El pasado persigue al coronel Ángel Rafael Saldeño armas. Su designación el 1º de febrero de 2018 como presidente de Industrias Diana, empresa adscrita al Ministerio de Alimentación, saca nuevamente a la luz pública una masacre ocurrida hace casi siete años en el estado Apure y que empañó la hoja de vida de este oficial del Ejército venezolano.
El ataque proviene del seno de la revolución. “El asesino coronel Saldeño Armas, responsable de la masacre de Boca del Río Viejo, Apure, lo premiaron designándolo presidente de Empresas Diana. Hasta cuándo la impunidad fiscal Tarek William Saab”, publicó el 9 de junio en Twitter el constituyente Orlando Zambrano.
Antiguo diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), coordinador de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) y dirigente cercano al gobernador apureño Ramón Carrizalez, Zambrano preguntó a través de la red social si el presidente Nicolás Maduro estaba al tanto del nombramiento de “ese asesino” al que acusa de ser el “autor intelectual” de la matanza registrada en noviembre de 2011.
¿Qué pasó?
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) difundió el 22 de noviembre de 2011 un comunicado que ofrecía la versión oficial del hecho. “En la madrugada de hoy, miembros del 923 Batallón de Caribes “Sucre” tuvieron un enfrentamiento armado en la reserva forestal de San Camilo, municipio especial del Alto Apure, con integrantes de un grupo generador de violencia, que según informaciones, se dedicaba al robo y contrabando de ganado”, afirmaban en el texto suscrito por el Ministerio de Defensa.
El presunto “enfrentamiento armado” arrojó un saldo de “tres personas fallecidas (al final serían cuatro) y cuatro heridas, todos miembros del grupo generador de violencia, así como la retención de armas largas, cortas y otros objetos para delinquir”, según el balance de la FANB, que reivindicó la acción como un triunfo “en contra de aquellas personas o grupos que pretenden desconocer el ordenamiento jurídico, las autoridades y al gobierno nacional, regional o local, en aras de la tranquilidad y la paz nacional”.
La CRBZ, plenamente identificada con el oficialismo, desmintió el 24 de noviembre de 2011 al Ministerio de Defensa, aseverando que “los compañeros abatidos no eran ni delincuentes, ni contrabandistas, ni ladrones de ganado; sino por el contrario, eran militantes sociales y revolucionarios, que históricamente han defendido la soberanía y luchado en el Alto Apure por la construcción de la patria socialista”.
Negando que hubiera habido algún “enfrentamiento armado” y comparando este suceso con las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo, el grupo chavista subrayó que “si bien estos compañeros han dado la lucha con métodos diferentes que los nuestros (…) sus formas de lucha no los hacen merecedores de la pena de muerte y menos de la ejecución extrajudicial que les fue aplicada por un sector en particular de la FANB”.
Sacudón
La periodista Sebastiana Barráez destacó en su columna del semanario Quinto Día del 24 de noviembre de 2011 que entre los asesinados estaba Javier de Jesús Guerrero, conocido como “Moisés Carpio”, “el comandante de las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), un grupo guerrillero venezolano acantonado en la frontera”.
“El cuerpo de Moisés, quien tenía 39 años de edad, quedó muy maltratado según sus familiares y amigos, además ‘tendría varios tiros en la cabeza’”, reveló la reportera. En una declaración ofrecida al diario El Nacional en esos días, Zambrano indicó que “fue un ajusticiamiento como lo demuestra el hecho de que los cadáveres están irreconocibles; fueron golpeados con las culatas de los fusiles”.
El difunto presidente Hugo Chávez ordenó a su ministro de Interior, Tareck El Aissami, y al jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, Henry Rangel Silva, investigar el presunto enfrentamiento. El 15 de diciembre de 2011, Barráez apuntó que los sucesos de Boca del Río Viejo “acaban de derribar del cargo al general de División Hugo Carvajal Barrios”, quien se desempeñaba como director de Inteligencia Militar (DIM).
“También salió el jefe del Teatro de Operaciones Nro. 1, general Franklin Bulmes Vasconcelo, quien fue sustituido por el GB (Ej) Javier Armando Molina Quintero. Otro que fue obligado a entregar el cargo fue el comandante del 923 batallón de Caribes Sucre de La Victoria, coronel Ángel Rafael Saldeño Armas, cuyo grupo a su mando fue el que ejecutó la operación en la cual murieron cuatro miembros del Frente Patriótico de Liberación Nacional (FPLN). Saldeño quedó a órdenes de la DIM”, escribió la periodista.
La oposición propuso el 30 de noviembre de 2011 abrir una averiguación en la Asamblea Nacional, pero la mayoría oficialista bloqueó la iniciativa. “En la zona existen grupos irregulares en pugna desde hace tiempo (…) ¿Por qué los soldados iban vestidos de civil, por qué la demora en entregar los cadáveres?”, interpeló el diputado Leomagno Flores (AD-Táchira).
El estatal Correo del Orinoco informó en febrero de 2012 que el Ministerio Público había acusado al primer teniente del Ejército, Miguel Ángel Vegas Pérez, por los delitos de homicidio calificado por motivo fútil en grado de frustración, uso indebido de arma de guerra y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.
La Fiscalía imputó a los civiles Rubén Antonio Cárdenas, Anderson Alfonso Castellanos, Ángel María Ferrer y Nicanor Yánez Escobar por la presunta comisión de los delitos de rebelión, resistencia a la autoridad ejecutada con arma de fuego, ocultamiento de arma de guerra y asociación para delinquir, precisó Correo del Orinoco.
Con grasa
En su ofensiva contra Saldeño Armas, la CRBZ dijo que sobre el oficial pesaban “37 denuncias por violaciones a los derechos humanos”, y le relacionó con actividades irregulares como “acoso y extorsión, robo de ganado a los campesinos y contrabando de gasolina hacia Colombia”.
Pese a estos señalamientos, el titular de Alimentación, mayor general Luis Alberto Martínez Ramírez, confió a Saldeño Armas las riendas de Industrias Diana. La última memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación publicada por el Ejecutivo muestra que entre 2013 y 2015 la producción de la empresa cayó en 91.498 toneladas de alimentos, pasando de 164.904 a 73.406 en dos años. En ese mismo periodo, la distribución en las redes pública y privada se derrumbó de 112.230 a 54.910 toneladas de alimentos.
Cargando con el recuerdo de una masacre a sus espaldas, ahora este coronel del Ejército maneja una empresa pública que tiene como fin “la producción y la comercialización de aceite, manteca, margarina industrial, untable de margarina, jabones y glicerina; con el propósito de garantizar el impulso de los productos alimenticios básicos para la satisfacción del pueblo venezolano”.
