Le robaron su carro y lo torturaron frente a sus familiares
El ciudadano Alexander Marcano, habitante del sector Altamira de San Félix, estado Bolívar, fue víctima de allanamiento ilegal, amenazas, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, el viernes 17 de septiembre de 2021. Fuentes afirmaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) querían obligarlo, bajo tortura, a atribuirse hechos delictivos de los que era inocente.
A las 2:00 de la tarde de ese día, seis funcionarios adscritos a la Brigada contra robo del Cicpc ingresaron sin orden de allanamiento ni de aprehensión a la vivienda de Marcano, revisaron todas sus pertenencias y amenazaron de muerte con un arma de fuego a su tío, un señor de la tercera edad. En el hecho también estaban presentes la esposa de la víctima y su hija de 8 meses.
Los funcionarios (de los cuales cuatro no tenían uniforme ni identificación) no encontraron ningún elemento de interés criminalístico, por lo que decidieron la detención arbitraria de Marcano, el cual fue trasladado a la sede del Cicpc en San Félix.
Además, Marcano fue despojado de su vehículo porque presuntamente aparece en un video de seguridad de la cuadra, donde recientemente hubo un hecho de robo. Fuentes aseguran a Codehciu que el vehículo solo transitaba por su ruta habitual para llegar a su hogar.
Luego de cuatro horas de torturas, tratos crueles y degradantes en la sede del Cicpc, los funcionarios decidieron liberarlo y lo citaron para el día siguiente. Pero para la entrega del vehículo, que fue despojado por los mismos cuerpos del Estado en la vivienda de la víctima, le pidieron a Marcano 2 mil dólares.
Marcano fue esposado con las manos en la espalda desde las 2:00 hasta las 6:00 de la tarde de ese viernes 17 de septiembre. En el trayecto hasta la sede del Cicpc fue golpeado en la cabeza, cuello y estómago. Fuentes narraron a Codehciu que cada vez que la víctima expresaba que era inocente la obligaban a atribuirse el delito de robo con el uso de la fuerza física y la intimidación.
Marcano acudió al día siguiente al Ministerio Público para denunciar esta violación de derechos humanos y la oficina de atención a la víctima lo remitió al Servicio de Investigación Penal del cuerpo de la Policía del Estado Bolívar (Sipep). Formuló la denuncia y logró hacerse el examen médico correspondiente.
La denuncia fue remitida a la fiscalía. Marcano hasta la fecha aún continúa sin su vehículo y sigue atemorizado por las torturas y tratos crueles de los cuales fue víctima.
Codehciu exige al Ministerio Público el esclarecimiento de los hechos que lleve a la determinación de los responsables de esta violación de derechos humanos, y que el Estado asegure la no repetición y la devolución del vehículo de la víctima.
