cárceles en Venezuela

El abogado y criminólogo Luis Izquiel aseguró que las cárceles en Venezuela se han convertido en microestados liderados por los pranes.

Así respondió Izquiel al ser consultado por el equipo de Prensa Unidad Venezuela sobre la existencia de una agencia bancaria en el penal de Tocuyito. “Es un elemento más que habla sobre la situación caótica de nuestras cárceles, el desbarajuste que hay en nuestras cárceles. Es un episodio más que se suma al tema de las discotecas, de las piscinas, de los tiroteos con armas largas desde los techos de las prisiones, de pranes que van a la playa. Es otro episodio que demuestra que el Estado perdió el control de lo que sucede en las cárceles”, dijo.

Destacó que además eso está prohibido por la ley, porque el artículo 18 del Código Orgánico Penitenciario establece que no puede circular dinero en las cárceles.

Se han multiplicado los problemas

Izquiel aseguró al equipo de Prensa Unidad Venezuela que desde que se creó el Ministerio de Servicio Penitenciario en 2011 todos los problemas carcelarios se han multiplicado. “El hacinamiento carcelario creció de manera enorme y se trasladó a las comisarías de policías. Iris Varela no solo tiene un caos en las cárceles, sino que también creó un caos dentro de las comisarías de policías, que es como un sistema penal paralelo que hay aquí en Venezuela con casi la misma población”, enfatizó.

Agregó que desde la fundación de ese despacho los asesinatos en las cárceles se multiplicaron así como las violaciones de los derechos humanos.

Al preguntarle sobre la permanencia de Varela al frente del ministerio desde su fundación hasta la fecha, Izquiel consideró que eso significa que quienes han gobernado al país, es decir, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, han estado de acuerdo con la política carcelaria desastrosa que se ha llevado a cabo.

“Están de acuerdo con la situación de violación de derechos humanos que hay en las cárceles, están de acuerdo con que el Estado no controle las cárceles y con que se le cobre dinero a los presos por vivir allí, con que existan drogas y armas. Eso pareciera, porque convalidando a esta ministra desde el año 2011 se está convalidando todo el desastre carcelario”, manifestó.

En la nada

Sobre la reforma carcelaria que se ha ofrecido en varias oportunidades al país, dijo que todas han quedado en el papel, en la nada.

Recordó que cuando Tareck El Aissami fue ministro de Interior y Justicia también ofreció la construcción de más de 20 cárceles, pero eso no se cumplió. Luego, cuando Varela asumió la conducción del ministerio, ofreció la construcción de decenas de cárceles.

“Entiendo que el dinero para eso fue aprobado y resulta que a lo que se dedicó fue a cerrar cárceles, prácticamente no abrió ninguna. Las infraestructuras modernas que se ofrecieron no están en el país y la Contraloría General no investiga qué pasó con ese dinero”, expresó.

Insistió en que Varela lo que ha hecho es crear caos, porque ha cerrado cárceles y no ha abierto ninguna. “Cuando cierras una cárcel y no construyes una alternativa lo que haces es agravar el problema de las otras, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Por eso es que ella le trasladó el problema a las gobernaciones, alcaldías y policías, puesto que al no tener cupo en los penales, le traslada el problema a las comisarías que no están destinadas para eso, pero han tenido que ser utilizadas como un sistema penal paralelo”, concluyó.

El pasado martes 9 de agosto, en el hospital Patricio Alcalá de Cumaná, estado Sucre, falleció el recluso Lionisio Carrión, quien presentó un presunto cuadro de desnutrición, luego de permanecer esposado en la reja de la manga en la receptoría de la policía estadal durante diez meses.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), relató que Carrión, en espera de juicio, padecía una enfermedad psiquiátrica, pero nunca fue diagnosticado porque el médico tratante del Cicpc, quien además funge como director del servicio psiquiátrico del mencionado hospital, no tenía cama para internarlo ni contaban con funcionarios para resguardarlo.

Prado indicó que el interno fallecido fue aprehendido el 7 de septiembre de 2015, por agredir con un machete a un policía, suceso originado accidentalmente por su condición mental. Incluso, a algunos funcionarios les abrieron procedimientos administrativos por trasladar a Carrión hasta el hospital, para atenderle algunas heridas perpetradas durante su aprehensión, sin la orden del tribunal que llevaba el caso.

Cuatro días después de su reclusión, el hombre fue esposado a una reja en la manga del comando policial, pues no dejaba dormir a los demás reclusos y corría el riesgo de que lo agredieran físicamente. Allí era vejado constantemente por los policías, ante la mirada inerte de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes -afirmó Prado- ignoraron el llamado de alerta hecho por el abogado defensor de Carrión.

«A causa de varias heridas abiertas en sus pies, Carrión presentó una severa infección, por lo que le salieron gusanos, y jamás recibió tratamiento para combatir la enfermedad; además de no recibir alimentos, por lo que presuntamente padeció el cuadro de desnutrición que le generó afectaciones en los órganos internos», aseveró el director de la OVP.

En tanto, el privado de libertad nunca fue visitado por ningún familiar y de vez en cuando era bañado por los bomberos, que le echaban agua con una manguera desde el camión. Tras su fallecimiento, miembros de la junta comunal de Casanay retiraron el cadáver y lo resguardaron en una urna de cartón para darle sepultura.

Prado recordó que la sede de la Policía del estado Sucre en Carúpano se encuentra bajo medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la muerte de 10 reclusos durante un incendio provocado dentro de una radiopatrulla que fungía como calabozo.

Más muerte en cárcel de Fénix

A través de un despacho de prensa,  el OVP enumeró otros tres reportes recientes de decesos de presidiarios por  supuestas fallas nutricionales, lo cual eleva el registro a cuatro en lo que va de año.

La organización apuntó que el 15 de abril de este año, en la Comunidad Penitenciaria Fénix en Barquisimeto, estado Lara, falleció una interna identificada como Ada Yaquelinda Jiménez Hernández, de 39 años de edad, quien sufrió un infarto cuando hacía ejercicios físicos, luego de que presuntamente también pasara varios días sin ingerir suficientes alimentos.

La madre de Ada Yaquelinda relató: “Cuando vi a mi hija por última vez se la llevaron de la Cárcel de El Marite y estaba gordita, pero cuando me la entregaron en la morgue del Hospital Central de Barquisimeto estaba extremadamente flaca. Ese pobre ser sufrió mucho”.

El pasado viernes 12 de agosto, el director del OVP denunció otros dos casos de muerte de privados de libertad por presunta desnutrición.

El miércoles 10, un joven ayudante de albañilería, recluido desde mayo en los calabozos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Araure, estado Portuguesa, falleció a causa de desnutrición severa y síndrome diarréico.

Prado informó que el recluso resultó identificado como José Antonio Álvarez Castillo, de 24 años de edad, quien fue trasladado el 2 de julio hasta el hospital de la localidad, junto a otros tres privados de libertad que presentaban un cuadro de salud similar.

“En la Guardia no permiten visitas, sólo que se les lleve comida y agua. Cuando fuimos el domingo nos informaron que lo habían trasladado al hospital, al llegar allí nos enteramos que no lo querían atender los médicos, pero finalmente comenzaron a colocarle soluciones, mi hijo ya estaba muy mal”, denunció el padre de  Álvarez Castillo.

De igual manera, murió el recluso Tulio José Soto Gómez, de 49 años de edad, por presunta caquexia (desnutrición, deterioro orgánico y gran debilitamiento físico). El hombre, en espera de juicio, se encontraba detenido en las celdas de la Policía Municipal de Paz Castillo, estado Miranda, y murió minutos después de ser recluido en el hospital Luis Razetti.

Sus familiares aseguraron que “le recomendaron un tratamiento por un tumor en uno de sus testículos, pero los policías no le daban las pastillas completas, por temor a que se envenenara”.

Prado solicitará la investigación inmediata, exhaustiva e imparcial a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, además de informar sobre estos casos al Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT).

EL DIARIO THE NEW YORK TIMES sacó en Junio de 2011 un reportaje en el que mostraba cómo era la vida dentro del internado de San Antonio, de la Isla de Margarita, cuando estaba bajo «el mando» de Teófilo Rodríguez Cazorla, conocido como “El Conejo”, asesinado a tiros el domingo 24 de enero en la madrugada. El periodista Simón Romero explica en el video que las rejas con alambres de púas, torres de vigilancias y guardias contrasta con «el oscuro país de las maravillas» de drogas, privilegios y sexo en que «El Conejo» convirtió la cárcel.

Por Carlos Sánchez

 He leído detenidamente el escrito de la camarada Eva Golinger, mujer a quien admiro mucho, más por sus convicciones e inteligencia que por su belleza (porque es muy bella). Lo cierto es que los disociados se lanzaron con acusaciones infundadas contra la bella dama por un tuit que publicó sin dar mayores detalles de la acusación que ella hacía. Como era de esperarse, la bella Eva publicó un escrito explicando con detalles lo que escribió en la red social:http://www.aporrea.org/ddhh/a209279.html

Y leyendo su escrito, este escrito no hace más que dejar al Estado venezolano en cueros en lo que respecta al sistema carcelario de nuestro país y que, en algunos aspectos describí en un artículo:http://www.aporrea.org/ddhh/a209192.html

Veamos en detalle, este señor que intentó abusar de la bella Eva, y que al parecer tuvo varias víctimas a las que abusó dentro de la prisión en la que estaba pagando condena.

Es insólito, y probablemente sólo ocurre en Venezuela:

• El prisionero tenía acceso a llamar a quien quisiera y cuando quisiera. Mientras que en un sistema carcelario serio los prisioneros están incomunicados, como debe ser, y sólo pueden llamar a través de teléfonos públicos dispuestos en las mismas prisiones y cuyas llamadas son grabadas permanentemente; de manera que no se puede llamar a quien se quiera llamar.
• El prisionero tenía posibilidades de conseguir el número de teléfono de cualquier persona. Mientras que en un sistema carcelario serio, los prisioneros no tienen posibilidad de conseguir el teléfono de nadie.
• El prisionero podía hacer ingresar a sus víctimas, que eran figuras públicas, a las prisiones y abusar sexualmente de ellas; se supone que para ello debía contar con la complicidad de un número significativo de funcionarios de diversas jerarquía quienes, no sólo permitían el ingreso y abuso de mujeres, sino que también se hacían los locos. Pero como dije en el artículo anterior. Dentro de las cárceles mandan los presos. Mientras que en un sistema carcelario serio, los prisioneros sólo obedecen las órdenes y están bajo el control de las autoridades.
• El prisionero manejaba, desde dentro, toda una red o banda de delincuentes y en consecuencia tenía carros disponibles, dinero, hoteles, etc, etc etc. En un sistema serio eso es impensable.
• Para mayor sorpresa, el prisionero condenado a más de 20 años de prisión es dejado en libertad sin siquiera haber pagado la mitad de su condena. Comparto lo que dice la camarada Eva, las circunstancias que dejaron a este pillo en libertad deben ser investigadas y corregidas.Y sancionados todos los involucrados en su liberación.

Pues bien, esto desnuda nuestro sistema carcelario que es un sistema pésimo. Si el camarada presidente pretende acabar con las bandas delictivas del país, debe comenzar con las de las prisiones. Y repito lo que dijo alberto Nolia en su último programa los papeles de mandinga, y precisamente por haber dicho eso lo sacaron del aire: «¿cómo se pretenden controlar a los hampones de las calles si el estado no es capaz de controlar a los prisioneros'».

Lo primero que se debe reconocer es que la gestión de Iris Varela solo ha otorgado mayor poder y libertades de acción a los prisioneros. De manera que la solución al problema pasa por destituir a la ministra. Porque su mayor interés ha sido el buen vivir de los prisioneros por encima del buen vivir de las víctimas de esos prisioneros. y eso es inaceptable.

El primer problema que debe corregir el gobierno es el del control de las prisiones, es inconcebible que el estado venezolano no tenga control de las cárceles, no lo tiene, pues una vez que se pasa la alcabala de la guardia nacional, de allí para adentro mandan los presos quienes están bien armados, están organizados, tienen discotecas, piscinas, bares, internet, celulares, centros de comunicaciones y cualquier otra cosa que deseen tener. Ademas allí se reorganizan las bandas, y se dirigen operaciones hacia afuera.

Lo normal en una cárcel es que los prisioneros estén bajo el control del estado, que no se puedan organizar en grupos. Porque se supone que deben estar, a lo sumo, de a dos por calabozos e incomunicados unos con otros. Porque se supone que están pagando una condena y no están pasando unas vacaciones. Se supone que deben haber cárceles por delitos de manera que no se mezclen los más violentos con los no violentos. Y se supone también que los prisioneros no deberían tener armas, no deberían tener ningún poder. Y , sobretodo, se supone que deben pagar la totalidad de su condena y no salir antes de tiempo por un plan cayapa o por soborno a jueces.

Pero en Venezuela ocurre lo contrario a lo normal y los prisioneros tienen más derechos que el resto de los ciudadanos, los asesinos gozan de mayores beneficios que los asesinados. algo Insólito. Y cuando decía en el articulo anterior que desde el estado se protege al hampa, esa tesis queda confirmada con la realidad de mantener al frente del ministerio de prisiones a una camarada que, aunque la respeto, se debe admitir que en su gestión las mafias carcelarias se han hecho más poderosas, y ante esta realidad que no es ningún secreto, es una de las ministras intocables ¿alguna explicación para el asunto?

¿Cómo es posible que aún existan grupos armados dentro de las prisiones? ¿cómo es posible que el estado no controle las prisiones? Y si quieren que lo desmientan, la misma ministra de prisiones, para poder entrar a una prisión debe tener permiso de los líderes de los presos, si no, no la dejan entrar. ¿cómo es posible que no se hayan colocado bloqueadores de señales celular en las prisiones? ¿cómo es posible que los líderes de los presos salgan de la cárcel cuando quieren? ¿cómo es posible que prisioneros tengan controlados a altos personajes del gobierno? ¿cómo es posible que las bandas de prisioneros tengan más poder que los cuerpos de seguridad del estado? ¿cómo es posible que muchos asesinos seriales reciban beneficios procesales? ¿cómo es posible que desde las cárceles se extorsione, se secuestre, se violen a damas, ante la complicidad de diversos personajes? ¿cómo va a pretender el gobierno acabar con las bandas si no puede acabar con las bandas de prisioneros? ¿como puede pretender un estado controlar a los ciudadanos si no es capaz de controlar a los privados de libertad?

Por el camino que vamos, si el estado no se pone los pantalones, Mexico se va a quedar pendejo con lo que será nuestro país en unos pocos años. Mucha habladera pero nada de acciones. y mientras, a diario son miles los asaltados, asesinados, secuestrados, extorsionados y eso ¿no le importa al estado? Si de verdad les importa, entonces que se pongan los pantalones y demuestren que quieren resolver los problemas, sino entonces declárense incompetentes o declaren que el socialismo del sigo XXI va de la mano con la delincuencia; así cada quien sabe a qué atenerse, porque O son unos grandes cómplices y alcahuetes, o son unos grandísimos incapaces. Una de dos. Camarada Maduro ¿su gobierno es incapaz o es cómplice del hampa? Y si no estaba enterado, es la hora de que se entere y tome medidas. Y si sus ministros lo engañan, le recomiendo que lea aporrea para que se entere. Pero si usted hace una encuesta del motivo que genera más rechazo a su gestión de gobierno verá que es la delincuencia. A menos que no se quiera combatir el hampa para no perder esos votos.

Todo es posible y ya nada nos sorprende.

El hacinamiento de las cárceles venezolanas es uno de los muchos problemas que sufren nuestras prisiones, que cada día tienden a agravarse más, esto ante la indiferencia absoluta de nuestras autoridades, quienes solo se dedican a mentir y embaucarnos con sus grandes proyectos de nuevas infraestructuras que nunca se concretan.

Para que nos demos una idea de la gravedad del problema, debemos saber que Venezuela tiene una población penitenciaria entre hombres y mujeres que más o menos es de 55.000 reclusos, la capacidad de nuestras cárceles es solo para 19.000 personas, así que estamos hablando de un hacinamiento que ronda 190%, en penitenciarismo tener más de 30% de hacinamiento se considera crítico.

Este hacinamiento crítico de nuestras cárceles donde unos duermen encima de otros, en los pasillos, en el techo y en cualquier sitio que ustedes se puedan imaginar, son un caldo de cultivo para la constante violencia que se vive en nuestras cárceles, no hay que olvidar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe que presentaron recientemente, señaló a Venezuela como tener las cárceles más violentas del continente.

En el Proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario a ser desarrollado entre (2006- 2011) se contempló la construcción de 10 nuevas comunidades penitenciarias, 10 centros penitenciarios de producción socialista y 5 centros  de producción socialista de máxima seguridad. 25 nuevos recintos en total. De esto solo se inauguró o remodeló el Centro Penitenciario de Tocuyito (2007), la Comunidad Penitenciaria de Coro (12/07/2008), Centro Penitenciario Terrazas de Yare III (Anexo) (06/082009) y el Centro Penitenciario Femenino de la Región Insular (20/12/2009), los 21 restantes quedaron solo en proyecto y en papel pero nunca se construyeron a pesar de que los recursos estaban asignados.

Para aumentar los males, cinco penales han sido clausurados desde la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, el 26 de julio de 2011: Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal “La Planta”, Internado Judicial de Coro, Cárcel Nacional de Maracaibo “Sabaneta”, Internado Judicial de Los Teques, Internado Judicial de Cumaná y otras han sido desalojadas para refaccionarlas, cuestión que lleva ya bastante tiempo sin terminarlas. Es importante destacar que ningún recinto penitenciario ha sido inaugurado, han parapetado algunos para que les creamos que hacen mucho.

Con la gravedad del hacinamiento carcelario, el presidente de la república Hugo Chávez dictó el Decreto N° 928 publicado en laGaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 18/12/12 la emergencia en materia penitenciaria por considerar: “Que es urgente e inaplazable para enfrentar la crisis carcelaria tomar medidas impostergables requeridas para realizar las transformaciones del sistema carcelario, en lo que toca a estructuras, construcción, rehabilitación y dotación de la infraestructura física, así como los bienes y servicios que permitan a los establecimientos penitenciarios del país, en el menor tiempo posible, garantizarles a la población privada de libertad, los medios y recursos suficientes para una existencia digna”.

El 03/06/12 la ministra Iris Varela declaró al periodista Eligio Rojas deÚltimas Noticias que “en 2 años construiría 24 cárceles”, casi 3 años después seguimos a la espera de la primera. En abril de 2013 a raíz del cierre de la cárcel de Sabaneta anunció la construcción de una nueva en la isla de Providencia en Zulia, tampoco fue construida.

En noviembre de 2014 la ministra anunció la apertura de nueve nuevos recintos, ocho para procesados y una Comunidad Penitenciaria en Carabobo, que por cierto tiene como ocho años en construcción y aún no la finalizan.

Para terminar sería bueno que la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional y los organismos a que les competa investigaran todo esto, porque los anuncios hechos eran con dinero en mano y el Decreto de Emergencia en Infraestructura Carcelaria le daba amplios poderes de disposición, designando a dedo a los que harían las cárceles, sin licitación, ni ningún requisito. ¿Dónde están esos reales? Porque para lo que se otorgaron no se usaron…

cnietopalma@gmail.com

@cnietopalma

La huelga de hambre iniciada por los reclusos de Uribana el lunes 24 de noviembre, para exigir la destitución del director del penal por maltratos, ya suma 34 muertos. Los internos no fallecieron a consecuencia de enfrentamientos con armas de fuego o chuzos, murieron por envenenamiento. Supuestamente se intoxicaron al ingerir y mezclar medicamentos que tomaron de la enfermería. Desde el jueves de la semana pasada se vienen registrando motines en centros de reclusión y calabozos policiales, como Rodeo III y Polisucre. Adicionalmente la madrugada del martes se evadieron 42 presos de la subdelegación Miranda del Cicpc, en Los Teques.

@ronnarisquez

ERAN LAS 9:00 PM DEL MIÉRCOLES, HUMBERTO PRADO, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, atendía y consolaba por teléfono a madres, esposas y hermanas de los reclusos del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana. Querían información, saber si sus presos habían sido trasladados a otros penales o si estaban en la lista “extraoficial” de 26 fallecidos por una supuesta intoxicación.

Periodistas en Barquisimeto relataban en sus avances que desde muy temprano en la mañana los familiares deambulaban del centro penitenciario al Hospital Pastor Oropeza, de allí al Hospital Central Antonio María Pineda, y luego a la morgue de Barquisimeto. No había lista de traslados, ni lista de muertos, ni lista de heridos. Sin embargo desde las 2:00 de la tarde del miércoles circulaba la versión de que al menos 13 reclusos habían fallecido al ingerir medicamentos que tomaron de la enfermería del penal, mientras que más de 600 fueron trasladados a Tocorón (Aragua) y la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico).

A las 2:21 pm, la ministra del Servicio Penitenciario, María Iris Varela escribió en su cuenta de twitter @irisvarela: “En las próximas horas estaré informando en detalle situación de intoxicados por ingesta indebida de fármacos en cárcel de Lara”.  Este fue el único pronunciamiento gubernamental, después de más de 24 horas de iniciado el conflicto. A esa promesa oficial se aferraron los parientes de los internos, que comenzaron a viajar desde distintas partes del país hasta el estado Lara.

Luego de 8 horas, la ministra Varela no se había pronunciado. En su cuenta de la red social advertía nuevamente que pronto difundiría un comunicado. Para ese momento la versión que manejaban los periodistas de la región era que la cifra de muertos ascendía a 24, con otros 5 casos de los que fueron trasladados a Tocorón. A esta lista se sumaron otros cuatro cadáveres provenientes de la cárcel de Guárico, y un reo que falleció  en el motín de El Rodeo el viernes 21 de noviembre, para completar los 34 muertos.

“¿Dónde estás Iris Varela? Dale la cara al pueblo”, exigió María Elizabeth González, madre de un recluso que fue trasladado de Valencia, reseña El Impulso.

Pasadas las 10:00 pm, se dio a conocer a través de VTV un comunicado del despacho penitenciario en el que se informaba de la muerte de 13 internos, mientras que otros 145 habían presentado síntomas de intoxicación. “(…) algunos privados de libertad de la población agolpada en la entrada manifestaron que había varios internos que se encontraban en estado de sobredosis, debido a que algunos privados de libertad en situación de insubordinación procedieron a asaltar el puesto de salud (…) e ingresaron violentamente al área de enfermería, asaltaron la farmacia y otros talleres, procediendo a ingerir múltiples fármacos tales como: antibióticos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, antiepilépticos, alcohol absoluto, entre otros, lo cual produjo una intoxicación de un grupo importante de privados de libertad”, dice a la mitad del comunicado.

Luego, la verdadera noticia: “Producto de la ingesta descontrolada de tales fármacos, resultaron intoxicados un grupo de 145 privados de libertad (…) Informamos el lamentable deceso de 13 internos, entretanto el personal médico hace sus mejores esfuerzos para reanimar a los afectados”. Pero no dan nombres ni detalles de los fallecidos. De esta manera el Gobierno reconocía el envenenamiento de presos por la ingesta de sustancias indebidas. Sin que el rostro y la voz de la ministra Iris Varela se vieren en las pantallas de Venezolana de Televisión comunicando la trágica noticia.

El texto aclaraba: “Los hechos registrados no han vulnerado el régimen interno de disciplina, respeto absoluto a los derechos humanos, atención integral a la población privada de libertad y control del recinto penitenciario”. Además recordaba que esta instalación “forma parte de los más de 70 centros donde se implementa el nuevo régimen penitenciario del país” en los que, según la ministra, sobra el orden y escasean las armas de fuego y las balas. Al parecer, también abundan algunos medicamentos (antibióticos, antihipertensivos, antihepilépticos, entre otros, que no se consiguen en las farmacias) capaces de ocasionar muertes por envenenamiento a más de una veintena de hombres.

Antes del final, el comunicado cuestiona en el antiguo modelo penitenciario y recuerda que se caracterizaba por la violación de derechos humanos. Luego ratifica la consolidación, con sus virtudes, del nuevo régimen implantado por la ministra revolucionaria. El escrito pasa por alto la muerte de 61 reclusos el 25 de enero de 2013 también en Uribana, en lo que ha sido la peor masacre en la historia penitenciaria del país. Allí Varela también fue protagonista.

Envenenamiento, suicidio, asesinato: la verdad en manos de los médicos

En unas declaraciones ofrecidas el miércoles, el secretario de Gobierno de Lara, Teodoro Campos, dijo que 33 reclusos atendidos en el Hospital Antonio María Pineda presentaban un cuadro de intoxicación por “una sustancia no determinada” y agregó que el estado de los pacientes es delicado.

Luego en el comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario se mencionan algunos de los medicamentos que habrían ingerido los internos afectados:  analgésicos, antibióticos, antiepilépticos, entre otros.

El doctor Rafael Orihuela, ex ministro de Salud, explicó que la mezcla de alcohol con analgésicos derivados de la morfina y la dopamina es mortal. “Esto produce una intoxicación aguda y es difícil que alguien se salve. La única posibilidad es que se le aplique al paciente una sustancia neutralizadora”. Esto es lo que pudo haber ocurrido con los internos de Uribana, según la poca información oficial que ha trascendido.

Los reclusos pudieron ingerir oxicodona (opioide) o tramal con licor, y esto pudo originar la intoxicación aguda. “En estos casos se presenta insuficiencia respiratoria, con derrumbe inmediato, paro cardíaco y muerte”, explicó Orihuela.

Recordó que en 1992 varias personas murieron al mezclar heroína con alcohol. “Esa es una combinación letal”.

En el caso de la ingesta de alcohol metílico el proceso no es tan rápido. “La persona sobrevive hasta 3 días y entra en un coma hepático”, dijo el experto. La intoxicación por tomar una gran cantidad de Rivotril o sus similares tampoco ocasiona la muerte tan rápidamente. “Los pacientes caen en un coma barbitúrico”, señaló el ex ministro.

Para el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, lo ocurrido tiene mucho ver con la improvisación de la ministra Varela en materia carcelaria. Considera muy grave la muerte por intoxicación de estos reclusos. “Yo creo que alguien intentó asesinarlos. Allí tiene que entrar el Cicpc a investigar lo que ocurrió”, dijo el experto en materia penitenciaria.

Nieto Palma agregó que en los próximos días acudirá al Ministerio Público a presentar una denuncia por lo ocurrido en Uribana “para que se investiguen esas muertes, porque no es normal el fallecimiento de tantos presos por un envenenamiento”.

El director del OVP, Humberto Prado, cree que pudo tratarse de un intento de suicidio masivo. “Es una muerte por envenenamiento. Es posible que esos muchachos se suicidaron para no seguir siendo sometidos a esos tratos impuestos por el nuevo régimen penitenciario que limita las visitas, les da solo 2 comidas y no le permiten ver a sus hijos. Estar en una cárcel es duro, pero estar en una cárcel venezolana es una pena de muerte. Se cansaron de que les dieran coñazos. el director de Uribana es una persona complicada. Pero todo es muy raro”.

La otra preocupación de Prado es el silencio oficial. “Los familiares piden apoyo a las ONG. Nosotros instamos que las autoridades den las listas de los trasladados y los fallecidos. Aquí ya debería haberse pronunciado el parlamento”, apuntó, y cuestionó la actuación del Ministerio del Servicio Penitenciario.

“Se creó un ente autónomo para gerenciar el sistema carcelario y lo que han hecho es centralizar, retrasar procesos, reprimir y ahí tienes las consecuencias. Se siembra la pena de muerte y han incrementado los modelos de corrupción. Además cambiaron el chuzo por la pólvora”, dijo el director del OVP, quien recordó que en el primer semestre de 2014 murieron 150 internos en las cárceles del país, según registros de esa organización.

Las dudas de estos expertos en materia carcelaria solo serán disipadas con una investigación profunda y profesional. Los médicos y los forenses tienen más posibilidad de apuntar hacia la realidad de lo sucedido en Uribana entre el lunes 24 y el miércoles 26 de noviembre. En 2013, cuando murieron 61 presos durante la reyerta de enero, fue el doctor Ruy Medina, director del Hospital Central Antonio María Pineda, quien dijo la verdad. Este médico informó sobre la cantidad de fallecidos que estaban en la morgue de ese centro asistencial, evitando que las autoridades ocultaran lo ocurrido. También fue Medina quien precisó que casi todos las víctimas tenían heridas por arma de fuego en la cabeza y el tórax.

La cifra de muertos continuaba aumentando, aunque el número oficial de 13 fallecidos no había sido actualizado desde la noche del miércoles. En una nota de prensa, enviada también la noche del miércoles, el Ministerio Público fue más cauteloso y no dio cifras al anunciar la designación de un equipo multidisciplinario encabezado por el subdirector de investigaciones de Delitos Comunes, Juan Carlos Tabares; y por el subdirector de Protección de Derechos Fundamentales, Enrique Arrieta, quienes coordinan un grupo de fiscales y 10 expertos de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, para investigar la muerte de “varios internos en el Centro Penitenciario de Centro Occidente David Viloria”.

Hacinamiento de 220%

Hacinamiento, maltratos y las restricciones del nuevo régimen penitenciario serían los detonantes de los recientes conflictos carcelarios, concluyen expertos en materia penitenciaria. La sobrepoblación en los reclusorios del país es de 220% según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, mientras que el retardo procesal es de 60%, reveló con asombro el experto Claudio Grosman, durante la reciente reunión de ONU para exponer la situación de Derechos Humanos en Venezuela.

Actualmente Venezuela tiene una población penal de 52.000 internos, 68% prisión preventiva (procesados) y el resto condenados (juzgados con sentencia). Sin embargo los 32 centros de reclusión que hay en el país solo pueden albergar a 20.000 internos. “Aquí lo que se hizo fue reformar el COPP para meter a la gente en prisión y obstaculizar los beneficios que se dan a los privados de libertad”. dijo Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.

La situación de hacinamiento en la cárceles es de tal magnitud que desde hace un par de años traspasó los muros de estos recintos y alcanzó a los retenes policiales de los distintos cuerpos de seguridad del país. Un lugar donde, en teoría, los detenidos deberían permanecer solo 48 horas.

Para el 31 de agosto de este año las delegaciones y comisarías de policías regionales, municipales y el Cicpc tenían 15.000 detenidos. Funcionarios del Ministerio Público que filtraron el dato vaticinaban eventos trágicos en un futuro cercano. Los incidentes del jueves 20 noviembre en la sede de la Policía de Sucre, donde se registró un motín y del miércoles 26 en la subdelegación Miranda del Cicpc, de donde se fugaron 41 presos, les dan la razón.

Un oficial de la Policía Municipal de Sucre fue tomado como rehén por los detenidos que se encuentran en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Coliseo La Urbina, durante el motín ocurrido la noche del jueves pasado. Los presos exigían ser trasladados a los internados judiciales. En el lugar, que tiene capacidad para 30 personas, había 79.

Este miércoles 42 detenidos se evadieron por un boquete de los calabozos de la subdelegación del Cicpc en Los Teques. El recinto tiene capacidad para mantener a 40 personas y para el momento de la fuga había 140 hombres recluidos allí.

El viernes 21 de noviembre, los presos de el Rodeo III protagonizaron un motín y secuestraron a la directora del penal en rechazó al hacinamiento. Exigían mejoras en la alimentación y que se flexibilice la visita. El incidente dejó un muerto y 3 reclusos heridos. “El problema no son los cárceles ni su ubicación, el problema es el hacinamiento. Aquí se cerraron centros penitenciarios y no se construyeron nuevos”, aseguró Carlos Nieto Palma, quien recordó que en tres años no se ha construido la primera de las 20 cárceles prometidas por Iris Varela a Hugo Chávez.

Para el coordinador de Una Ventana a la Libertad el problema es que Varela “trabaja con improvisación porque no sabe nada de cárceles. No puedes cada vez que hay un conflicto comenzar a mover a los presos. Esto los aleja de sus familias y ocasiona retardo procesal”. Uribana y las tres cárceles del Rodeo están dentro del nuevo régimen cerrado de disciplina y educación que ha promovido la ministra.

Humberto Prado estuvo con Alba Cecilia Mujica y Sergio Novelli en Onda La Superestación para conversar sobre todas estas irregularidades en el sistema penitenciario venezolano.

Así reseñaron los medios locales el jueves 27 de noviembre la situación en Uribana y Tocorón:

¿Quién protege a El Picure y su megabanda? Lo único que le falta a esta historia es un joropo al estilo de los corridos mexicanos. Desde hace más de dos años José Antonio Tovar Colina azota a los pueblos fronterizos entre los estados Guárico y Aragua. La policía no ha podido atraparlo ni con operaciones especiales. A “El Picure” lo protege la inmensidad del llano, el silencio de su pueblo, un ejército armado de más de 40 hombres y la ausencia de Estado

@ronnarisquez

GUÁRICO ES UNO DE LOS ESTADOS más grandes del país. Tiene carreteras infinitas e inmensas extensiones de terrenos verdes y solitarios. Muchas fincas, ganado y 10 Miss Venezuela. Sin embargo, no se caracteriza por ser una entidad que genere grandes noticias.

En los últimos 8 años, pocos eventos informativos ameritaron la presencia en esa región de periodistas enviados desde Caracas: Un robo con situación de rehenes en una agencia bancaria de Altagracia de Orituco en 2008 (resuelto con éxito por el comisario Douglas Rico, actual subdirector del Cicpc), la muerte del gobernador William Lara en 2010 (fallecido en un accidente al ser arrastrado por la corriente de un río) y el descubrimiento de la banda de “El Picure” en 2013 (hallazgo del periodista Javier Ignacio Mayorca).

Esta semana Guárico regresó a los titulares y portadas de los distintos medios del país, no por la producción de sus haciendas ni por alguna hazaña de la actual Miss Venezuela. La matanza de 11 personas en la finca San Juan de Dios, en la localidad de El Sombrero, el lunes en tarde monopolizó las informaciones de sucesos y la atención de las autoridades. http://www.el-nacional.com/sucesos/Tiros-gracia-dieron-muertos-Guarico_0_518348310.html

La directiva del Cicpc en pleno, encabezada por el comisario Douglas Rico, se trasladó al lugar para dirigir las investigaciones y cumplir con una tarea pendiente: capturar a “El Picure”. José Antonio Tovar Colina es el líder de la organización delictiva que ejecutó la masacre del 11 de noviembre y otras tantas desde julio de 2013, en pueblos del sur de Aragua y Guárico. Además acumula entre sus víctimas más de una docena de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, múltiples extorsiones, robos de vehículos y tráfico de drogas.

 1.¿Quién es “El Picure”?

José Antonio Tóvar Colina, de 25 años de edad, nació en el sector Concha de Mango del barrio Bicentenario, en El Sombrero, estado Guárico. Es conocido con el remoquete de “El Picure”, nombre que identifica a un género de roedores (ratas) que hábitan en el sureste de México, centro y suramérica.

Su historial delictivo se conoce desde 2008. Tenía 19 años de edad cuando comenzó robando vehículos a los hacendados de Barbacoas (Aragua) y El Sombrero (Guárico).

Sobre este “Jesse James” llanero pesan al menos cuatro órdenes de captura, todas emitidas desde 2010 por juzgados de San Juan de los Morros. Lo buscan por homicidio intencional, extorsión y porte ilícito de arma.

 2.¿Cómo está estructurada la banda?

La banda de “El Picure” también es conocida como Concha de Mango por el lugar donde viven y se ocultan sus principales miembros. “Posee un núcleo ‘duro’ de diez hombres, que supuestamente se conocieron en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) y otras cárceles del centro del país. Pero hay además otros veinte asociados, sujetos que se incorporan a la estructura para la realización de trabajos específicos”, publicó el periodista Javier Ignacio Mayorca en su blog Crímenes sin Castigo, el 18 de agosto de 2013.

Lo que parece una reedición de la “megabanda” de Oswaldo Martínez Ojeda (organización dedicada al robo de camiones blindado que se extendió por casi todo el país) está compuesta por 50 hombres aproximadamente. Viven de la extorsión, la venta de drogas y tienen nexos con mafias sindicales, reseña un informe del Cicpc-Guárico, obtenido por algunos periodistas de sucesos.

El mismo informe revela que la banda del Picure tiene vínculo directo con pranes de la PGV. Menciona nombres y apodos de estos presos, y destaca Ugueth Urbina Villarroel “Uguito”, el ex grandeliga que fue liberado hace un año.

“Además, el Picure y sus bandas aliadas están vinculadas con funcionarios policiales activos que a su vez tienen expedientes abiertos por extorsión, sicariato y homicidio, señala Contrainteligencia, que menciona con nombre y apellidos a los uniformados. Ellos son: Darío Camacho, Carlos Antonio Seijas Gómez y Yorman Nicolás López Macero. Cabe destacar que los mismos (policías) se desempeñan en la Gobernación del estado Guárico como guardaespaldas del secretario de Seguridad Ciudadana C/Sebin Freddy Argenis Santana y del actual gobernador, Luis Enrique Gallardo”, resalta el informe del 29 de julio de 2012, al que tuvo acceso el periodista Mayorca. Gallardo, ex rector de la Universidad Nacional Rómulo Gallegos, gobernaba Guárico en ese entonces. http://www.reportero24.com/2013/08/maracay-megabanda-con-armas-de-guerra-opera-en-aragua-y-guarico/

 3.¿Cuál es el poder de fuego?

Esta organización delictiva posee fusiles AR-15, FAL y M-16, escopetas, lanzagranadas, ametralladoras y pistolas con cacerinas de 32 cartuchos («cocosete»), entre otras armas de guerra, en teoría reservadas para las Fuerza Armada Nacional.

Durante el procedimiento de investigación por la masacre en la finca San Juan de Dios, los pesquisas del Cicpc encontraron casquillos de proyectiles de armas largas y cortas, granadas y cargadores. En total colectaron más de 100 cartuchos de FAL, 85 de calibre 9 mm y 10 de escopetas,

 4.¿A qué actividades ilícitas se dedican?

“La organización comenzó como una pequeña banda de ladrones de vehículos en 2008. Los atracadores le quitaban las camionetas a los hacendados de Guárico y el sur de Aragua para luego exigir dinero por devolverlas (una especie de secuestro de vehículos). A la extorsión derivada del robo de automóviles se unió la aplicada contra los dueños de fincas, comercios y constructoras”, explica una nota publicada el 13 noviembre en Últimas Noticias.

En el texto se hace referencia a un informe policial obtenido por este medio en el que se describe que la banda también cuenta con “escuadras rurales” para atracar y extorsionar a los pequeños y medianos productores del campo, y “una escuadra femenina” armada, de la cual se han difundido algunas fotografías.

Otros informes de inteligencia afirman que la organización también incursionó de lleno en el tráfico de drogas. Incluso la potencia de las armas que utilizan hace presumir que podrían estar operando como un “brazo” de la FARC en el negocio del narcotráfico.

El 5 Julio de este año esta megabanda atacó la sede de Pdvsa, ubicada en la avenida Acosta Carles en San Juan de los Morros del estado Guárico, donde sometieron a cuatro vigilantes de la sucursal de la empresa petrolera para llevarse 10 camionetas Toyota, modelo Land Cruiser sin placas. También cargaron con bragas y botas de seguridad.

Con esa noticia, algunos medios recordaron que en un mes en esa zona habían robado 10 gandolas cargadas de productos. Sospechaban de “El Picure” y su gente.

Su carrera criminal también incluye el ataque a estaciones policiales y la quema de patrullas de policías regionales y municipales de Guárico y Aragua, como la de Barbacoas.

 5.¿Qué han hecho las autoridades?

El 6 de julio de 2013 las noticias sobre “El Picure” y su megabanda salieron de Guárico. Ese día comisiones de Poliaragua y Cicpc se presentaron en un local de Barbacoas. Recibieron denuncias sobre un grupo que celebraba en una licorería exhibiendo sus armas de alto poder. En el lugar se inició un enfrentamiento. El tiroteo se prolongó por más de media hora y los agentes de la policía regional tuvieron que huir y abandonar una patrulla pues se les acabaron las municiones. Las comisiones de la policía científica tuvieron que pedir refuerzos a la delegación de Villa de Cura.

Luego de ese episodio la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc comenzó la cacería de este escurridizo roedor, “El Picure”.

Una semana después, el Cicpc, con la cooperación de otros organismos, activó un “bloque de búsqueda” en el estado Aragua con la finalidad de capturar a los líderes de un grupo armado.

En agosto de 2013, la banda perdió a dos lugartenientes. El Cicpc ultimó a Luis Bernardo Gutiérrez en un barrio de Mariara y Junior José Tovar Márquez, alias “Junior”, se entregó en Guárico.

El 14 de diciembre de 2013 el Cicpc preparó un procedimiento especial para capturar a “El Picure”. Intervinieron más de 300 funcionarios del Cicpc, BAE, Sebin y GNB. http://www.diariolaantena.com.ve/noticiasuc.php?ID=6784

En la acción murieron ocho personas, siete presuntos delincuentes y un funcionario del Cicpc. Hubo heridos de bala en ambos bandos.  El entonces ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, anunció el desmantelamiento de la banda, sin embargo “El Picure” no fue detenido.

El pasado lunes 10 de noviembre, apareció de nuevo y ejecutó la masacre en El Sombrero. Este hecho motivó una fuerte movilización policial y un enfrentamiento con la banda el 13 de noviembre, en el que murió el agente del grupo BAE, Héctor Arambulet.

6.¿Quiénes son las víctimas de El Picure?

No es fácil identificar quiénes han sido todas las víctimas de la megabanda de “El Picure”. En el grupo figuran ganaderos y comerciantes extorsionados, inocentes que han muerto a manos de estos delincuentes, una docena de policías asesinados y una cifra indeterminada de heridos.

Algunas de éstas fueron:

-Oswaldo Martínez Silveira, agosto de 2011 en el barrio Bicentenario II,

-Kervin Duarte y Juan Mejías Rodríguez, abril de 2012 en El Sombrero.

-Tony Gregorio Francisco, 1ro de julio 2012 en El Sombrero. Tiro de FAl.

-Renny Jesús Mejías, 22 de julio de 2013. Inspector del Cicpc en El Sombrero, tiro de FAL.

-5 personas en una fiesta de quinceaños, julio de 2013. Valle de la Pascua.

–José Manuel Fernández Vega, funcionario del BAE, 14 de diciembre de 2013 en El Sombrero.

-José Luis Ramos, comisario del Cicpc. 6 de abril en El Sombrero.

-Dos funcionarios de Poliaragua. mayo 2014 perdieron la vida esta noche en el barrio El Universitario de la población de Barbacoas (Aragua).

-Lisandro Marapacuto, jefe policial de Barbacoas. 2013.

-Héctor Arambulet, agente del BAE. 13 de noviembre de 2014. Tiro de FAL.

El portal primeraemision.com publicó la lista con los nombres de las 11 víctimas de la masacre del pasado lunes: Alfredo José Herrera Paraco (43 años de edad), quien era el encargado de la finca antes mencionada; Argenis Sánchez (29); Placido Jacinto Carrillo Sánchez (21); Jordys Miguel Matute (20); Dixon Rafael Meza (25); Francisco Hurtado (18); Carlos Alberto Gómez; Darbin Neomar Sánchez (22), cuyo cumpleaños estaban celebrando; José Gregorio Cárdenas, Wilsen Alexander Figueredo Cepeda (22) y un ultimo fallecido quien no había podido ser identificado, todos procedentes del caserío Memo y de la ciudad de Maracay estado Aragua.

En un enfrentamiento el 13 de julio de 2013 hirieron al oficial de la policía regional, Yosward Efrén Abaruyo, de 25 años.

En julio de 2013 sometieron  y robaron a Rosa Delgado, viceministra para los Pueblos Indígenas, en el barrio Concha de Mango.

7. ¿Quiénes cayeron?

A pesar del poder de fuego exhibido por el grupo, algunos hechos han demostrado que la megabanda de “El Picure” no es infalible.

Según un balance publicado por el diario La Antena en diciembre de 2013, en el transcurso de ese año murieron en enfrentamientos con las autoridades 15 miembros de la peligrosa organización delictiva a quienes identifican por apodos: “El Castulito”, “Alex Cangrejo”, “El Camilo”, “El Jimy”, “El Mago”, “El Oscar”, “El Duindi”, “El Miguelito”, “El Goyito”, “El Maikel”, “El Mono”, “El Tucusito”; “El Pipote” y dos mujeres.

De este grupo tres cabecillas del Picure cayeron abatidos por el Cicpc en agosto. En Mariara, estado Carabobo: Luis Bernardo Gutiérrez Hernández, alias el Pipote; y en La Guaira, estado Varagas, Roy Jesús Arteaga Díaz y Álex “el Cangrejo”, escribió el periodista Eligio Rojas, de Últimas Noticias.

Además siete miembros de la organización habrían sido capturados por el Cicpc: Carlos Ramón Quirpa (31), Manuel Alejandro Moyetones Castillo (21), Jesús María Méndez Román (44), Yanitza Coromoto Montes Mirabal (26), Carlos Eduardo Maldonado Monasterios (24), Yolanda del Carmen Monasterio Hidalgo (49) y un menor de edad, según fuentes policiales. También se entregó Junior José Tovar Márquez, uno de los lugartenientes de “El Picure”.

Tomamos el siguiente artículo e imágenes del periódico Últimas Noticias para poder entender un poco más lo que se esconde dentro de el Centro Penitenciario La Planta:

ÚN.- A raíz de los últimos sucesos violentos en la cárcel de La Planta en la que resultó muerta una persona de los edificios vecinos por una bala perdida, y el inicio de las investigaciones balísticas sobre este hecho, rescatamos para ustedes fotografías que muestran el tipo de armas que se pueden ver en ese recinto penitenciario.

En las fotos se puede observar el gran lote de armamento entre las que se cuentan revólveres, pistolas automáticas, arsenales de proyectiles y rifles de largo alcance con miras laser y, con ellas, los pranes (cabecillas del penal) posando. Muchas de las fotos se realizaron incluso en días de visita.

Estas fotos fueron divulgadas en 2011 a través de perfiles en la red social Facebook de varios de los internos (perfiles hoy en día eliminados). Investigamos si, para la fecha, los internos que en ellas aparecen forman parte del conflicto actual en La Planta.

 Link a la fuente: Últimas Noticias

Para entender un poco más la situación me remito a una de las armas facilmente identificable en dos de las imágenes:

El arma en cuestión es una M16, un arma de guerra altamente poderosa y letal que solo se vende a personas que trabajan en cuerpos policiales o en el ejercito y que no puede ser transportada entre países sin un permiso especial del país de venta y del país receptor del armamento, lo mismo ocurre con sus municiones.

Aquí una breve reseña de la M16:

El M16 (oficialmente Fusil, Calibre 5,56 mm, M16) es la designación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para el fusil AR-15, credo por la empresa Colt. El M16 dispara cartuchos5,56 x 45 OTAN. Entró en servicio con el Ejército de los Estados Unidos y fue desplegado por primera vez para las operaciones de guerra de jungla en Vietnam del Sur en 1963, convirtiéndose en el fusil estándar de la Guerra de Vietnam de las fuerzas militares estadounidenses en 1969, reemplazando en ese papel al fusil M14.

El M16 ha sido ampliamente adoptado por ejércitos de todo el mundo. La producción total de fusiles M16 desde el inicio de su diseño es de 8 millones aproximadamente, siendo la arma más producida de su calibre.

Como si fuese poco, los presos no creen que tener un arma de esta potencia y calibre es suficiente… Razón por la cual cuentan -adicionalmente- con un accesorio conocido como «Drum Magazine» (Magazine de Tambor). Este accesorio le otorga a la M16 un arsenal adicional de hasta 100 proyectiles.

El precio de esta arma en el mercado negro puede exceder los 30 mil dólares (U$), mientras que legalmente -con permisos- puede venderse por 25 mil dólares (U$).

Solo se me ocurren dos industrias capaces de pagar por armas de ese nivel narcotráfico y secuestro, adicionalmente solo veo una manera de obtener, comprar y transportar un arma de este calibre y porte: amparado bajo algún organismo gubernamental (cuerpo policial o entidad militar).

Lamentablemente muchos de los reclusos están inclusive mejor armados que la propia Guardia Nacional. Ayer veía en televisión como presos sometían a GNs para que dejaran entrar una «vaca entera» al penal mientras el comando de la Guardia Nacional se arrodillaba ante las exigencias de los delincuentes por encontrarse en desventaja -tanto en números como en fuerza- y los complacían dejándolos hacer prácticamente lo que les daba la gana.

Aunque el problema tiene un aspecto mucho más macro (no se cumplen los plazos de presentaciones ante los tribunales, no se siguen los procesos debidos, no existe un verdadero control en los puntos de entrada a los penales, las instalaciones no están debidamente diseñadas, existe una sobre población de reos, etc, etc, etc) y viendo que su solución no está únicamente en el uso de la fuerza bruta -énfasis en lo de bruta- no nos queda sino pedir la destitución de Iris Valera, Ministra del Sistema Penitenciario, ya que llegando casi a su primer año en el cargo ha sido ineficiente e irresponsable en el cumplimiento de sus labores y en la búsqueda de una solución al problema penitenciario.

Creo que su renuncia no sería suficiente para los familiares de las víctimas fallecidas en cada uno de los motines del sistema carcelario en nuestro país (incluyendo a las víctimas de «balas frías»), una recompensa justa sería el encarcelamiento de la ministra en alguno de los penales que se encuentran bajo su custodia, perfecto para que viva en carne propia el dilema diario de un preso y se de cuenta de su incapacidad en el cargo mientras paga su condena.

Esto no sería simplemente un pensamiento, sino una realidad en cualquier país con un sistema judicial limpio, justo, pronto y desligado a la política partidista. Se necesita una solución apresurada y adecuada a la realidad de los que más sufren: los presos y sus familiares. Pero Venezuela es un país atípico… Donde las armas en las cárceles están en manos de los presos y no de sus cuidadores y donde la justicia está a la orden del Presidente y no de su gente.

Copio el artículo de nuestra colega Thabata Molina de El Nacional sobre los pagos de los familiares a pranes, custodios y Guardias Nacionales para resguardar la vida de algunos reclusos. Inclusive se toca el tema de la compra de armamento por parte de los reos.

Hasta Bs 1.000 semanales gastan familias de presos por mantenerlos vivos

Thabata Molina

El negocio de las armas, droga y privilegios le puede reportar al pran hasta 10.860.000 bolívares anuales  Infografía: El negocio del pran

«Yo voy a la visita 3 veces a la semana y gasto hasta 1.000 bolívares con todas las cosas que pagamos, sólo para que mi novio pueda vivir allí lo mejor posible», relató Vanesa Palacios, novia de un recluso de Rodeo I.Para ella y su familia la jerga penitenciaria se ha convertido en parte de su vida, y asumen que allá dentro se paga hasta para tener el derecho de vivir. El negocio está compuesto por una cadena de corrupción entre guardias nacionales, custodios de la Dirección de Servicios Penitenciarios del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y los líderes de los «carros» de cada sector del penal.Un informe elaborado por los funcionarios de este ministerio indica que un «pran» puede ganar anualmente hasta 10.860.000 bolívares, producto de los negocios que maneja, pues al final toda la economía penitenciaria gira en torno a lo que el líder permite.Por la vida. Cada recluso paga, sólo por el derecho de vivir dentro del área de poder de algunos de los «carros», entre 50 y 130 bolívares semanales. A esta especie de alquiler se le conoce como «causa». Este cobro le puede generar al «principal» un ingreso anual de 4.860.000 bolívares, si se multiplica por un aproximado de 1.500 reclusos que en promedio es lo que controla cada líder.Pero, además, el pran está en capacidad de someter a un selecto grupo de reos, que por lo general son los que tienen, tal vez, un poco más de poder adquisitivo o que han tenido algún problema con otro recluso, y necesitan protección extra. Esta cuota la llaman «terror base», que no es más que una especie de impuesto o vacuna que cancelan los reos para no morir.El número de sometidos puede llegar a 50 reclusos que pagan entre 4.000 y 10.000 bolívares cada 2 meses, únicamente para que no los maten. Por concepto de terror base, el pran y su carro pueden percibir hasta 2.400.000 bolívares anuales.Privilegios. «Los privilegios se pagan caros. Por lo general es preferible comprar las cosas dentro y no intentar meterlas con la Guardia Nacional o los custodios, porque puede generar más gastos y problemas con el pran», señaló Palacios, que enumeró algunas de las cosas que venden dentro del penal.

«Por un aire acondicionado te pueden cobrar hasta 4.000 bolívares, pero, en cambio, sólo por meter un televisor plasma, 2.000 bolívares. Una botella de ron puede costarle a un preso 400 bolívares, pero obviamente allá dentro todo es mucho más caro: un perrocaliente son 20 bolívares, las hamburguesas 60 bolívares, las consiguen cuando hay pernoctas», agregó.

Otras de las decisiones relevantes que dependen del pran es quién portará las armas de fuego. El líder establece las tarifas de venta. Por una pistola el precio base es de 300 bolívares, pero también decide si la vende o no, pues no se puede arriesgar a que los reos se armen, se organicen y monten su propio carro, por tanto, sólo su gente de confianza tendrá armas.

El principal las negocia externamente con la Guardia, específicamente con los grupos comando que entre ellos se llaman «compañeros de armas».

«Es preferible pagar por el arma al pran y no transarse con la GN, porque si el principal se entera le puede costar hasta la vida al preso», expresó Palacios.

Aclaró que las armas más potentes son exclusivas para los «luceros» y demás miembros del carro.

Aquí una infografía de El Universal sobre el rentable negocio de abastecer a una cárcel: