Varias ONG estiman que en el país hay más de 270 presos políticos entre civiles y militares a los que no se les ha garantizado «un mínimo seguimiento al debido proceso»
Este martes, 17 de octubre, la ONG Encuentro, Justicia y Perdón (JEP) pidió al Gobierno de Venezuela y a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), establecer dentro de la agenda del diálogo como un punto «crucial» la liberación de los «presos políticos».
El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición retomaron hoy las conversaciones que estaban congeladas desde hace 11 meses, en Barbados.
«Un punto que consideramos crucial a gestionar en simultáneo a los encuentros, y que va a permitir recibirlos como el inicio de la recuperación de la confianza de los venezolanos en sus instituciones, genuina y legítimamente, pasa por la liberación de todos los presos políticos», dijo la ONG en un comunicado difundido en su sitio web.
La organización aseguró que valora «toda iniciativa que propenda a la superación de la profunda recesión que ha golpeado» a Venezuela, pero insistió en que espera que se alcancen acuerdos para la liberación «plena e inmediata» de los presos políticos.
En este sentido, reiteró que los privados de libertad considerados presos políticos, que varias ONG cifran en más de 270, son civiles y militares a los que no se les ha garantizado «un mínimo seguimiento al debido proceso», por lo que consideró que su liberación no debe ser una «selección conveniente de fichas de canje entre las partes».
Además, dijo que aspira a que en la negociación entre el Gobierno y la oposición se establezcan también «compromisos tangibles respecto al cese de la persecución por razones políticas».
«Una serie de negociaciones, como la que está por activarse, debe partir del compromiso con los principios más sagrados de nuestro pacto social y de nuestra norma constitucional, que implican la garantía de nuestros derechos humanos: el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal», señaló la ONG.
La mesa de diálogo, que se instalará este martes en Barbados, tuvo tres rondas en México, la última en noviembre de 2022, cuando firmaron un acuerdo, cuyo objetivo era la recuperación de recursos del Estado bloqueados en el sistema financiero internacional, pero los diálogos volvieron a congelarse hasta ahora.
