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Asamblea Nacional

La AN elaborará informe para que Venezuela se adhiera al Tiar

EN UNA SESIÓN HISTÓRICA sin medios de comunicación en la Asamblea Nacional, se aprobó remitir a la Comisión de Política Exterior el proyecto de acuerdo en respaldo a la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para “la defensa de la soberanía, la Constitución y el pueblo” .

Francisco Sucre, presidente de la instancia parlamentaria y encargado de comenzar el debate a las 12:12 del mediodía, explicó que prepararán el informe en tiempo perentorio para que sea aprobado ante la cámara, con el objetivo de que el país se adhiera formalmente al TIAR y forme “parte integral de todo el sistema interamericano, del que Venezuela está aislada por una política permanente de la dictadura”.

“Queremos aumentar las herramientas con las cuales contamos los venezolanos y los amplios sectores de la Fuerza Armada Nacional que están con la democracia y la Constitución y que hoy quieren, al igual que la mayoría del pueblo, un cambio definitivo en el país”, manifestó.

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Desde hace una semana se desconoce el paradero del diputado Gilber Caro

DESDE LA MADRUGADA DEL VIERNES 26 de abril está desaparecido el diputado por el estado Miranda, Gilber Caro. Hombres no identificados se lo llevaron cuando se encontraba con su equipo de trabajo en un local de comida en la ciudad de Caracas.

Horas después de su desaparición, la diputada Adriana Pichardo informó sobre lo sucedido a través de su cuenta en Twitter. Dijo que no sabían hacia donde fue trasladado. “Hacemos responsable al régimen usurpador por la vida y la integridad del diputado”, expresó.

 

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Transparencia Venezuela: ¿Qué pasó con el diputado Juan Requesens?

EL MARTES 7 DE AGOSTO EN HORAS DE LA NOCHE el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se llevó detenido al diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens. Fue trasladado a la fuerza junto a su hermana Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) cuando se encontraban en Terrazas del Club Hípico. Los procedimientos aplicados en el arresto del diputado Requesens evidencian una clara violación al debido proceso y los derechos humanos del parlamentario.

La detención del diputado por el estado Táchira, se dio minutos antes de que el Presidente Nicolás Maduro lo señalara en televisión nacional, junto a su colega Julio Borges, como presuntos implicados en el atentado del 4 de agosto en la avenida Bolívar. Maduro calificó a Requesens como uno de sus adversarios “más locos y psicópatas”.

El Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, le dictó privativa de libertad como presunto autor y partícipe del supuesto atentado contra el Presidente. Fue imputado por los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra siete efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), terrorismo, asociación para delinquir, y posesión de armas y municiones.

El Tribunal fijó la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como lugar de reclusión. Desde su detención lo familiares no han podido verlo, los oficiales de seguridad alegan tener “órdenes superiores” que impiden las vistas al parlamentario.

Su familia teme por lo que pueda ocurrirle al parlamentario, dado que por haber sido sometido a una cirugía bariátrica necesita cuidados especiales, los cuales no le son permitidos por los funcionarios del Sebin. Requiere de vitaminas, comida y medicamentos, pero a la familia se le hace esperar horas para entregarlos bajo la excusa de que “no hay funcionarios que la reciban”. Desconocen si realmente le son entregados al diputado.

Por su parte, el equipo de defensa asegura que está en marcha una condena sin juicio. “Sabemos que el presidente ya lo condenó a priori; sabemos que ya hay una condena sin un juicio previo, sin el debido proceso, que está ya en marcha, pero nosotros necesitamos tener acceso a las actas. Necesitamos hablar con Juan”, dijo Joel García, abogado del parlamentario.

 

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Acceso a la Justicia: El Tribunal Supremo de Justicia y el Banco Central compiten por el primer lugar en opacidad

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ), en particular su Sala Constitucional (SC), ha aumentado la frecuencia en la cual incurren en retardo u omisión a la hora de publicar sus sentencias en su página web, en especial en los casos en los que los derechos humanos de los involucrados han sido gravemente violados; por ejemplo, en vez de divulgar el texto completo de la sentencia, dan a conocer la decisión tomada por nota o rueda de prensa.

Sin embargo, la opacidad en Venezuela no es sólo una práctica del TSJ sino de todos los órganos del Estado, salvo de la Asamblea Nacional (AN). De hecho, se puede hablar de una política de Estado en el ámbito del sistema de justicia a la que ya hemos hecho alusión, con el aval del TSJ para no dar acceso a la información que debe ser pública, por ejemplo, la del Banco Central de Venezuela en cuanto a los índices de inflación.

Sobre la situación irregular que se ha presentado con la publicación de las sentencias del TSJ, Acceso a la Justicia destaca que no es un asunto menor por dos importantes razones: porque causa indefensión e inseguridad jurídica a los afectados por esas sentencias al no conocer el porqué de las mismas, y porque desde hace tiempo el TSJ ha cambiado el ordenamiento jurídico vigente a favor del poder político imperante, por lo que sus decisiones afectan no solo a las partes del caso, sino también la vida de los habitantes del país, por lo que es clave su divulgación y conocimiento.

Desde un punto de vista técnico jurídico, la no publicación del texto completo de la sentencia viola la legislación venezolana, pudiendo hacer dudar incluso de su validez, pues el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil (CPC) exige que una sentencia contenga la exposición de los hechos y de los pasos del proceso judicial del caso (parte narrativa), la explicación de la decisión del juez y el porqué de la misma (parte motiva) y el texto de la decisión definitiva (parte dispositiva).

No obstante, se podría sostener que la falta de publicación del texto completo de la sentencia en la página web del TSJ no significa que aquella no cumpla con todos sus requisitos legales, porque puede estar en el expediente; como prevé el artículo 247 del CPC, esta se publica “agregándose al expediente, en el cual se pondrá constancia del día y la hora en que se haya hecho la publicación”. Además, según la jurisprudencia del TSJ, la página web es solo un “medio auxiliar de divulgación de su actividad judicial, por lo que la publicación de la sentencia en su web no parece ser obligatoria.

Aún es, así es fundamental que el TSJ cumpla con el debido proceso de los afectados por sus decisiones y les haga conocer las sentencias completas, así como el acceso a los expedientes en que están involucrados sin afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos, lo que en cambio suele hacer al no publicar del todo el texto de sus decisiones en un sitio público como su página web, ni siquiera en su “cuenta del día”.

Debe destacarse que en el caso de las sentencias de la SC del TSJ algunas de sus sentencias son vinculantes, por lo que deben ser publicadas también en la Gaceta Oficial y no sólo en su portal electrónico.

A continuación presentamos algunos ejemplos de opacidad por parte del TSJ.

Los casos de los alcaldes condenados sin sentencia publicada

Desde Acceso a la Justicia hemos alertado reiteradamente sobre los diecisiete alcaldes opositores ilegalmente perseguidos y sentenciados por el TSJ por no impedir las protestas ciudadanas de 2017, pese a estar amparadas por la Constitución.

Hoy denunciamos que, transcurridos dos años del enjuiciamiento de los burgomaestres Gustavo Marcano, Alfredo Ramos y Carlos García, condenados a penade prisión sin siquiera poder defenderse, aún no se han publicado los fallos en su contra.

Las sentencias contra Guaidó brillan por su ausencia

La Sala Plena dictó el 29 de enero del presente año una decisión contra el vigente presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, en la que se le prohibió la salida del país, se inmovilizaron sus cuentas y se le prohibió enajenar y gravar sus bienes.Han pasado casi tres meses sin que haya sido divulgado el texto de esa sentencia en la web del Tribunal Supremo y, más grave todavía es que a la decisión citada se le unió otra, la del 1 de abril, en la cual, sobre la base de la violación a lo dispuesto en la del 29 de enero, el TSJ le solicita a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que le allane la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. Además, en esa sentencia el TSJ lo multa por desacato, le ratifica las cautelares impuestas en enero e insta al fiscal general a continuar la investigación penal. Esta sentencia tampoco ha sido publicada, o mejor dicho, no se conoce su texto completo, solo la nota de prensa sobre la decisión tomada.

Por falta de ejemplos el TSJ no ha de pecar

Un caso menos grave, no por ello menos irregular, ocurre cuando el afectado ha tenido que esperar días, semanas o meses para conocer el texto íntegro de sus respectivas sentencias en la web. El abanico de afectados incluye las sentencias dictadas por la Sala Plena contra los diputados de la legítima Asamblea Nacional,  Freddy Guevara (sentencia n.º 69 del 3 de noviembre de 2017) y Germán Ferrer (sentencia nº 66 del 16 de agosto de 2017), quienes tuvieron que esperar días y semanas, respectivamente, para que fuesen publicados los fallos que desencadenaron en una franca violación al procedimiento de antejuicio de mérito y de la inmunidad parlamentaria constitucionalmente establecida para ambos diputados. Las razones de hecho y de derecho de la decisión de suspensión en el cargo y declaratoria con lugar del antejuicio de mérito de la fiscal general Luisa Ortega Díaz por parte de la Sala Plena (sentencia n.º 65 del 4 de agosto de 2017) debió esperar meses para que fuese divulgada en la web, no precisamente apegada a derecho, dicho sea de paso.

Hay otros ejemplos de esta práctica evasiva del máximo tribunal del país que van más allá de los casos de persecución política contra la disidencia y que afectan a toda la población, como el de la Asociación Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap). La ONG inició en 2016 una batalla desde los juzgados de primera instancia con competencia en protección del niño, niña y adolescente para que frente a la escasez de medicamentos, causada por la crisis humanitaria, el Ejecutivo Nacional los garantizara como establece la legislación venezolana. Sin embargo, después de cuatro decisiones denegatorias sin justificación válida, incluyendo la de la SC del TSJ, esta se tardó meses en publicar el texto completo de la sentencia, aunque sí publicó en su página web el contenido del dispositivo.

En virtud de todo lo anterior, desde Acceso a la Justicia nos hacemos varias preguntas: ¿por qué unas sentencias se publican en la web y otras no?, ¿cuál es la intención que hay detrás?, ¿por qué la página web del TSJ está bloqueada hacia el exterior? Todo ello revela opacidad y violación de principios básicos de un Estado de derecho. No es casual en este sentido que Venezuela ocupe el último puesto de países evaluados en el indicador Estado de derecho.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

 

Mike Pence: Venezuela estamos con ustedes hasta que se restaure la democracia

EL VICEPRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, Mike Pence respaldó la manifestación que se registró este martes 30 de abril en Venezuela, en el marco de la llamada Operación Libertad, promovida por el presidente interino, Juan Guaidó.

«Venezuela, estamos con ustedes. Estaremos con ustedes hasta que se restaure la democracia y la libertad», dijo Pence desde el Comando Sur de Estados Unidos.

Luego en un tuit dirigido a Guaidó, Pence dijo que Estado Unidos estará con Venezuela hasta que se restablezca la libertad y la democracia.

“A Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y todo el pueblo amante de la libertad de Venezuela que están tomando las calles hoy en día Operación Libertad, seguimos con ustedes! ¡Estamos contigo! Estados Unidos estará con ustedes hasta que se restablezca la libertad y la democracia. ¡Vayan con Dios! #FreeVenezuela”, escribió.

Guaidó: Llegó el momento, nos vemos el 1ero de mayo

«NO HAY VUELTA atrás». La fase definitiva de la Operación Libertad sigue su curso y desde el estado Aragua, lo ratificó el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó al decir que el próximo miércoles 1ero. de mayo los venezolanos participarán en la “marcha más grande de la historia”.

“Llegó el momento, nos vemos en la calle el 1ero.de mayo. El momento es ahora. Hay que salir a echar el resto porque Venezuela va a renacer, de eso que nadie tenga duda. Tenemos ese compromiso con el país”.

Desde dos multitudinarias concentraciones, una en la Av.Bolívar de Maracay; y la otra desde La Victoria; Guaidó recordó que este sábado 27 de abril será la juramentación de los Comités de Ayuda y Libertad en todo el país cuya misión es la “organización” de los ciudadanos en cada ciudad, sector, parroquia, empresa, etc; para activarse de cara a la ruta de la transición.

El Presidente encargado del país, estuvo de visita en el estado Aragua, como parte del recorrido que hace por toda Venezuela para escuchar y atender a los ciudadanos, pero además para levarles un mensaje de esperanza y compromiso de lucha.

“Nos quisieron sabotear porque le tienen miedo a la palabra, le tienen miedo a la verdad; no pueden dar la cara, y mucho menos pueden enfrentar la verdad. Llegamos a Aragua tal como lo prometimos; pero también atendimos a la gente organizada y movilizada en la calle”.

A su llegada, Guaidó visitó el santuario de la beata, Madre María de San José; allí participó en una oración por la paz de Venezuela; también visitó el colegio que lleva el mismo nombre de la beata. Lo acompañó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano; y diputados del parlamento.

Vencer el miedo

Un llamado especial a los trabajadores de la administración pública hizo el el Presidente (e) de Venezuela para que se sumen “sin miedo” a la lucha por el cese de la usurpación.

“A los empleados públicos les pido terminar de revelarse contra el régimen usurpador. Vayan esta semana a trabajar con un distintivo (lazo o chapa) tricolor como señal del cese de la usurpación; si los persiguen, vayan a la Asamblea Nacional porque allá estamos trabajando para protegerlos. Este martes entra en segunda discusión la Ley de Garantías para empleados públicos”.

Desde las dos concentraciones, el también Presidente del Parlamento, envió un mensaje a la Fuerza Armada Nacional (FAN), les pidió escuchar el “mensaje de cambioI” que hay en las calles. Asimismo les recordó que tienen un “rol importante” en la transición y en la reconstrucción de Venezuela.

Por otra parte, ratificó su posición de no prestarse para “falsos diálogos”.

“Que se olviden de falsas negociaciones; nosotros tenemos una ruta que está bien clara y definida y esa es la que vamos a transitar para lograr el cese de la usurpación que dé paso al gobierno de transición y finalmente a las elecciones libres”.

Para finalizar, y solicitud de los presentes y diputados de la región; Guaidó juramentó los Comités pilotos de layad y Libertad, en La Victoria.

 

Por Dariana Bracho

La transición hacia la democracia moviliza a la universidad venezolana

EL AUDITORIO DEL CENTRO de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri, de la Universidad Metropolitana, se debatieron la transición hacia la democracia, el Estatuto que la rige y la Justicia Transicional, ante una audiencia superior a 200 personas entre líderes sociales, estudiantes y activistas.

Las organizaciones participantes, investigadoras y difusoras de diversas áreas del caso venezolano, fueron Bloque Constitucional, con la vocería de la doctora Cecilia Sosa; Transparencia Venezuela, representada por Mildred Rojas, y la “Fundación para el Debido Proceso”, por el experto internacional Ramiro Orias junto a la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano.

El acto inició con palabras del rector metropolitano, Benjamin Scharifker, quien mencionó la necesidad de conciliar “la ética, la política y el derecho» para una visión integral de la crisis venezolana, e invitar a los asistentes a complementar la voluntad de cambio con competencias y herramientas”.

Continuando con la promoción desde el Bloque Constitucional del “Estatuto que rige la transición hacia la democracia” la doctora Cecilia Sosa recordó que “en esta ruta están las respuestas a quienes hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos” y así: “devolver la oportunidad de confiar en la justicia ordinaria que jamás se debió dejar a un lado”.

Para la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la ley: “Es un orden de trabajo sin descanso, para construir una democracia estable y duradera”

La corrupción como parte de la crisis venezolana

Mildred Rojas, coordinadora de estrategia de Transparencia Venezuela, aportó las claves para entender a la corrupción en el caso nacional, como gran responsable de la emergencia humanitaria.

Esta organización ha detectado “cientos de casos de corrupción desde los más altos niveles del Estado, así como también vínculos con organizaciones internacionales”.

Incluida “una red complejísima de dinero, sin comparación en el mundo” que para la fecha incluye investigaciones en hasta 6 países sobre capital venezolano.

Como muestra de los incentivos que brinda a la corrupción el sistema institucional actual mencionó las más de 500 empresas del Estado, las cuales en su mayoría son difíciles de rastrear, y para entender la magnitud de la cantidad, recordó que Brasil cuenta con alrededor de solo 100.

Justicia transicional y sistema de justicia internacional

Ramiro Roas, experto boliviano, continuó con las ponencias, recordando que “la Justicia Transicional no solo investiga los hechos, sino tiene que brindar el motivo, responder por qué ocurrió” en referencia a violaciones de Derechos Humanos.

Lograr “justicia, reparación y no repetición” deberá ser el principal objetivo de un nuevo sistema de justicia, que en compenetración con organismos internacionales, para asegurar imparcialidad, logre expulsar a “pertrechadores de crímenes” de entre sus miembros.

Asamblea Nacional y Estatuto hacia la democracia

Como la voz del Parlamento nacional, la diputada Delsa Solórzano, demostró los avances legislativos, para el cumplimiento de los artículos del “estatuto que rige la transición hacia la democracia”.

Mencionando los artículos 7 y 18 del mismo, recordó que sin el cese de la usurpación son muchos los procesos detenidos, sin embargo, agregó que han sido capaces de brindar garantías a sectores claves en su opinión, para la transición, como lo son militares y empleados públicos.

Para finalizar, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, aseguró que desde el Parlamento están “listos para gobernar” y que pronto seguirán haciendo públicos los avances necesarios para lograr la ruta que dicta el Estatuto.

Asamblea Nacional le “disolvió” a Maduro la salida de Venezuela de la OEA

EL 27 DE ABRIL DE 2019 se completaría una de las acciones de Nicolás Maduro para evitar las resoluciones con carácter diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA), mayormente impulsadas por su secretario general Luis Almagro, o sus países. Pero con Juan Guaidó, presidente interino en el cargo desde el 23 de enero pasado, la denuncia de Maduro no podrá materializarse en la práctica.

Hace dos años, el gobernante venezolano envió una carta a la secretaría general y el consejo permanente de la organización para denunciar su carta fundacional, e iniciar el proceso de separación de la OEA, pues se aludía que solo respondía a los “antojos de Estados Unidos”.

Esta decisión fue permitida tras la sentencia 155 del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 28 de marzo de 2017, y su posterior decisión “aclaratoria”, donde se ordenó al Poder Ejecutivo proceder a “tomar las medidas internacionales que estime pertinentes”, en vista del “reiterado comportamiento contrario al orden jurídico internacional” del Secretario de la OEA.

La acción de Maduro fue respondida por la Asamblea Nacional, liderada en ese entonces por Julio Borges, con un proyecto de acuerdo donde se rechazaba la denuncia hecha por Maduro y, por tanto, se ratificaba la permanencia de Venezuela dentro de la institución multilateral.

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