Las limitaciones impuestas a las ONG pueden dificultar su capacidad para recopilar información esencial para la investigación en curso
Organizaciones internacionales manifestaron una «profunda preocupación» por la intención del gobierno de Nicolás Maduro de avanzar en la aprobación de una ley en contra de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela.
Se trata del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que se presentó ante la Asamblea Nacional oficialista el 24 de enero de 2023.
«El texto del proyecto contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos y representa una grave amenaza para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)», advirtieron en un documento conjunto, Robert F. Kennedy Human Rights, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
En caso de ser promulgada, advierten las organizaciones, «esta ley tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el accionar libre e independiente de las organizaciones de la sociedad civil, al obligarlas a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento y revelar cualquier financiamiento extranjero».
«El lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual del proyecto de ley genera alertas frente a una persecución intensificada contra personas defensoras de derechos humanos, con posibles multas, cancelaciones de registro e incluso cargos criminales. El énfasis explícito de la ley en el financiamiento extranjero y la designación de las ONG como ‘agentes extranjeros’ agrava aún más sus preocupantes características», añade el comunicado.
Las organizaciones recuerdan que no es la primera vez que el Estado adelanta esfuerzos legales o administrativos para limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Dificultad para la CPI
A medida que Venezuela avanza en un año crucial para la investigación en la Corte Penal Internacional, las limitaciones impuestas a las ONG pueden dificultar su capacidad para recopilar información esencial para la investigación en curso y, en última instancia, dificultar la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad, advierte el texto.
También, conforme el país se acerca a las elecciones presidenciales de este año, así como a las elecciones legislativas y regionales en 2025, «la temporalidad de este proyecto de ley suscita preocupaciones sobre posibles aumentos en la represión gubernamental, situaciones que son tradicionalmente monitoreadas por las organizaciones de la sociedad civil».
«Llamamos a la comunidad internacional a condenar tanto el proyecto de ley propuesto como los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en el país. Les instamos a solidarizarse con las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela que enfrentan una criminalización y persecución constantes».
Finalmente, instan al gobierno de Maduro «a cesar cualquier forma de hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil y a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar un entorno propicio para las personas defensoras de derechos humanos».
