de diciembre
-Hay un auténtico deslave en la Policía Nacional. Los informes de gestión emitidos a finales del año pasado reflejan la preocupación de los jefes de las distintas unidades por las carencias de recursos, tanto materiales como humanos. En la región de Los Andes, por ejemplo, el comandante de uno de estos despachos tuvo que admitir por escrito que las motocicletas y automóviles a menudo eran reparados con los recursos aportados por los propios funcionarios o por entidades privadas. En Caracas, la situación no es mejor. Por ejemplo, el servicio de vigilancia a las vías expresas, con más de 550 agentes en nómina, perdió en 2018 más del 20% de su pie de fuerza debido a deserciones y abandonos injustificados del puesto. Otro 40% de los efectivos no asiste a trabajar por razones diversas, como son los permisos, vacaciones y comisiones de servicio. Esta es uno de los factores por los que se percibe cada vez menos vigilancia policial en las calles de las grandes ciudades del país. Desde luego, en los cuerpos de seguridad municipales ocurre otro tanto, e igualmente en la Guardia Nacional. Según fuentes castrenses, este componente –que también es destinado a trabajos de vigilancia preventiva- perdió más del 10% de su tropa solamente en 2018.
-El martes 15 de enero se cumple el primer año de la muerte del inspector jefe de la policía judicial Oscar Pérez. El funcionario, caracterizado por acciones espectaculares como el hurto de un helicóptero de su policía en La Carlota para sobrevolar al Tribunal Supremo de Justicia y lanzar dos granadas aturdidoras, o el asalto al parque de armas de un puesto de la Guardia Nacional en Lagunetica de la Montaña, sin que hubiese un solo herido o muerto, falleció a manos de un grupo de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, cuando ya había depuesto sus armas y había manifestado su intención de entregarse. Todo esto lo saben en la policía judicial, donde Pérez desarrolló su carrera profesional como instructor. Pero la procesión va por dentro. No quieren que se manifieste. En una reunión llevada a cabo a principios de esta semana, el director de Cicpc Douglas Rico prohibió a los agentes la emisión de cualquier tipo de cadenas o mensajes conmemorativos a través de whatsapp u otros sistemas de mensajería. No quiere que trascienda el descontento que aún existe en las filas de la institución a propósito de este caso. Amenazó con tomar medidas disciplinarias contra los jefes de unidades que permitan la “propaganda” a favor del funcionario caído.
