La defensa de Alex Saab, señalado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusó al Gobierno de Estados Unidos de “negarse” a ofrecer evidencia de su presunto estatus diplomático.
“Estamos muy preocupados”, expresó Jonathan New, el abogado del empresario colombo-venezolano. “Se están negando a suministrar esos documentos”, dijo en una audiencia realizada en los tribunales federales de Miami, según reseñó la agencia The Associated Press.
Lo que la defensa de Saab espera es que se deseche el caso y demostrar que Washington sabía que él actuaba como diplomático cuando pidió su extradición a Cabo Verde. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no ha encontrado documentos que muestren que ese eral su rol al momento de ser detenido.
El juez Scola le ordenó a la fiscalía que entregara lo restante lo antes posible. “Estamos haciendo todos los esfuerzos”, dijo Lunkenheimer.
Por su parte, Camilla Fabri, esposa de Saab, confirmó que la defensa solicitó “una vez más” la entrega de documentos clasificados y no clasificados por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración de Control de Drogas (DEA) y los Departamentos de Defensa, Justicia y Estado de Estados Unidos.
Fabri dijo en entrevista con Venezolana de Televisión (VTV) de este sábado 27 de agosto que esta documentación la solicitaron “hace casi un año y ellos hasta el momento se han negado a entregarlos”.
#EnVideo📹| Esposa de Alex Saab, @CamillaFSaab habló de los tiempos a ser tratada la audiencia de estatus y la audiencia de inmunidad, tras la espera de los documentos clasificados y no clasificados. #UniónParaLaVictoria pic.twitter.com/U8WXYlGkTD
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 27, 2022
El próximo 12 de septiembre se tiene previsto una nueva audiencia de estatus del caso y el 31 de octubre se llevará adelante la audiencia en la que se abordará específicamente el tema de la presunta inmunidad diplomática de Saab.
Desde entonces, permanece detenido en una prisión federal del sur de Florida.
De ser encontrado culpable podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel. En noviembre se declaró inocente y aún podría evitar un juicio si sellara un acuerdo con la fiscalía.