La familia del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno ingresó los antecedentes del asesinato del joven, que estaba refugiado en Chile, ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En declaraciones ofrecidas a BioBioChile, el abogado Juan Carlos Manríquez confirmó que la familia de Ojeda emprendió esta acción para que el caso de secuestro y posterior homicidio, que sucedió en Chile, se incluya en la investigación “Venezuela I”.
Manríquez dijo además que desde el 2018 interviene en representación de algunos exmagistrados del Tribunal Supremo de Venezuela que fueron defenestrado “por eventualmente no compartir las políticas del actual gobierno venezolano”.
Por lo anterior, en el marzo de la investigación Venezuela I, “la Corte Penal Internacional, a través de la Fiscalía, se encuentra recolectando antecedentes”.
Específicamente, “para poder determinar si las personas y la jurisdicción, que es propia del Estatuto de Roma, pudieran llegar a configurarse hechos que pueden ser captados por algunos de los cuatro delitos de este estatuto: genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y/o crimen de agresión”.
“En este caso, una de las figuras que ha tenido también un alto grado de referencias hacia la Corte es la que refiere el desplazamiento forzado y el seguimiento y/o desaparición, incluidos asesinatos, de opositores fuera de las fronteras de su país de origen”, explicó Manríquez.
De hecho, “algunos reclaman haber sido afectados en sus derechos fundamentales en la cárcel de Ramo Verde o en El Helicoide, y otros en el extranjero secuestrado, y luego asesinados, o llevados de vuelta a Venezuela”.
Familia de Ronald Ojeda insiste en móvil político
Ojeda tenía 32 años y estaba en Chile en calidad de refugiado. Ingresó a ese país en 2018 y había escapado de la cárcel militar de Ramo Verde donde estuvo nueve meses tras ser acusado de traición a la patria, rebelión militar, instigación a la rebelión y motín.
Según reveló su hermano Javie Ojeda, Ronald dejó un diario en donde contó que, al momento de ser detenido en Caracas, fue torturado por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
No obstante, la Fiscalía de Chile no ha podido identificar los motivos que llevaron al secuestro y asesinato de Ojeda, aunque detuvieron e imputaron a uno de los implicados –un adolescente de 17 años que habría ingresado al país de forma irregular– y emitió órdenes de capturas en contra de otros dos presuntos responsables, reseñó El País.
