Asociación Civil Paz Activa

En su investigación “Justicia transicional en medios de comunicación”, el periodista y activista Luis Carlos Díaz expone el papel de la prensa en un eventual periodo posterior al ataque sistemático a los derechos humanos promovido desde el Estado 

Asegura que previo a una justicia transicional, los medios deben construir una memoria colectiva que respalde a las víctimas, difundir la complejidad de las violaciones a los DDHH y establecer manuales para periodistas  

@franzambranor

Para el periodista y activista, Luis Carlos Díaz, los medios de comunicación suelen estar rezagados en cuanto al término de justicia transicional.

La justicia transicional se refiere a cómo las sociedades responden al legado de violaciones graves y masivas de los derechos humanos. “Son los procesos de justicia y paz posteriores a las violaciones de DDHH masivos”, sostuvo Díaz. 

Aunque para el abogado del Centro Guernica para la Justicia Internacional, Michael Reed-Hurtado, la expresión adecuada es justicia restaurativa o formas alternas de justicia. “El término es utilizado por académicos provenientes de la ciencia política, la psicología, el derecho y el campo de la resolución de conflictos con fundamentos disímiles, produciendo ambigüedad”, dijo. 

Apenas cuando este martes 20 de septiembre una misión Internacional de investigación  de la Organización de Naciones Unidas determinó que el gobierno de Nicolas Maduro y jefes de cuerpos de inteligencia son responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad, la justicia transicional cobra vida de cara a una eventual recuperación del estado de derecho y la democracia en Venezuela. 

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A propósito de su investigación, “Justicia transicional en medios de comunicación”, avalada por la Fundación Hanns Seidel y la Asociación Civil Paz Activa, Díaz sostuvo que esta compila referencias bibliográficas y materiales que se refieren a los procesos de justicia transicional, pero desde la perspectiva de los medios de comunicación

“Por lo general, la justicia transicional es un tema estudiado por abogados, psicólogos, politólogos y otros expertos, pero el periodismo y los medios de comunicación suelen quedar rezagados esperando a ver qué es noticia o qué es relevante”.

Díaz aseveró que lo que propone el estudio es adelantarse a escenarios de verdadera justicia y democracia, aprender de experiencias en otros países e incorporarlas tanto en las agendas informativas como en el bagaje que necesitan los comunicadores para afrontar esos procesos, que suelen ser complejos. 

“Es un rol de acompañamiento, exigencia y construcción de memoria. También el estudio atiende al contexto nacional y las dificultades para hacer periodismo en la actualidad, lo que nos dejaría un ecosistema de medios bastante dañado y menoscabado, incluso en un escenario en el que se recupere la democracia y la libertad”.

En el informe, Díaz alerta también sobre los estragos que causa la censura sostenida en Venezuela durante los últimos años, la cual ha borrado los archivos de muchos medios de comunicación y silenciado la cobertura de las violaciones de DDHH. “Igualmente, de los riesgos que entrevera la cobertura de víctimas y el señalamiento de los perpetradores cuando estos aún cuentan con redes de poder y financiamiento para acabar con la crítica”.

En la investigación, Díaz revela que Runrunes es el medio digital venezolano que más menciones ha hecho a las palabras “justicia transicional” con 345.

A continuación presentamos unas claves del estudio:

 – Verdad: Para Díaz, la verdad tiene que ver con el derecho a tener un relato fiable, comprobado y honesto de lo ocurrido. “La necesitan las víctimas, la ciudadanía, los tribunales y hasta los perpetradores. Tiene que ser libre de propaganda y mentiras y requiere de investigadores expertos. Revela los mecanismos del poder y establece quiénes son los actores involucrados, su grado de responsabilidad y sienta las bases para el proceso de justicia”, reza la investigación.

 – Justicia: La justicia demanda tribunales independientes y creíbles. Está en la obligación de respetar el estado de derecho y el debido proceso. “Trabaja contra la impunidad y puede ser restaurativa. Es el punto central del proceso y el más complejo en lógicas transicionales. Establece responsabilidades y decide el destino de los involucrados”, se desprende del estudio. 

 – Reparación:  La reparación responde a una obligación de los Estados y es un proceso de múltiples manifestaciones. En esta etapa a veces no es posible reparar por completo los daños, porque estos pueden ser inabarcables. De acuerdo con Díaz, la reparación comprende varios escalones como la restitución, que busca que se retomen y reconstruyan proyectos de vida de las víctimas; indemnización, la cual tiene que ver con la compensación monetaria; rehabilitación, que restablece condiciones físicas y psicológicas y satisfacción, la cual reconoce la dignidad y difunde la verdad que ha sido negada.

  Garantías de no repetición: Estas tienen que ver con la reducción de las posibilidades de que los atropellos a los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Exigen una transformación de leyes, instituciones y programas. “Se corrigen injusticias y mantienen vivos los hitos y la memoria para evitar la reincidencia”. 

  Retos de los medios: Para los medios de comunicación la tarea consiste en influir en la opinión pública para la obtención de la paz. Es perentorio no limitarse a retratar la confrontación violenta y hacer hincapié en la denuncia. Igualmente es necesario no revictimizar a las personas que hayan sufrido daño y tampoco alimentar a grupos fanáticos

  Riesgos de la justicia transicional: En el camino hacia y durante la justicia transicional se pueden conseguir varios obstáculos, como un periodo sin justicia ni transición y peor aún, una «justicia de consolación». Puede también efectuarse un pacto entre élites para diluir la gravedad de lo ocurrido y lo empleado habitualmente por regímenes autocráticos: culpar a las víctimas y desprestigiar a defensores de derechos humanos y periodistas.  “Otra incorporación de la investigación exploratoria documental es que el proceso de justicia transicional en Venezuela no solo podrá tratarse de violaciones de derechos humanos como las juzga la justicia penal internacional, sino que también nos abre una agenda de reconstrucción bastante retadora que incluye la corrupción, el populismo y los crímenes asociados a la ideología de quienes han sido los perpetradores, porque todas esas dimensiones han ocasionado muertes y daños institucionales masivos”, aseveró Díaz.

  Retos y recomendaciones: Para que los medios de comunicación cumplan con su rol en el escenario de una hipotética justicia transicional es necesario trazar varias metas como: establecer manuales para periodistas, fortalecer la fuente y hacerla cotidiana,  difundir la complejidad del espectro de los DDHH para que sea mejor abordada y crear una memoria a través de bancos de experiencias. “Necesitamos muchas más personas pensando estos temas de forma colectiva para saber responder a los retos de la justicia en Venezuela. También hay que extender las investigaciones a temas asociados como justicia penal internacional, reconciliación, construcción de paz y superación del trauma. Siempre nos toca pensar cuál será el rol de los medios, los comunicadores y las redes en esos procesos. Algunos ni siquiera están escritos aún y para otros podemos contar con muchas experiencias que pueden inspirarnos o alertarnos sobre lo que no puede repetirse”.

EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES, los venezolanos han entrado en un remolino de acontecimientos que ponen a prueba el talante democrático como nación y como pueblo.

El 1° de abril la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió las sentencias 157 y 158, con las cuales se suprimían los puntos más polémicos de sus predecesoras, las sentencias 155 y 156, con las cuales el Poder Judicial le quitaba competencias al Poder Legislativo para asumirlas desde el máximo tribunal y otorgarle funciones legislativas al Poder Ejecutivo lo que representaba una flagrante violación del orden constitucional, ya que violaban la independencia de poderes establecidos en la Constitución. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, calificó: “las sentencias 155 y 156 del TSJ representan una ruptura del hilo constitucional” y exhortó a los actores políticos a tomar los caminos democráticos y respetar las diferencias.

Fue en este contexto que el 2 de mayo, a través de un comunicado la Asociación Civil, Paz Activa hizo pública su preocupación y un llamado al respeto y defensa de los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) vigente. Hoy la preocupación está más viva que nunca ya que el gobierno no escuchó el clamor de la mayoría de los venezolanos que llevan más de 100 días de protesta pacífica en las calles y que fue manifestaba de manera inequívoca en la Consulta Popular realizada el 16 de julio, donde participaron 7.535.259 personas quienes con su participación ratificaron a la Asamblea Nacional elegida el en diciembre del 2015 su mandato popular para restituir el orden constitucional.

Sin embargo, Nicolás Maduro violentando expresamente los principios constitucionales, procedió a convocar y realizar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (sin haber consultado previamente a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no en cambiar la Carta Magna) sellando su atropello con la instalación de esta.

Estado Mafioso o Forajido

En julio de 2016, la Asociación Civil, Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado realizaron el Foro “El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela ¿Qué tipo de estado somos?», donde se profundizó en el análisis de la problemática del impacto del crimen organizado en los diferentes ámbitos de Venezuela, no sólo como estado sino como país, con una situación socio-económica y política que cada día los hacía más vulnerables a este flagelo.

Un año antes en noviembre del 2015, el Observatorio de Delito Organizado publicó una nota editorial «¿Evidencias del “Estado Mafioso” en Venezuela?», llamando la atención en cuanto a las implicaciones de la detención de dos familiares directos de la familia presidencial venezolana por actividades de narcotráfico internacional, lo que se puede interpretar como una clara señal de la penetración de una amplia red en el poder político y económico de la nueva clase dominante en Venezuela.

Además, con la inclusión de nuevos funcionarios de alto rango a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las inminentes sanciones que anuncia imponer la Unión Europea a los funcionarios del gobierno de Maduro, donde están incluidos el vicepresidente y el presidente de Venezuela, se confirma una práctica delictiva que el gobierno venezolano ha adoptado desde hace más de una década, exponiendo a la sociedad venezolana a los graves peligros que conllevan la relación con grupos de delincuencia organizada como lo son el tráfico de drogas, lavado de dinero, sicariato, contrabando, secuestro y extorsión, entre otros.

En algunas de las Ex Repúblicas Soviéticas se han instaurado nuevas formas de gobierno e instituciones que surgieron a partir de sus revoluciones. Tales gobiernos presentan algunas debilidades en la solidez de su estado de derecho, así como de sus sistemas de contraloría, dejando el control de la institucionalidad del estado en manos de las nuevas élites, algunas corruptas y con poca formación política que vieron en el manejo del estado grandes oportunidades de enriquecimiento. Estas son llamadas en algunos casos “Estados Mafiosos”. Estos son controlados por una pequeña élite que puede estar conformada por familias dominantes o pequeños grupos de poder que se identifican con un “Poligarca”, que se define como un oligarca con poder político y gran poder económico oculto a través de testaferros, o una mezcla de estos.

Con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente hoy denunciada fraudulenta, el Estado Mafioso en el cual se ha convertido Venezuela, consolida la dictadura. Desatendiendo la voz de más del 80% del país.

Gobernabilidad y transición política

Las experiencias de Perú, de países en África y de la ex Unión Soviética nos demuestran que la única salida para retomar la gobernabilidad de este tipo de estados es negociando con aquellas personas que los conforman.

El pasado mes de junio, más de 30 organizaciones civiles impulsaron en Venezuela la denominada iniciativa «Justicia Transicional». Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa, una de las organizaciones promotoras de esta acción, resalta la importancia de esta propuesta en los actuales momentos que vive el país: “Ante esta realidad, se impone la negociación y la política como la opción de destrancar el juego democrático para que nos encaminen a superar esta aguda crisis. Uno de los caminos que claramente nos presenta las experiencias de naciones que han superado los grandes retos del cambio con un mínimo de trauma y violencia es lo que se conoce como Justicia Transicional”.

Esta justicia “especial” para una agenda de Paz y Gobernabilidad ofrece garantías y atenuantes a todos aquellos que deseen plegarse a ella. También garantiza el trato igualitario de las víctimas, donde la búsqueda de la verdad, el reconocimiento y reparación de las víctimas está por encima de la imposición de sanciones y castigo a los culpables y compone la esencia de esta Justicia.

Es imperativo transitar pacíficamente estos tiempos difíciles que actualmente vive Venezuela para lograr una gobernabilidad sustentable que permita fortalecer el sistema democrático. Se deben abrir a los mecanismos probados y disponibles para superar este tipo crisis.

CON PREOCUPACIÓN AFIRMAMOS QUE VENEZUELA vive hoy un escenario de violencia política que no tiene precedentes en nuestra historia reciente, ya sea por su duración o por la cantidad de víctimas mortales, heridos y pérdidas materiales que se han registrado en más de 50 días de protesta masiva en todo el territorio nacional. Impulsadas por los diputados opositores, estas acciones se iniciaron a principios del mes de abril con el fin exigir el fiel cumplimiento de la Constitución Nacional, en cuanto al respeto a la Asamblea Nacional, la ejecución de un calendario electoral, liberación a los presos políticos y la apertura de un canal humanitario que permita que lleguen al país alimentos y medicinas para paliar la escasez de estos insumos básicos en el país.

Hasta esta última semana de mayo, el Ministerio Público había registrado más de 55 muertos, más de 1.000 lesionados y 346 bienes afectados. Por su parte, Consecomercio estima más de 300 comercios afectados, pérdidas superiores a $50 millones de dólares, así como 10 mil puestos de empleo entre directos e indirectos en riesgo, como consecuencia de los saqueos registrados en diferentes entidades del país en casi dos meses de protestas.

Los actores: Por un lado, un numeroso sector de la población que se opone al gobierno nacional encabezado por diputados, líderes y militantes de partidos de oposición; sociedad civil (jóvenes, adultos, adultos mayores, religiosos, músicos, amas de casa, entre otros), que acuden a las marchas convocadas por la Unidad para protestar por la situación del país y exigir respeto a la Constitución.

Por el otro, Cuerpos de Seguridad del Estado (GN, PNB, Sebin) y algunos componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), con frecuencia apoyados en la acción de grupos civiles armados, denominados «colectivos», como se ha registrado en numerosos vídeos y fotografías difundidas por las redes sociales y algunos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Para Luis Cedeño, director del Observatorio de Delito Organizado: «Estos grupos de choque que actualmente están trabajando en crear caos en el marco de las protestas pacíficas de la oposición, son grupos mercenarios extraídos de alguna manera de los cuerpos de seguridad del estado o de algún colectivo o megabanda que son pagados para generar este tipo de violencia. Consideramos que entran en un esquema que se asemeja más al terrorismo mercenario que se han dado en algunos países de Europa y África, pagados por intereses que buscaban en esos contextos crear el mismo caos y ese tipo de violencia que actualmente se vive en el país».

Con información del Observatorio de Delito Organizado

LA ASOCIACIÓN CIVIL PAZ ACTIVA y el Observatorio de Delito Organizado, llevarán a cabo este viernes 17 de marzo una mesa técnica  para analizar desde diferentes perspectivas a Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo.

Las Organizaciones No Gubernamentales llevarán a cabo la iniciativa conjuntamente con la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

La actividad está dirigida a integrantes de las Comisión de Política Interior y en especial a la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada que preside José Luis Pirela. Igualmente, asistirá el personal que asiste a los diputados que conforman dichas Comisiones que son las responsables de profundizar y legislar sobre este importante tema.