Un informe del organismo denuncia que, en el estado Bolívar, se ha cometido una serie de violaciones de derechos humanos contra la población, en la lucha por el control de las zonas mineras

Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) divulgado este 20 de septiembre reveló que organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, civiles y militares, fungen «como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad». 

«En el presente informe, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos, e insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia», se lee en una nota de prensa publicada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Esta nota recoge la declaración de Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU, quien señala: «Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley».

Represión a la oposición 

En informes previos, la Misión había destacado la participación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), respectivamente, en casos de violaciones de los derechos humanos desde 2014, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad.

El informe presentado este 20 de septiembre contiene un análisis en profundidad del rol de personas «en distintos niveles de las cadenas de mando de ambos organismos en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad».

«La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del Dgcim. La tortura se llevó a cabo en su sede Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país», detalla la nota de prensa.

La Misión halló que el Sebin «ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención El Helicoide, en Caracas». 

«Tanto el Sebin como la Dgcim hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos (…) Las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia. Las violaciones y los crímenes del Sebiny la Dgcim continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas», asegura la Misión.

Francisco Cox, miembro de la misión de la MIIV, manifiesta: «Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación».

La lupa sobre las zonas mineras

Otro informe de la MIIV da cuenta de la situación en el estado de Bolívar, «donde actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro«.

«La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes. La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano», indica el comunicado de prensa.

De acuerdo con Valiñas, Venezuela continúa sumida en «una profunda crisis de derechos humanos»: «Nuestros informes de hoy se refieren tan solo a dos aspectos de esta situación. Instamos a la comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos».

El informe de la MIIV expone que «actores estatales y no estatales» han participado en violaciones de derechos humanos contra la población del estado Bolívar, en la lucha por el control de las zonas mineras. Entre estos hechos de violaciones de derechos humanos están privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. «Las autoridades no solo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes del estado de Bolívar», destaca la nota de prensa.

En el municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión ha registrado casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas.  

Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión, sumó: «La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas».