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MP acusó a gerente de Petropiar por irregularidades en otorgamiento y adjudicaciones en Faja Petrolífera

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El Ministerio Público acusó al gerente del mejorador de crudo de la empresa mixta Petropiar de Petróleos de Venezuela, S.A., (Pdvsa), del Complejo José Antonio Anzoátegui, Francisco Javier Velásquez, por presuntamente incurrir en irregularidades en el otorgamiento y adjudicaciones directas en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El fiscal 55º nacional auxiliar, Luis Sánchez Rangel, acusó a Velásquez por los delitos de peculado doloso propio, evasión de proceso licitatorios y asociación.

En el escrito presentado ante el Tribunal 7º de Control de Anzoátegui, los representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Velásquez, quien está recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Barcelona.

La investigación se inició en el año 2015, luego de una denuncia realizada por funcionarios de Pdvsa, en la que señalaron algunas irregularidades cometidas en los procesos de otorgamientos y adjudicaciones de contratos con sobre precio de bienes o servicios, que son necesarios para el funcionamiento del mejorador de crudo Petropiar del terminal de almacenamiento y embarque del Complejo José Antonio Anzoátegui.

Tras varias experticias, el hoy acusado fue detenido el pasado 13 de mayo por funcionarios de la Dgcim, en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 4º de Control de la citada entidad federal.

Vielma Mora: Juan Requesens y Gaby Arellano lideraban un plan desestabilizador en Táchira

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Foto: Gabriel Borrero

 

El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, denunció este jueves el plan “Operación Libertad 2017”, planificado por la oposición venezolana para este próximo 12 de febrero, a fin de desestabilizar la paz y la tranquilidad de la entidad andina, y repetir lo acontecido en la guarimba de 2014. Agregó que las principales cabecillas en el estado son la diputada Gaby Arellano y Juan Requesen, quienes desde el día lunes vienen realizando ensayos en las adyacencias de la Universidad Católica del Táchira (Ucat), basándose en una operación con seis planes como medidas para implantar el terror y la violencia.

El primer mandatario regional informó a través de su cuenta oficial en Twitter el supuesto plan macabro que estaban gestando los dirigentes opositores:

 

   

   

Finalmente reiteró que el gobierno bolivariano se mantiene atento ante esta arremetida violenta que quiere generar la derecha venezolana, “nosotros estamos cuidando a todas las personas de a pie y a las que se trasladan en sus vehículos”, puntualizó.

Justicia de EEUU presenta cargos por narcotráfico contra Nestor Reverol

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El exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Luis Reverol Torres, y su exsubdirector, Edylberto José Molina Molina, supuestamente recibieron pagos por parte de traficantes de drogas a cambio de ayudarles a distribuir cocaína que sería importada a Estados Unidos, anunciaron este 1 de agosto fiscales de una corte federal neoyorquina.

Hasta el mes pasado Reverol se desempeñó como comandante del cuerpo militar de la Guardia Nacional.

Portavoces de la corte del distrito este de Nueva York anunciaron a través de un comunicado que, entre enero del 2008 y diciembre del 2010, Reverol y Molina recibieron pagos a cambio de, por ejemplo, alertar a los traficantes de futuras redadas policiales en busca de droga.

La acusación contra Reverol y Molina se conoció en diciembre, pero el Departamento de Justicia la hizo pública el lunes.

Según la fiscalía, los acusados también avisaron a los traficantes de la ubicación en Venezuela de agentes policiales que llevaban a cabo operaciones antidrogas, para que así los traficantes pudieran cambiar el lugar donde almacenaban la droga o para que cambiaran sus rutas de transporte.

Reverol y Molina también tomaron medidas para paralizar investigaciones y así permitir que vehículos con drogas abandonaran Venezuela, asegura la fiscalía de Brooklyn. Además, según los fiscales, dejaron en libertad a individuos que habían sido arrestados por narcotráfico y permitieron que drogas y dinero obtenido con su venta dejara de estar bajo custodia policial.

Ambos también previnieron el arresto o deportación de individuos que habían sido acusados de narcotráfico por otros países, como Estados Unidos, señaló el comunicado.

“Nada puede ser más perjudicial para los esfuerzos de autoridades que intentan frenar el tráfico de drogas que funcionarios corruptos que rompen con la confianza que les tienen los ciudadanos al ayudar a traficantes a llevar a cabo sus crímenes diarios”, dijo en el comunicado Robert Capers, fiscal general del distrito este de Nueva York.

Reverol, exjefe de la agencia antidrogas venezolana, era un aliado del difunto presidente Hugo Chávez.

En diciembre dos funcionarios al tanto del caso hablaron bajo la condición de anonimato porque el documento judicial se encontraba cobijado bajo reserva sumarial. Este lunes 1 de agosto se hizo público.

Gobierno argentino acusa a Nisman de sinvergüenza

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BUENOS AIRES (AP) — El gobierno argentino redobló el miércoles sus críticas al fallecido fiscal Alberto Nisman, artífice de la denuncia más grave que haya recibido la presidenta Cristina Fernández, al calificarlo de «sinvergüenza» por usar de forma espuria fondos estatales destinados a investigar el atentado contra un centro judío.

El jefe de gabinete Aníbal Fernández arremetió contra Nisman al cuestionar el tipo de relación laboral que mantenía con su asesor informático Diego Lagomarsino, imputado por haber facilitado al fiscal la pistola calibre 22 que terminó con su vida.

A Nisman «se le dieron los fondos para que descubriera a los responsables del atentado… él se mofó de las 85 víctimas porque usó los dineros para salir con minas (mujeres)», dijo Fernández a periodistas. Agregó que «están viralizadas las fotos del fiscal Nisman con varias señoritas y también para pagar ñoquis (gente que trabaja sin cobrar) como Lagomarsino, al que le sacaba el 50%» del sueldo.

Nisman fue hallado muerto en el baño de su apartamento el 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la mandataria por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos. Fernández ha rechazado las imputaciones.

El jefe de gabinete hizo estas declaraciones en referencia a la presentación que realizó el abogado de Lagomarsino y que indicaría que Nisman se quedaba con parte del sueldo que el técnico informático cobraba como asistente de la unidad especializada que encabezaba el fiscal para investigar el ataque a la AMIA.

Tras presentar el miércoles un escrito ante la fiscal Viviana Fein, investigadora del deceso deNisman, Maximiliano Rusconi, abogado de Lagomarsino, dijo que se refiere a un documento que «complementa información que había presentado la querella y que no hace al objeto procesal».

Los trascendidos periodísticos señalaron que el escrito de Lagomarsino contendría detalles sobre una cuenta bancaria compartida por Nisman, miembros de su familia y el asesor informático.

El letrado había dicho la víspera que su defendido revelaría datos que «pueden lesionar la imagen» del fiscal.

En tanto, cerca de un centenar de personas, entre ellos diputados opositores, homenajearon al investigador al cumplirse dos meses de su muerte.

Al término del acto, el filósofo y escritor Santiago Kovadloff dijo que el jefe de gabinete «atacó a un muerto y cuando uno ataca a un muerto de la forma en que lo hizo es que está vivo porque significa mucho».

Por su parte, la diputada opositora Patricia Bullrich dijo que las declaraciones del funcionario tienen «el único objetivo de tapar» un supuesto «pacto» entre la presidenta e Irán para garantizar la inmunidad de los ex funcionarios y ex diplomáticos acusados del atentado.

Un juez federal desestimó la denuncia contra Fernández pero un fiscal apeló esa decisión y la última palabra sobre la posibilidad de impulsar la pesquisa la tendrá la Cámara Federal de Casación Penal.

La investigación de la muerte de Nisman ha estado marcada por las discrepancias entre la fiscal a cargo de la pesquisa y la querella representada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del investigador.

Arroyo Salgado sostiene que su ex marido fue asesinado y se ha mostrado disconforme con la forma en que Fein ha conducido la investigación. La fiscal afirma que todavía no se puede determinar si la muerte del investigador fue un crimen, un suicidio o un suicidio inducido.

Las mayores diferencias entre la investigación oficial y un informe aportado por la querella son el día y hora en que se produjo la muerte de Nisman y si existió espasmo en su mano derecha, lo que apuntaría a que habría terminado con su vida al disparar la pistola que fue encontrada junto a su cuerpo. Para la querella, en cambio, fue asesinado mientras estaba arrodillado frente a la bañadera y su cuerpo fue luego movido para hacerlo pasar por un suicidio.

 

Acusan a Voluntad Popular de robar urnas electorales de la ULA

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Vía Últimas Noticias / Globovisión 

Estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA), repudiaron este jueves los «actos vandálicos efectuados por la ultraderecha» en su casa de estudio, y responsabilizaron a Voluntad Popular por las acciones que catalogaron de terroristas.

El consejero y candidato a la Federación de Centros Universitarios de la casa de estudios, Inder Romero, informó que en la Facultad de Humanidades y Educación un grupo armado irrumpió en el lugar donde tomaron las urnas, las quemaron y generaron destrozos en la Oficina de Venta del Pasaje Estudiantil.

«Elementos ligados a uno de los grupos estudiantiles que aspiraba a la presidencia de la FCU también desarrollaron una situación de violencia, donde intentaron secuestrar las urnas de votación», denunció.

La presidenta de la Comisión del Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, aseguró que hasta ahora se desconoce quién ganó las elecciones estudiantiles de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y cogobierno estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida y acusó a militantes de Voluntad Popular (VP) de robarse las urnas electorales.

“Según el reporte que nos hizo, en el programa radial, la dirigente estudiantil Dadiana Muñoz, vocera del Instituto de la Juventud en esa entidad, es imposible saber hasta estos momentos, quién ganó las elecciones de la FCU de Mérida, incluso, es imposible armar un conteo de votos para determinar los resultados finales”. Afirmó Díaz.

Aseguró que presuntos grupos de VP violentaron las instalaciones de la universidad y se robaron las urnas electorales. Dijo cuando comenzó a conocerse las tendencias de los resultados de los comicios, los grupos entraron al núcleo Trujillo y a la Facultad de Ciencias Sociales en Mérida y robaron el material.

Añadió que a la situación impidió que estas elecciones, que habían sido suspendidas por cuatro años consecutivos, se realizarán a pesar del esfuerzo de todos los movimientos estudiantiles.