El pasado martes 9 de agosto, en el hospital Patricio Alcalá de Cumaná, estado Sucre, falleció el recluso Lionisio Carrión, quien presentó un presunto cuadro de desnutrición, luego de permanecer esposado en la reja de la manga en la receptoría de la policía estadal durante diez meses.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), relató que Carrión, en espera de juicio, padecía una enfermedad psiquiátrica, pero nunca fue diagnosticado porque el médico tratante del Cicpc, quien además funge como director del servicio psiquiátrico del mencionado hospital, no tenía cama para internarlo ni contaban con funcionarios para resguardarlo.

Prado indicó que el interno fallecido fue aprehendido el 7 de septiembre de 2015, por agredir con un machete a un policía, suceso originado accidentalmente por su condición mental. Incluso, a algunos funcionarios les abrieron procedimientos administrativos por trasladar a Carrión hasta el hospital, para atenderle algunas heridas perpetradas durante su aprehensión, sin la orden del tribunal que llevaba el caso.

Cuatro días después de su reclusión, el hombre fue esposado a una reja en la manga del comando policial, pues no dejaba dormir a los demás reclusos y corría el riesgo de que lo agredieran físicamente. Allí era vejado constantemente por los policías, ante la mirada inerte de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes -afirmó Prado- ignoraron el llamado de alerta hecho por el abogado defensor de Carrión.

«A causa de varias heridas abiertas en sus pies, Carrión presentó una severa infección, por lo que le salieron gusanos, y jamás recibió tratamiento para combatir la enfermedad; además de no recibir alimentos, por lo que presuntamente padeció el cuadro de desnutrición que le generó afectaciones en los órganos internos», aseveró el director de la OVP.

En tanto, el privado de libertad nunca fue visitado por ningún familiar y de vez en cuando era bañado por los bomberos, que le echaban agua con una manguera desde el camión. Tras su fallecimiento, miembros de la junta comunal de Casanay retiraron el cadáver y lo resguardaron en una urna de cartón para darle sepultura.

Prado recordó que la sede de la Policía del estado Sucre en Carúpano se encuentra bajo medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la muerte de 10 reclusos durante un incendio provocado dentro de una radiopatrulla que fungía como calabozo.

Más muerte en cárcel de Fénix

A través de un despacho de prensa,  el OVP enumeró otros tres reportes recientes de decesos de presidiarios por  supuestas fallas nutricionales, lo cual eleva el registro a cuatro en lo que va de año.

La organización apuntó que el 15 de abril de este año, en la Comunidad Penitenciaria Fénix en Barquisimeto, estado Lara, falleció una interna identificada como Ada Yaquelinda Jiménez Hernández, de 39 años de edad, quien sufrió un infarto cuando hacía ejercicios físicos, luego de que presuntamente también pasara varios días sin ingerir suficientes alimentos.

La madre de Ada Yaquelinda relató: “Cuando vi a mi hija por última vez se la llevaron de la Cárcel de El Marite y estaba gordita, pero cuando me la entregaron en la morgue del Hospital Central de Barquisimeto estaba extremadamente flaca. Ese pobre ser sufrió mucho”.

El pasado viernes 12 de agosto, el director del OVP denunció otros dos casos de muerte de privados de libertad por presunta desnutrición.

El miércoles 10, un joven ayudante de albañilería, recluido desde mayo en los calabozos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Araure, estado Portuguesa, falleció a causa de desnutrición severa y síndrome diarréico.

Prado informó que el recluso resultó identificado como José Antonio Álvarez Castillo, de 24 años de edad, quien fue trasladado el 2 de julio hasta el hospital de la localidad, junto a otros tres privados de libertad que presentaban un cuadro de salud similar.

“En la Guardia no permiten visitas, sólo que se les lleve comida y agua. Cuando fuimos el domingo nos informaron que lo habían trasladado al hospital, al llegar allí nos enteramos que no lo querían atender los médicos, pero finalmente comenzaron a colocarle soluciones, mi hijo ya estaba muy mal”, denunció el padre de  Álvarez Castillo.

De igual manera, murió el recluso Tulio José Soto Gómez, de 49 años de edad, por presunta caquexia (desnutrición, deterioro orgánico y gran debilitamiento físico). El hombre, en espera de juicio, se encontraba detenido en las celdas de la Policía Municipal de Paz Castillo, estado Miranda, y murió minutos después de ser recluido en el hospital Luis Razetti.

Sus familiares aseguraron que “le recomendaron un tratamiento por un tumor en uno de sus testículos, pero los policías no le daban las pastillas completas, por temor a que se envenenara”.

Prado solicitará la investigación inmediata, exhaustiva e imparcial a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, además de informar sobre estos casos al Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT).