El informe señaló que aunque en el período de análisis se observaron signos positivos de recuperación económica, los desafíos persistentes y otros factores continuaron afectando negativamente los servicios públicos esenciales, el transporte, la educación y la salud
Este martes, 4 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por Volker Türk, presentó un informe actualizado sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.
El informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023 y se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, el Estado de derecho y el espacio cívico, así como en el grado de aplicación de las correspondientes recomendaciones formuladas en informes anteriores.
Además, ofrece información detallada de la visita que realizó el Alto Comisionado entre el 26 y el 28 de enero de 2023, durante la cual se renovó por dos años la Carta de Entendimiento entre Venezuela y el ACNUDH.
A continuación, las ocho claves sobre los hallazgos más relevantes del informe en lo que respecta a la violación de los derechos humanos en materia de educación, salud, libertad de expresión, acceso a información pública, derechos laborales y restricción del espacio cívico.
Desigualdades, ingresos limitados y derecho a la educación vulnerado
El informe señaló que aunque en el período de análisis se observaron signos positivos de recuperación económica, pero que los desafíos persistentes y otros factores continuaron afectando negativamente los servicios públicos esenciales, el transporte, la educación y la salud.
Destacan que la inflación y la devaluación del bolívar obstaculizaron los niveles de ingresos, incluyendo salarios y pensiones, dificultando las condiciones necesarias para disfrutar del derecho a un nivel de vida adecuado.
«Al ACNUDH le preocupan reportes de crecientes desigualdades, según los cuales la riqueza seguía concentrada en Caracas y en algunas zonas urbanas, dejando atrás a grandes porciones de la población rural», se lee en el informe.
El estudio reveló que los venezolanos siguen teniendo dificultades para adquirir los alimentos necesarios para una nutrición equilibrada.
Otro elemento que constituye una violación a los derechos humanos y que expone el informe son las dificultades para cumplir las condiciones mínimas para una educación de calidad, especialmente fuera de las zonas urbanas. El Acnudh recibió informes de que los profesores y el personal no pueden sobrevivir con sus salarios, lo que les obliga a buscar fuentes alternativas de ingresos y a abandonar su profesión.
Escasez estructural de fondos y personal en centros de salud
Durante el periodo que abarca este informe, la sociedad civil y el personal sanitario denunciaron un entorno intimidatorio en el sector sanitario, incluidos arrestos y detenciones de personas que denunciaban las deficiencias del sistema de salud pública.
La organización documentó que las mujeres y los niños se ven desproporcionadamente afectadas por el deterioro del sistema sanitario, se calcula que 560.660 niños de entre 12 y 23 meses necesitan la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR).
Los servicios de salud sexual y reproductiva, como la atención obstétrica y el tratamiento del cáncer de cuello uterino y de mama, a menudo no están disponibles o son inaccesibles, al igual que la vacuna contra el Virus del papiloma humano, lo que ha contribuido a que, según los informes, la tasa de muertes causadas por cáncer de cuello uterino haya aumentado un 66,9% desde 2019.
Marco legislativo restrictivo que facilita violación a derechos humanos en salud
Según expone el documento, el marco legal venezolano sólo permite el aborto en los casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro. Como consecuencia de esto, a las mujeres no les queda más remedio que recurrir al aborto inseguro, una de las principales causas de mortalidad materna.
La Oficina resaltó que durante el periodo que abarca el informe no se ha avanzado para poner fin a la criminalización de las mujeres que abortan ni para adaptar la legislación, incluido el artículo 432 del Código Penal, a las normas internacionales de derechos humanos.
Cierre de emisoras de radio y bloqueos a sitios web
Durante el período que abarca el informe, el Acnudh documentó el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país. Según las organizaciones de la sociedad civil, 2022 marcó un pico sin precedentes de cierres de emisoras de radio.
En la mayoría de los casos de cierre documentados por el Acnudh las emisoras carecían de los permisos correspondientes por falta de renovación o prórroga.
El Acnudh documentó el bloqueo de 44 sitios web, incluidos medios de comunicación nacionales (29) e internacionales (cuatro), organizaciones de la sociedad civil (tres), servicios digitales en línea (cinco) y servicios de privacidad (tres).
Falta de transparencia y acceso a información pública
La falta de transparencia y de acceso a la información pública siguió siendo motivo de preocupación para la oficina del Alto Comisionado de los derechos humanos en Venezuela.
Según el organismo, durante el período de estudio se registraron 71 solicitudes por parte de la sociedad civil, de las cuales, la mayoría no recibieron respuesta.
Derechos laborales irrespetados y criminalización
La Oficina del Alto Comisionado indicó que acoge con satisfacción los diálogos en curso y los progresos realizados, pero denunció que persiste la preocupación por las violaciones denunciadas de los derechos de reunión pacífica, libertad de asociación, incluida la libertad sindical, y protección de los derechos de dirigentes sindicales y laborales.
Acnudh documentó 12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales, entre ellos una mujer, nueve de los cuales fueron detenidos, así como hostigamiento a siete dirigentes sindicales, secuestro de un familiar de un dirigente sindical y amenazas contra cuatro (una contra un familiar),
En marzo de 2023, el Comité de Libertad Sindical de la OIT pidió que se prestara especial atención a dos casos que incluían denuncias de persecución, intimidación, acoso y otros actos de violencia contra sindicalistas y trabajadores, incluido el asesinato de un dirigente sindical en 2015.
En ese sentido, el Acnudh reiteró su llamado para que se lleven a cabo sin demora investigaciones independientes e imparciales de todas las presuntas violaciones de los derechos de reunión pacífica y de libertad de asociación, y para que se exijan responsabilidades y se ofrezca plena reparación a las víctimas.
Persisten las restricciones al espacio cívico
Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH siguió documentando restricciones al espacio cívico, entre ellas marcos jurídicos restrictivos que siguen en vigor, que limitan la labor de las organizaciones de la sociedad civil, y denuncias de que las voces disidentes fueron objeto de procedimientos judiciales y administrativos arbitrarios, así como de estigmatización.
La Oacnudh documentó 21 casos de amenazas y hostigamiento, 46 casos de estigmatización en medios sociales o emisiones públicas por parte de funcionarios del Estado, y 17 instancias de criminalización, incluyendo 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos.
Violencia de género y discriminación de personas LGBTQ+
«Venezuela no cuenta con un observatorio oficial de violencia de género», así quedó plasmado en el informe de la ONU.
El Acnudh documentó dos casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, en los que se produjeron retrasos en la investigación y juzgamiento de los autores.
Las organizaciones LGBTIQ+ siguen solicitando que se tomen medidas que permitan el pleno disfrute de los derechos humanos, entre ellas la elaboración de una ley que garantice el derecho de las personas transgénero a su identidad de género autopercibida, la aplicación del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil, que permite al cambio de nombre según su identidad de género, y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Acnudh recomienda la elaboración de un protocolo sólido para la investigación y el enjuiciamiento exhaustivos y eficaces de los casos de discriminación, delitos motivados por el odio y otras formas de violencia basadas en la orientación sexual, la identidad y expresión de género, y las características sexuales.
Asimismo, también recomienda adoptar un plan de acción nacional para abordar la violencia de género en consonancia con las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
