El Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo y el vicecanciller de El Salvador Carlos Castaneda el 04JUN18 en la OEA. Foto: Departamento de Estado EEUU

La violenta represión policial y paramilitar ejercida por el gobierno de Daniel Ortega contra las protestas populares iniciadas el 18ABR18, ha colocado a Nicaragua en el radar de la política latinoamericana. Las reelecciones fraudulentas e inconstitucionales de Ortega en 2011 y 2016 habían sido obviadas por los gobiernos de la región, mientras que desde la OEA apenas se adelantaba una gestión de asistencia electoral posterior a las votaciones del 2016. Para importantes voceros de la oposición nicaragüense, la conducta del Secretario General de la OEA Luis Almagro es calificada como complaciente con el régimen de Ortega. Durante un evento de diálogo con la sociedad civil en la sede de la OEA el 03JUN18 con motivo de la Asamblea General anual, un grupo de nicaragüenses mostró carteles y tomó la palabra para reclamar la atención del organismo sobre lo que ocurre en Nicaragua. La percepción sobre lo que ocurre en el país centroamericano está cambiando rápidamente. Almagro recibió oficialmente el 07JUN18 a un grupo de voceros de la oposición nicaragüense. Ese mismo día, el Secretario de Estado de EEUU anunció a imposición de sanciones a un grupo de funcionarios responsables de la ola represiva en Nicaragua que a la fecha deja, según diversas fuentes, un saldo de más de un centenar de asesinados.

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La pérdida de influencia política internacional del chavismo quedó en clara evidencia cuando el 05JUN18 once gobiernos beneficiarios de ayuda petrolera venezolana en el llamada Alianza Petrocaribe, incluyendo a cercanos socios ideológicos y de negocios como Nicaragua y El Salvador, optaron por abstenerse y no entorpecer la aprobación de la resolución mediante la cual la OEA declaró que el proceso para las votaciones presidenciales realizadas en Venezuela el 20MAY18 “carece de legitimidad”. Es decir, el nicaragüense Daniel Ortega y el salvadoreño Salvador Sánchez, entre otros, no votaron en contra de la resolución de declaró ilegítima la presidencia de su amigo Nicolás Maduro.

Sólo las delegaciones de Bolivia y Antigua y Barbuda realizaron algunas gestiones diplomáticas para impedir la aprobación del texto presentado por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, EEUU, México y Perú. Uruguay prefirió obviar el “tema Venezuela” en un criticado acto de mutismo político. El gobierno de República Dominicana, otrora amigo del régimen chavista, dio un giro total y votó a favor de la resolución. De hecho, el canciller dominicano Miguel Vargas fue de los jefes de delegación que recibieron tarjeta de invitación para la recepción ofrecida por el Departamento de Estado a los gobiernos “amigos” para “promover un hemisferio de libertad”. No todos los jefes de delegaciones presentes en la Asamblea Anual de la OEA fueron convidados al evento encabezado por el vicepresidente Mike Pence en el Eisenhower Executive Office Building la noche del 05JUN18.

La resolución aprobada por la OEA, además, validó la política de imposición de sanciones al gobierno chavista promovida por EEUU y el Grupo de Lima, al “hacer un llamado a los Estados Miembros y Observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”.

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El tema de la suspensión de Venezuela de la OEA acaparó los titulares de prensa aunque desde una semana antes, tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 02JUN18, no existían los votos requeridos para tal decisión. El Grupo de Lima y EEUU, al inicio de la Asamblea anual de la OEA el 04JUN18, contaban con 24 votos necesarios para incluir el “tema Venezuela” en la agenda del evento. Igualmente contaban con un mínimo de los 18 votos requeridos para aprobar una resolución declarativa. El proceso para suspender a un país es un tanto más complejo: se requiere la aprobación (18 votos) de una convocatoria a una “sesión especial” de la Asamblea General para tratar la situación de ese país. Sólo en esa reunión es posible aprobar, con un mínimo de 24 votos, la suspensión del país. El 03JUN18, algún medio de prensa en español basado en Miami adjudicó al representante de EEUU en la OEA, Carlos Trujillo, la equivocada versión sobre la inminente “expulsión” de Venezuela de la OEA, cuando en realidad era un hecho que no existían los 24 votos necesarios.

La resolución de la OEA ordena “aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa” que contemplan la figura de la suspensión. Los países proponentes pudieron haber aprobado una resolución más específica convocando a la sesión especial pero, pese a la insistencia de voceros de EEUU en sus discursos, era obvio que no había votos suficientes para aprobar la suspensión y ninguna cancillería quiso arriesgarse a un fracaso. Haber calificado como “ilegítimo” el proceso electoral en Venezuela fue la meta buscada y lograda por el Grupo de Lima. En el futuro tocará a esos gobiernos explicar que significa en términos prácticos esa declaración.

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Ya aprobada la resolución sobre Venezuela, el vicecanciller ecuatoriano Rolando Suárez quien encabezaba la delegación de su país, leyó una inesperada propuesta. En nombre del presidente Lenin Moreno, Suárez propuso la realización “de una consulta popular en Venezuela en la que se decida si se deben refrendar los resultados del proceso electoral del 20 de mayo o si se convoca a nuevas elecciones en un plazo cercano”. La propuesta ecuatoriana no fue considerada oficialmente por la Asamblea pero quedó como una señal de los cambios que se están produciendo en Ecuador.

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La inminente salida de la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa quien ganó la Presidencia de la Asamblea General de la ONU 2018, está siendo aprovechada por Lenin Moreno para comenzar a marcar personalmente la conducción de la diplomacia de su país. Espinosa, quien contó con plenos poderes otorgados por su amigo Moreno, ha representado la proyección del gobierno castrochavista de Rafael Correa sobre la política exterior de Moreno y su salida sería ocasión para “desideologizar” la cancillería. El 28ABR07, Espinosa en su condición de canciller del gobierno Correa asistió a una cumbre del Alba encabezada por Hugo Chávez en Barquisimeto, Venezuela. El 08AGO17, en calidad de canciller del recién posesionado gobierno de Moreno, Espinosa participó en una cumbre del Alba presidida por Nicolás Maduro la cual condenó las sanciones de EEUU contra el gobierno chavista. Ahora, ya con Espinosa a punto de salir de su cargo ministerial y partir a la ONU, el Ecuador está rápidamente distanciándose y diferenciándose de sus socios castrochavistas.

Juan Sebastián Roldán, vocero de la presidencia de Ecuador, afirmó el 05JUN18 que su gobierno no defendería “todo lo que pase en Venezuela, es decir, no estamos con los países del Alba”, pero adelantó que no aprobaban la suspensión de Venezuela de la OEA. El propio Moreno, en una entrevista con la agencia alemana DW difundida el 29MAY18 dijo sobre sus relaciones con el gobierno Maduro que “hemos reclamado y mostrado nuestro malestar de forma particular que más de cien muertos son demasiados muertos. Hemos reclamado, manifestado nuestro parecer por la escasa participación electoral de la oposición y en forma particular yo me he manifestado en contra de ciertas ejecuciones sumarias”.

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Ya es notorio que el presidente ecuatoriano está procurando superar las malas relaciones con EEUU provocadas por Rafael Correa. Durante su mandato de diez años, Correa cultivó una franca confrontación anti estadounidense cuyo primer evento relevante fue la no renovación del acuerdo que permitía el uso a EEUU de la “Base de Manta”, un aeropuerto militar en el Pacífico ecuatoriano, como “Puesto de Operaciones Avanzadas”.  En 2009 el personal de EEUU debió abandonar la base desde la cual ejecutaban tareas de control del espacio aéreo suramericano bajo el concepto de operaciones antinarcóticos. La ahora creciente actividad de grupos irregulares asociados con  narcotráfico y la guerrilla colombianas  en el norte de Ecuador ha provocado que el gobierno ecuatoriano, progresivamente deslastrándose de los pleitos internacionales heredados de Correa,  esté solicitado apoyo de EEUU para atender esa situación.

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El 04JUN18 Lenin Moreno sostuvo una conversación telefónica con el vicepresidente de EEUU Mike Pence, la cual fue indebidamente interpretada por alguna prensa como un simple esfuerzo coyuntural de Washington para ganar el voto ecuatoriano sobre el “tema Venezuela” en la Asamblea de la OEA.  En esa conversación surgió el acuerdo para que Pence visite Ecuador en un breve plazo. El vicepresidente estadounidense retomará sus viajes como enlace privilegiado de la administración Trump con Latinoamérica con una gira a finales de junio que lo llevará a Quito y a varias ciudades de Brasil.

La llegada de Pence a Ecuador está precedida de una sucesión de visitas de altos funcionarios diplomáticos y militares de EEUU que ha incluido al entonces  subsecretario de Estado para Asuntos Políticos Thomas Shannon (febrero),  al subcomandante del Comando Sur general Joseph DiSalvo (marzo) y, al subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Defensa Sergio de la Peña (mayo).

En tanto, en los últimos meses se ha incrementado el número de oficiales militares y policiales ecuatorianos enviados a diversas escuelas de formación en EEUU incluyendo el “Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad” (antigua Escuela de las Américas) y la “Universidad Nacional de Defensa” de Washington.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas