En el escrito, la organización destacó el caso de Emirlendris Benítez, madre y comerciante detenida en agosto de 2018
Fotos: Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) denunció este martes, 29 de agosto, que los «patrones de represión» empleados para detenciones por motivos políticos en Venezuela se han «agudizado».
En su informe «Vidas Detenidas», la organización exigió «la liberación» de estos privados de libertad. En el texto, AI destacó nueve casos de personas «criminalizadas por el Gobierno de Nicolás Maduro», entre 2019 y 2023.
«Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población en este país, principalmente, con el objetivo de silenciar a quienes disienten del Gobierno de Nicolás Maduro o con otros fines políticos», dice el informe.
Amnistía Internacional indicó que organizaciones que defienden derechos humanos han documentado que entre 2014 y 2023 alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país, y que, en la actualidad, «alrededor de 300 personas siguen privadas de libertad en estas condiciones».
«En los últimos años (2019-2023) algunos patrones parecen haberse agudizado. En particular, es de suma preocupación para la organización cómo se ha consolidado la criminalización de las personas a través de tribunales especiales con competencia en terrorismo, aplicando este marco normativo de forma amplia y para agravar las consecuencias del procesamiento penal, y de las posibles penas», detalló AI.
Asimismo, explicó que los «patrones» que se han identificado para llevar a cabo estas acciones incluyen «detenciones sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia, períodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto, imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad» y «limitaciones» en el acceso a la defensa.
La organización también alertó que se han observado el «uso de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, dilaciones indebidas de períodos de investigación», así como la «retaliación» y «la imputación del delito de asociación para delinquir bajo estándar de evidencia y la aplicación de penas severas».
Asimismo, mencionó a Darío Estrada, ingeniero y persona neurodiversa, y Robert Franco profesor y sindicalista, ambos privados de libertad en diciembre de 2020; el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, apresado en julio de 2021; y el trabajador humanitario Gabriel Blanco, detenido en julio 2022.
«Se trata de casos emblemáticos, es la punta de un iceberg de una gravísima crisis en materia de detenciones arbitrarias», dijo durante la presentación virtual del informe la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.
*Con información de EFE
