El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos
Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
La ONG Defiende Venezuela alertó sobre cinco consecuencias que puede traer el cierre obligado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), ordenado por la administración de Nicolás Maduro.
El gobierno madurista, además de suspender las actividades de Oacnudh, dio un plazo de 72 horas al personal de la oficina para que abandonaran el país.
Para la organización, esta medida la decisión podría contribuir al cierre del espacio cívico y tener un impacto significativo en los compromisos oficiales de cooperación relacionados con la protección de los derechos humanos.
Además, se prevé que genere una serie de efectos adversos que, a lo largo de la historia, se han logrado obtener gracias al ejercicio de la participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos.
Darrin Gibbs, abogado, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Procesal, miembro del equipo jurídico de Defiende Venezuela, afirmó que esto dificultaría “el seguimiento directo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”.
Por su parte, Ezequiel Monsalve, abogado, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, explicó que tales acciones gubernamentales podrían desencadenar 5 consecuencias para el país:
Ausencia de asistencia técnica en derechos humanos para el Estado
El cese de operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos.
Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Limitación en la protección de los derechos humanos de los venezolanos
La decisión de expulsar la Oficina Técnica del Alto Comisionado también sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.
Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población.
Abandono de la agenda de conexión de la sociedad civil con los mecanismos de protección
El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
Limitaciones en el acceso de los relatores de la ONU al país
La decisión de expulsar la Oficina del Alto Comisionado también puede resultar en limitaciones significativas para el acceso de los relatores de la ONU al país.
Esta restricción «dificulta la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas», asegura la ONG.
Limitación en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendación
La falta de presencia de la Oficina Técnica del Alto Comisionado podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones.
Este déficit de información «confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, obstaculizando los esfuerzos para abordar las problemáticas existentes», concluye Defiende Venezuela.
*Nota de prensa
